Una defensora del pueblo

 

La consigna y la obsesión antimasista se han estrellado contra Nadia Cruz, la Defensora del Pueblo que debió asumir el cargo interinamente luego de la renuncia de David Tezanos Pinto hace algo más de tres años. Se la tacha sin argumentación ni pruebas a la mano, de alineada con el partido azul y de haberse convertido en alguien que ha hecho de la institución, un reducto para defender a los afines al nuevamente partido de gobierno que conoció el ejercicio del poder durante catorce años consecutivos.

La gestión de Cruz ha producido un extenso y pormenorizado informe defensorial que expone con notable rigor y apego a la veracidad de los hechos, lo sucedido en el peor año de este siglo que pudo vivir Bolivia en materia de violaciones a los derechos humanos, durante fines de 2019 y gran parte de 2020. Si se examina con detenimiento dicho documento, se comprobará que gran parte de sus contenidos coincide con lo hecho por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) enviado a nuestro país por la Comisión Interaramericana de Derechos Humanos (CIDH), pero como las maltrechas oposiciones privilegian el tirarle basura al MAS, descalifican la gestión de alguien que tiene trayectoria, conocimiento y compromiso en la gestión de defensa de los derechos humanos en el país.

A las puertas de un nuevo nombramiento en el cargo para la gestión 2022 – 2028, el escenario se presenta carnavalesco y anecdótico. Debe ser una broma que un converso como Manuel Morales Alvarez del mal llamado Comité Nacional de la Democracia (CONADE), aparato antimasista por sobre todas las cosas, pretenda considerarse habilitado para optar al cargo. No puede por requisitos. No debe porque jugó de manera sesgada y vergonzosa el papel de portavoz de Amparo Carvajal durante el gobierno de Áñez, mandamás de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, que entre varias de sus lamentables actuaciones,  calificó como “resistencia necesaria” a un grupo irregular violento como la Resistencia Juvenil Cochala que ya tiene a un sentenciado por asesinato de un periodista y a varios otros procesados por desmanes, violencia, racismo y discriminación producidos entre octubre y noviembre de 2019.

Bolivia necesita una Defensora del Pueblo. No un Defensor. Debe ser mujer porque en tiempos de desenfrenada violencia de género, el activismo feminista debe profundizar el rol decisivo que juega,  fortaleciendo su presencia en la administración de las instituciones estatales comprometidas por ley a luchar por los derechos ciudadanos en todas sus instancias. La Defensora del Pueblo no puede ser una militante del MAS, de Creemos o de Comunidad Ciudadana y por lo tanto tampoco una ex diputada o ex senadora que ejerció funciones con carnet partidario, según los requisitos en discusión para la selección de quienes cuenten con todas las credenciales de idoneidad y profesionalismo para ejercer al cargo.  Tampoco parece sensato pensar en feministas que en el extremo de un posicionamiento “anti sistema”, utilicen las armas de la violencia verbal patriarcal para combatir a machistas, feminicidas, violadores seriales y otras ramas que forman parte de la monstruosidad masculina.

La Defensora del Pueblo debe ser, en primer lugar, alguien con recorrido en el activismo y en la defensa cotidiana de los derechos humanos. Que conozca la problemática a fondo y que tenga en su espectro qué y cómo se debe gestionar la institución y para ello, como para ningún otra instancia de alta responsabilidad pública, la elección debiera hacerse por consenso, producto de la unanimidad en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Hacer lo otro, ajustando requisitos a la medida de la agenda política gubernamental, o a la de los intereses de las minorías parlamentarias, sería incurrir en tretas que inviabilizarían la elección. De la histeria, el griterío, el insulto y el jaloneo de diputados o senadores, hay que pasar a la mesa del razonamiento. El MAS debe ceder y por supuesto que sus oposiciones también.

El año 2016, Rogelio Mayta debió haber sido elegido Defensor del Pueblo, pero no sucedió porque se impusieron criterios que superaron la rigurosidad de la convocatoria. Que no suceda otra vez. Que en esta oportunidad llegue la mejor opción por compromiso, conocimiento, dedicación y credenciales de transparencia. Figuran algunas candidatas, de las que hay que descartar a Nadia Cruz que ha manifestado no ser de su interés el tema. En ese conjunto de mujeres que trabajan a diario en temática tan sensible, debiera estar la nueva Defensora del Pueblo. Se trata de personas que no necesitan vociferar en las calles para demostrar cuanto se puede trabajar en esta materia con conocimiento, probidad y sentido de oportunidad.

