Cerró Página Siete, el diario negacionista de la derecha boliviana

 Seis días antes del anuncio del cierre definitivo del diario, Página Siete publicó el viernes 23 de

junio la que se ha convertido en su última disculpa de las varias que debió publicar durante sus

treces años de existencia, caracterizados por una biliosa y tantas veces poco meditada oposición a

los gobiernos de Evo Morales y ahora al de Luis Arce.

Página Siete publicó que el vicepresidente del Estado había afirmado que la (bandera) tricolor

representa la democracia del sometimiento. Esta vez sin matices o justificativos que le permitieran

salir del paso, rectificó textualmente: “La publicación de la segunda autoridad del país se produjo

después de que Página Siete cometiera una imprecisión en una nota anterior y afirmara que

Choquehuanca dijo durante su intervención que la tricolor representa a la democracia del

sometimiento. Pedimos disculpas a nuestros lectores y al Vicepresidente”. Lo que en realidad dijo

el Vicepresidente de Bolivia es que la tricolor es de la República y la Wiphala (bandera de los

pueblos originiarios, codificación del Arco Iris) del Estado Plurinacional.

El jueves 29 de junio, pasado el medio día, el principal propietario de Página Siete, Raúl Garafulic

Lehm, firmaba la última nota en la existencia del diario, por lo menos bajo su control. Con el título

“Final del camino. Carta a los lectores de Página Siete”, el atribulado mandamás comienza

utilizando el caballo de batalla del periodismo independiente, tan independiente que luego del

golpe de Estado y durante el gobierno de facto de Jeanine Áñez se posicionó como vocero de ese

régimen autoritario, represivo y corrupto. Tan independiente que persiguió a su principal

competidor, el diario La Razón de La Paz, inventándole oscuras y mentirosas tramas de cómo su

actual propietario, Carlos Gill, había comprado el diario, acusándolo infundadamente de

favorecimientos por afinidad con el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS).

A continuación Garafulic afirma que “el partido de gobierno bloqueó sistemáticamente la pauta

publicitaria para el periódico, pese a que ella se financia con recursos de todos los bolivianos.” En

otras palabras, reclamando financiamiento a quienes ataca sistematicamente, no siempre ceñido a

la verdad –por ello escribimos alguna vez Página Miente--, más o menos como cuando alguien

tiene a un invitado en casa y éste comienza a romperlo todo: muebles, cristalería, biblioteca y

trastos para la limpieza doméstica, todo un contrasentido bajo el pretendido argumento de que la

publicidad no debiera discriminar porque los dineros para su contratación nacen de los impuestos

de todos, una falacia que no funciona en Bolivia como tampoco en Timboctú.

Continuando con su alegato final, Garafulic afirma que “el oficialismo puso en marcha una

estructura de hostigamiento público por redes sociales contra el periódico que hasta hoy está

impune” y aquí se aplica eso de mirar la paja en ojo ajeno y no la viga en el propio, porque si hay

una palabra que define la trayectoria de la familia Garafulic comandada por Raúl padre (Garafulic

Gutiérrez) es la palabra impunidad como se puede comprobar en mi extenso reportaje “El pulpo

Garafulic y su herencia en Página Siete” (www.la-razon.com, 22 de agosto de 2021) en el que

expongo características y datos sobre la trayectoria de esta ascendente familia con Garafulic padre

participando del golpe de Estado de 1971 encabezado por el entonces Coronel Hugo Banzer

Suárez e inaugurando su vida pública empresarial minera, en los fondos de pensiones y vinculada a

medios de comunicación como la estación televisiva ATB y el mismo periódico La Razón adquirido

en sociedad con el grupo español Prisa y aprovechando su condición de embajador en Madrid

durante el gobierno de Jaime Paz Zamora (1989 – 1993) grupo con el que los Garafulic terminaron

enemistados por controvertidos manejos de dinero y con el diario en venta.

En evidente tono de victimización, Garafulic dice que “auditorías recurrentes de una diversidad de

instituciones del Estado se ensañaron año tras año con Página Siete, mientras nuestros

competidores de línea oficialista fueron tratados con guante blanco”. Continúa diciendo que un

acoso judicial infundado dió lugar al embargo de sus bienes y a un bloqueo de sus cuentas

bancarias. También explica el cierre de su diario debido a una “fuerte caída en la venta de

periódicos impresos” debido a la pandemia del Covid” y “a la crisis económica del país que redujo

el presupuesto publicitario de muchas empresas, lo que redujo el flujo financiero del periódico”.

Finalmente, el propietario de Página Siete dice que extremó esfuerzos para una capitalización que

hubiera permitido remontar la ola, intento que finalmente quedó en nada y anuncia pagos de

sueldos adeudados y beneficios sociales “de nuestros trabajadores a quienes agradecemos por su

compromiso y resistencia”.

Página Siete fue un diario que se caracterizó más por lo que no decía, no informaba y no opinaba.

Era preferible no hacerlo en tanto Bolivia había comenzado a modificar su estructura

constitucional y socio política, con un salto cualitativo de República a Estado Plurinacional en el

año 2009. Garafulic abrió el diario un año después, fiel a sus orígenes reaccionarios de la dictadura

de Banzer y apostando por hacer un periodismo sobre un mapa anterior al del cambio, con actores

que nunca antes habían participado activa y protagónicamente en la vida pública del país. En esa

medida, Página Siete siempre estuvo dos tiempos detrás de la agenda que iba marcando la

administración de Evo Morales que entre 2014 y 2019 logró hegemonía –dos tercios de los

votos—en la Asamblea Legislativa Plurinacional conformada por las cámaras de Senadores y

Diputados.

Con solamente manejar inteligentemente la parte y la contraparte informativas, Página Siete

podría incluso haber conseguido lectores fieles del polo ideológico opuesto. El negarse a

reconocer que Bolivia no puede comprenderse sin sus organizaciones sociales, indígenas y

campesinas le significó convertirse en un diario con sesgo permanente, nutrido por una tropa de

opinadores, con algunas excepciones, que hicieron del lenguaje discriminatorio, racista y de odio,

el instrumento para ejercitar una libertad de expresión sin atadura alguna, convirtiendo a Evo

Morales en el presidente más insultado de la historia del país inaugurada en 1825 por Simón

Bolívar.

“Bolivia será india, o no será” dijo alguna vez el sociólogo René Zavaleta Mercado. Parece que

nadie tuvo la gentileza de acercarle a Garafulic un ejemplar del libro “Lo nacional popular en

Bolivia” (Siglo XXI, 1986), obra fundamental que encuentra mejor explicación con la histórica

decisión indígena y campesina de perder el miedo a votar por si mismos y que dió lugar a un

gobierno transformador con 14 años contínuos de gestión. Página Siete de Raúl Garafulic Lehm

llegó hasta el año 13. No pudo más.

Originalmente publicado en Noticias de América Latina y el Caribe (NODAL)  el 09 de julio

La sociedad distraída

 Expertos en Big Data, activistas de redes sociodigitales, estrategas de posicionamiento de agenda

política en tiempos de gestión gubernamental y en eventos electorales, coinciden en afirmar que a

por lo menos un 40 por ciento de los productores-consumidores en la esfera pública instalada en

internet, les interesa un soberano cacahuate la política, las luchas sociales, las versiones golpe o

fraude, la explotación del litio, la depredación del medio ambiente y otros asuntos vinculados con

la agenda planetaria que involucra a la economía, la política y los conflictos que de ellas se derivan

en intensidades distintas.

