Ese neologismo denominado posverdad, elevado a categoría de
concepto fundamental, es una más de las estratagemas que le confiere un aire de
sofisticación al uso de la media verdad que induce a la mentira y que se
traduce en la utilización de la parte por el todo --el inciso en lugar del
artículo completo para el caso del Código de Sistema Penal—, método con el que se
van construyendo ideas-fuerza sustentadas en la desinformación y que promueven
la exacerbación que hoy en Bolivia tiene un gran motor en el referéndum del 21
de febrero de 2016 en el que el No se impuso 51 contra 49 al Sí, cerrándole el
paso a la modificación del artículo 168 de la Constitución Política del Estado
que impide la reelección indefinida de un mismo mandatario-candidato.
A partir de ese resultado, la Bolivia conservadora que no
sabe bien qué país quiere, tiene fijado con obsesividad que el tiempo
presidencial de Evo Morales debe concluir en 2019, y por lo tanto juega a
combatir lo que no quiere en primer lugar, antes que a vislumbrar un destino comunitario
y sostenible para esta nación de naciones con cualidades y derechos de
igualación participativa y equidad en la distribución de los ingresos, que ya
no podrá retornar al pasado inmediato a la irrupción del evismo y de los
indígenas y originarios que ahora ingresan en las oficinas de la burocracia
estatal y en los salones de los actos oficiales, a poco más de una década en que eran expulsados
a palos de las plazas principales de algunas de nuestras ciudades.
Planteado así el marco político actual, todo lo que la
oposición pueda emplear para activar las minas antipersonales instaladas luego
de producida la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que
contradice al resultado del 21F, está siendo utilizado a todo vapor con el
propósito de menoscabar la figura y la incidencia de Evo Morales en la vida
nacional, a sabiendas que un puñado de magistrados sostenidos en el Pacto de
San José (1978) perforaron la validez y vigencia de una consulta electoral,
ejercicio democrático ininterrumpido en Bolivia desde 1982.
Con la reafirmación de la candidatura de Evo Morales para las
elecciones del próximo año, saltaron las alarmas por casi una década
desactivadas y una estrategia bien pensada condujo a instruir a los principales
referentes de la oposición tradicional a permanecer en sus escritorios
tuiteando cuanto quisieran, mintiendo o distorsionando lo que se les ocurriera,
pero con la expresa restricción de no encabezar marchas y actos públicos
callejeros, que de eso ahora se encargan las clasemedieras organizadas en
promociones colegiales y fraternidades carnavaleras porque la legitimidad del
reclamo al respeto del referéndum del 21F es un asunto que ya no deberían
encarnar, por lo menos no en esta fase táctica, los políticos de viejo cuño,
aquellos que se repartieron el poder entre 1985 – 2005, quienes persisten en
querer convencer a la gente que son la alternancia por excelencia, aunque la
realidad diga que los tiempos de tales exgobernantes que gestaron la democracia
pactada debieron someterse, hace más de una década, a fecha de caducidad.
La mentira organizada y perfectamente dosificada por las
medias verdades que conducen a distorsiones absolutas, funciona desde las redes sociales y utiliza
la penetración del miedo en las creencias de la gente: Presidente único,
partido único, pánico a convertir al país en Venezuela y Cuba, te van a quitar
tu casa, o se van a meter en ella para llevarte preso cuando se les antoje,
persecución a los que profesen cierto tipo de fe religiosa, y un largo etcétera
que podría encontrarse en ejemplos ilustrativos como el expuesto por Carlos
Hugo Molina, el responsable de la participación popular en tiempos de Sanchez
de Lozada atribuyendolé al vicepresidente García Linera en su cuenta twitter:
“que las clases medias están en decadencia es una burla a sus propias palabras
que el proceso ha sacado a varios millones de la pobreza”, cuando en realidad
el vicepresidente, en un artículo publicado en un diario nacional, hizo una
diferenciación entre esa clase media conservadora calificada como decadente y
una nueva clase media popular creciente que en términos numéricos sumaría dos
millones doscientos mil ciudadanos y que le ha arrebatado una significativa
parcela del campo político social que ocupaba a la histórica, privilegiada y
conservadora hasta hace poco clase media “única”.
La media verdad que desinforma se alimenta, además, de
figuras penales como la difamación, la calumnia y la injuria que esconde, por
otra parte , lo que se comenta y dialoga en las horas de bloqueos y marchas
protagonizados por nostálgicos del bachillerato o saltarines de comparsa, esto
es, el retorno de las expresiones racistas y discriminatorias que permanecieron
bien guardadas durante una década en los cisternas del rencor de ciertos
actores que hasta 2005 se consideraban propietarios monopólicos de un país que
por entonces se diferenciaba entre visibles e invisibles, entre los que tenían
derecho a todo y los que casi no existían.
Originalmente publicado el 16 de enero en la sección Opinión de la Agencia de Noticias Fides (ANF)