La Defensoría del Pueblo tiene como misión prioritaria defender a la ciudadanía común de los abusos que comete el Estado contra ella. En otras palabras, su tarea pasa, en gran medida, por una necesaria y permanete interpelación al poder, tan saludable para cualquier democracia.

Originalmente publicado en la columna Contragolpe de La Razón el 13 de marzo.

Bolivia: El Gral. Terceros, cerebro militar del golpe, a juicio por tráfico de armas

 

Si bien el Gral. Williams Kalimán, Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia, fungió como portavoz de la “sugerencia” de renuncia a Evo Morales en noviembre de 2019, se sabe que quién coordinaba los operativos político militares para consolidar la caída del entonces presidente, era el Gral. Gonzalo Terceros, Comandante de la Fuerza Aérea.

Con el propósito de salir liberado por condena mínima (tres años de cárcel), Terceros ha recuperado la memoria de manera súbita, acogiéndose a un juicio abreviado en el que ha admitido su complicidad y culpabilidad por resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes e incumplimiento de deberes. De esta manera, junto al que fuera comandante de la Naval, Almirante Gonzalo Jarjury, Terceros tramita afanosamente su mandamiento de libertad, probablemente sin tener todavía conciencia del  nuevo lío  judicial que le espera:  Apenas transponga las puertas del Penal de Palmasola de Santa Cruz de la Sierra, tendrá que enfrentar el juicio que acaba de instaurarle el ministerio de Gobierno por tráfico de armas con la Argentina entonces gobernada por Mauricio Macri.

En julio de 2021 Terceros fue detenido y declaraba no recordar nada, cuando es sabido que trató de evitar que Evo Morales y su vicepresidente, Alvaro García Linera, ya renunciados, abordaran el avión presidencial que debía trasladarlos de La Paz hasta Chimoré donde lo esperaban campesinos cocaleros dispuestos a protegerlo. Al no lograr impedir la partida del avión, Terceros instruyó que la nave, una vez aterrizada en el subtrópico de Cochabamba, se dirigiera al hangar militar, lo que generó una indignada reacción de Morales y García Linera que lograron finalmente descender en la plataforma principal del aeropuerto.

El siguiente capítulo protagonizado por Terceros estuvo relacionado con la autorización para que el avión enviado por el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, saliera del espacio aéreo boliviano. También saboteó la partida de la nave que en principio debía hacer escala en Lima para cargar combustible y que finalmente cambió de dirección hacia Asunción, gracias a gestiones que facilitaron que el presidente Mario Abdo instruyera la llegada de Evo Morales, ya protegido por el asilo político, previa a su traslado a Ciudad de México.

Las actuaciones de Terceros fueron determinantes para la consolidación de la presidencia de facto de Jeanine Áñez, a quién le facilitó el helicóptero para que aterrizara en el Colegio Militar de La Paz, junto a su colega senador Oscar Ortíz, con el objetivo de reunirse el lunes 11 de noviembre de 2019 con Luis Fernando Camacho, presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz que se encontraba en la sede de gobierno una vez conseguido el objetivo de la dimisión de Morales en gran medida fogoneado por el ahora gobernador cruceño que fue el primero en pedir la renuncia de Evo.  En ese clima enrarecido, mientras Áñez se reunía con Camacho, Terceros comandaba las operaciones de sobrevuelos rasantes de aviones de combate T-33 sobre localidades de La Paz y Oruro que amedrentaban a pobladores civiles, la mayoría de ellos opuestos a la salida de Evo del gobierno.

Fue Jorge “Tuto” Quiroga, heredero político del dictador Banzer, quién declaró publicamente que estaba encargado de  realizar gestiones con Terceros:  “A todos ustedes quiero pedirles disculpas, que comprendan que ayer tuve que hacer algo que nunca pensé que iba a tener que hacer, gestiones con la Fuerza Aérea Boliviana para que el tirano salga de Bolivia, a fin de que pacifiquemos el país”, comentó en un video que fue difundido en redes sociales, que luego fue retirado. En otras palabras, la línea directa entre Quiroga y Terceros fue crucial debido a que la permanencia de Evo en Bolivia implicaba para los conspiradores una espiral de convulsión social que haría muy dificultoso el éxito del golpe.