Miro con atención los estados de whatsapp, los tic-toc que llegan de rebote, los twits, ahora sin

pajarito y con X, algún texto o video en facebook y llego a la conclusión de que las No Cosas sobre

las que filosofa Byung-Chul Han, se consolidaron con la pandemia que durante tres años nos azotó

y nos virtualizó para siempre: Entre una, dos, tres, cuatro o cinco vacunas y reuniones zoom para

todo y para nada, porque la cuarentena con tanquetas y vigilancia policial nos obligaba (año 2020),

hemos ingresado de lleno a la igualación de los contenidos que van desde el asesinato de una niña

de once años en Lanus cuando se dirigía al colegio, hasta el debate de si el que se subió a

escenarios argentinos la semana pasada era verdaderamente Luis Miguel o un doble.

Somos lo que se ve de nosotros y cada vez menos, lo que se palpa y respira de nuestras voces y

cuerpos. Todo ha comenzado a gestionarse y resolverse a través del enredo armado por internet y

en esta medida, la sociedad interconectada, ahora juega a roles que hasta hace nada más una

década estaban reservados para los llamados hombres públicos y mujeres públicas: Gobernantes,

políticos, actores, periodistas, cantantes, bailarines y poco más. Hoy día, quién tenga una cuenta

en tic-toc o youtube se siente en condiciones de “generar contenidos”, aunque esos contenidos

sean la nada: Lavarse los dientes, la última travesura del gato de la casa, las nuevas uñas de

acrílico, el último meme con los Simpsons pirateados y ahora más radicalmente, versiones

musicales producidas con inteligencia artificial en que la “voz” de un rockero ha sido

perfectamente creada y formateada por una máquina.

Con semejante explosión visual-audio (no audiovisual), con la saturación de imágenes que invaden

nuestros celulares a toda hora, todos los días, ya da lo mismo una oferta de yoga y meditación, la

última foto del perro schnauzer de una senadora pandina o la que subieron los administradores de

redes de Lula que posa junto a Dina Boluarte, la presidenta ilegitima y represora del Perú que ha

superado en ambición y talante a Jeanine Áñez. ¡Qué horror! habríamos exclamado hace algunos

años, cómo el líder histórico del Partido de los Trabajadores brasileño ha sido capaz de retratarse

con esa racista y masacradora del pueblo peruano. Hoy esa indignación ha quedado prácticamente

congelada por tanta imagen con la que nos emborracha todos los días esa ciudadanía inconexa y

errática que ha elevado la seguidilla de anécdotas que le proponen las redes a forma de vida

cotidiana: Un meme, qué palabra horrible, de lo más grosero y ofensivo para la inteligencia

humana termina siendo lo mismo que la fotografía con la mandíbula en claroscuro de Marlon

Brando encarnando a Vito Corleone en “El Padrino” de Francis Ford Coppola, y a continuación el

video de un concierto masivo en el que todo el mundo tararea la canción final del show con los

celulares en alto como si fueran velas o antiguas linternas. Miles de personas reunidas en un

estadio, pero en primer lugar, con los teléfonos móviles como extensión corporal como si se

tratará del undécimo dedo o el tercer ojo.

Con semejante cúmulo de estimulación sensorial se comprenderá mejor porque la sociedad

deambula los días cada vez más perfectamente distraída. Ya ni se acuerda del pobre Luisfer

recluido en Chonchocoro con el rostro demacrado y dándose aires con el rechazo a la asistencia de

trece médicos enviados por el régimen penitenciario. El Banco Fassil, el experto en envíos de

sustancias controladas buscado por aire, tierra y ríos, el Interventor muerto del que la mayoría ni

siquiera se enteró, el fabricante de ítems fantasmas, la ex Alcaldesa millonaria y recluída en

Palmasola, el Alcalde que se va a Estados Unidos como si estuviera en Porongo, todo eso es tan

importante como el nacimiento del primogénito de Anabel Angus, el nuevo desfile fashion en

todas sus versiones sociales o la última goleada recibida por Blooming ante Bolívar.

El último gran acontecimiento político de Bolivia fue la nacionalización de los hidrocarburos. A

partir de ese momento, no lo sabíamos, la cuenta regresiva para instalar la igualación --no el

igualitarismo por conciencia y social y compromiso—que multiplica conductas distractivas y

desatentas, nos ha conducido a este mundo de hoy, entre tanto tic tac, entre tanto Big Bang,

como nos lo recuerda siempre Jorge Drexler.

Originalmente publicado en la columna Contragolpe de La Razón el 12 de agosto

El delirio organizado

 Los colaboradores y colaboracionistas del régimen de facto de Jeanine Áñez, los criminalizadores

de indios y campesinos que osaron salir con wiphalas a defender la permanencia de Evo Morales

en el gobierno en noviembre de 2019, finalmente masacrados, los operadores mediáticos

premiados con pauta publicitaria aprobada por la entonces Ministra de Comunicación, Roxana

Lizárraga, los linchadores digitales que se dedican 24/7 a perfeccionar en plan pitita métodos y

arremetidas de odio, todos esos y esas, han decidido habitar el mundo a partir de la suma de

delirios de distintos tamaños y grosores, ilusionados con que el corazón partido del MAS podría

permitirles una victoria electoral por descarte en 2025.

Estos personajillos que ya han alcanzado status de caricatura bizarra, han preferido apostar por el

retroceso que conduce al retorno hacia la vieja República. Quieren regresar, nostálgicos y heridos

en su demacrado orgullo, por los fueros del país excluyente en el que cada quién deberá volver a

ocupar el lugar de antes, el de la invisibilidad y la exclusión en las acciones y decisiones

ciudadanas, para que ellos y ellas, siempre tan geniales, se dediquen a reinstalar el reino

neoliberal, a abrirles las puertas a voraces inversionistas para que recuperemos nuestra histórica

identidad de país saqueado, despojado y masacrado. Ni imaginemos lo que podría suceder con el

litio en manos de estos cipayos enemigos de la plurinacionalidad étnica. Dicen que Bolivia está en

el peor momento de su historia y para intentar argumentar --no pueden, no tienen

fundamentos—consideran, tácticamente, que la descalificación personal y el insulto menos

imaginativo es el camino hacia el triunfo.

Uno que fuera ministro consejero en México durante el gobierno de Áñez ha sugerido a través de

su cuenta de twitter que es un deber organizar un escupidero nacional para que un señor de

apellido Salazar sea escupido porque “el cree poder compararse con Amparo Carvajal”, la

abnegada ex monja que tiene como propiedad la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de

Bolivia (APDHB). Este mismo individuo, lo recuerdo muy bien, vendía paellas en una plaza de

comidas, y me imagino que con tan espiripitiflaútica convocatoria, tiene sobrada experiencia en el

oficio de escupir y para ello es probable que haya hecho sus primeras armas aderezando con saliva

los platos que servía para darle mejor sabor al arroz, los mariscos, los calamares y demás bichos

marinos: pobres comensales, arroz a la valenciana con saliva, y por si fuera poco, con precio a

pagar, tarifa infección estomacal gourmet.

Salidos de la vaina, a un mes del cierre del diario en el que publicaban semanal o quincenalmente,

los motivos que conducían a estropear teclados como expresión de impotencia y frustración, estos

militantes del delirio organizado andan ahora desparramados y dispersos tratando de buscar la

manera de recapturar a sus lectores, esos que forman parte del objetivo de convencer a

convencidos, los mismos que, enfermos de importancia, insisten vanamente en que hace cuatro

años no hubo golpe de Estado, que la llegada de Jeanine, oriunda de San Joaquín, Beni, a la

presidencia, se hizo con todas las de la ley y que nada más hubo un fraude electoral. Al año

siguiente –2020—insistieron con la narrativa del fraude, fueron a tocar las puertas de los cuarteles

--los golpes de Estado pueden ser cívico militares aunque los analistas de manual lo nieguen a

tiempo completo--, pero el “fraude” ya pasaba el 55% de los votos y así el binomio Arce-

Choquehuanca recuperó la constitucionalidad de la Presidencia y la Vicepresidencia.

