lunes, 23 de agosto de 2021

El pulpo Garafulic y su herencia en P7

Dice Walter Chávez en su artículo “El Plan Cóndor del periodismo” ( El juguete rabioso, 21 de enero de 2001) que Raúl Garáfulic Gutiérrez proyecta una imagen de “individuo bajo sospecha” y que sus antiguas amistades “cimentaron las bases de esa fortuna que empieza a surgir a partir de su participación –como parte de un grupo civil armado—en el golpe de Hugo Banzer Suárez en 1971.” Para decirlo más sencillamente, el que sería llamado con los años Don Raúl, habría sido integrante de un grupo paramilitar que contribuyó a la caída del gobierno del Gral. Juan José Torres Gonzáles y a la llegada del entonces Coronel Banzer a la presidencia respaldado por las Fuerzas Armadas, el MNR de Paz Estenssoro y la Falange de Gutiérrez Gutiérrez.

Garáfulic fue el gerente de Canal 7 Televisión Boliviana en los inicios del septenio dictatorial y a partir de entonces emprendería una carrera repleta de leyendas urbanas voceadas por sus admiradores y sus enemigos. Trece años más tarde (1984) durante el gobierno de la Unidad Democrática y Popular (UDP) presidido en la reinaugurada democracia boliviana por Hernán Siles Zuazo, el que iniciara su carrera empresarial en actividades mineras decidió fundar el 20 de octubre, junto a Rolando Chiappe, Paceña de Televisión, casi al mismo tiempo en que Ivo Kuljis inauguraba en Santa Cruz de la Sierra, canal 13 y Carlos Cardona en La Paz iniciaba tareas con Telesistema Boliviano.

De esta manera llegaba la televisión privada al país en momentos en que el cuasi monopolio lo detentaba el canal estatal, secundado por algunas estaciones de propiedad de universidades públicas, y lo hacía en calidad pirata, puesto que no existía en ese momento marco legal que validara su existencia en el espectro público. A la cabeza de Garáfulic, la naciente televisión comercial se metía a la fuerza en la vida del país, aprovechándose de la extrema vulnerabilidad de un gobierno que se caía a pedazos y que a pesar de  las voces impugnadoras del atropello empresarial terminaría imponiendosé para quedarse.  

La amistad con Banzer le permitió a Garáfulic formar parte del gobierno MIR-ADN en el que se cruzaron una y otra vez los llamados ríos de sangre  --ex torturadores y ex torturados formando alianza política--, en calidad de embajador ante el Reino de España, condición diplomática que le facilitó un gran acercamiento con Prisa, grupo con el que entablaría sociedad para intentar la consolidación de un monopolio mediático conformado por los diarios La Razón, Extra, El Día y la Asociación de Teledifusoras Bolivianas (ATB) nuevo nombre de la televisora que propendería a convertirse en red nacional de televisión dejando atrás la inicial Paceña de Televisión,  propiedad de Illimani de Comunicaciones.

Don Raúl iba creciendo con su amigo, el General Banzer, convertido a la democracia, gozando de la confianza del presidente Jaime Paz Zamora y tratandosé de tú a tú con Jesús de Polanco, principal accionista del grupo Prisa, propietario del diario El País, la cadena de radio SER, Editorial Santillana, y Alfaguara. Polanco provenía de una familia de militares ligados a la falange española y al franquismo, lo que probablemente facilitaba las cosas en términos de sintonía ideológica, considerando que el embajador en Madrid había nacido a la vida pública boliviana directamente vinculado a un golpe militar.  

Garafulic, secundado por sus hijos Raúl y Dieter, armó una estructura de medios que en términos televisivos tenía como principal soporte el perfeccionamiento de la calidad de la señal y una estrategia competitiva por la captura de las audiencias. Supo manejar como idea-fuerza principal que habían llegado para ser los primeros en las preferencias ciudadanas y aunque en varios momentos no lo lograran, se las arreglaron siempre para trabajar con gran eficacia persuasiva en sentido de que los medios con su marca eran los más importantes e influyentes y en la medida en que estas percepciones fueron penetrando en el imaginario urbano del país, se podía percibir cuan poderosos se sentían “los garas”, quienes manejaron la lógica del ser y el parecer con persistente disciplina, lo que permitió que Don Raúl ya sintiera que  podía desbordar sus medios de comunicación para mostrar todos los tentáculos que era capaz de mover y así transcender el plan multimedia hacia otros negocios, hasta que llegó el día en que el Extra, su diario popular de crónica roja, dirigido por Jaime Iturri Salmón, decidió publicar un incidente familiar del entonces Ministro de Gobierno, Wálter Guiteras (gobierno democrático de Banzer, enero de 2001) en el que se habrían producido hechos de violencia que involucraban a su esposa e hija.

Guiteras, el poderoso Ministro y Senador por el departamento del Beni, se vió obligado a dimitir del cargo, lo que generó un procesamiento a Iturri bajo la Ley de Imprenta que finalmente quedó en nada por la extemporaneidad con que fue presentada la demanda. Nunca se llegó a confirmar la veracidad de la denuncia del Extra, y lo que quedó de la refriega fue una pelea encarnizada que condujo al depuesto Ministro a presentar ante una Comisión Especial Pluripartidaria en el Parlamento Nacional, once grupos de delitos con el título “El historial delictivo de Garafulic” (“Revelaciones de Guiiteras: Garafulic espió para dictadura de García Meza” Agencia de Noticias Fides ANF, 30 de enero de 2001, firmado por NVS).

La extensa nota de ANF refiere con detalle el documento con acusaciones de Guiteras contra Garafulic: Espionaje a favor de García Meza. “Invento” de escucha y espionaje en ATB y La Razón (“hizo un Watergate criollo absurdo y falaz”, declaró Guiteras). Defraudación de impuestos municipales. Compra de vehículos robados en Brasil para luego ser comercializados en Bolivia. Provisión de electricidad al departamento del Beni pretendiendo obviar el procedimiento de adjudicación. Intento de interrupción de un proceso de contratación para favorecer su propuesta en el proyecto de electrificación de provincias de Cochabamba. Contrabando a través de la zona franca de Cobija. Intento de venta de un avión privado (Taxi Aéreo Echalar) al propio ministro Guiteras que cuando éste rechazó la propuesta “Raúl Garáfulic Gutiérrez comenzó a pensar con saña el golpe que habrá de darme para cuestionar mi credibilidad y honor, como más tarde hizo con sus medios de prensa, contra todo vestigio de verdad, reveló Guiteras.” Venta falsificada de la mina Amayapampa. Compra fraudulenta de la Hilandería Santa Cruz. Evasión de impuestos nacionales (nota de cargo por el no pago de impuestos por un millón de dólares de la empresa Telebingo de la cuál Garafulic poseía el 97% de las acciones).

Sólo para utilizar como ejemplo nada más que una de las acusaciones de Guiteras, según informes periodísticos de la época, la Hilandería Santa Cruz  estaba valuada en 70 millones de dólares. Garafulic la adquirió sólo en cuatro, en tiempos en que ya se había convertido en accionista y administrador de los fondos de pensiones y se quitó de encima a Tito Asbún, empresario cochabambino con el que en principio se asoció en busca de las acciones de la entonces línea aérea bandera nacional, Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) que más tarde quedaría desmantelada y quebrada con la intervención de la brasileña VASP de propiedad de Wagner Canhedo. Eran tiempos de privatización y capitalización.

El 19 de marzo de 2003, Raúl Garafulic (h) presentó en defensa de su padre una denuncia “por los ataques de Walter Guiteras” ante la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), a la que pidió envíe a una comisión especial a Bolivia para investigar estos hechos e impedir que la "inmunidad parlamentaria de un senador siga siendo arma de impunidad para atacar, por venganza, la credibilidad de los medios de comunicación y la libertad de información en Bolivia", dice la nota de ANF. Garafulic terminó enjuiciando a Guiteras por calumnias, daños y perjuicios.

Como tantas veces ha sucedido en nuestra historia contemporánea, las denuncias, acusaciones y contraacusaciones de guerras como la de Garafulic-Guiteras quedaron en suspenso y de manera definitiva el 21 de noviembre de 2003 cuando en inmediaciones de la estancia Caño Negro, situada entre San Ramón y Magdalena, departamento del Beni, a 192 kms. de su capital Trinidad, la avioneta Cessna 332 Bimotor CP 1958 se accidentó,  lo que provocó la muerte de Raúl Garafulic Gutiérrez y la del piloto Miguel Diez de Medina. El pulpo de los medios de comunicación en Bolivia, moría dos años y diez meses después de que se desatará una confrontación entre dos figuras públicas que tenían en común su cercanía y nexos con el Gral. Banzer.

Sin embargo, los principales problemas del grupo Garáfulic no pasaban por una pelea con un ex ministro herido que la emprendió con toda la artillería posible para mostrar a Don Raúl como un inescrupuloso y voraz hombre de negocios que cuatro meses antes de encontrarse con la muerte, tomaba conocimiento que el grupo Prisa con el  que había entablado sociedad, publicaba en su diario especializado en economía, Cinco Días (17 de julio de 2003) que “Prisa reorientará sus negocios en Bolivia tras romper con Garáfulic”:  El grupo Prisa tiene intención de reorientar sus inversiones en Bolivia una vez se resuelvan favorablemente los contenciosos que mantiene con el  grupo Garáfulic acerca del principal consorcio de comunicación de ese país. En una subasta notarial celebrada ayer en Madrid, el grupo Garáfulic perdió la propiedad de su participación en el principal periódico de Bolivia, el diario La Razón/…/Las inversiones de Prisa en Bolivia comenzaron en 2000, cuando se tomaron participaciones en las sociedades propietarias de una serie de medios de prensa (el principal de los cuales es La Razón), una cadena de televisión (ATB) y un portal de Internet. La inversión ascendió a 10 millones de dólares, de los que tres millones se abonaron a la familia Garáfulic y otros siete a las compañías en concepto de aportación de capital/…/Garáfulic garantizó a Prisa una rentabilidad mínima anual del 10% de su inversión y reconoció un derecho de salida consistente en la obligación de Garáfulic de comprar las acciones de Prisa por un precio no inferior a la inversión más los intereses.”

El mismo 17 de julio de 2003, el diario El País informaba que el grupo Prisa asumía el control de tres diarios en Bolivia: “La medida fue adoptada después de que el grupo Garáfulic incumpliera sus obligaciones, por un total de 11 millones de dólares, ante el Banco de Sabadell, y cuyo garante era PRISA, según fuentes de dicho grupo. Prisa espera el resultado de las acciones judiciales entabladas contra Garáfulic ante la justicia boliviana, que examina una demanda de estafa por desvío de dos millones y medio de dólares, y ante la justicia francesa.”