El Gral. Gonzalo Terceros es el principal jefe militar del golpe en Bolivia y no como muchos creen el Comandante en Jefe Williams Kalimán. En su acusación formal contra el ex Comandante de la Fuerza Aérea, y contra el Comandante de la Policía, Gral Yuri Calderón, el Ministerio de Gobierno pregunta: “¿Cómo un comandante de la Fuerza Aérea encargado de asegurar la Soberanía y Defensa del espacio aéreo nacional conforme el Art 59 inciso a de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas envió un pedido de armamento y luego un agradecimiento oficial a otro país?¿ Qué otras operaciones se realizaron en el Transporte Aéreo Militar (TAM) y en el hangar de los Diablos Negros además de la descubierta por los testigos que transportaron los agentes químicos y armamento que bajaron el avión FIC ATC 006 C 130 argentino la madrugada del 13 de noviembre de 2019?¿ Cuánto armamento letal fue transportado por la tropa militar extranjera realmente? ¿En qué momento se realizó toda esa articulación perfecta entre Bolivia y Argentina para que el avión FIC ATC 006 C 130 llegue cargado en la madrugada del 13 de noviembre de 2019 apenas horas después de la autoproclamación como presidenta de Bolivia de Jeanine Añez Chávez?”

El fallo judicial en el juicio abreviado recientemente librado, ha sido extremadamente generoso con el Gral. Terceros. Al habérselo sentenciado con tres años de cárcel, el ordenamiento jurídico boliviano le permite quedar en libertad, pero como la actuación de este militar tiene varias aristas en el derrocamiento de Evo Morales, ahora debe comparecer nuevamente ante la justicia por haber entablado una relación irregular de penetración de municiones y efectivos militares argentinos (alacranes), vulnerando los procedimientos consignados en la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (LOFA). Terceros, como todos sus camaradas del Alto Mando de entonces están siendo procesados por haber desconocido el poder civil constituído que dio lugar a un gobierno de facto que en casi un año de ejercicio, produjo masacres como las de Sacaba  y Senkata y estropeó la economía boliviana utilizando la cortina de humo de la pandemia que castiga a todo el planeta.

Originalmente publicado en Noticias de América Latina y el Caribe (NODAL) el 27 de febrero.

 

La porfía de Página Miente

 

El dizque periodismo que practica el diario Página Miente es una mezcla de caviar con nachos. Confunde la velocidad con el tocino, y cree haber descubierto la fórmula para descomponer la cuadratura del ciclo. Su problema es profundo y ético porque se maneja por referencias morales  --no soporta saberse parte del golpismo de 2019—y en ese transcurrir salta de consigna en consigna para trampear a la hora de pretender exponer los hechos.

Página Miente no admite que le emponchen formar parte de un cartel que distorsiona la materia básica de la que se nutre el periodismo consistente en acontecimientos y hechos verificables en la realidad. Su atrincheramiento pasa por la formidable conclusión de que como Evo Morales renunció, lo del golpe de Estado es una patraña, una posverdad. Ni los trituradores de teclados con los que cuenta se lo creen, pero insiste porque necesita encontrar un detergente lava conciencia que no existe. Lo uno no tiene nada que ver con lo otro. Evo pudo haber renunciado y hasta pensar que una sucesión inconstitucional le serviría para atenuar su salida del gobierno en calidad de víctima,  producto de su forzada candidatura violatoria del resultado de un referéndum, y eso nada tiene que ver con la forma en que se operó la llegada de Jeanine Áñez a la presidencia del Estado.

El periodismo boliviano, lo mismo que los actores políticos con la justicia, debería firmar un gran acuerdo gremial desprovisto de filtros ideológicos y líneas editoriales en defensa radical e incondicional de los derechos humanos en un país tantas veces aplastado por la violencia política y las masacres, pero gran parte de el, enquistado en estructuras empresariales devotas del capital transnacional, del saqueo y la injerencia, prefiere mirar para otro lado y defender lo indefendible: Las resoluciones contrarias a la Constitución para instalar un gobierno, que por si fuera poco, hizo de la transición un enorme campo de juego para la represión policial-militar,  la corrupción, el matonaje y la extorsión judicial.