Delirantes como nunca antes hubo en nuestro bestiario político, unos son agentes de la CIA, o por

lo menos aspirantes a semejante honor, otros son agentes del Opus Dei y de otras variantes de la

inteligencia eclesiástica ahora averiada por tanto pederasta con sotana que ha erosionado las

Compañías de Jesús, algunos han logrado refugio temporal de coyuntura consiguiendo votaciones

legitimadoras en las últimas elecciones subnacionales y los que expresan públicamente a toda esta

cáfila de reaccionarios de tonalidades varias, dicen ser periodistas cuando en realidad ya tienen

corazones paramilitares y parapoliciales, ataviados de cuero racista y muy valientes desde la

distancia sociodigital para soliviantar a la gente contra todo lo que huela a “masismo” que para

ellos huele peor que los escupitajos que promueve Julio Aliaga Lairana.

Hay un escrachador que el sólo pronunciar su nombre genera vergüenza ajena. Ese que dijo que

estaba bien insultar en la callle a un periodista porque era sospechoso de jugar a palo blanco de un

político. Este, por supuesto, es mucho peor que el promotor de escupitajos. Todo indica que no ha

calculado, que el momento menos pensado el escrachado sea el, acusado de haberse vendido a

los gringos. Se trata de un delirante que ha renunciado a la verdad como sustento del oficio

periodístico. Aquí están, estos son, los delirantes de la plurinación.

Originalmente publicado en la columna Contragolpe de La Razón, el 29 de julio

El antimasismo de Página Siete y su fase terminal

 

Hay raúles y Raúl. Los raúles se juntaron para encarar la puesta en funcionamiento de un nuevo artefacto periodístico el año 2010, pero no consideraron las lecciones que les había dejado Raúl Garafulic Gutiérrez, padre de la televisión privada y pirata, y más tarde propietario de este diario, La Razón, fundado en 1990 por el empresario, banquero y luego superministro del primer gobierno de Sanchez de Lozada, Fermando Romero, cariñosamente apodado por sus amigos como “Negro”.

La diferencia entre el proyecto de 1990 que dió vida a La Razón y el de 2010 que gestó Página Siete se llama Jorge Canelas Sáenz, el primer director del medio naciente que había prestado servicios en la agencia Associated Press en Chile. Canelas fue un refinado editorialista de convicciones sólidas. “La Razón es un diario independiente, para algunos aún mejor expresado este concepto diciendo que es un diario libre…” se dice en  la página La Razón (Bolivia) de Wikipedia en los inicios de su publicación.

De Jorge Canelas conservo el siguiente recuerdo personal: En 1987, cuando era director del diario Ultima Hora, me puso en la calle por haber cometido la osadía de viajar hasta La Habana, capital del paraíso tropical comunista para cubrir el festival internacional de cine latinoamericano con mis propios recursos, lo que permitió una cobertura amplia y diversa acerca del más importante encuentro del cine de nuestro continente, a la cabeza de Gabriel García Márquez y Fernando Birri. Años más tarde, admitió mi presencia como colaborador no remunerado en el suplemento dominical Ventana (La Razón) , como columnista en el suplemento Acción del diario La Prensa del que también fue director fundador , y finalmente, en el semanario Pulso en el que me encargaba de la página de fútbol internacional, del que decidí marcharme con Canelas pidiendomé que me quedara.

El director que me había echado de Ultima Hora, quiso evitar mi salida del último impreso que fundó y dirigió. Conversar con el implicaba análisis y reflexión, nunca improvisaba y en aquél tiempo no se había instalado ese periodismo hecho a la rápida, poco prolijo, toscamente escrito, el que se practicó en gran medida en Página Siete de los raúles herederos, tachonado de imprecisiones, falsedades y obligatoriedad de disculpas por los errores que se fueron cometiendo en sus trece años de existencia y que concluyeron el pasado 29 de junio.

Canelas fue un director de gran consistencia en términos de pensamiento y mirada estratégica periodística. A contracorriente de los manuales del independentismo funcionalista y tramposo, decidió que La Razón apoyaría explícitamente (1991) la candidatura de Ronald MacLean Abaroa a la Alcaldía de La Paz. Sin dubitaciones ni complejo alguno, La Razón consideró que el representante de la ADN banzerista era el mejor perfilado para continuar con la construcción de la institucionalidad del municipio paceño y la conducción de los destinos de la ciudad Sede de Gobierno. Nadie  reprochó tan arriesgada decisión y más bien logró el afianzamiento del periódico en el espectro de los diarios bolivianos, generando respeto y credibilidad.

El periodismo impreso o gráfico de Bolivia, tuvo en La Razón a la más nítida expresión de la democracia representativa y de pactos partidarios, y su calidad se debe en gran medida al acierto que signficó que Garafulic Gutiérrez mantuviera a Canelas al mando del diario desde el minuto cero.  Veinte años más tarde, la historia no se repitió en tanto el Raúl heredero (Garafulic Lehm) decidió emprender junto a otro Raúl (Peñaranda Undurraga) la aventura de hacer Página Siete cuando el país ya no era el de Garafulic Gutiérrez – Canelas Sáenz, cuando ya habían transcurrido cuatro años de gobierno a la cabeza de Evo Morales – Alvaro García Linera y Bolivia había saltado de República a Estado Plurinacional y se había producido la nacionalización de los hidrocarburos y el potenciamiento de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). 

Las reglas de juego hasta 2005 eran claras para un país repleto de excluídos, con un sistema de partidos políticos con predominancia de centro y extrema derecha y con un decreto (21060) que hizo funcionar la economía nacional entre 1985 y 2005. Eran tiempos en que las dirigencias sindicales y de pequeños partidos radicales de izquierda fueron perseguidas, criminalizadas y confinadas para que el recetario fondomonetarista y bancomundialista pudiera convertirse en la carta estratégica del funcionamiento de la economía boliviana impuesta desde afuera, con la embajada de Estados Unidos aprobando nombres de ministros, comandantes militares y fiscales designados para combatir el narcotráfico.

Durante esas dos décadas, los Garafulic se fueron consolidando como empresarios que hicieron de la influencia político gubernamental , la herramienta para consolidar su participación en  asociación con el grupo español Prisa para capitalizar el diario La Razón y en la participación accionaria de los fondos de pensiones hasta hace poco vigentes, sustituídos en la actualidad por la Gestora Pública del Estado Plurinacional. Embajador del gobierno de Paz Zamora, y activo paramilitar en el golpe banzerista de 1971, escribí lo siguiente sobre Garafulic y sus herederos (El pulpo Garafulic y su herencia en Página Siete, La Razón, 22 de agosto de 2021):

Don Raúl iba creciendo con su amigo, el general Banzer, convertido a la democracia, gozando de la confianza del presidente Jaime Paz Zamora y tratándose de tú a tú con Jesús de Polanco, principal accionista del grupo Prisa, propietario del diario El País, la cadena de radio SER, Editorial Santillana, y Alfaguara. Polanco provenía de una familia de militares ligados a la falange española y al franquismo, lo que probablemente facilitaba las cosas en términos de sintonía ideológica, considerando que el embajador en Madrid había nacido a la vida pública boliviana directamente vinculado a un golpe militar.