Dos años más tarde, el mismo Cinco Días de El País (5 de mayo de 2005) publicaba “La boliviana Garáfulic condenada a pagar más de 20 millones (de euros) a Prisa”: “La Corte Internacional de Arbitraje ha dado la razón a Prisa, grupo editor de Cinco Días, en el proceso abierto en Bolivia contra Garáfulic. El tribunal de la Cámara Internacional de Comercio notificó al grupo de comunicación el laudo definitivo que resuelve el procedimiento y que obliga a la compañía boliviana a pagar más de 20 millones de euros/…/El tribunal arbitral condena, de forma solidaria e indivisible, a Atlantis Investments Group, Edwin Dieter Garáfulic Lehm, Walter Raul Garáfulic Lehm y a los herederos de Raul Garáfulic Gutiérrez (conjuntamente designados como grupo Garáfulic) a pagar a Prisa, en el plazo de treinta días, 25.011.758 de dólares (19,3 millones de euros), más intereses, para adquirir la totalidad de las acciones de las que Prisa es titular en las sociedades bolivianas constituidas por ambos grupos/…/ Prisa suscribió en el año 2000 un acuerdo con Garáfulic para desarrollar conjuntamente actividades en Bolivia en prensa, radio, televisión e internet, así como para capitalizar las empresas conjuntas. Pese al acuerdo alcanzado, la capitalización de créditos por 1,8 millones de dólares, prevista en diciembre de 2002, no se pudo llevar a efecto. A ello se sumaron otros desacuerdos, que llevaron a una situación de bloqueo en la toma decisiones. Ante esta situación, Prisa requirió al grupo boliviano que adquiriera las acciones de las sociedades conjuntas, a lo que no obtuvo respuesta. Prisa interpuso entonces una demanda arbitral para exigir el cumplimiento de esa obligación.”

RAULI       De esta manera, Garafulic padre e hijos quedaban afuera de la estructura propietaria de La Razón, Extra, El Día y ATB. Cinco años después Raúl (h) decidió comenzar de cero. Pero es bien sabido que nada nace de la nada y que P7 es el resultado de una herencia ideológica y empresarial con la que el hijo pretendería honrar la memoria del padre,  iniciando una nueva aventura ya sin las pretensiones de monopolizaciones ,cuando habían transcurrido cuatro años de la llegada de Evo Morales a la presidencia y cuando Bolivia había pasado de República a Estado Plurinacional.

A lo  largo de su vida empresarial y política, Don Raúl confiaba a sus más cercanos el ondo convencimiento de que su hijo mayor, bautizado con el mismo nombre, tenía perfil para llegar a ser Presidente de Bolivia. Alumno del colegio San Ignacio (entonces San Calixto de Següencoma), Rauli era el prototipo del atleta ganador. En los juegos estudiantiles representaba al colegio en los 100 metros planos, y en los saltos largo  y alto con bastante éxito y se tomó tan en serio su carrera como deportista que cuando era llamado por los profesores a pasar al frente del aula para exponer cualquier tema, éste que se sentaba en las últimas filas, se erguía para caminar aparatoso y saltar hacia la pizarra con movimientos que denunciaban una seguridad poco frecuente en un chico de su edad. Tenía en su cabeza que era un velocista a tiempo completo.

Rauli era además arquero del equipo principal de su curso (Chaco Petrolero) que en los horarios de recreo alquilaba a sus compañeros esos autitos en miniatura de marca Dinky Toys y Matchbox para armar carreras de autos que se hacían en unos redondeles de cemento que rodeaban los gigantescos árboles del colegio de la Compañía de Jesús: Todo un hombre de negocios precoz. Esas carreras de autos olían a una especie de Alasitas jailona en la que participaban una decena de compañeros organizados por “el Garafulic” (era muy frecuente nombrarse por el apellido) que invitaba a unas inolvidables fiestas de cumpleaños en su casa de la avenida Ballivián casi esquina calle 8 y luego en la plaza de la calle 15, las dos ubicadas en Calacoto, Zona Sur de La Paz.

A once años de la existencia de P7 no puede haber dudas acerca del cariño infinito que Don Raúl profesaba por su hijo Rauli. Lo creía presidenciable, pero su recorrido como cabeza del directorio del diario que fundó acompañado de Raúl Peñaranda Undurraga ha sido marcado por una ostensible falta de calidad periodística, su tendencia a equivocarse muy seguido y a tener que rectificar continuamente (Peñaranda tuvo que renunciar a la dirección del diario en 2013 ver “¿Control remoto o persecución de un operador paraestatal? La Razón, 15 de agosto de 2021). El problema de fondo del diario en cuestión y de su principal accionista es que la Bolivia de la dictadura banzerista, la de la democracia pactada, la privatización y la capitalización es la vieja nación superada con la llegada al gobierno y al poder del Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos (IPSP) con su brazo electoral (Movimiento al Socialismo MAS). Un medio de comunicación que se pretenda pluralista y debidamente instalado en el siglo XXI no puede funcionar de espaldas a la historia de los movimientos sociales, las luchas sindicales, campesinas, e indígenas. Cualquier diario tiene el derecho a ser muy reaccionario, pero si no asimila ciertas lecciones de historia, está condenado a no comprender el país, y como consecuencia a no saber explicarlo, por lo que la proclividad a los errores de apreciación con base en la manipulación de los hechos, se convirtieron en moneda corriente. Suficiente con el siguiente ejemplo: “Senkata y Sacaba pesan sobre Áñez, Vila Vila y Playa Verde sobre Morales” (P7, 18 de agosto de 2021). Por estos días, el diario presidido por Rauli hace los más grandes esfuerzos por tratar de rebatir que en noviembre de 2019 se produjo una sucesión inconstitucional.

Rauli se empleó a fondo para que en las elecciones presidenciales de 2020, Carlos Mesa alcanzara al primer lugar del podio. En ese afán, informaciones no confirmadas dicen que llegó a recaudar de sus amigos empresarios, 406 mil dólares para la realización de encuestas. A tal punto llegó su convencimiento que su amigo Jorge “Tuto” Quiroga, a través de una carta, fue señalado por haber iniciado una “campaña de desprestigio contra P7”. En la carta fechada el 18 de agosto, se puede leer el siguiente reproche:  “Su partido insinúa que la presentación de la encuesta de Página Siete es una manipulación para favorecer a Carlos Mesa por el sólo hecho de que va segundo, cerca de Arce, sin ninguna otra prueba que la calumnia misma. Le recuerdo que todas las encuestas del país posicionan a Mesa en segundo lugar/…/Sepa Ud. que vengo realizando presentaciones de encuestas durante los últimos ocho años a prestigiosas instituciones, como el cuerpo diplomático, directorios y grupos de ejecutivos de las principales empresas del país, cámaras sectoriales, las principales transnacionales que operan en Bolivia y también a integrantes de los principales partidos políticos, como Juntos, CC e incluso el MAS…”

Pues bien, Tuto terminó bajándose de la carrera electoral y Rauli ha tenido que cerrar un importante ciclo como encuestador debido a que el 17 de agosto (un día antes de la carta enviada a Tuto Quiroga), es decir, dos meses antes de la realización de los comicios, P7 abrió su edición titulando “MAS y CC empatan con 27%, Creemos es tercero con 14%”. Mientras tanto, ya sabíamos con información recibida desde Buenos Aires, que según otras encuestas el binomio Arce-Choquehuanca ya tenía un 52% de las preferencias y que ganaría las elecciones en primera vuelta. En otras palabras, Rauli se enemistó en vano con Tuto, ya que los resultados de sus forzados estudios de opinión, además de ser escandalosamente equivocados, se constituyeron en el peor mapa posible durante el último tramo de la estrategia de campaña de la candidatura de Mesa.

Gran parte de la trayectoria de Rauli Garáfulic queda completada, con el recuerdo de que el 16 de mayo de 2018 (diario Opinión de Cochabamba), Wálter Guiteras reapareció en el escenario público para informar que acusaría al propietario de P7 por difamación y calumnia al haber sido acusado de formar parte de una red de narcotráfico: “Aseguró que esa acusación pública "es una venganza", porque el padre de Raúl Garáfulic, del mismo nombre, hace 17 años pretendió valerse de la presión de La Razón y de ATB, para obtener favores sin cumplir los procedimientos/…/Citó el proyecto de electrificación Beni, compra del Lloyd Aéreo Boliviano, minas Amayapampa y Capasirca, en los que Garáfulic pretendía beneficios de manera excepcional/…/"Actividades que no son mi forma de ser y que al parecer quedaron en el recuerdo del hijo de Garáfulic, que hoy trata de cobrar una especie de venganza", agregó.

Por segunda vez en casi dos décadas, la pelea Garáfulic – Guiteras terminaba en nada. El ex Senador beniano, oriundo de San Borja, falleció el 18 de agosto de 2020 por corona virus y enfermedades de base. Lo cierto es que en los años 20 del siglo XXI, la palabra “golpe” ha dado lugar a un atragantamiento en varios herederos del banzerismo. Está claro que en 1971, Don Raúl fue parte de la asonada cívil militar que llevó al poder por siete años al General. Rauli, su principal heredero. no soporta la idea de que se asocie a su diario con el derrocamiento de Evo Morales en 2019 , también a cargo de un grupo cívil militar que violentó el Estado de Derecho . Probablemente será una cruz con la que deberá cargar hasta el fin de sus días.



Originalmente publicado el 22 de agosto en La Razón como parte de la serie Memoria y archivo

¿Control remoto o persecución de un operador paraestatal?

 

En una edición de verano de la revista de la Universidad de Harvard para América Latina (2011), Raúl Peñaranda Undurraga (RPU) intenta explicar las “Razones por las que se creó un nuevo diario en Bolivia…Bobinas, rotativa y I Pad” a propósito de la apertura de Página Siete. Con el entusiasmo característico de un principiante, se manifiesta ilusionado por dotar a sus potenciales lectores de tabletas digitales (I Pads) como nueva manera de ofrecer contenidos periodísticos. El plan contemplaba la venta anual de diez mil unidades. A diez años de esta expresión de deseos,  indagamos sobre qué habría sucedido con este objetivo y llegamos a la conclusión de que la idea quedó en intención. Es decir, Página Siete, como todos los diarios de la actualidad, pueden leerse en sus ediciones impresas o en sus ediciones digitales. No encontramos hasta ahora los I Pads que proyectaba Peñaranda para el diario que con el transcurrir de los años se convertiría en uno de los más acérrimos opositores a los gobiernos de Evo Morales.

Lo que sí existe es información acerca de este que ahora es secretario del Alcalde de La Paz, Iván Arias, ex ministro de Obras Públicas del gobierno inconstitucional de Jeanine Áñez, refugio l a través del cual decidió huir para adelante suspendiendo sus tareas como operador mediático monitoreado por sus auspiciadores del norte imperial.  RPU figura en un “mapa de poder” (Sputnik, El extremo sur de la Patagonia, y otros sitios web, 4 de diciembre de 2019) elaborado por los investigadores del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), Silvina Romano, Tamara Lajtman, Arantxa Tirado y Anibal García que está referido a quién es quién en la estructura que facilitó la instalación del régimen de facto presidido por Jeanine Áñez. Publicado en distintos portales, RPU aparece vinculado en la misma infografía a Carlos Mesa, Óscar Ortíz, Luis Fernando Camacho, Waldo Albarracín, Jhanisse Vaca (Ríos de pie) y hasta al Gral. Williams Kalimán, a Interamerican Dialogue, la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), organización de los empresarios de medios impresos de Bolivia, a la Agencia de Noticias Fides (ANF) y por supuesto que a Página Siete.

