La próxima vez será guerra civil

 

La pesadilla de un gobierno de transición inconstitucional y represivo se acabó en Bolivia el 8 de noviembre de 2020 cuando Luis Arce y David Choquehuanca comenzaron a reconducir el estado de derecho, producto de su apabullante triunfo con un 55 por ciento de los votos que les permitió acceder a la presidencia y a la vicepresidencia del Estado Plurinacional en primera vuelta, con una aplastante diferencia de 27 por ciento sobre la segunda fórmula más votada, la de Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana (CC).

El Movimiento al Socialismo (MAS) gobierna Bolivia hace catorce meses con un presidente de perfil discreto y resolutivo combatiendo el Covid-19 con una alta cobertura de vacunación que ya llega a los niños de cinco años y generando las condiciones para la recuperación de la economía que se  tiene previsto llegue este 2022 a un crecimiento aproximado de 5 por ciento.

Los números de la economía sudamericana dicen que Bolivia es el país con más baja tasa de inflación del continente durante 2021, con 0.90 por ciento y si esta cifra se la compara con el 224 por ciento alcanzado por Venezuela y el 45 por ciento en Argentina, significa que la apreciación de la moneda boliviana manteniendo precio fijo por dólar estadounidense hace ya más de una década, es signo de que en el país las variables de la economía se encuentran bajo control y permiten pensar que no hay motivos para una crisis intempestiva a pesar de cuánto ha jugado la pandemia en contra de los agentes económicos formales e informales.

Mientras tanto, en el ámbito político, a dos semanas de recordarse la creación del Estado Plurinacional ( 22 de enero de 2009) producto de un referéndum con el que se modificó la Constitución Política del Estado (60 por ciento de aprobación), los sectores opositores al gobierno siguen más pendientes de lo que le sucede internamente al partido de gobierno, que lo que puedan proponerle al país alternativamente. En este contexto, Bolivia se encuentra en la temporada de especulaciones sobre cambios de ministros con críticas genéricas de Evo Morales a dignatarios nombrados por el presidente Arce “que no defienden al presidente, están preocupados por cuidar su imagen personal y se autodefinen como técnicos y no políticos”.

El pasado mes de noviembre, el gobierno abrogó la ley 1386 contra la legitimación de ganacias ilícitas, luego de un paro de nueve días promovido por el Comité Cívico Pro Santa Cruz, presidido por Rómulo Calvo, alfil del gobernador Luis Fernando Camacho, protagonista principal del derrocamiento de Evo Morales en noviembre de 2019. El paro, muy similar en características al de los veintiún días que desembocaron en el golpe de 2019,  se produjo casi exclusivamente en el oriente del país, más precisamente en la ciudad capital Santa Cruz de la Sierra y estaba basado en el argumento de que se trataba de un cuerpo legal con características de persecución y control político contra los ciudadanos que al gobierno le interesaría neutralizar según necesidades de coyuntura.

A partir de ese momento, con el retroceso gubernamental en la puesta en práctica de esta ley, el presidente Arce que en sus discursos del 6 de agosto (aniversario de la fundación del país) y 8 de noviembre (aniversario del primer año de gobierno) había fustigado sin concesiones a los autores del golpe de Estado, decidió bajar los decibeles de sus ataques y prueba de ello son reuniones que él mismo se encargó de convocar a gobernadores y alcaldes para concertar alcances de competencias sobre la ley del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 2021 – 2025. Ese acercamiento, en el que muchos gobernantes subnacionales opositores participaron, sirvió para distender los ánimos que ahora se encuentran sujetos a la nueva ola de contagios por Covid-19 que ha dado lugar a una alarma colectiva que ha desatado concurrencias masivas a los puntos de vacunación como no había ocurrido durante 2021.