Garáfulic, secundado por sus hijos Raúl y Dieter, armó una estructura de medios que en términos televisivos tenía como principal soporte el perfeccionamiento de la calidad de la señal y una estrategia competitiva por la captura de las audiencias. Supo manejar como idea-fuerza principal que habían llegado para ser los primeros en las preferencias ciudadanas y aunque en varios momentos no lo lograran, se las arreglaron siempre para trabajar con gran eficacia persuasiva en sentido de que los medios con su marca eran los más importantes e influyentes, y en la medida en que estas percepciones fueron penetrando en el imaginario urbano del país, se podía percibir cuán poderosos se sentían “los garas”, quienes manejaron la lógica del ser y el parecer con persistente disciplina, lo que permitió que Don Raúl ya sintiera que podía desbordar sus medios de comunicación para mostrar todos los tentáculos que era capaz de mover y así trascender el plan multimedia hacia otros negocios, hasta que llegó el día en que el Extra, su diario popular de crónica roja, dirigido por Jaime Iturri Salmón, decidió publicar un incidente familiar del entonces ministro de Gobierno, Wálter Guiteras (gobierno democrático de Banzer, enero de 2001), en el que se habrían producido hechos de violencia que involucraban a su esposa e hija.

 

Guiteras, el poderoso ministro y senador por el departamento del Beni, se vio obligado a dimitir del cargo, lo que generó un procesamiento a Iturri bajo la Ley de Imprenta que finalmente quedó en nada por la extemporaneidad con que fue presentada la demanda. Nunca se llegó a confirmar la veracidad de la denuncia del Extra, y lo que quedó de la refriega fue una pelea encarnizada que condujo al depuesto ministro a presentar ante una comisión especial pluripartidaria en el Parlamento nacional, 11 grupos de delitos con el título El historial delictivo de Garáfulic (Revelaciones de Guiteras: Garáfulic espió para dictadura de García Meza, Agencia de Noticias Fides ANF, 30 de enero de 2001, firmado por NVS).

La extensa nota de ANF refiere con detalle el documento con acusaciones de Guiteras contra Garáfulic: Espionaje a favor de García Meza. “Invento” de escucha y espionaje en ATB y La Razón (“hizo un Watergate criollo absurdo y falaz”, declaró Guiteras). Defraudación de impuestos municipales. Compra de vehículos robados en Brasil para luego ser comercializados en Bolivia. Provisión de electricidad al departamento del Beni pretendiendo obviar el procedimiento de adjudicación. Intento de interrupción de un proceso de contratación para favorecer su propuesta en el proyecto de electrificación de provincias de Cochabamba. Contrabando a través de la zona franca de Cobija. Intento de venta de un avión privado (Taxi Aéreo Echalar) al propio ministro Guiteras que cuando éste rechazó la propuesta, “Raúl Garáfulic Gutiérrez comenzó a pensar con saña el golpe que habrá de darme para cuestionar mi credibilidad y honor, como más tarde hizo con sus medios de prensa, contra todo vestigio de verdad, reveló Guiteras.” Venta falsificada de la mina Amayapampa. Compra fraudulenta de la Hilandería Santa Cruz. Evasión de impuestos nacionales (nota de cargo por el no pago de impuestos por $us 1 millón de la empresa Telebingo de la cual Garafulic poseía el 97% de las acciones).

Solo para utilizar como ejemplo nada más que una de las acusaciones de Guiteras, según informes periodísticos de la época, la Hilandería Santa Cruz estaba valuada en $us 70 millones. Garáfulic la adquirió solo en $us 4 millones, en tiempos en que ya se había convertido en accionista y administrador de los fondos de pensiones y se quitó de encima a Tito Asbún, empresario cochabambino con el que en principio se asoció en busca de las acciones de la entonces línea aérea bandera nacional, Lloyd Aéreo Boliviano (LAB), que más tarde quedaría desmantelada y quebrada con la intervención de la brasileña VASP de propiedad de Wagner Canhedo. Eran tiempos de privatización y capitalización.

El 19 de marzo de 2003, Raúl Garáfulic (h) presentó en defensa de su padre una denuncia “por los ataques de Wálter Guiteras” ante la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), a la que pidió que envíe una comisión especial a Bolivia para investigar estos hechos e impedir que la “inmunidad parlamentaria de un senador siga siendo arma de impunidad para atacar, por venganza, la credibilidad de los medios de comunicación y la libertad de información en Bolivia”, dice la nota de ANF. Garáfulic terminó enjuiciando a Guiteras por calumnias, daños y perjuicios.

Como tantas veces ha sucedido en nuestra historia contemporánea, las denuncias, acusaciones y contraacusaciones de guerras como la de Garáfulic-Guiteras quedaron en suspenso y de manera definitiva el 21 de noviembre de 2003 cuando en inmediaciones de la estancia Caño Negro, situada entre San Ramón y Magdalena, departamento del Beni, a 192 kilómetros de su capital Trinidad, la avioneta Cessna 332 Bimotor CP 1958 se accidentó, lo que provocó la muerte de Raúl Garáfulic Gutiérrez y la del piloto Miguel Díez de Medina. El pulpo de los medios de comunicación en Bolivia moría dos años y 10 meses después de que se desatara una confrontación entre dos figuras públicas que tenían en común su cercanía y nexos con el general Banzer.

Así como hoy se ha hecho frecuente el enfrentamiento entre masistas, banzeristas como Garafulic y Guiteras supieron pelearse a muerte. Con estos antecedentes resultará más sencillo comprender que los motivos del cierre de Página Siete están fundamentalmente relacionados con algunos de los cadáveres que guarda en el ropero principal esta familia de la que se esperaba que Raúl Garafulic Lehm, el hijo mayor, llegara a ser algún día candidato a la presidencia de la vieja República, quién ahora se encontraría viviendo en España desde hace casi medio año, trabajando para el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), esa entidad financiera a cargo de uno de los fondos de pensiones de nuestro país en la que Raúl padre tuvo participación administrativa y accionaria.

Para concluir esta significativa etapa de su carrera pública, Rauli, no dijo la verdad sobre la razón del cierre de Página Siete que está relacionada con un lío de acciones, utilidades y paraísos fiscales de la AFP Previsión en la que los Garafulic tienen intereses. Culpar al gobierno de Luis Arce por presiones y asfixia contra la libertad de expresión es nada más que otra cortina de humo con la que pretendieron salir del paso cuando los agobian los salarios no pagados y otras obligaciones incumplidas con sus fieles trabajadores como los desembolsos de los aportes de sus asalariados a las afps, varios de los cuales habrían iniciado demandas laborales contra un diario en el que se soñaba y trabajaba para la caída de Evo Morales y del MAS, organización política que sepultó la democracia pactada con sus triunfos electorales de mayoría absoluta: 2005, 2009, 2014 Y 2020.

Como antecedente final queda el haber intentado criminalizar la última transacción de compra venta de este diario, La Razón, atribuyéndole al programa gubernamental “Bolivia cambia, Evo cumple” los recursos con que habría sido adquirido. La verdad, bien se sabe, es otra. Durante el gobierno de facto de Jeanine Áñez, Garafulic y sus amigos banzeristas del régimen habrían tramado un plan para apropiarse del diario. Reapropiarse por historia familiar pensarán ellos. Para tal objetivo tenían listo al periodista que se haría cargo de la dirección, producto de un intento de un forzado procesamiento judicial que les garantizaba la captura a costo cero. Como el principal accionista nada tenía que esconder, y por lo tanto nada que temer, desbarató el plan rápida y eficazmente. Se podría decir que en ese momento comenzó la caída final de Garafulic que llegó al año 13 de existencia de Página Siete. No pudo más. O no pudo contra el MAS, como quedará escrito en la historia.

