Como si se
tratara de un viaje en una cápsula inventada por H.G.Wells, Bolivia es hoy un
país en retroceso, en el que casi nada funciona con una mínima fluidez, a
partir del momento en que la presidenta accidental --a la que en el espectro
internacional se califica dominantemente como presidenta de facto--, decidiera
convertirse en candidata para las elecciones de las que estaba encargada a
partir de una transición que debió caracterizarse por trámites rutinarios para
generar un gobierno electo, después de la anulación de los comicios realizados
el 20 de octubre del pasado año, con el argumento de un “fraude monumental”,
seriamente impugnado más allá de las fronteras nacionales.
Bolivia se
encuentra económicamente desprogramada con decisiones de contratación de deuda
externa que corresponden a una administración con facultades para gobernar
cinco años, entrampada en las disputas que sostiene el gobierno de Añez con la
Asamblea Legislativa Plurinacional que aduce incapacidad jurídica para
viabilizar los desembolsos de recursos, debido a que no se cumplen los
requisitos constitucionales para la viabilización de créditos, con el agravante
en el contexto general, de la muy débil
actuación del Tribunal Supremo Electoral, cuarto poder del Estado que ha fijado
el 18 de octubre como fecha de elecciones, sin una fundamentación orientadora
que ayude a acercar a las partes en conflicto, en este caso, las organizaciones
sociales encabezadas por la Central Obrera Boliviana (COB) y los colectivos
sociales vinculados al Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales, por una
parte, y los partidos políticos situados del centro hacia la derecha que han
dejado pasar el necesario tiempo para que en plena pandemia, con enormes
riesgos de contagios masivos, indígenas, campesinos y trabajadores de las
ciudades hayan decidido volcarse a las calles para reclamar por elecciones ya,
a través de nutridas movilizaciones en media docena de ciudades del país.
Con una muy insuficiente
y poco transparente gestión de la crisis sanitaria y generando la impresión de
querer prorrogarse en la transitoriedad gubernamental lo más posible, a todo el desaliento con el que viven las
mayorías de muy escasos recursos hay que sumar la acumulación de preocupantes
informes internacionales acerca del cuadro de situación relacionado con el
ejercicio de los derechos humanos y las libertades ciudadanas que por ejemplo acaba
de publicar la Clínica Internacional de la Universidad de Harvard en la
materia, con el título “Nos dispararon como animales, Noviembre Negro y el
gobierno interino de Bolivia”.
En el preciso
informe del ente especializado de la universidad estadounidense figura un
recuento de lo que fueron las masacres de Senkata y Sacaba (más de treinta
muertos), los excesos cometidos por las fuerzas policiales y militares, la
persecución desatada contra militantes y parlamentarios del partido de Evo
Morales, así como a periodistas y trabajadores de medios de comunicación
contrarios al gobierno, a los que en su momento se tachó de “sediciosos” y
“terroristas” para amedrentarlos y finalmente silenciarlos.
En el contexto
mediático, en el que la televisión y la prensa oficialista prefieren eludir
estas temáticas que incomodan al gobierno de Añez, figura una línea inequívoca
dada por el columnista Raúl Peñaranda Undurraga publicada por el New York Times
en su edición en español el pasado 17 de julio, con el título “Mesa y Añez
deben pactar para evitar que el MAS de Evo Morales regrese al poder”,
encabezamiento que encaja mejor en la lógica de un documento de campaña
electoral, razón por la que seguramente el mismo autor decidiera cambiarle el
título para consumo interno en el diario Página Siete de La Paz, con el título
de “La difícil transición tras la caída de Evo Morales”.
Peñaranda,
periodista autonombrado independiente, forma parte de un cuarteto de opinadores
que terminaron desquiciados con el gobierno de Evo Morales al que combatieron
sistemáticamente y al que les es imposible no incluír en sus arremetidas
semanales. Está directamente vinculado al presidente del directorio y principal
propietario del diario Página Siete, Raúl Garafulic Lehm, con quien fundara ese
diario, al empresario Samuel Doria Medina, candidato a la vicepresidencia en la
fórmula de Jeanine Añez y a Carlos Mesa, el iniciador del golpe de Estado el
pasado 10 de noviembre, el único presidenciable con algunas posibilidades de
disputarle el triunfo al binomio del MAS conformado por Luis Arce Catacora y
David Choquehuanca, según lo informan todas las encuestas.
Con ese chocante
panorama, en el que la Bolivia plurinacional le va perdiendo el miedo a las
advertencias represivas de un gobierno severamente desacreditado y unos medios
de comunicación tradicionales que evidencian sus líneas editoriales más por lo
que no dicen que por lo que publican, Bolivia se encamina trastabillando hacia
unas elecciones presidenciales para las que hay que aguardar dos meses y medio,
tiempo en el que seguramente , el gobierno aduciendo la prioridad de la lucha
contra el coronavirus, y los sectores populares reclamando por su derecho a
conformar un poder legítimamente constituído, tendremos más incertidumbre,
desconcierto, tensiones y seguramente manifestaciones de violencia que siempre
hacen temer por el desastre que significaría la voladura del sistema: Bolivia
ha retrocedido en el tiempo y hoy queda caracterizada por demasiadas preguntas
que por ahora no encuentran respuestas.
Originalmente publicado en Noticias de América Latina (NODAL) el 02 de agosto de 2020