La investigadora Silvina Romano entrevistada por Sputnik (5 de diciembre de 2019) se refiere a estas ligazones que caracterizan a los actores entre los que figura RPU: "Este mapa de poder del golpe en Bolivia muestra la vinculación entre instituciones locales, regionales, transnacionales y trayectorias personales. Es un trabajo del tipo sociológico y ayuda en este caso a comprender un mínimo porcentaje, una partecita de cómo operan estas instituciones vinculadas a las derechas a nivel local y transnacional cuando no están de acuerdo en la deriva política y económica de un Gobierno". Romano es especialista en el análisis de este tipo de golpes, continúa Sputnik. Cabe recordar que el primero en la historia fue el que derrocó a Jacobo Árbenz de la Presidencia de Guatemala en 1954. "Cuando hablamos del poder, hablamos de la toma de decisión para convencer en el plano ideológico y favorecer su reproducción, al financiarla en términos materiales", afirma. El mapa se construyó siguiendo los esquemas de financiamiento a partir de dos instancias gubernamentales de Estados Unidos como la Agencia para el Desarrollo Internacional, que a su vez, financia a la Fundación Nacional para la Democracia, un órgano vinculado desde su creación en la década de 1980 a la financiación de contrainsurgencia y que aparece ahora detrás de organismos claves en la promoción del golpe contra Evo Morales”, según la investigación.

Este contexto informativo permite apuntar que este operador mediático ha utilizado durante la última década una cortina de humo para justificar la existencia de un supuesto periodismo independiente del que él formaría parte. RPU está vinculado al Grupo Andino de Libertades Informativas (GALI) –fue su director, luego de renunciar a la dirección de Página Siete-- del que forma parte la empresarial Asociación Nacional de la Prensa (ANP) de Bolivia, financiada por la NED (en castellano Fundación Nacional para la Democracia) y que se caracteriza por promover acciones enmarcadas en una concepción liberal de la democracia desde los Estados Unidos y efectúa tareas de inducción e instalación de matrices de opinión contra gobiernos progresistas a los que considera “autoritarios y populistas”.  Digamos que lo suyo es injerencia en asuntos internos de países en manos de gobernantes revoltosos y desobedientes.

Ya tenemos que RPU usa el membrete de independiente. Y sobre esa falacia ha querido sostenerse durante estos tiempos de “Proceso de cambio” y la emergencia del Estado Plurinacional de Bolivia pretendiendo demostrar la existencia de una supuesta “red de medios paraestatales y un plan para acosar a la prensa independiente” en un libro titulado “Control remoto” que sería más apropiado renombrar como “Persecución de un operador mediático”.

A  través de “Control remoto” (abril, 2014), RPU quiere convencer a un público desprevenido y desinformado, acerca de “la conformación de una red paraestatal”, cuando en realidad su pretendida investigación está orientada a ejercitar una sañuda persecución contra medios como el diario La Razón por ejemplo, al que le dedica todo un capítulo tomándose la libertad de señalar qué es y no es correcto acerca del rol de los medios de comunicación en la vida pública de las sociedades. Con este propósito, el autor dice que Evo Morales y Alvaro García Linera serían unos desagradecidos porque en su momento se habrían valido de los medios para alcanzar notoriedad en su posicionamiento político. Redacta un capítulo de autoalabanza con respecto de la existencia del diario Página Siete y termina acusando al gobierno de Morales de acosar al “diario independiente” que alguna vez soñó con regalarles tabletas digitales a sus lectores.

Sobre la Red que supuestamente habría creado el gobierno de Morales tampoco se encuentran pruebas que permitan comprobar que efectivamente los sindicados por RPU alcanzaron niveles de coordinación editorial, informativa y de opinión. La premisa de partida resulta errónea y fácilmente refutable, aunque Morales hubiera deseado que efectivamente sucediera como afirma RPU, esto es, medios afines tachados de paraestatales con privilegios para acceder al pedazo más grande de la apetecida torta publicitaria gubernamental que a Página Siete le va resultando esquiva desde su fundación, en la medida en que juega un abierto papel opositor y desestabilizador, con ingredientes de manipulación informativa, en el entendido de que el gobierno masista amenaza la libertad de expresión, persigue periodistas y conculca el derecho a informar y a opinar sin ataduras.

Con sólo examinar el registro de ataques, insultos, descalificaciones y frases discriminatorias y racistas, tal como lo demostramos en esta misma serie con el  artículo “Evo Morales y el aparato mediático antimasista” (27 de julio de 2021), resultará sencillo comprobar que no ha habido en la historia de nuestro país, presidente más maltratado por quienes, precisamente, como RPU, reniegan por una supuesta persecución y acallamiento a periodistas y medios. Todo ello en el marco del uso ilimitado de la libertad o el libertinaje de opinión, según se vea desde la esquina que convenga a cada quién.

Seis años más tarde de su fallida investigación, RPU insiste. Pregunta en uno de sus artículos firmados en Página Siete “Dónde se fueron las utlilidades de La Razón” (30 de julio de 2020) y asume de manera abierta e indisimulable el rol de fiscal anticorrupción o de autoridad financiera porque el 22 de septiembre de 2020, juega su credibilidad firmando que  “Un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras del Estado (UIF), al que tuvo acceso Brújula Digital (dirigido por RPU), establece que el Gobierno de Venezuela le prestó al Estado boliviano, entre 2008 y 2009, la suma de 16,1 millones de dólares, a través del programa Evo Cumple de los cuales 4,5 millones de dólares fueron transferidos a las cuentas del grupo Prisa en España por medio de la empresa Flaba Trading, de propiedad de Marcelo Hurtado, para la adquisición de La Razón-Extra, según el informe de la UIF/.../Otros 10,02 millones de dólares fueron a parar a las cuentas de Jordán Silva Tugues en Estados Unidos, asistente del empresario venezolano Carlos Gill, para la adquisición de la televisora ATB. Para ello, se usaron las cuentas de las empresas de Hurtado (Flaba Trading y Estrategias Energéticas)/…/Las acciones de La Razón-Extra terminaron en manos de Carlos Gill, y las de ATB en las de Marcelo Hurtado; este último fue gerente general de esa empresa durante una década, hasta que cayó detenido en enero pasado, acusado de legitimación de ganancias ilícitas y otros delitos. Hurtado, luego, fue también propietario de PAT, según datos de la Fiscalía, que sigue la investigación, canal que el Gobierno anterior adquirió mediante extorsión, según denunció su dueño anterior, Abdallah Daher”.

La transcripción textual de la nota que firma RPU evidencia dos cosas: La primera es que sus relaciones con el gobierno de Jeanine Áñez eran óptimas, haciendo notar que gozaba de un especial afecto para recibir información exclusiva, y que lo constituye en un auténtico operador mediático paraestatal. El segundo aspecto es que publicar información de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) tal como lo hizo Brújula Digital en este caso, implica una vulneración de la normativa, ya que ésta se rige por especificaciones de reserva y confidencialidad. De esta manera la persecución mediática del renunciado director de Página Siete y en ese momento responsable editor de Brújula Digital, se fusiona con una persecución financiera sin bases sólidas, tal como refuta La Razón en su edición del 28 de septiembre de 2020 que publica una extensa explicación con el título de “Es totalmente falso que La Razón y Extra se hayan comprado con dinero del programa “Evo cumple” y que  termina aplastando las fantasías de este operador que en el gobierno de transición siente poder ilimitado, creyendo que por fin está en condiciones de demostrar todo lo que no pudo en su fallido “Control remoto”. El persecutor no volvió a referirse al tema a partir de entonces. Su silencio resulta elocuente: El informe que utilizó no tiene asidero, lo que pone en evidencia que la UIF durante el gobierno de Áñez fue otro brazo de persecución y criminalización de las administraciones de Evo Morales y de quienes antojadizamante consideraba sus afines, complementada en este caso por persecución mediática.  

Con todo lo hasta aquí expuesto, ya no hay dudas acerca de que RPU desmiente con su conducta la existencia de un periodismo independiente, pero que además tampoco asume con seriedad sus tareas investigativas, ya que su libro está plagado de suposiciones, conjeturas y algunos delirios de algo que nunca sucedió: El establecimiento de un aparato de medios alineado al oficialismo masista. Las presuntas afinidades entre los medios nombrados jamás se materializaron en acciones corporativas y empresariales coordinadas. A sus rebatidas afirmaciones hay que agregar que los artículos de opinión de RPU contienen lecturas sobre el acontecer político boliviano plagadas de predicciones erroneas. La prueba más evidente de ello es una nota que lleva el título de “Mesa y Áñez deben pactar para que el MAS de Evo Morales no vuelva el poder” que todavía puede leerse en el New York Times (17 de julio de 2020), pero ya no en Página Siete que eliminó el texto de su archivo. El párrafo principal del artículo dice lo siguiente: “ Después de haber sido pospuestas las elecciones dos veces ya este año debido a la pandemia, el país avanza hacia una situación similar a la ocurrida en la campaña electoral de 2019. Arce (candidato presidencial del MAS) marcha primero, escoltado por el expresidente Carlos Mesa (Añez, afectada por la crisis sanitaria y escándalos de corrupción, está tercera). Arce podría incluso ganar en primera vuelta si logra 40 por ciento de apoyo y 10 puntos de diferencia con el segundo. Si Mesa no logra ocupar un claro segundo lugar, eso es posible y por ello necesita algún tipo de acuerdo con Añez. Se cree que si pasa a una segunda vuelta vencería los comicios en esa fase”.

Hay un frondoso archivo sobre los enfoques periodísticos de RPU. Sobre su apología a una persona sentenciada por feminicidio por ejemplo (1) o sobre su gelatinosa argumentación acerca de ese ilusorio periodismo independiente con el que en realidad quiere esconder operaciones político mediáticas encubiertas. El párrafo arriba transcrito nos conduce a las siguientes preguntas. ¿Un pacto para que el MAS no consiga un nuevo triunfo electoral pasaba por unir a la presidenta - candidata que al final no fue candidata con el que supuestamente se le podía ganar en segunda vuelta y terminó triturado con un 27 por ciento de diferencia? A estas alturas, no pueden haber dudas acerca de la sobreestimación de los investigadores de la CELAG acerca del Mapa de Poder boliviano durante el gobierno de facto, en el que por supuesto no hay evaluaciones sobre los desempeños posteriores de sus actores, por lo menos en lo que respecta a RPU.  Con lectores de la realidad política y social de esta catadura, la dilapidación y el fracaso de la transición gubernamental, funcional a la rearticulación del MAS, estaban garantizados.

Hay que respetar la libertad de RPU para pensar y  tomar la posición ideológica y profesional que le parezca conveniente. Lo cuestionable es que quiera pasar por neutral y pretenda hacerle creer a la gente que lo suyo no tiene color político. A través de este informe periodístico acabamos de demostrar que ese periodismo “independiente, imparcial y objetivo” es una patraña surgida del catálogo de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) para marear la perdiz. Así como se ha prodigado con tanto entusiasmo queriendo descubrir oscuras tramas empresariales, tachando de “palo blanco” a quién se le ocurriera, sin pruebas para demostrarlo, desafío al ahora Secretario del Alcalde Arias a que investigue las relaciones non sanctas de los Garafulic, propietarios de Página Siete, en sus vínculos con el poder, a través de los medios de comunicación que ha detentado, conectados con otros intereses corporativos. Podría servirle para recordar, en este caso, que ver la paja en ojo ajeno y no la viga en el propio, conduce casi siempre a dipararse repetidas veces en el pie derecho.