(*) Julio Peñaloza Bretel es periodista, habitual columnista del diario La Razón. El año 2022 publicó “Democracia interrumpida, crisis de Estado y gobierno de facto en Bolivia”, libro en el que figuran las trayectrorias públicas de actores decisivos en el derrocamiento de Evo Morales en noviembre de 2019. La familia Garafulic forma parte de este capítulo de nuestra historia.

Originalmente publicado en el suplemento Animal Político de La Razón, el 16 de julio

El paramilitar

 Para ser paramilitar hay que fetichizar botas, charreteras, fusiles y metrallas. Hay que soñar

ataviarse alguna vez con uniforme de combate. Hay que creer a rajatabla en la necesidad de la

mano dura para poner orden en estas sociedades revoltosas y aventureras, fervientes militantes

de la igualdad social, con actores políticos contestatarios. Es decir, para ser paramilitar, hay que

creer en las fuerzas armadas como salvadoras de un país, tal como ha sucedido con Luis Fernando

Camacho, ahora gobernador de Santa Cruz, detenido por su participación táctica y estratégica en

el golpe de Estado del 10 de noviembre de 2019.

Camacho es el paramilitar boliviano del siglo XXI. Supo conducir las acciones coordinadas entre

redes sociodigitales y convulsión callejera que en veintiún días allanaron el camino para el

derrocamiento de Evo Morales que cometió el imperdonable error de persistir en una candidatura

viciada de nulidad, indebidamente habilitada por el Tribunal Constitucional, lo que no exime al

ahora detenido preventivo de Chonchocoro de responsablidades y violaciones al Estado de

Derecho que facilitaron la instalación de un gobierno transitorio de facto.

No es como dice Archondito, el canalla escribidor y francotirador de Puebla, que la sucesión fue

constitucional (10 de julio hs. 10:34, la H Parlante, Facebook). El, como todos sus amigos y colegas

golpistas, sabe perfectamente que se urdió una salida política por fuera de la línea sucesoria

presidencial y del reglamento que estipula la obligatoriedad de recomponer la directiva de la

Asamblea Legislativa Plurinacional cuando la cabeza del Senado renuncia, tal como sucedió con

Milton Barón que sucedió a José Alberto “Gringo” Gonzales en agosto de 2018. Recién a partir de

aquél requisito sine qua non, la ruta constitucional quedaba allanada para elegir al presidente del

Estado.

Vaya que se han entusiasmado con los uniformes del ejército y los verde olivo de los motines

policiales estos paramilitares y francotiradores que insisten en una narrativa mentirosa y nada

constitucional, ahora que nos aprestamos a recordar los 43 años del golpe de Estado de Luis

García Meza, ese general de Ejército amante de los caballos al que quisieron derrocar varios de sus

ambiciosos y pretenciosos camaradas por fechorías, arbitrariedades y vinculaciones con el

narcotráfico que hundían al ejército, la fuerza aérea, y la naval de agua dulce en su mayor

descrédito histórico y que hizo uso de paramilitares para asesinar a Marcelo Quiroga Santa Cruz,

líder del Partido Socialista 1, a la salida de la Central Obrera Boliviana (COB) el 17 de julio de 1980.

El paramilitar Luis Fernando Camacho tiene que saber –esa tiene que ser su principal herencia

politica-- que en su condición de militante de la Falange Socialista Boliviana (FSB), su padre, José

Luis Camacho Parada, participó del golpe de Estado de 1971 a la cabeza de un coronel que había

sido ministro de Educación del gobierno también golpista del Gral. René Barrientos Ortuño (4 de

noviembre de 1964), de nombre Hugo Banzer Suárez, nacido en la chiquitana Concepción de Santa

Cruz, personaje con el que algún asesor muy servicial comparó al ahora jefe de la agrupación

Creemos. ¿Camacho igual a Banzer? De ninguna manera. El coronel y finalmente General, le abrió

el camino al anticomunismo fascistoide reconciliando a movimientistas y falangistas, con quienes

gobernó entre 1971 y 1974. Banzer era un gran fascista, pero con proyecto de país, con la

proscripción de zurdos, rojos o indios subversivos a los que masacró en Tolata y Epizana. Camacho

pudo haber sido un remedo, considerando que sus huestes de la Unión Juvenil Cruceñista con la

anexión de la Resistencia Juvenil Cochala, mandaban a perseguir y a encarcelar a masistas y a

sospechosos de masismo, y que también tuvo sus propias masacres, las de Sacaba y Senkata. La

diferencia es que en tiempos del banzerato no habían siquiera vestigios de estado plurinacional y

ni se soñaba con que un sindicalista indígena campesino pudiera gobernar catorce años contínuos

el país.

Mientras Banzer terminó adscrito a la democracia, asociándose con quienes en su dictadura había

perseguido, reprimido, torturado y desaparecido, los miristas de Paz Zamora y Oscar Eid, Luis

Fernando Camacho inauguró su incursión en la política apostando por el golpe de Estado con

operadores como el abogado Jerjes Justiniano (hijo), moderador de las reuniones de la

Universidad Católica, cuando todavía las aberraciones cometidas por curas pederastas se

encontraban en modo secreto a voces.

Ahora se entenderá mejor porque los paramilitares y los francotiradores de la opinión persisten en

el cuento del “no fue golpe, fue fraude”, en que eso del golpe no es parte de la realidad y es por

ello que nunca se refieren a cómo fue el gobierno de Áñez, encabezado por otro gran paramilitar,

Arturo Murillo, ese que invitó alguna vez a las mujeres a lanzarse de un quinto piso para no matar,

--a través del aborto--, una vida ajena.”

Originalmente publicado en la columna Contragolpe de La Razón, el 15 de julio.

La Embajadora

 La decisión de no otorgar salvoconductos para los asilados en la Embajada de México en

noviembre de 2019 de parte de la entonces Canciller Karen Longaric, instruida por Jeanine Áñez y

Arturo Murillo, no alcanzó a Luis Arce Catacora que pudo llegar hasta una nave de línea aérea

extranjera para conseguir librarse de la infernal persecución desatada por el triunfante gobierno

de facto.

Es probable que el objetivo de sacar del país, sano y salvo, al que hasta días atrás había sido

ministro de Economía y Finanzas Públicas, hubiera quedado malogrado, de no haber actuado de

manera directa y decidida la embajadora de los Estados Unidos Mexicanos, María Teresa Mercado,

que acompañó a Arce Catacora desde La Rinconada de la Zona Sur de La Paz hasta el aeropuerto

de El Alto, superando todos los obstáculos como si se tratara de una carrera de vallas controlada

por uniformados verde olivo .

Tuve la posibilidad de entrevistar a la embajadora Mercado (“Memoria”, ATB, 18 de noviembre de

2021) quién nos refirió con detalle cómo fueron esos días marcados por la crispación y la ansiedad,

sobre los que tuve oportunidad de saber en carne propia entre el domingo 10 y el miércoles 13 de

ese trágico noviembre y que me permitió conocer la entereza y el oficio diplomático mexicanos

que con orden y templanza fueron generando las condiciones para que los asilados, todos ellos

autoridades del gobierno del derrocado Evo Morales, pudieran sentirse seguros y protegidos.

Entre los atropellos desvergonzados a cargo del gobierno de Áñez figura el de haber declarado a

Mercado persona non grata, hecho que la obligó a abandonar el país el 31 de diciembre de 2019, y

que dió lugar a su sustitución temporal, ya que el presidente Andres Manuel López Obrador, le

restituyó el cargo para regresar a La Paz, una vez recuperada la democracia con el triunfo electoral

de quién había sido uno de sus principales protegidos y a quién acompañó hasta la cabina de un

avión para asegurarse de que partiera con destino a Ciudad de México.