Página Miente es heredero sentimental del golpismo banzerista de 1971. Tiene en su ser ideológico una visión entre reaccionaria y neoliberal de la política y de la economía, y desde estas matrices puede comprenderse que pretenda subestimar a su puñado de lectores, diciendo que como Evo renunció “voluntariamente” no hay tal golpe. Consideración tan peregrina como esta no es un razonamiento. Es un artefacto barato y deleznable. Para llegar a la silla presidencial, Áñez no pasó por la recomposición previa de la directiva del Senado, en primer lugar, y menos se encontraba en la línea de sucesión en su calidad de segunda vicepresidenta. Al no haberse tratado formalmente las renuncias de Morales, García Linera, Salvatierra y Borda, al no haberse instalado las sesiones de la Cámara Alta primero y de la Asamblea después, los asaltantes del poder –la propia Áñez instrumentada por sus colegas Ortíz y Murillo-- se pasaron por encima la normativa para agarrar al vuelo un comunicado del Tribunal Constitucional aludiendo a la sucesión de 2001  --Jorge Quiroga sucediendo a Banzer-- como antecedente y con la que el Doctor Luis Vásquez Villamor, amigo abogado de Tuto, fabricó el embuste del Ipsofacto con el que se pretendió embaucar a todo el país. La realidad, los hechos, es decir el  periodismo apegado a la verdad histórica, demuestran que no lo logró, que un comunicado no puede ser el sustento  para la elección del presidente de un Estado, con prescindencia de sus instancias y procedimientos institucionales señalados por norma. Tomaduras de pelo como esa, sólo pueden funcionar en una película neocolonialista sobre alguna república bananera de los 60.

Si Página Miente prefiere, no le llamaremos Golpe de Estado. Dejemoslo en sucesión inconstitucional y en consecuencia, en gobierno de facto, que relativizó sus acciones y pretendió  ataviarse de democrático con el alargamiento de mandatos de senadores y diputados hasta que se realizaran nuevas elecciones, luego de anuladas las de 2019. Si las cosas no se tornaron peores fue porque algunas voces sensatas evitaron que funcionara el plan de la proscripción del MAS del ordenamiento electoral boliviano, interceptado por quienes estaban concientes de que semejante intento abría las compuertas de la guerra civil.

La insistencia en un fraude nunca demostrado técnica y juridicamente, y en la defenestración no del candidato Morales, sino del Presidente Morales (su mandato debía concluir en enero de 2020) dió lugar a la interrupción de la democracia plena que sólo es tal con todos los órganos del Estados legal y legítimamente constituídos. Periodistas como el que escribe, tienen documentados los hechos a través de un trabajo de veinticuatro meses. Desafío a Página Miente y a cuantos medios quieran, juntos o por separado, a debatir publicamente las características de la estructuración del gobierno de Áñez.

 ¿Qué parte de sucesión in-cons-ti-tu-cio-nal no quiere entender Página Miente y similares para que se la expliquemos una y mil veces?

Originalmente publicado en la columna Contragolpe de La Razón el 26 de febrero.

La corrupción invisible

 

Los ítems fantasmas de la Alcaldía de Santa Cruz, el sobreprecio del vertedero municipal de esa ciudad, el chapucero intento de compra de ambulancias de la Gobernación de Potosí, la otorgación de detenciones domiciliarias a monstruos masculinos que violan y asesinan, a cargo de jueces protegidos por el mismísimo Consejo de la Magistratura, el mal uso de un despacho  departamental para armar una farra impresentable que bien podía organizarse en algún domicilio particular, los pedidos de porcentajes para cualquier tipo de trámite en municipios de distintos lugares del país y  una lista inacabable de dispositivos surgidos de la viveza criolla, ponen en evidencia cuán torpes han sido los autores de  todos estos dislates de utilización de lo institucional para beneficio privado, concepto principal de corrupción en el ejercicio del servicio público.

