La corrupción invisible

 

Los ítems fantasmas de la Alcaldía de Santa Cruz, el sobreprecio del vertedero municipal de esa ciudad, el chapucero intento de compra de ambulancias de la Gobernación de Potosí, la otorgación de detenciones domiciliarias a monstruos masculinos que violan y asesinan, a cargo de jueces protegidos por el mismísimo Consejo de la Magistratura, el mal uso de un despacho  departamental para armar una farra impresentable que bien podía organizarse en algún domicilio particular, los pedidos de porcentajes para cualquier tipo de trámite en municipios de distintos lugares del país y  una lista inacabable de dispositivos surgidos de la viveza criolla, ponen en evidencia cuán torpes han sido los autores de  todos estos dislates de utilización de lo institucional para beneficio privado, concepto principal de corrupción en el ejercicio del servicio público.

Ángelica Sosa, ex alcaldesa de Santa Cruz de la Sierra; Jhonny Mamani, gobernador de Potosí y Gonzalo Alcón, ex presidente del Consejo de la Magistratura han ingresado en la galería de los funcionarios públicos que han tenido la capacidad de dejar todas las huellas digitales posibles acerca de conductas y acciones reñidas con la honestidad y la transparencia. El de Sosa es el único caso de las figuras opositoras al MAS a la que no le han desplegado la cortina de la persecución política que es la estratagema para tapar delitos en supuesta defensa de la democracia y la libertad. Es decir, no puede ser una perseguida política porque los escandalosos indicios informan que se trata de alguien que amasó mucho dinero corrompiendo el funcionamiento del municipio cruceño.

Sosa, Mamani, Alcón y muchísimos otros están fritos. Hay papeles desarchivados  del desván de una despechada señora, hay evidencias de cuentas bancarias, hay personajes de distintos tamaños que han sido descubiertos en sus conexiones y que armaron aparatos para su beneficio y que por supuesto sólo pueden funcionar con los engranajes de las burocracias, las firmas autorizadas, y los vistos buenos de funcionarios intermedios. Los mejores ejemplos de esto son los hermanos Parada que hasta por apariencia física resultan gemelos. Está claro: Tuvieron oficio y años de ejercicio para generar dineros para trabajadores que nunca trabajaron y a los que se les daba mendrugos de pan a cambio del uso de sus identidades.

Los hasta aquí descritos, digamos que van dejando evidencias a cada paso que dan y por eso terminan presos, prófugos y alguno más astuto consiguiendo refugio político fuera del país, pero si hay corruptos a los que hay que reconocerles sagacidad para aprovechar sus circunstanciales cargos en la gestión pública, son esos que no dejan una sola hilacha en el trayecto y a los que no se puede acusar de absolutamente nada porque no  hay rastro alguno que pueda incriminarlos. “Esos son los elegidos” dirían Les Luthiers.

El que dice que no hay crímen perfecto en lo concerniente al ejercicio de un cargo por elección democrática, designación meritocrática o peguismo partidario está equivocado por desinformación o porque más conviene no husmear en sitios peligrosos que pueden generar consecuencias funestas. Vayamos a un ejemplo de cómo funciona la corrupción invisible: Compra de plantines para adornar plazas y jardineras de una ciudad. El proyecto tiene un precio de un millón de bolivianos. Hay que licitar y adjudicar de entre tres propuestas. Gana la mejor por precio y calidad. No hay sobreprecio. No hay gastos adicionales. No hay reprogramación financiera del costo original porque hay cumplimiento en los plazos de entrega. Pero resulta que el precio real “entre nos”, es de solamente 700 mil bolivianos, información que nunca llega a saberse porque contratante y contratado han gestado un acuerdo de palabra. Un acuerdo secretísimo por supuesto. Dicho y hecho, la empresa termina el trabajo, cobra el millón y transfiere “a terceros” 300 mil bolivianos. El nombre de la autoridad no aparece por ninguna parte, no hay una firma que lo incrimine, su “comisión” es entregada en efectivo (los maletines de siempre) o se deposita en cuentas de palos blancos. Esa autoridad o funcionario se ha aprovechado del cargo para embolsar un monto, producto de su poder de decisión. ¿Hay delito? ¿Dónde? ¿Y las pruebas? Sin ellas no se puede acusar a nadie. Los silenciosos “acuerdos de caballeros” no forman parte de código penal alguno.

Para completar el cuadro, la autoridad o funcionario que actúa de esta manera, sin dejar vestigio alguno de sus habilidades, toma previsiones para no caer en el redil de la legitimación de las ganancias ilícitas y para ello, todos los bienes adquiridos y  las cuentas bancarias locales e internacionales se encuentran a nombre de terceros, los mismos u otros que embolsaron los 300 mil bolivianos.  Son unos verdaderos perfeccionistas en la consumación de actos de corrupción de gran estilo y de los que nunca nos enteraremos.

Originalmente publicado en la columna Contragolpe de La Razón el 12 de febrero.