Cuando todo era desconcierto y lágrimas, minutos después de la renuncia del presidente Morales,

producida hacia el final de la tarde de ese domingo 10 de noviembre, conocí a María Teresa que

impartía instrucciones para organizar las habitaciones que ocuparían los asilados. Algunas y

algunos permanecieron nada más que por un par de días porque ya sabían de las intenciones del

gobierno golpista de evitar que los refugiados obtuvieran el asilo hacia un país que en la década de

los 70, durante el septenio dictatorial, acogió a bolivianas y bolivianos que se vieron obligados a

escapar del banzerato fascistoide.

Durante los 50 días que le tocó a la embajadora Mercado enfrentar el asedio policial con

reflectores nocturnos que enceguecían a quienes se encontraban en la residencia mexicana y el

control pitita del ingreso y salida de la exclusiva Rinconada, tuvo que lidiar con la cancillería a

cargo de Longaric que entre las disparatadas decisiones que tomaba a diario, queda registrado

reconocimiento a Juan Guaido como presidente “encargado” de la República Bolivariana de

Venezuela auspiciado por el gobierno del estrambótico Donald Trump que por supuesto

respaldaba al gobierno de facto presidido por Áñez y manejado a diestra y siniestra por Arturo

Murillo.

Pero como si todo ese panorama abrumador para una representante diplomática no fuera

suficiente, el yerno del propietario de la casa en la que se encontraba la residencia de la

Embajadora, no tuvo mejor idea que acercarse para pedirle un significativo incremento mensual

del alquiler que no contemplara factura. El heredero de un formidable evasor de impuestos,

dedicado a la actividad minera y en su momento propietario de un medio televisivo y un diario de

alcance nacional, estaba honrando la enseñanza paterna proponiendo un “arreglo entre nos”,

aprovechándose del desconcierto y el miedo que reinaba gracias al gobierno respaldado por el

diario del que el sujeto en cuestión es principal propietario. Por cierto, la embajadora Mercado me

solicitó mantener en reserva el nombre de este que le subió el monto del alquiler aprovechándose

de la circunstancia.

María Teresa Mercado ha regresado a su país para asumir la Dirección del Instituto Matías

Romero, creado en 1974, y que se constituye en la academia diplomática mexicana. La he

entrevistado nuevamente (“Cable a tierra”, radio Éxito Bolivia, 28 de junio de 2023) y hemos

recapitulado su intensa estancia en nuestro país que contiene logros como el de la supresión de

visas para viajeros bolivianos y mexicanos, y un proyecto de centro cultural que involucra al Fondo

de Cultura Económica de México y al Centro de Investigaciones Sociales de Bolivia, próxima a

concretarse. Conservaremos el mejor recuerdo, inscrito en nuestra memoria histórica, por esta

que puede considerarse una embajadora con letras mayúsculas.

Originalmente publicado en la columna Contragolpe del diario La Razón el 01 de julio

La Canciller

 La memoria histórica de Bolivia guardará por siempre con rabia e indignación todo lo que significó

el gobierno inconstitucional de Jeanine Áñez, sentenciada a diez años de reclusión por atentar

contra la Constitución y las leyes, secundada por personajes a los que ahora mira con decepción,

pero que fueron los actores decisivos para su ascensión a la silla presidencial –Miurillo y Ortíz-- y

con los que compartió tareas parlamentarias con el Movimiento Demócrata Social (Demócratas).

Karen Longaric Brozovic no militaba en Demócratas, pero apareció sorpresivamente como Ministra

de Relaciones Exteriores del gobierno de facto presidido por Áñez. Hasta entonces había cumplido

con una trayectoria vinculada a las relaciones internacionales ocupando cargos en la misma

Cancillería, en el Instituto Internacional de Integración y como primera presidenta de la Comisión

Nacional del Refugiado (CONARE).

Longaric era una señora muy comportada que había ingresado en la Cancillería gracias a su esposo

Franklin Anaya (“Panka”) en tiempos del gonismo, en clara práctica de nepotismo, pero que con

los años supo ganarse un sitial en el espectro del análisis especializado sobre política exterior. En

un par de oportunidades la entrevisté para la televisión y la radio, caracterizando sus

intervenciones por la mesura y la prudencia, por ejemplo, con respecto del fallo emitido por la

Corte Internacional de Justicia en La Haya acerca de la demanda interpuesta por Bolivia contra

Chile debido a nuestro irresuelto problema marítimo.

Hasta que llegó el día en que Karen sintió que era momento de quitarse la máscara y mostrar ante

el país quién era en realidad. A partir de su nombramiento como primera Canciller de la historia de

Bolivia, la internacionalista desplegó todas sus armas para evidenciar que había sido una

furibunda enemiga del MAS y que en esa medida emprendería acciones reñidas con el derecho

internacional, la responsabilidad pública y el respeto por los derechos humanos.

A pesar de saber de la importancia y el respeto que se merece la institución del asilo político,

característica distintiva del gobierno mexicano, Longaric se sumó de manera entusiasta a la

agenda que marcaba el ministro de la Muerte, Arturo Murillo. De esta manera, la Canciller de Áñez

convirtió la residencia de la Embajada de México en una cárcel que mantuvo como presos políticos

a ex autoridades del gobierno de Evo Morales, negándose hasta el final de su mandato a otorgar

los salvoconductos que ella en su calidad de primera presidenta de la Comisión Nacional del

Refugiado conocía por anversa y reversa.

Como si violar el derecho al asilo político no fuera suficiente, la desenmascarada ministra que

residía en La Rinconada, no fue capaz de interponer sus buenos oficios como vecina para frenar el

asedio de efectivos policiales que por la noche utilizaban potentes reflectores para no dejar

descansar a los refugiados Quintana, Arce Zaconeta, Alanoca, Laguna, Zabaleta, Vásquez y Moldiz.

Se trató de un sistemático plan de amedrentamiento y violación a los derechos ciudadanos con la

complicidad de los vecinos del barrio que armaron una especie de barricada para revisar los

motorizados que entraban y salían, vigilia pitita cazamasistas en otras palabras.

Hoy día, desde su autoexilio en Alemania, la señora Longaric se declara perseguida política del

gobierno de Luis Arce acogiéndose al lugar común con el que la demacrada y derrotada oposición

pretende disfrazar las barbaridades perpetradas por una cáfila de delincuentes que violaron

derechos humanos, masacraron 38 personas, consumaron negociados de varios tamaños y

condujeron la economía del país al desastre en el tiempo record de diez meses.

Resulta que la Canciller que violó descaradamente el derecho al asilo político, la que nombró un

embajador de ciencia y tecnología -¡con residencia en La Paz!- , amigo de la hija de la Presidenta,

actuó con negligencia en la repatriación de ciudadanos bolivianos atrapados por el coronavirus en

el lado chileno de la frontera, esa misma señora dice ser perseguida por la justicia cooptada por el

gobierno del MAS.

Karen Longaric Brozovic es la fiel expresión de la vieja Cancillería boliviana, atestada de vividores

de corbata de seda y astutos lobistas como Jaime Aparicio Otero, execrable operador de Luis

Almagro en la OEA, embajador ante el sistema interamericano del gobierno de Áñez, un niñato de

cuello blanco portaestandarte de la Bolivia reaccionaria y fascistoide que vive de propalar mentiras

y se ha especializado en distorsionar la realidad política del país desde Washington.

Longaric ha acudido a la CIDH para denunciar los presuntos atropellos de la que es víctima. Ojalá

que desde la Comisión le puedan enviar un ejemplar o el link del informe del GIEI en el que han

quedado debidamente registradas las tropelías del gobierno de la que fue Canciller. Por lo menos

debería darle vergüenza.

Originalmente publicado en la columna Contragolpe de La Razón, el 17 de junio.