(1)“No cuadra que William Kushner sea un feminicida” escribió RPU el 25 de agosto de 2016 en su columna de Página Siete. Al día siguiente, la madre de la víctima (Andrea Aramayo), la periodista Helen Alvarez tituló su respuesta “El “periodismo” de Raúl Peñaranda” y en sus cuatro primeros párrafos dice lo siguiente:

"Muere un bebé en violento operativo del gobierno de Evo contra indígenas” (26/9/2011); "Iglesia excomulga a 4 ministros por estar a favor del aborto” (19/8/2013). Estos son sólo dos ejemplos del "periodismo” que practica el "connotado periodista” Raúl Peñaranda. Lo que tienen en común estas noticias es que ambas fueron mentiras/…/La última "noticia” motivó que Raúl Peñaranda fuera "renunciado” de Página Siete para salvar la credibilidad del medio. El diario pidió disculpas a los cuatro ministros, a la Conferencia Episcopal y a sus lectores, pero el daño al prestigio de las y los periodistas del medio estaba hecho, lo que generó malestar. Él mismo tuvo que anunciar su alejamiento para salvar la credibilidad del medio/…/Ahora Raúl Peñaranda se planta como "juez” de un feminicidio, el de mi hija, y se alinea con el acusado Willam Kushner Dávalos, condenando de manera explícita a la muerta, quien no tiene la posibilidad de dar su testimonio. No puedo hacer sólo un análisis periodístico, porque soy la madre de la víctima y porque soy la abuela de una niña huérfana. Pero también soy periodista /…/Ninguno de mis editores me hubiera aceptado una nota como la que publicó Raúl Peñaranda el 25 de agosto del 2016 a través de la Agencia de Noticias Fides (ANF) en la que criminaliza a la víctima para liberar de responsabilidad a William Kushner Dávalos, quien conducía el vehículo que la atropelló.”

El 30 de agosto, la periodista Zulema Alanes, en la misma dirección de análisis de Helen Alvarez,  publica en la Agencia de Noticias Fides (ANF), de la que pocos meses después RPU sería director, “Rául Peñaranda y la apología de la violencia machista”. Dice en su primer párrafo: “Raúl Peñaranda sentenció que William Kushner Dávalos “no es un feminicida”.  Decidió constituirse en juez, y emitir un fallo con argumentos que apuntan a Andrea Aramayo Alvarez como la única responsable de su muerte.”




Originalmente publicado el 15 de agosto en La Razón como parte de la serie Memoria y Archivo

 

Luis Fernando Camacho, el macho alfa del Cristo de la Banzer

 

Como si se tratara de un enviado por algún comando especial intergaláctico para luchar contra Evo Morales que se pretendía eternizar en la presidencia, según lo afirman convencidos quienes fueron despojados del triunfo del 21F de 2016, como si fuera un jovenzuelo acelerado que nada más arenga y se encomienda a Dios para lograr sus objetivos, Luis Fernando Camacho supo conducir durante 21 días las movilizaciones y las citas multitudinarias para, en nombre de Dios, luchar contra la “dictadura masista” y finalmente contra ese hasta ahora no demostrado fraude electoral que se convirtió en la puesta en escena clave para que en las cabezas y en los corazones de las clases medias citadinas se enquistara la idea ya no sólo de un Evo que se había burlado de la voluntad en las urnas tres años atrás, sino que nuevamente lo hacía para imponer, a través de malas artes, un triunfo en primera vuelta en las elecciones del 20 de octubre de 2019.

Luis Fernando Camacho ha superado con creces los desempeños de antecesores suyos como Herman Antelo y Rubén Costas en la presidencia del Comité Cívico Pro Santa Cruz. Y no sólo eso, porque quienes esperaban que el retorno de Branko Marinkovic desde Brasil, luego de una década de autoexilio, se tornara apoteósico, se quedaron con los crespos hechos,  porque no habían asumido conciencia de que diez años eran demasiados y no cabía esperar más para que un nuevo liderazgo como el asumido por este hijo de un empresario que fuera presidente de la Confederación del rubro con antecedentes paramilitares y falangistas para el triunfo de la dictadura de Banzer, en agosto de 1971, se perfilara con energía y mística para cuestionar al poder ya no desde la comodidad y el confort que permiten las redes sociales, sino desde las calles, esas en las que el MAS y sus organizaciones sociales fueron ganando espacios y concretando victorias parciales desde 2002 hasta lograr alcanzar el gobierno y el poder.

Camacho no es el de la sonrisa publicitaria forzada con apariencia de querer vender alguna nueva pasta dental exhibiendo innecesariamente las encías. Esa imagen corresponde a los días en que ya había alcanzado los objetivos que se trazó con los activistas cívicos que lo acompañaron entre el 21 de octubre y el 12 de noviembre de 2019. Camacho es mas bien el de los dientes apretados y los ojos cerrados utilizando la Biblia, dispuesto a emprender viaje hacia La Paz para arrancarle a Evo su renuncia.  Actuó en nombre de Dios, vitoreado por la cristiandad cruceña y los cambas que viven en ciudadelas como el Plan Tres Mil y la Villa Primero de Mayo que no dudaron en alterar el orden público, bloqueando calles, avenidas y anillos, controlando a quienes osaran romper con la paralización total de la ciudad. Tal cantidad de gente coordinada por el Comité Cívico necesita  dinero para transportarse y comer, a fin de cumplir con cada larga jordana de vigilia y protesta. ¿De dónde salió ese dinero? ¿Quién financió el transporte y el alimento para que se pudiera aguantar durante tres semanas? Es la parte de la historia que necesita averiguaciones todavía pendientes.

Camacho era esperado por los pititas collas de La Paz, sincronizadamentre acompañado a través de Marco Pumari por los incendiarios antimasistas del Comité Cívico Potosinista en la ciudad del Cerro Rico y cuando  la crisis alcanzó su pico más alto, es quien consolidó el retiro del apoyo policial y militar a un gobierno que reacciona tarde, que ya no controla nada, y ni siquiera tiene la capacidad de articular movilizaciones sociales que no  pasen por la participación de militantes convencidos penetrados por vándalos, saqueadores e incendiarios de propiedades públicas y privadas, y por eso el MAS al ser rebasado por el lumpen, sobre todo en zonas paceñas como El Pedregal donde caen cuatro muertos a manos de policías y militares, Ovejuyo y Chasquipama, termina estigmatizado como horda de fascinerosos y delincuentes. La ecuación es perfecta: Los movilizados de la Unión Juvenil desde el Cristo de Santa Cruz de la Sierra, que la emprenden contra campesinos en Montero o Yapacaní, y en la zona Sur de Cochabamba la Resistencia Juvenil acosa, humilla y agrede a militantes y a supuestos militantes del llamado Proceso de cambio, se encuentran sintonizados con los bloqueadores paceños de los suburbios residenciales de la Sede de Gobierno, temerosos y parapetados contra la indiada que podría descolgarse de sus zonas urbano-rurales.

Durante la crisis, Camacho reúne a diario a una multitud desde las 7 de la noche a los pies de ese Cristo Redentor esculpido por el talentoso artista plástico Emiliano Luján y que se erigió en uno de los principales símbolos de la ciudad cuando en 1961 sus 7.5 metros fueron instalados en esa rotonda que es como un paréntesis de la que fuera Avenida Norte que conecta con  la carretera que lleva a Warnes y Montero, más tarde avenida Banzer y ahora finalmente denominada Cristo Redentor, aunque sus primeras cuadras sigan bajo el denominativo de Monseñor Rivero (Daniel) quién fuera Arzobispo de Santa Cruz en tiempos del Cuarto Congreso Eucarístico, cuando se inauguró este monumento al hijo de Dios que ilumina y bendice la insurrección contra el evismo.

Luis Fernando Camacho Vaca, de padre cruceño y de madre beniana es el macho alfa del Cristo de la Banzer. El primer líder cruceño del nuevo siglo tiene mucho que ver con eso de levantar el nombre de Dios por causas justas y aunque oficialmente la avenida más larga e importante de Santa Cruz de la Sierra ya no lleve el nombre del General, no hay cruceño o cruceña que no diga “vamos por la Banzer”.

Para saber quién es este presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz no es necesario investigar su trayectoria como por ejemplo, la de Oscar Ortíz, de quién en esta serie periodística de Memoria y Archivo hemos dicho que fue el consumador de la presidencia de Jeanine Áñez en el Senado, junto a Arturo Murillo. Camacho no tiene antecedentes más que los de sus responsabilidades con una empresa de seguros de vida y contra accidentes, y asuntos tributarios pendientes como muchísimas de las que existen en el país. De él podemos enumerar acciones que lo posesionan como el materializador callejero de la derrota política de Evo Morales que termina asilándose para salvar el pellejo, porque aunque exhiba una extraordinaria habilidad para hacerse el distraído, el jefe de esta manada de lobos dispuestos a jugarse al todo o nada para sacar a Evo del Poder, sabe que el pellejo del defenestrado presidente está en riesgo y de eso sabe con detalle el Gral. Gonzalo Terceros, en ese momento comandante de la Fuerza Aérea.

Camacho ora y arenga en el Cristo de la Banzer. Camacho llega con la carta de pedido de renuncia a Evo y un grupo organizado de masistas no lo deja ingresar por el Aeropuerto de El Alto, debe volver sobre sus pasos,  pero no se da por vencido porque al segundo intento, logra penetrar a La Paz como el Libertador enviado por el Cristo cincelado por Emiliano Luján para instalar su cuartel en esa otra Casa Grande (Express), no la del Pueblo, sino la de la zona Sur de La Paz con cinco estrellas reconocidas por la hotelería internacional y en la que recibe a Jeanine Áñez y a Oscar Ortíz, luego de que estos arriban en helicóptero desde El Alto hasta el Colegio Militar de Ejército de Irpavi. Camacho, luego, el mismo 10 de noviembre, mete una biblia monumental para decir que “ha vuelto al Palacio”. A la mierda el estado laico, viva la iglesia católica , viva la religión oficial de la República de Bolivia. Camacho demuestra que la política, en primer lugar, aunque no tengamos certeza de cuanto sabe sobre los santos evangelios, es una cuestión de fe o por lo menos el mecanismo para movilizar almas en contra del “tirano” bajo su influjo.