Ángelica Sosa, ex alcaldesa de Santa Cruz de la Sierra; Jhonny Mamani, gobernador de Potosí y Gonzalo Alcón, ex presidente del Consejo de la Magistratura han ingresado en la galería de los funcionarios públicos que han tenido la capacidad de dejar todas las huellas digitales posibles acerca de conductas y acciones reñidas con la honestidad y la transparencia. El de Sosa es el único caso de las figuras opositoras al MAS a la que no le han desplegado la cortina de la persecución política que es la estratagema para tapar delitos en supuesta defensa de la democracia y la libertad. Es decir, no puede ser una perseguida política porque los escandalosos indicios informan que se trata de alguien que amasó mucho dinero corrompiendo el funcionamiento del municipio cruceño.

Sosa, Mamani, Alcón y muchísimos otros están fritos. Hay papeles desarchivados  del desván de una despechada señora, hay evidencias de cuentas bancarias, hay personajes de distintos tamaños que han sido descubiertos en sus conexiones y que armaron aparatos para su beneficio y que por supuesto sólo pueden funcionar con los engranajes de las burocracias, las firmas autorizadas, y los vistos buenos de funcionarios intermedios. Los mejores ejemplos de esto son los hermanos Parada que hasta por apariencia física resultan gemelos. Está claro: Tuvieron oficio y años de ejercicio para generar dineros para trabajadores que nunca trabajaron y a los que se les daba mendrugos de pan a cambio del uso de sus identidades.

Los hasta aquí descritos, digamos que van dejando evidencias a cada paso que dan y por eso terminan presos, prófugos y alguno más astuto consiguiendo refugio político fuera del país, pero si hay corruptos a los que hay que reconocerles sagacidad para aprovechar sus circunstanciales cargos en la gestión pública, son esos que no dejan una sola hilacha en el trayecto y a los que no se puede acusar de absolutamente nada porque no  hay rastro alguno que pueda incriminarlos. “Esos son los elegidos” dirían Les Luthiers.

El que dice que no hay crímen perfecto en lo concerniente al ejercicio de un cargo por elección democrática, designación meritocrática o peguismo partidario está equivocado por desinformación o porque más conviene no husmear en sitios peligrosos que pueden generar consecuencias funestas. Vayamos a un ejemplo de cómo funciona la corrupción invisible: Compra de plantines para adornar plazas y jardineras de una ciudad. El proyecto tiene un precio de un millón de bolivianos. Hay que licitar y adjudicar de entre tres propuestas. Gana la mejor por precio y calidad. No hay sobreprecio. No hay gastos adicionales. No hay reprogramación financiera del costo original porque hay cumplimiento en los plazos de entrega. Pero resulta que el precio real “entre nos”, es de solamente 700 mil bolivianos, información que nunca llega a saberse porque contratante y contratado han gestado un acuerdo de palabra. Un acuerdo secretísimo por supuesto. Dicho y hecho, la empresa termina el trabajo, cobra el millón y transfiere “a terceros” 300 mil bolivianos. El nombre de la autoridad no aparece por ninguna parte, no hay una firma que lo incrimine, su “comisión” es entregada en efectivo (los maletines de siempre) o se deposita en cuentas de palos blancos. Esa autoridad o funcionario se ha aprovechado del cargo para embolsar un monto, producto de su poder de decisión. ¿Hay delito? ¿Dónde? ¿Y las pruebas? Sin ellas no se puede acusar a nadie. Los silenciosos “acuerdos de caballeros” no forman parte de código penal alguno.

Para completar el cuadro, la autoridad o funcionario que actúa de esta manera, sin dejar vestigio alguno de sus habilidades, toma previsiones para no caer en el redil de la legitimación de las ganancias ilícitas y para ello, todos los bienes adquiridos y  las cuentas bancarias locales e internacionales se encuentran a nombre de terceros, los mismos u otros que embolsaron los 300 mil bolivianos.  Son unos verdaderos perfeccionistas en la consumación de actos de corrupción de gran estilo y de los que nunca nos enteraremos.

Originalmente publicado en la columna Contragolpe de La Razón el 12 de febrero.

La pobreza intelectual de la derecha

 

Nunca antes la derecha boliviana había sido tan escuálida en ideas y en formulaciones programáticas para el país desde el regreso a la democracia en 1982. Basta recordar que fue precisamente el banzerismo el que introdujo al economista de Harvard Jeffrey Sachs en Bolivia para escribir y desplegar el 21060, decreto con el que funcionaria la economía boliviana durante dos décadas y que contó con ejecutantes que sabían hacer su trabajo en función de sus intereses de clase: El propio Banzer, Paz Estenssoro, Sánchez Lozada e incluso Paz Zamora que terminó absorvido por el neoliberalismo luego de sus años de militancia en la izquierda con influencia social demócrata europea.