El interventor

 Los delitos financieros producto de la danza de millones de dólares pueden convertirse en olor a

muerte. Son aquellos que se urden desde oficinas ejecutivas con vistas panorámicas de la ciudad

en la que se cometen. Son tantas las películas sobre Wall Street que hemos visionado en las

últimas cuatro décadas, que dichos como “detrás de una gran fortuna hay un gran crimen” o “hay

que matar a X porque sabe demasiado, pero por favor, que parezca un accidente” forman parte de

los manuales de las grandes estafas y desfalcos financieros.

Poseer tres casonas –no alcanzan a mansiones—avaluadas en aproximadamente cuatro millones

de dólares tiene que por lo menos parecer escandaloso ante los ojos de los de a pie que deben

remar a diario, urgidos por parar la olla del almuerzo. Un banquero ejecutivo que ha invertido

semejante cantidad de dinero para vivir a cuerpo de rey es porque tiene de sobra con que hacerlo

y la ostentación es nada más que el rasgo frívolo de un estilo de vida producido por la adicción al

dinero, la más devastadora de las adicciones de este siglo XXI por encima de todos los

psicotrópicos juntos.

A Carlos Alberto Colodro, trágicamente fallecido en el día de la madre boliviana, le encomendaron

la escabrosa tarea de investigar las rutas del dinero de un banco con nombre de error ortográfico:

A estas alturas, en lugar de Fassil ya hay condiciones y hallazgos para llamarle Difissil. Y mortal.

Colodro, según informaciones generales, había construido una carrera funcionaria que le permitía

un buen pasar, esto es, no necesitar trabajar para seguir transcurriendo sin sobresaltos a sus 64

años. He aquí entonces la primera gran pregunta que no se ha hecho hasta ahora: ¿Para qué

convertirse en el interventor de un banco que apesta por todos sus rincones, incluídas sus

bóvedas?

La carrera de este economista nacido en Sucre llegó incluso con su firma a los billetes de nuestro

sistema monetario en su calidad de Gerente General del Banco Central de Bolivia. Acabo de revisar

y la muy concisa firma del hombre en cuestión está en el papel moneda con el que nos manejamos

todos los días, ese papel moneda que según el Banco Unión nunca llegó procedente del Fassil-

Difissil en los primeros días en que Colodro tomó posesión de sus responsabilidades. En entrevista

radiofónica (programa “Cable a tierra”, radio Éxito Bolivia 93.1 FM) del martes 30 de mayo, la ex

trabajadora del banco quebrado, Bisney Conde, nos contó que ella junto con algunos que fueron

sus compañeros, veía como “salían camiones Brinks con efectivo”. ¿Cuáles eran las rutas de esos

cargamentos? Nadie sabe. Nadie responde. Muy pocos preguntamos.

Según la carta-despedida del suicidado, quedó sólo, y escribió en código que lo que iba a hacer a

continuación pasaba porque ya lo habían matado. Nadie le contestaba las llamadas “vaya uno a

saber por qué”, duda que debió conducirlo a insistir conversar con sus superiores, entre los cuales

destaca el director general de la Autoridad del Sistema Financiero (ASFI), Reynaldo Yujra, que en el

día de la posesión del sustituto de Colodro, ni siquiera por guardar las formas, recordó las

circunstancias que obligaban a nombrar a Luis Gonzalo Araoz Leaño, otro profesional con

muchísimos años de experiencia de trabajo en entidades bancarias y que con lo acontecido,

probablemente pedirá servicio de seguridad personal 24/7, cosa que a Colodro, ni a sus

mandantres, les pareció importante solicitar.

A continuación del descubrimiento del cuerpo inerte de Colodro, estampillado en plena vía pública

de la avenida San Martín, irrumpió en el escenario el abogado Jorge Valda, controvertido

personaje defensor de políticos vinculados a la conspiración y al golpe de Estado de 2019. El jueves

1 de junio nos enteramos que al hombre en cuestión que repitió hasta la saciedad para las

cámaras televisivas que a su “cliente” lo habían asesinado, no fue contratado por la familia del

fallecido interventor y aquí surgen más dudas: ¿Por qué la familia Colodro no fijó posición, o por lo

menos no informó oportunamente que ellos no habían requerido los servicios profesionales de

Valda?

Veinticuatro horas antes de su suicidio, Colodro dirigió una reunión en la que habrían participado

abogados, ex trabajadores, una diputada del MAS y un representante de la Defensoría del Pueblo.

¿Cuán trascendente fue esa reunión? ¿Qué se conversó en la misma? Todo indica que nunca lo

sabremos. Tiene que haber un móvil poderosísimo para que al suicidado internventor le haya

reventado el alma y esto necesariamente tiene que ver con lo sucedido en el trayecto de sus

treinta días de tareas. Mientras tanto, los nombres de los principales beneficiarios con los créditos

vinculados ya se encuentran en el escenario público, por lo que la nueva labor interventora pasa

por no perder la pista del dinero manejado por Ricardo Mertens y compañía. La ASFI tiene mucho

que contestar y las preguntas clave en esta oscura trama debieran estar a cargo del ministerio

público. La transparentación de la información que vaya a obtenerse ya es harina de otro costal.

Originalmente publicado en la columna Contragolpe de La Razón, el 03 de junio

El intocable

Eliot Ness era el héroe policial que comandaba las pesquisas contra las mafias italo neoyorkinas en

los años 60. Lo personificó en la televisión blanco y negro de entonces, el actor Robert Stack y en

cada capítulo emitido por el canal estatal de aquél tiempo eramos testigos semanales de sus

proezas contra esas familias que se repartieron la ciudad de la gran manzana para distribuir

clandestinamente bebidas alcoholicas, narcotraficar y administrar negocios de proxenestimo para

beneficio económico y placeres propios. De aquella serie televisiva semanal se podía advertir un

halo de romanticismo: Ese policía de traje, corbata y sombrero de paño con ala ancha nos contaba

que todo crimen termina siendo descubierto, que la justicia puede tardar pero llega, digamos que

la historia del crimen edulcorada y romantizada en ese clásico que se llamó “Los intocables”.

Ejercitando un largo salto hacia el Siglo XXI, el mafioso esterotipado por ese espectáculo

audiovisual maniqueo, se ha desdoblado en estilos. Hay mafias financieras de cuello blanco que

lavan dinero procedente de actividades ilícitas. Hay mafias políticas que cobran comisiones o

coimas para emprender cierto tipo de proyectos en nombre del desarrollo y del bienestar común.

Hay mafias clericales, refugiadas en sombrías guaridas habitadas por enviados de Dios que han

organizado sociedades secretas de pederastas, pedófilos y otras especialidades relacionadas con la

violencia sexual. En fin, hay mafias especializadas hasta en los asuntos más inimaginables en

tiempos del estallido tecnológico que todo lo simplifica y lo corrompe.

El año 2020 en Bolivia se instaló una mafia lacrimógena. Traficó con materiales para la represión

policial. Parte de esa mafia esta procesada judicialmente y detenida en un recinto penitenciario

estadounidense que tiene al ex ministro de Gobierno Arturo Murillo como su representante más

notable. Ese que cazaba masistas. Ese que decía no estar jugando y que sería implacable. Ese que

inventó el “dispararse entre ellos” para eximirse de responsabilidades por las persecuciones

política, judicial y mediática y la consumación de masacres.