Los apolíticos de La Paz que votaron por el No a la repostulación de Evo Morales y la “Izquierda de Sopocachi” terminan coincidiendo en lo que no quieren, porque lo que quieren no es necesario que importe. No quieren que Evo se eternice en la silla presidencial. No quieren que Bolivia sea como Cuba o Venezuela. En fin, no quieren que los indígena originario campesinos retengan la  torta del poder y sigan monopolizando la repartija de beneficios que facilita la burocracia gubernamental y en ese gran contexto habría sido justo y agradecido hacerle un homenaje a este Camacho que no se desdice ni en una coma por todo lo encarado, a diferencia de sus circunstanciales cómplices políticos que lloriquean cuando el Ministerio Público los llama a declarar o bajan el perfil para intentar pasar inadvertidos la tormenta de la recuperación del Estado de Derecho que ha vuelto a poner al MAS en el centro de los poderes públicos con su triunfo del 18 de octubre de 2020, cuando las coartadas sobre prorroguismo y fraude han quedado atrás.

Más imágenes: Camacho deja la Biblia en el Hall Central del Palacio Quemado y el 12 de noviembre sube al balcón principal a festejar el triunfo. Participa inicialmente de la organización y arranque del nuevo gobierno, con dos ministros en el gabinete (Presidencia y Defensa), lo que significa que el aparato político del gobierno de la transición,  producto de una sucesión que viola el artículo 169 de la Constitución  --en la que el astuto macho alfa de la conspiración no participa en lo más mínimo—va a pasar necesariamente por su mirada y decisiones. A continuación, al presidente del Comité Cívico nada más le queda fundar su propia agrupación ciudadana, que el 24 de enero de 2020 emerge con el nombre de Creemos y lo conduce a la candidatura presidencial.

La idea de la transición gubernamental a la cabeza de Jeanine Áñez, desde sectores camachistas es conformar un gabinete de ciudadanos, perfil que Murillo, Ortíz y la propia Áñez desestiman, porque quienes imponen la nueva rosca de poder son estos militantes del Movimiento Demócrata Social, el partido de Rubén Costas que declara que ellos no participan oficialmente del gobierno como estructura partidaria. El ministro de Defensa, Luis Fernando López, que había sido un asesor clave en materia político militar decide quedarse con Áñez y romper con su amigo del alma, decisiones que terminan favoreciendo a Camacho, lo que le permite marcar distancia de un gobierno que usa la pandemia con sus tiempos excepcionales para convertirse en un régimen de corruptos, de represores políticos y extorsionadores judiciales.  Sin sospecharlo, Murillo que se hace dueño y señor del Ejecutivo, provoca que Camacho suba y suba en las encuestas como candidato presidencial, lo que obliga a Áñez a bajarse de la carrera electoral.  No es poco: el ya jefe de Creemos se ha cargado a un presidente que gobernó durante catorce años y ahora se carga a una candidata que en principio pintaba como factor de unidad opositora frente al MAS.

Camacho es una topadora y al mismo tiempo que se ha desmarcado con nitidez de la impresentable transitoriedad gubernamental, sube de uno hasta el 15 por ciento de la preferencia electoral, cifra con la que queda tercero en las elecciones que gana Arce Catacora. La corporación de opinadores y algunos otros sectores lo presionan para que al igual que Áñez, deponga su candidatura, pero como su lógica no es la de los pactos forzados e inconsistentes, sigue al frente, y aunque sabe del riesgo de perecer en el intento, recibiendo solamente la votación cruceña (45%), no se baja, porque no  hay factores que le permitan coincidir con Comunidad Ciudadana (CC) que al igual que un año antes, vuelve a perder en las urnas. Ni sumando los votos de Mesa con el macho alfa de octubre-noviembre de 2019 habrían logrado ganarle al MAS-IPSP.

Tuto era conceptualmente el mejor candidato neoliberal, pero su uno por ciento en las encuestas lo obliga a renunciar a la candidatura. Mesa, el supuesto caballo ganador, único con posibilidades de ganarle al MAS según sus autoengañosas encuestas, llega a la misma cifra que Tuto frente a Evo en 2005, 28 por ciento. Doria Medina, sin pena ni gloria, se queda sin candidatura vicepresidencial, debido a que Jeanine se baja porque hace un gobierno más que lamentable, convertido en funcional a los intereses de recomposición y rearticulación del MAS. Ortíz termina como el título de la novela del gran Osvaldo Soriano: Triste, solitario y final, botado por Áñez del cargo de Ministro de Economía y Finanzas Públicas, al influjo de su ex colega y ex amigo, Arturo Murillo, ahora encarcelado en Miami por lavado de dinero y sobreprecios de materiales para reprimir al pueblo masista. Áñez pierde su libertad, y enfrenta una interminable lista de acusaciones que van desde sedición y terrorismo, pasando por masacres y por contravenciones a la Constitución y a las leyes. En buenas cuentas , la transición y las candidaturas contra el partido azul quedan despedazadas, mientras Luis Fernando Camacho se encamina sin mirar a los costados hacia su triunfo producido el 7 de marzo en las Subnacionales que le permiten acceder a la Gobernación del departamento de Santa Cruz con el mismo porcentaje con el que Arce había ganado la presidencia, 55%. Todos quienes estuvieron directa o indirectamente ligados a las reuniones de la Universidad Católica del 10, 11 y 12 de noviembre de 2019  han perdido en la transición, la propia Áñez que apenas logra un tercer lugar con un 13% en el intento de ser gobernadora del Beni por la Alianza Ahora, un invento de último momento electoral.

Durante el año en que Bolivia se hundió en la peor crisis de Estado de los últimos tiempos, expresada en su desinstitucionalización democrática, quién ha salido ileso y triunfante de ese crítico momento es Luis Fernando Camacho. Recuerda a esos tiroteos cinematográficos en los bares de los polvorientos pueblos del lejano oeste norteamericano en los que mientras todos se matan, siempre hay uno, muy ágil, que se escabulle por debajo las mesas sin dejar rastro.

Nada amedrenta a este que alguien calificó del “nuevo Banzer”, comparación que nada tiene que ver con estos tiempos de fake news y tik-tok en los que Luis Fernando Camacho no tiene relación directa con el cúmulo de desmanes y atrocidades cometidos por el gobierno de Áñez ¿De qué se lo podría acusar por lo sucedido en octubre de noviembre de 2019? Máximo de haberle pedido la renuncia a Evo, si se considera este un acto de sedición contemplado en el artículo 123 del Código Penal. Nada más. Nada menos. Legitimado y empoderado en su condición de nuevo gobernador del departamento más extenso y económicamente más fuerte del país, declara sin dubitar que acudirá a declarar a la Fiscalía cuando se lo convoque, para ratificar todas y cada una de las acciones emprendidas que según su visión y convicciones llevaron a recuperar la verdadera democracia en Bolivia. Su frontalidad y el hacerse cargo de todo lo actuado en los violentos días de fines de 2019 explican por qué Luis Fernando Camacho deberá ser considerado para la historia, el autor principal de la caída de Evo Morales.

¿Qué le falta a este hombre de la derecha boliviana, orgulloso de su antimasismo, rabioso anticomunista que todavía no comprende que Evo, su gran enemigo, no es comunista, al menos no de acuerdo al manual ideológico de los años 70? Conocer Bolivia. Superar las aprisionantes barreras de una clase dominante ombliguista en su regionalismo para intentar comprender las lógicas diversas del Estado Plurinacional. Rubén Costas decía que su partido había logrado alcance nacional. Los hechos demostraron que no había sido cierto. Los Demócratas cruceños dejaron de existir como partido. A Camacho le toca explicarle al resto del país que autonomías y federalismo no necesariamente son sinónimo de separatismo, que lo suyo puede ser alternativo a lo Nacional Popular expresado a través no sólo del MAS, sino fundamentalmente del Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos (IPSP) donde se encuentran nucleadas las organizaciones sociales, negadas en sus existencias por conservadores y liberales, negación que los ha llevado a un sistemático fracaso en los que la nueva izquierda boliviana terminará gobernando por lo menos veinte años, si es que no logra reproducir el poder en 2025.



Originalmente publicado el 08 de agosto en La Razón como parte de la serie Memoria y Archivo

La caraqueña

 

Nilo Soruco es el autor del himno boliviano de los exiliados y perseguidos políticos. “La exiliada” es su título original, pero como fue compuesta en la capital venezolana por el cantautor tarijeño, forzado a salir del país por la dictadura de Banzer, se la conoce popularmente como “La caraqueña”, que se convirtió en el testimonio del extrañamiento a la patria, obligados por el anticomunismo de los 70. Dirigentes políticos de izquierda, sindicales, universitarios, artistas progresistas, tuvieron que dejar el territorio nacional,  huyendo de los regímenes represivos de Barrientos, Banzer y García Meza en los que el Terrorismo de Estado se convirtió en práctica cotidiana.

Las nuevas generaciones que no conocen de guitarreadas y cánticos contra los milicos autoritarios y fascistoides de los 70-80, no saben que en el 196 aniversario de la independencia boliviana, el presidente Luis Arce Catacora cantó “La caraqueña” junto a Savia Andina cambiando el “ya la pagarán no llores prenda pronto volveré” por el “ya la pagarán fachos de mierda…” tal como se acostumbraba a entonarla en tiempos universitarios. Se trata en realidad de la versión combativa contra el autoritarismo, que supimos cantar a voz en cuello en esos tiempos. Era algo así como una catarsis frente a la conculcación del estado de derecho y a las violaciones a los derechos humanos de la época. La liberación nacional tuvo mucho que ver entonces con la creatividad y los textos de nuestros músicos y poetas.

La persecución, la tortura, la desaparición forzada y el asesinato político caracterizaron las actuaciones de esos militares y paramilitares, fachos de mierda, como bien dice la gran canción de Nilo y para desgracia de nuestra hoy plurinacional Bolivia, las botas y las charreteras se apoderaron nuevamente de calles, plazas y carreteras durante el oprobioso 2019-2020 de un gobierno que debió ser exclusivamente de transición hacia nuevas elecciones y se distorsionó por obra y gracia de quienes lo concibieron, pero fundamentalmente de los que lo mal gestionaron, convirtiendoló en una combinación de acciones propias de policía política y de asaltos de diversas magnitudes a las arcas del Estado.

Debiera provocarles algo de vergüenza, pero para ellos es más importante el autoconvencimiento de que no  hubo golpe, de que no son golpistas. Que lo único que sucedió fue un fraude electoral y que a continuación se abrieron las compuertas hacia la liberación de la tiranía encabezada por Evo Morales. Son impresionantes por el cuero duro con el que declaran a diario. Nada más observando los hechos con un mínimo de acuciosidad se comprueba que el supuesto fraude no fue jamás debidamente investigado por quienes debieran haber sido los primeros interesados en demostrarlo. Una vez más se durmieron en sus laureles subestimando a las masas bolivianas, despreciando su capacidad de movilización y de protesta. Creyeron que la mesa estaba servida para quienes en ese momento se llenaban los bolsillos con negociados de distintos calibres y  para los que canturreaban con soberbia su próxima llegada al gobierno poniendo fin a la era del MAS-IPSP.

“La caraqueña” de Nilo Soruco ya lleva casi medio siglo de existencia y el Presidente Arce Catacora cometió un gran acierto en volverla a cantar como se debe, minutos después de que recordara en su discurso pronunciado en el nuevo hemiciclo de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que fue gracias al bloqueo nacional de caminos y a la huelga general movilizada e indefinida determinada por el Pacto de Unidad y  la Central Obrera Boliviana (COB) en agosto de 2020, que finalmente llegáramos a las elecciones presidenciales del 18 de octubre que acabaron con esa nefasta transición promovida por candidatos perdedores, senadores, curas católicos, embajadores y asesores tirasacos, expertos en alabanzas diarias a sueldo.