Desde el día en que Evo Morales ganó por primera vez la presidencia, quedó sellado el colapso de un sistema de partidos que quedó agotado, producto de las nunca satisfechas demandas ciudadanas durante  esos veinte años de políticas económicas en los que mandaba el mercado, la fuga de capitales y el achicamiento del Estado. Durante todo ese tiempo las organizaciones sociales resistieron despidos masivos, gasolinazos y otras medidas de “ajuste estructural” hasta que tradujeron sus largas luchas en una participación electoral que situó por primera vez en la historia a un dirigente sindical en el gobierno. No lo había podido lograr Juan Lechín en los 60, y grandes dirigentes de formación socialista y comunista habían sido expulsados del firmamento político boliviano con encarcelamientos (Irineo Pimentel, Federico Escóbar de la Federación de Mineros) y asesinatos como el de Marcelo Quiroga Santa Cruz en 1980.

Cuando en Bolivia mandaba la derecha en el poder tutelada desde el norte imperial, combinando esfuerzos e ideas con un nacionalismo revolucionario culipandero como el que manejaron a su antojo según conveniencias de coyuntura, Paz Estenssoro y Siles Zuazo, una Bolivia paralela siguió soportando políticas represivas de acallamiento, suavizadas con el retorno a la democracia si se las compara con la policía secreta y los campos de concentración de Claudio San Román durante el período revolucionario del 52, y las prácticas represivas de terrorismo de Estado a cargo de las dictaduras militares.

Una larga e incansable lucha de resistencia durante el republicanismo neocolonial se desarrollaba en esa Bolivia paralela a la que se le prestaba una atención secundaria en las esferas informativas oficiales de las ciudades hasta que se instaló una nueva configuración de las prácticas políticas y del ejercicio del poder con un instrumento que hoy día no puede pensar su funcionamiento sin la interpelación, los reclamos y los pedidos de ajuste de sus organizaciones colectivas expresadas en primer lugar en el Pacto de Unidad que hace un par de semanas se sentó en una reunión con el presidente y el vicepresidente del Estado para hacerle conocer sus criterios con respecto del equipo de ministros con el que el gobierno funciona desde hace casi quince meses.

No conocemos otro país en que los colectivos organizados de campesinos, indígenas, mujeres, obreros y una significativa diversidad gremial tiene hoy la posibilidad de pedirle cuentas al poder político de manera directa, de demandar espacios de decisión, naturalmente con resultados desiguales entre la eficiencia de éxito y la burocratización que puede conducir a la corrupción, pero que se ha convertido en la estructura participativa de un Estado que ha  recuperado su tamaño e incidencia en la vida del país y que  tiene enfrente a esa derecha que obsesionada con la desaparición del MAS, ha logrado vaciarse completamente de contenidos propios, privándonos de un juego político en el que la alternativa sea parte fundamental del debate y no esa postura reactiva que está exclusivamente dedicada a referirse a lo que pasa o deja de pasar en la estructura masista.

Cuando se produjo el triunfo de Arce-Choquehuanca el 18 de octubre de 2020, me apresuré a predecir un regreso a la democracia de pactos, a la búsqueda de consensos para la toma de decisiones en materia de políticas públicas. Me equivoqué de cabo a rabo porque ninguna de las dos formaciones opositoras con presencia parlamentaria tienen perfil para convertirse en verdaderas fuerzas con discurso alternativo al nacional popular que sostiene el MAS desde su llegada al poder que ya se acerca a las dos décadas de vigencia con la breve y devastadora interrupción del golpe de Estado de 2019.

El llamado modelo cruceño debería ser una referencia central para construir un discurso altenativo al MAS, pero la coyuntura lo tiene prisionero en una guerra interna de acusaciones y contra acusaciones donde campea la corrupción institucional como nunca antes había sucedido. Mientras Santa Cruz no supere el resquebrajamiento de su gobernación y su principal municipio atestados de corruptos con distintas especialidades se hace difícil establecer una interlocución que permita instalar una mesa plural acerca del destino del país.

Originalmente publicado en la columna Contragolpe del diario La Razón el 29 de enero.