Murillo se convirtió en facilitador de todas las mafias que operaron durante el gobierno del que

era mandamás, el de Jeanine Áñez, y que tiene a un connotado protagonista que hoy día es

escribidor de un par de diarios conservadores y que un año después de haber sido botado por la

presidenta de facto de su cargo de Ministro, pasó a ejercer las funciones de Rector de la

Universidad Católica Boliviana en Santa Cruz de la Sierra. Su nombre es Oscar Ortíz Antelo,

militaba en su juventud en Cristiandad, una organización de origen brasileño que reclutaba

jóvenes anticomunistas y temerosos de Dios y a estas alturas se podría decir que se trata de un

verdadero mago porque a pesar de figurar siempre en las fotografías de la consolidación del golpe

de Estado ejecutado entre el 10 y 12 de noviembre de 2019, hoy día nadie lo nombra, nadie

recuerda que fue uno de los cerebros del asalto al poder, el más frío y calculador de la camarilla

que coordinaba el no ingreso de parlamentarios masistas a la Asamblea para conseguir que

Jeanine fuera presidenta vulnerando el procedimiento constitucional

Como el Eliot Ness de la televisión, Oscar Ortíz Antelo es un intocable, pero al revés, pues se

encontraría en la línea de los transgresores de la ley y el orden. Transgresores es un decir porque

en realidad se trataba de mafiosos. Se lo ha visto tomando café con el que fuera editor de El

Deber, Juan Carlos Rocha, a media mañana de un día cualquiera en un centro comercial de la

avenida Busch, Tercer Anillo de Santa Cruz de la Sierra. Su intocabilidad es tan extraordinaria, que

cuando se recuerda a los golpistas se menciona siempre a Camacho, a Mesa, a la propia Jeanine,

alguna vez a Doria Medina, pero nunca a el. Parece que jamás hubiera estado en el balcón del

Palacio Quemado detrás de Jeanine saludando a sus pititas ilusionados y luego defraudados por la

gestión de gobierno que aceleró el retorno del MAS a través de elecciones en tiempo record.

Oscar Ortíz Antelo estuvo en las reuniones de la Universidad Católica de La Paz cuando la jerarquía

eclesiástica puso en evidencia de andar metida en política hasta el cuello. En dichos encuentros,

siempre frío y discreto, se encontraba este que fuera en su momento operador del ex gobernador

Rubén Costas. Su actuación fue decisiva en la Cámara de Senadores desde donde digitaba

movimientos en las inmediaciones de la plaza Murillo, de civiles persecutores de masistas, policías

y militares. Tuto era el hombre de “la embajada”, Camacho el paramilitar y Ortíz el pensante que

hizo a Jeanine Presidenta. Hoy es el impávido jerarca académico de la universidad de los curas

católicos, un portento de numerario del Opus Dei. Un intocable como nunca se vió en la historia

política de Bolivia, milagrosamente invisibilizado por la santidad de Monseñor Josemaría Escrivá

de Balaguer.

Originalmente publicado en la columna Contragolpe de La Razón, el 20 de mayo

El cuerpo de Cristo

 El sacramento de la comunión es algo así como la introducción de un chip sobre la fe cristiana en

una entidad humana. Para ello, la Iglesia Católica ha inventado esta especie de certificado de

compromiso que data del siglo XIII, “recibiendo a Cristo en el corazón” entre los los 12 y 14 años

cuando nuestras familias nos preparan para un acontecimiento social parecido al de una fiesta de

cumpleaños, en este caso, para celebrar nuestra adscripción a la fe cristiana a través de la matrix

comandada desde El Vaticano. Eso sí, el acceso a la inaugural ingesta del cuerpo y la sangre de

Cristo sólo es posible si se ha producido el bautismo, a poco de nacer, con los nombres que

padres, madres y abuelos deciden llamarnos, y que dan fe de nuestra existencia terrenal anexada

al cordón umbilical de la fe. Si nos bautizan y recibimos la primera comunión, se puede decir que

quedamos graduados para siempre como católicos apostólicos romanos.

Criados y formateados en la cultura del registro civil igualado al certificado de bautismo de la

parroquia en la que nos hicieron chillar con la helada agua bendita que nos vierte un sacerdote en

la fontanela, transcurrimos nuestra primera década y algo más de vida, encaminados hacia la

comunión, y cuando esta llega, quedan habilitadas las condiciones para decir que somos por igual

ciudadanos con cedula de identidad y seres humanos de fe con nuestra comunión color azul

desfile para los niños y vestidos blancos angelicales para las niñas. Sobre estos certificados

religiosos no estamos en condiciones de decidir por nosotros mismos, a los pocos días de haber

llegado a la vida o cuando nos aprestamos a superar el umbral de la infancia hacia la adolescencia.

Son nuestros padres o custodios los que deciden que seremos católicos, que creeremos en Dios y

en su enviado para salvarnos del pecado por los siglos de los siglos, y de esta manera

construiremos en nuestra memoria una conciencia de culpa que conduzca a una existencia

condicionada por la salvación que permite el triunfal pasaje hacia la vida eterna. Así

reglamentadas las creencias, católicos y católicas practicantes han admitido que la vida no se

construye en libertad y autonomía, sino que viene prefigurada por nuestros progenitores.

Para que todo esto pueda suceder, figuran las vocaciones de renunciamiento a los placeres

mundanos que harán de los sacerdotes católicos organizados en distintas congregaciones,

nuestros guías y formadores humanistas. Así tendremos consejeros espirituales, trabajadores

sociales y en ordenes como la Compañía de Jesús y la de los Salesianos, pedagogos, profesores ,

labradores del espíritu y guías para descubrir vocaciones.

Los que pasamos por las aulas de colegios católicos sabemos perfectamente que todo lo hasta

aquí descrito está bien para los papeles y las apariencias, porque el descarnado mundo nos ha

dado ingentes cantidades de ejemplos acerca de que los curas son tan pecadores como quienes no

nos sometimos a los votos de castidad y al celibato, y que detrás de las antiguas sotanas y los

modernos cuellos clericales pueden esconderse monstruos como “Pica” –Alfonso Pedrajas

Moreno--, un jesuita ya fallecido al que se ha puesto al descubierto por haber abusado-

manoseado-violado a casi noventa niños/adolescentes en centros educativos de Cochabamba.

Para decirlo de manera estremecedora, el cuerpo de Cristo ha sido introducido en nuestras

osamentas y almas con el sacramento de la comunión, para que en determinado momento, las

noches cómplices en los internados de colegios y escuelas sirvan para que ese recibimiento,

digamos espiritual, se materialice en una de las más aberrantes prácticas de las que podamos

tener memoria en la historia de los seres humanos y sus creencias: El falocentrismo sacerdotal ha

desgraciado tantas vidas infantiles y adolescentes, esas que lucharán hasta el fin de sus días para

intentar superar los traumas, tantas veces sin conseguirlo.

La nauseabunda iglesia católica boliviana ha demorado más de 72 horas en pronunciarse acerca de

este caso narrado con pelos y señales en El País de España y dicen ahora los jesuitas que han

separado a ocho de sus componentes y que la investigación debe servir para encontrar a los

encubridores, tan violadores por su conducta corporativa como el propio Pica.

Si no se hubiera producido el descubrimiento del caso a través de un familiar indignado, este tema

seguiría enterrado en las catacumbas de la impunidad, esa misma con la que en Bolivia se

auspiciaron reuniones en la Universidad Católica Boliviana para derrocar a un presidente

constitucional en noviembre de 2019. Infiltrados en todos los ordenes de la vida cotidiana, de la

vida laboral y en los pasadizos de los poderes político y económico, lo único contundente y

definitivo que han conseguido estos curas católicos es que pongamos en profundo entredicho las

promesas de un más allá paradisiaco y esplendoroso. Quienes sabemos de diosas y dioses,

tenemos la obligación de combatir a estas iglesias tenebrosas hasta el fin de nuestros días.

Originalmente publicado en la columna Contragolpe de La Razón el 6 de mayo.