La creatividad artística resulta tantas veces premonitoria en la historia de los pueblos. “La caraqueña” de Nilo Soruco es una rotunda prueba de ello. Quienes tuvieron que salir de Bolivia entre noviembre-diciembre, escapando de la persecución emprendida por el gobierno de Jeanine Áñez, seguramente podrán hacer suya esta letra que forma parte de nuestra historia política y de luchas sociales: Nadie le pondrá murallas a nuestra verdad/ Nunca el mal duró cien años ni hubo pueblo que resista/Ya la pagarán, no llores prenda  (fachos de mierda), pronto volveré. 

Los medios de comunicación que publicaron el “cambio de letra” de “La caraqueña” a cargo del Presidente Arce, demuestran no conocer la historia contemporánea de Bolivia. No saben que el primer orgulloso de cantarla con el “no llores prenda” o el “fachos de mierda” es ese inolvidable y querido maestro chapaco, Nilo Soruco, autor de esta y muchas otras inolvidables cuecas que fornan parte de nuestro acervo musical.



Originalmente publicado en la columna Contragolpe del diario La Razón el 14 de agosto

miércoles, 4 de agosto de 2021

El tiempo en Bolivia gira ahora a la izquierda

 

Dicen los militantes del orden establecido que ahora el reloj del edificio histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional gira al revés. ¿Por qué deberíamos aceptar que las manecillas de la hora y los minutos deben siempre girar a la derecha, como si se tratara de una verdad única? ¿Por qué, si ahora giran a la izquierda desde junio de 2014, estarían dando vuelta de manera incorrecta, contraviniendo convenciones universales? Este asunto comenzó a relativizarse cuando aparecieron los relojes digitales con los cuáles aprender la hora en el primero de primaria dejó de ser una necesidad ineludible, en tanto las manecillas fueron sustituídas por los números concretos de horas, minutos y hasta segundos. A partir de entonces, los relojes clásicos con horero y minutero se convirtieron en exquisiteces preferidas por espíritus clásicos en los que predomina el respeto por el pasado occidental y eurocéntrico y por las tradiciones mundanas de las grandes urbes.

Fue el ahora Vicepresidente David Choquehuanca el que expuso las razones por las que tenemos el reloj de la plaza Murillo de La Paz, girando por siniestra, considerando que siniestra significa mano izquierda y no otra cosa, como los fanáticos de las películas de terror creen. En aquél tiempo, Choquehuanca era el Canciller del Estado Plurinacional de Bolivia y argumentó decisión tan fundamental afirmando que había que ser desobedientes y creativos para tener éste que se llama Reloj del Sur, considerando que en nuestro hemisferio la sombra se mueve hacia el otro lado –no al revés como dicen los que creen que toda la vida en tiempo y espacio deber ir por derecha—tal como lo hace la sombra de los relojes solares como bien apunta Marc Redondo en Meteored (Tiempo.com).

Han transcurrido siete años de la instalación de este reloj, que dicho sea de paso, implica la visibilización de una mirada ideológica distinta, la de los pueblos del llamado Abya Yala, nombre de nuestro continente según los indígenas gunas de Panamá y Colombia que significa “tierra en plena madurez” o “tierra de sangre vital” y que se opone al nombre de América debido a que el navegante Américo Vespusio, tripulante de la travesía de Colón, fue el primero en avistar esta parte del mundo en 1492, arribando del otro lado del charco.

Cuando nuestro tiempo empezó a girar hacia la izquierda según el reloj del primer órgano institucional de la democracia que dejó de llamarse Parlamento o Congreso, para convertirse en Asamblea Legislativa Plurinacional, empezaban a germinar ideas con respecto de la sustitución de los palacios y las casonas de instituciones públicas que caracterizaron al Estado colonial republicano y eso se puede comprobar ahora, cuando observamos desde distintas zonas de La Paz, dos edificios de 22 y 29 pisos construidos en lo que fueron los garajes del Palacio de Gobierno con salida por la calle Ayacucho y del antiguo Parlamento, con puerta hacia la calle Colón, cuadra entre las calles Ballivián y Comercio.

En 2018 se produjo  la inauguración de una nueva estructura para el funcionamiento de las oficinas de la Presidencia del Estado Plurinacional. Se trata de un edificio que a distancia se percibe como un gigantesco monolito de concreto, acero y ventanas polarizadas, con incrustaciones de la iconografía de los pueblos indígenas de tierras altas y bajas. El concepto de Palacio, habitado desde tiempos remotos por gobernantes provenientes de familias reales –reyes, príncipes, etc.—y que mantuvo su nombre en las repúblicas modernas fue sustituído en Bolivia por el de Casa Grande, una torre como le llamarían los arquitectos, que no es más ni menos que una caja rectangular que cobija al personal burocrático de la presidencia del Estado y de cinco ministerios que dejaron de pagar alquileres a privados para convertirse en propietarios de sus espacios horizontales de trabajo.

La Casa Grande del Pueblo no es otra cosa que un convencional edificio de oficinas, aunque en su momento la primera ministra de Comunicación del gobierno de Jeanine Áñez, Roxana Lizárraga, hubiera intentado montar la idea de que se trataba de un lugar repleto de lujos innecesarios, exponiendo mediaticamente con ánimo morboso, las sabanas del apartamento asignado al Presidente del Estado. Quienes en su momento calificaron la obra como un despilfarro y hasta se atrevieron a proponer que se convirtiera en un hospital público, todavía no comprenden que en un casco urbano histórico hace varias décadas destrozado por la construcción de edificios colindantes con las antiguas edificaciones –el edificio Arco Iris enfrente de la Villa de París, calles Comercio esquina Socabaya, por ejemplo—el gobierno decidió resignificar a una pieza de antigüedad el neoclásico Palacio Quemado con escalinata de marmól imperial y pilastras dóricas, jónicas y corintias, espejos biselados, moblaje Luis XVI bañado con pan de oro,  sillones rococó, tapices de Beauvais,  tapices bermellón crema y rosa, y cortinaje verde esmeralda en el Salón de los Espejos.

El Palacio de Gobierno inaugurado en 1853 por Manuel Isidoro Belzu y en el que fue muerto por un riflero y se vivara a continuación a Mariano Melgarejo, fue diseñado por José Nuñez del Prado  y remodelado en los gobiernos de Ismael Montes (1913) y en el de Bautista Saavedra (1923) para celebrar el centenario de la fundación de la República. En él también fueron asesinados los presidentes Agustín Morales (1872) a manos de un sobrino suyo y Gualberto Villarroel (1946), al que se arrojó del balcón principal hacia la calle, para luego colgarlo en la farola de enfrente, situada a pocos metros del llamado Kilómetro Cero de la Plaza Murillo.

Tiene mucha historia el Palacio y entre los datos que casi nadie conoce, figura la eliminación de un mural de Miguel Alandia Pantoja que el dictador René Barrientos, mandó a retirar por contener alusiones explícitas y contrarias a las actuaciones de las Fuerzas Armadas en tiempos posteriores a la Revolución de 1952. Algunos años más tarde, en el gobierno de Jaime Paz Zamora se recuperaron sus colores interiores originales crema y pardo, en el de Jorge Tuto Quiroga se blindaron las ventanas del despacho presidencial  y en el de Carlos Mesa se recuperó parte de la decoración de 1923. El año 2019, cuando en un arrebato de nostalgia y retorno simbólico a la vieja República, Jeanine Áñez decidió no utilizar el despacho de la novísima Casa Grande, la Unesco ya le había otorgado  el Escudo Azul, creado en 1954, distinción orientada a proteger bienes culturales.  El episodio más legendario, nunca plenamente confirmado, se habría producido el 2 de agosto de 1938, en este que ahora exhibe la calidad de museo y alberga a algún ente estatal cuando el presidente Germán Busch le habría propinado al escritor Alcides Arguedas unas cuantas bofetadas, hasta hacerle sangrar los pómulos, reprochándole su “Pueblo enfermo”. Dice también la leyenda que en el Palacio se pueden escuchar llantos nocturnos y de madrugada de espíritu que datan del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX.

Horrible. Un adefesio. Un despilfarro. Rompe con la armonía arquitectónica de lugar tan histórico y fundacional de Bolivia. Esas y otras críticas le han llovido a la Casa Grande que tiene ahora debajo al Palacio que cobijó un último acto antidemocrático en su salón de los Espejos: La irregular posesión e investidura de Jeanine Áñez que recibió la banda presidencial de parte de oficiales militares. Lo cierto es que el Palacio de tantos episodios, desde su primera versión construida por manos indígenas y que comenzara a ser edificado en 1559 ha cedido paso a una Casa Grande que mirada interiormente tiene formas arquitectónicas inspiradas en Tiahuanacu en concordancia con su fachada y características exteriores.

La  que fuera propiedad original de la Compañía de Jesús (sacerdotes jesuitas) construida en honor de la Vírgen de Loreto en 1852, y en 1830 se convirtió en un salón de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), y que finalmente diera lugar a la construcción del Palacio Legislativo durante la presidencia de José Manuel Pando, luego de la guerra federal  inaugurada en 1905, dejará de ser el recinto de senadores y diputados que conforman la Asamblea Legislativa Plurinacional que funcionará en el nuevo edificio con estructura antisísmica con salas de sesiones para las dos cámaras, así como con un hemiciclo específico para interpelaciones a autoridades provenientes de otros órganos del Estado.

El también neoclásico edificio histórico del parlamento boliviano diseñado por el arquitecto
Antonio Camponovo, que fuera cerrado durante las dictaduras militares y reabierto para la puesta en funcionamiento de la Asamblea Popular convocada por la Central Obrera Boliviana (COB) en1971, durante la presidencia del Gral. Juan José Tórres Gonzáles, con el liderazgo de Juan Lechín Oquendo y el Partido Comunista de Bolivia (PCB), se convertirá en la vieja expresión simbólica de una vida institucional democrática atiborrada de altibajos y que con la recuperación del Estado de Derecho en 1982, nos permitió escuchar a memorables oradores como Marcelo Quiroga Santa Cruz por el Partido Socialista -1 y a astutos moderadores como Wálter Guevara Arce, presidiendo el Senado.

Con el tiempo girando hacia la izquierda, la Casa Grande sustituyendo al Palacio Quemado, y el nuevo edificio remplazando al viejo Palacio Legislativo, el Movimiento al Socialismo (MAS) ha cambiado la Plaza Murillo y sus inmediaciones en quince años. Evo Morales y Alvaro García Linera inauguraron la Casa Grande del Pueblo en 2018. Luis Arce y David Choquehuanca harán lo mismo con la flamante Asamblea Legislativa Plurinacional este 2021, mientras todos quienes ejercieron y todavía mantienen roles desde las oposiciones partidarias deben resignarse a que estas transformaciones de fuerte simbolismo, expresan un nuevo tiempo y un nuevo espacio en una Bolivia que ya sólo podrá recordar como parte de un pasado superado, por ejemplo la gran casona donde se encuentra el colegio San Calixto, en la manzana conformada por las calles, Genaro Sanjinés, Indaburo Pichincha y avenida Armentia, y fuera propiedad del Mariscal Andrés de Santa Cruz, o el Museo Nacional de Arte y la Villa de Paris, propiedad del descuartizador de Tupac Katari, Francisco Tadeo Diez de Medina, Alcalde Ordinario de la ciudad de La Paz.

A la Casa Grande del Pueblo, la nueva edificación de la Asamblea Legislativa Plurinacional que le han significado al Estado una erogación de aproximadamente 100 millones de dólares, hay que sumar el nuevo edificio del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, situado en la esquina de la avenida Mariscal Santa Cruz y calle Loayza, el segundo edificio de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) que se encuentra al lado del Ministerio de Justicia en la avenida 16 de Julio (El Prado) y la nueva sede de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) entregada en mayo pasado con el nombre de su recientemente desaparecido Secretario Ejecutivo, Orlando Gutiérrez, y que se encuentra situada exactamente en la que funcionara la Central Obrera Boliviana (COB) donde paramilitares asesinaron a Marcelo Quiroga Santa Cruz el 17 de julio de 1980 (golpe de García Meza) y allá donde se encuentra un histórico árbol, plaza Venezuela, en el que tantas veces se podía ver siempre erguido, durante las mañanas, a su mítico Secretario Ejecutivo, Juan Lechín Oquendo,  con un cigarrillo apagado entre los labios en esa batalla que sostenía diariamente para dejar de fumar tabaco. Otro tiempo, el del reloj que gira a la izquierda, y otros espacios son los que caracterizan a la Sede de Gobierno, en estos inicios de la tercera década del Siglo XXI.




Publicado en La Razón el 01 de agosto como parte de la serie Memoria y Archivo.

De regreso a la tribu

 

Messi conecta por videollamada con su familia, se dirige a Ciro, su hijo menor, y le muestra eufórico la medalla que acaba de recibir por la obtención de la Copa América 2021. “Ciro mirá!” le dice como si fuera su hermano mayor, ese que acaba de hacer los deberes de la escuela, fue obediente con papá y mamá, ayudó en los quehaceres domésticos, fue de compras a la verdulería, hizo las tareas asignadas como chico querendón de su familia y obtuvo como premio el permiso para ir a patear pelota en la cancha del barrio.

Atravesado el planeta por la desgracia a la que nos ha conducido el corona virus, las imágenes de la celeberación celeste y blanca por el épico triunfo frente a la Canarinha no nos muestran a ganadores trepados al podio de la celebración cual si fueran rock stars.  Lejos están de las gesticulaciones de la altanería y la autosuficiencia. Lo que hacen es festejar como si se tratara de la primera tribu de la humanidad: Llantos, abrazos, besos, agradecimientos a los cielos con los brazos extendidos, todo eso dentro una rígida burbuja sujeta al protocolo anticontagios. Los hombres, las mujeres, los niños pueden volver a apretarse, a llorar de felicidad, a agradecer por todos los favores y bienes recibidos a quienes les ayudaron a hacerse personas.

En los paneles de la televisión argentina, las entrevistas son con las compañeras, novias o esposas, los hermanos, los padres, los tíos, y los abuelos de esa tribu futbolera que a través de la magia y la buena energía conjuncionó la gesta colectiva con la guía inspirada de un genio que termina siendo tan igual que ellos. Grita igual, putea igual, llora igual, celebra igual.  Es Messi, pero es tan de carne y hueso que se resbala en la puerta brasileña, lo que le impide la apoteosis total del que habría sido el segundo gol enviando a un descomunal diván psicoanalítico a todos los torcedores encabezados por el presidente más inhumano que haya tenido Brasil en su historia, Jair Bolsonaro, ese que representa a esa otra tribu, la de los intolerantes, los violentos, los exterminadores, los fascistas que odian a afros, indios, gays, lesbianas y chicas trans.

En el impecable césped del Maracaná hay millones de millones de dólares, pero eso vale nada en esos minutos de desborde emocional que nos  retornan a la primigenia idea del juego: Messi y Neymar se funden en un abrazo de hermanos, de panas, de cuates, de compañeros, de amigos, y luego se sientan a charlotear y reir junto a Leandro Paredes, compañero del 10 brasileño en el Paris Saint Germain. No recuerdo haber sido testigo de homenaje semejante al sentido profundo del fútbol porque transcurridos los 95 minutos reglamentarios, pasadas las tensiones de ese que es divertimento y combate al mismo tiempo, los protagonistas vuelven a su condición de sujetos de la cotidianidad donde la rivalidad queda extinguida por valores que deben siempre prevalecer y que pasan por la escucha y la comunicación.

La celebración es más emocionante que el partido. El riesgo era no sólo jugar contra la verde amarilla, sino también contra el árbitro, el VAR, algunos intereses de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), factores terrenales contrapesados en la corte celestial desde donde Diego Maradona hacía fuerza para que Argentina volviera a ganar un torneo después de 28 años y Messi lo consiguiera por primera vez.

Desde su breve estatura, Messi levanta a su tocayo, al seleccionador Lionel Scaloni, con los brazos de un gladiador que nunca desistió de intentar hasta lograr un trofeo con la albiceleste. Sin grandes pergaminos, sin un marketing periodístico que lo ayudara a negociar más miles de dólares de los miles que ya le pagan, el entrenador junto a históricos de la generación Pekerman, que conforman su cuerpo técnico --Pablo Aimar, Walter Samuel, Claudio López—hizo del equipo nacional argentino esa tribu capaz de superar las camarillas y las roscas. Las personas se impusieron a las trayectorias, y así Messi, Di María, el Kun Agüero y Otamendi les pasaron las mejores ondas de sus grandes itinerarios a compañeros con un carisma y una vocación ganadora como Emiliano Martínez, ese cíclope del arco que le atajó tres penales a Colombia para meter a su equipo en la final, como Rodrigo De Paul que envió de viaje al esférico hacia los pies del “Fideo” como si se tratara de una interminable travesía entre Buenos Aires y Rio de Janeiro, para que éste colgara el balón a Ederson que tuvo que girar la cabeza para comprobar que la tenía adentro. 

Cuando la selección argentina devolvió a sus integrantes a sus familias, las imágenes eran las de personas que habían extrañado a sus compañeras, a sus hijos, a sus padres, a sus abuelos, a sus sobrinos, a sus tíos y a algunos amigos y conocidos del barrio. La deshumanización y el empobrecimiento espiritual al que nos ha llevado la pandemia, fueron superados durante un par de días contra esa abrumadora, absurda y mal llamada nueva normalidad, porque la única normalidad es la del sentido existencial que pasa por los afectos, los compromisos emocionales cotidianos con los que amanecemos para seguir en la lucha.

 



Contragolpe, columna publicada en La Razón el 31 de julio

 

 

Noviembre 2019 - Noviembre 2020: Una transición de persecuciones y masacres

 

La discusión acerca de si se produjo o no un golpe de Estado entre el 10 y el 12 de noviembre de 2019 se ha hecho bizantina. Se ha convertido en una cortina de humo con la que “los transitorios” eluden la discusión de fondo acerca de la naturaleza ideológica y las acciones desplegadas por el gobierno de Jeanine Áñez, sobre todo a partir de la administración del aparato coercitivo del Estado con resultados trágicos en materia de respeto a la ciudadanía y a los derechos humanos.

En el contexto en el que se maneja, Áñez debería estar bien enterada de la historia de la persecución política en Bolivia. Debería saber cuáles fueron los motivos para el descuartizamiento de Túpac Katari durante la colonia, cómo los gobiernos del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) del 52 al 64 del pasado siglo persiguieron, encarcelaron, torturaron y mataron, por izquierda y por derecha , a dirigentes mineros con militancia en el trotskismo y en el Partido Comunista de Bolivia (PCB) y a militantes de la Falange Socialista Boliviana (FSB).

Como ex senadora, ex presidenta, y ex candidata a la presidencia, está en la obligación de saber en qué consistió esa persecución política como instrumento de control del poder que se caracterizó por el encarcelamiento, la desaparición y el asesinato de bolivianos en las dictaduras militares que  rigieron Bolivia entre 1964 y 1980.  También debería estar enterada que ya en democracia, a partir de 1982, los métodos de violencia política a través de la vejación y la eliminación física del adversario dieron paso a una judicialización de la política o a una politización de la justicia. Esto signficaba dejar atrás la policía política --el Control Político de  Claudio San Román, mastín de oscuros ministros de gobierno--, los campos de concentración y los centros de confinamiento, para circunscribir las persecuciones de unos contra otros a procedimientos operados por el ministerio público y un aparato judicial cooptado por el poder político, métodos lamentablemente utilizados en la llamada democracia pactada (MNR-ADN-MIR), por jerarcas del Movimiento al Socialismo (MAS) especialmente a partir de 2015, pero también, y sin modificar un ápice su modus operandi, por su propio gobierno, ese que debió circunscribir sus acciones al llamamiento a nuevas elecciones en el lapso de tres meses luego de la anulación de los comicios del 20 de octubre de 2019. 

Ahora que Áñez reclama por considerarse víctima de persecución política, tiene que saber, si hasta ahora no hay quién se lo haga notar, que en menos de un año, tratando de dirigir el país desde el viejo Palacio Quemado, los índices de la persecución política en sus variadas formas superaron los de sus antecesores.  Sin contar los 37 muertos de Sacaba-Huayllani, Senkata y El Pedregal, la cacería anunciada y ejecutada por su principal colaborador, aquél que corregía sus palabras al oído en actos públicos sin pudor alguno, Arturo Murillo, Ministro de Gobierno, generó resultados de criminalización de ex funcionarios con montajes sobre presuntos casos de corrupción, encarcelamientos en los que se utilizó la tortura física y psicológica, agresiones físicas callejeras contra supuestos simpatizantes y militantes del Movimiento al Socialismo (MAS) a cargo de grupos civiles de choque secundados por uniformados de la Policía Boliviana, agresiones, amenazas y acallamiento de medios de comunicación vinculados a organizaciones sociales que salieron a las calles levantando whipalas. La cifra no confirmada es de 1500 personas, desde perseguidas hasta encarceladas y procesadas, hasta aquellas  con detenciones preventivas y detenciones domiciliarias.

Quién se declara perseguida política y hace menos de un año presidía un gobierno en el que la persecución y la violencia política se instalaron en la cotidianidad, tendrá que encontrar en algún momento alguna explicación congruente de lo que hicieron sus fieles colaboradores que consumaron, entre muchos otros hechos de corrupción, un grosero negociado con la adquisición de materiales antidisturbios que dieron lugar a que su ministro del horror terminará encarcelado en Miami. ¿Será posible admitir que Áñez no sabía a dónde se metía cuando declaró desde Trinidad a la red televisiva Unitel al final de la tarde de 10 de noviembre de 2019 que llegaría a La Paz a asumir la presidencia del Estado porque le correspondía? ¿Nunca se enteró la presidenta accidental cómo en realidad hacía,  pero sobre todo deshacía Bolivia uno de los auspiciadores de su llegada a la silla, el ex senador Arturo Murillo? ¿Será que Áñez nunca ordenó la detención de algún poderoso del MAS, lastimada por la suerte que corrieron parientes suyos de San Joaquín, Beni, acusados de narcotráfico?

Áñez tiene que saber que en 1921 se produjo la primera masacre de la historia republicana en Jesús de Machaca (1) por explotación, expropiación de tierras y abusos del corregidor Luis Estrada. Que en aquella ocasión 1500 militares asesinaron a 119 pobladores ,incendiaron 130 viviendas, robaron ganado y encarcelaron a muchos pobladores. Tendrá que enterarse también que en 1923, en la masacre de Uncía la Federación Obrera se movilizó para pedir la liberación de dos dirigentes sindicales abusados por la Patiño Mines. Otra vez los militares abrieron fuego y se las arreglaron para desaparecer a algunos de los muertos en los hornos de fundición de minerales, que según datos oficiales fueron 9. Áñez tiene que saber que en 1942 se produjo la matanza de Catavi en el campo María Barzola con 20 muertos y 200 heridos a manos de 200 efectivos militares, tiempos del gobierno de Enrique Peñaranda en que la Patiño Mines pretendía comercializar el estaño, el wolfram y la quinina para involucrar a Bolivia en el bloque de aliados en la segunda guerra mundial y los trabajadores protestaban por los bajos costos en el mercado internacional de lo que producían.

Áñez tiene que saber que en 1947 se produjo la masacre de Potosí cuando el sindicato de metalurgistas de la empresa Unificada de Mauricio Hochschild movilizó al comando de la policía de la ciudad que reclamaba por la liberación de dos de sus compañeros, detenidos por órdenes de la Junta de Gobierno presidida por Tomás Monje Gutiérrez. En esta circunstancia, los muertos de los que tampoco se tienen números  cayeron del lado minero y también del policial. En 1949, los mineros de siglo XX se movilizaron por incrementos salariales, cumplimiento de un laudo arbitral, pago por desahucios e indemnización por despidos. La Patiño Mines, respaldada por el gobierno de Mamerto Urriolagoitia derivó en la detención y el exilio a Chile de la dirigencia minera, lo que provocó una asamblea para lo toma de rehenes exigiendo la liberación de los detenidos. Resultado: 1500 militares intervinieron el campamento minero, lo que produjo un combate y los rehenes terminaron muertos. El  29 de mayo fueron masacrados 40 trabajadores y quedaron heridas 80 personas, entre ellas, mujeres y niños y el 30 de mayo fueron fusilados entre 200 y 300 trabajadores, y  destrozadas sus viviendas.

Áñez tiene que saber que en 1967 se produjo la masacre de San Juan en los centros mineros de Catavi y Siglo XX ordenada por el dictador René Barrientos cuando los trabajadores celebraban junto a sus familias alrededor de fogatas: 20 muertos, entre 70 a 80 heridos y alrededor de 200 desaparecidos. Se trataba de reprimir el intento de los mineros de reproducir un movimiento parecido al de la guerrilla del Che Guevara. Trece años después, durante la dictadura de Hugo Banzer, en 1974, se produjeron las masacres de Tolata (16 muertos y 42 desaparecidos) y Epizana (15 muertos y 20 desaparecidos) luego de la devaluación de la moneda de 12 a 20 pesos bolivianos en el tipo de cambio al dólar estadounidense y la generación de la pérdida del poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores.

Áñez tiene que saber que en 1996 se produjo la llamada masacre de navidad que comprende las localidades de Amayapampa, Capasirca y Llallagua debido a la oposición de los trabajadores mineros a inversionistas extranjeros, a la defensa de los recursos naturales y sus fuentes de trabajo, y al repudio al nuevo código de minería favorable a los empresarios. La respuesta del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada fue la movilización con mil efectivos militares y policiales que generó 11 muertos y 50 heridos. Según el Gral. Hernán Aguilera, el presidente de la República ordenó la intervención con arsenal de guerra. Más adelante se producirían  la guerra del Agua (2000) en el gobierno democrático del Gral. Banzer por la adjudicación de Aguas del Tunari a manos privadas, y la guerra del gas (2003) originada en el gobierno de Jorge Tuto Quiroga quién  planteó la venta de gas a otros mercados a través de Chile, intención que trató de concretar el segundo gobierno de Sánchez de Lozada con empresas transnacionales y que desató movilizaciones ciudadanas que fueron respondidas con el Plan República encarado de manera conjunta entre militares y policías que dio lugar a la muerte de 65 personas. Ese hecho provocó la instauración de un juicio civil en Fort Lauderdale, estado de Florida, EE.UU por parte de los familiares de las víctimas que en sentencia condenatoria conmina a pagar al ex presidente, la suma de 10 millones de dólares.

Luego de haber estudiado la carrera de Derecho en la Universidad del Valle de Trinidad es muy probable que Áñez haya tomado algún conocimiento de las guerras del Agua, del Gas y por supuesto que de la masacre del Porvenir (2008) acaecida en el departamento de Pando donde murieron 20 campesinos y quedaron heridos 40. Los trabajadores rurales marchaban hacia Cobija, capital del departamento, francamente opuestos a que el prefecto del departamento, Leopoldo Fernández controlara las instituciones públicas y se impusiera el estatuto autonómico, cuando corría el tercer año de gobierno de Evo Morales.

Las masacres de las que sí tiene conocimiento Áñez son las de Sacaba y Senkata, más las muertes producidas en El Pedregal de la Zona Sur de La Paz y en Montero, Santa Cruz. En aquella oportunidad ella y su equipo de ministros firmaron un decreto (4078) que eximía a las Fuerzas Armadas de responsabilidades penales en caso de que las circunstancias exigieran abrir fuego contra ciudadanos que se movilizaban defendiendo al gobierno y a la permanencia de Evo Morales hasta el final de su mandato previsto para enero de 2020. Con solamente 14 días de vigencia, el 28 de noviembre de 2019, la presidenta transitoria abrogó el decreto “en consideración a que gracias a Dios y a la comprensión de todos los sectores del país, hemos logrado la ansiada pacificación” declaró y justificó su dictación afirmando que fue aprobado porque “el gobierno tuvo que asumir la medida porque enfrentó acciones violentas que nunca antes habíamos visto”…a cargo de esas fascinerosas ordas masistas como diría alguno de sus colaboradores.

La expresidenta Áñez, constitucional para las clases medias urbanas antievistas, de facto para las organizaciones populares,  guarda detención preventiva en el recinto penitenciario de Miraflores de La Paz, como presunta responsable de genocidio, asesinato, lesiones  graves, lesión seguida de muerte, asociación delictuosa, privación de libertad, desaparición forzada de personas, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incumplimiento de deberes.

Se trata de dos tipos de delitos necesarios de diferenciación a partir del antes y el después de asumida la presidencia del Estado Plurinacional. Las contravenciones al ordenamiento jurídico se refieren a cómo Áñez, en su condición de segunda vicepresidenta del Senado, accedió a la presidencia del Estado, es decir, a partir de un comunicado emanado del Tribunal Constitucional sin carácter vinculante, sin pasar por los requisitos que la Asamblea Legislativa Plurinacional exige, no sujetos a intepretación alguna.  Los delitos que habría cometido ya como presidenta en  materia de derechos humanos, están relacionados con las muertes de 37 personas y agresiones por parte de efectivos militares y policiales en localidades de los departamentos de Cochabamba, Potosí, La Paz y Santa Cruz.

Este es el cuadro de situación objetivo de la señora Áñez que aduce persecución judicial en una carta enviada a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de NN.UU., Michelle Bachelet. Para decirlo en términos coloquiales, la ex senadora y ex presidenta de Bolivia se considera una perseguida política. Por “pensar distinto” agregarían los adeptos a los lugares comunes, que difícilmente logran explicar qué significa ese “pensar distinto” más allá de un abierto y rabioso antimasismo, y todo lo que signifiquen organizaciones sociales de indígenas, campesinos, obreros y trabajadores agremiados y no agremiados a los que se estigmatiza de corporativistas y autoritarios.

Habrá que esperar la reacción de Áñez ante el informe que ya entregó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) enviado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 23 de noviembre de 2020 y sobre el que el Secretario Ejecutivo de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, con el sentido de oportunidad y el descaro que le dicta su experiencia ya se manifestó el pasado 14 de julio: “un minuto de silencio por los caídos de Sacaba y Senkata”.

Los defensores del “fraude no golpe” encabezados por Áñez, Mesa, Tuto Quiroga, Ortíz, Camacho, Doria Medina ya deben saber que el GIEI incluye en su informe presentado al gobierno constitucional de Luis Arce y que será vinculante, el resarcimiento a las víctimas (a los familiares de estas), observaciones a las actuaciones de la justicia boliviana y a las responsabilidades estatales por la violencia de 2019. Si bien Sacaba y Senkata serán referencias fundamentales, figuran observaciones a los hechos posteriores de las elecciones anuladas del 20 de octubre y a los acuerdos firmados por el gobierno de Áñez para “pacificar el país” hacia la mitad del mes de diciembre de 2019.

Las muertes irreparables, producto de la resistencia popular en defensa de convicciones y valores democtráticos son nodales en el informe y por el ello el GIEI considera necesario un plan de reparación integral con fuerte énfasis en el aspecto psicológico e indemnización para los familiares de los caídos, víctimas de la bala militar, así como en los aspectos judiciales con recomendaciones de juicios penales, civiles y administrativos. Quienes vulneraron derechos humanos quedarán mencionados con nombres y apellidos en el informe a partir de distintos grados de responsabilidad penal, así como en materia de preceptos internacionales en la materia, dependiendo de los  grados violatorios a la vida, la libertad, la expresión del pensamiento, el voto e incluso la sucesión constitucional.

Si el viejo lobo Almagro se adelantó a homenajear a las víctimas de Sacaba y Senkata, admitiendo que hubo masacres, la ex senadora, ex presidenta y ex candidata presidencial Jeanine Áñez ya sabe que su nombre quedará inscrito en la historia de la docena de hechos luctuosos que cegaron la vida de bolivianos y bolivianas desde 1921 (Masacre de Jesús de Machaca) por defender sus ideales y sus convicciones políticas armados de piedras y palos frente a la bala asesina sobre la que nuestro libertador y fundador Simón Bolívar dijo: “maldito sea el soldado que apunte sus armas contra su propio pueblo”(grafiti que puede leerse en una esquina de la calle René Moreno de Santa Cruz de la Sierra, a una cuadra de la plaza principal).

Más allá de lo inconstitucional de su mandato, de no haber observado la sucesión constitucional, a Jeanine Áñez le tendrá que ser dificultoso seguir enarbolando la bandera de sus derechos, cuando ya no hay dudas acerca de cómo su gobierno violó los derechos de bolivianas y bolivianos durante su ejercicio del poder con muertos, heridos, perseguidos, encarcelados y torturados. Persecución y violencia política son las marcas fundamentales del régimen que presidió.





Publicado en La Razón el 25 de julio como parte de la serie Memoria y Archivo

 

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