La realidad boliviana, sin embargo, es siempre más compleja que sus coyunturas que en términos de políticas económicas se han manejado con racionalidad y coherencia durante los catorce años que le tocó gobernar a Evo Morales, y que ahora continúa como presidente su ex ministro de Economía que sobre políticas públicas ha adquirido una gran experiencia.  Esa complejidad pasa por el malestar que genera la nueva oleada progresista que se está produciendo en el continente con las llegadas de  Pedro Castillo a la presidencia del Perú, Xiomara Castro  a la de Honduras y  Gabriel  Boric a la de Chile . Si a ellas se suma a los gobiernos de Bolivia, Argentina, México, Cuba, Venezuela, Nicaragua y el probable triunfo de Lula en Brasil, nuevamente los espectros del fundamentalismo evangélico y fascista del continente emprenderán campañas de desestabilización apelando a su conocimiento y experiencia en materia de instalación de noticias falsas en las redes sociales para trabajar, como muy bien saben hacerlo, en el sistema de creencias de las clases medias “apolíticas”.

Como bien se sabe, la capacidad de injerencia para desatar la caída de Evo en Bolivia pasó por una acción concertada en la que intervinieron la OEA de Luis Almagro, la Unión Europea, las Embajadas de los Estados Unidos y Brasil, y la Iglesia Católica. De esa realidad, las organizaciones sociales afines al gobierno boliviano, como nunca empoderadas en su larga historia de despojos de recursos naturales, golpes de Estado y masacres, están plenemante concientes y por ello presionan para que se enjuicie y condene a Jeanine Áñez cuanto antes, y a quienes fueron parte de la defenestración, políticos ex candidatos a la presidencia, militares y policías. Áñez está recluida con detención preventiva desde marzo del pasado año, su ministro de Gobierno, Arturo Murillo, encarcelado en Miami por compra ventas irregulares de material disuasivo represivo, mientras Luis Fernando Camacho quedó legitimado por su elección como gobernador de Santa Cruz, y Oscar Ortíz que ya no habla más de política fue nombrado Rector de la Universidad Católica en el departamento cruceño: Su filiación en el Opus Dei parece haberlo convertido en un intocable al que solamente se convocó a declarar una sola vez ante el ministerio público por el golpe de 2019 y a partir de ese momento un manto de impunidad lo protege.

Hay otros actores importantes como Carlos Mesa, el dos veces derrotado candidato opositor, inicial instigador de la toma de sedes departamentales electorales que desataron el golpe, o Samuel Doria Medina, empresario ahora dedicado a terminar una rascacielos de cuarenta pisos en la zona residencial de La Paz. El primero usa el twitter para referirse a temas de agenda y el segundo, lo mismo que Ortíz, prácticamente ha dejado de hablar de política en escenarios públicos, luego de haber sido el candidato a la vicepresidencia de Jeanine Áñez que finalmente renunció a su postulación, debido a su desastrosa gestión como presidenta de transición.

La derecha boliviana, las clases medias que repudian la emergencia de las clases subalternas, que desprecian el proyecto nacional popular de las organizaciones de trabajadores indígenas, campesinos y obreros, se quedaron sin coartada, esa que se usó para sacar a Evo del poder: “Quiere eternizarse en la presidencia, quiere reelegirse cuantas veces le venga en gana.” Al haberse extinguido la causa del golpe de 2019 hoy ya no hay pretextos, en tanto el MAS ha regresado al poder y que fundamentalmente desde el Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos (IPSP) ha aprendido que hay que tomar previsiones ante el surgimiento de cualquier nuevo aventurerismo y que por lo tanto daría lugar ya no a un embate unilateral reaccionario sino, a una respuesta contundente que abriría el escenario para una guerra civil en el que un baño de sangre marcaría de manera brutal y descarnada la existencia de esas dos bolivias, la auténtica originaria y combatiente por su autodeterminación, frente a la conservadora, que sigue actuando como si los indios autoidentificados en 36 pueblos y naciones, fueran nada más sus pongos, sus mulas de carga, que están nada más para servirles y obedecerles por los siglos de los siglos. Esa realidad ha cambiado radicalmente en el país, pero los sectores acomodados, cargados de racismo y menosprecio, no están dispuestos a enterarse.

Originalmente publicado en Noticias de América Latina y el Caribe (NODAL) el 08 de enero.

Miedo

 

Se equivoca el opinador Valverde Bravo cuando dice “ya nos conocen, por eso nos tienen miedo”y a continuación destaca los atributos del llamado modelo cruceño frente al histórico andinocentrismo del que el departamento más extenso de Bolivia ha sido víctima durante la historia republicana. Se equivoca porque el miedo no es a esa visión predominantemente regional que podría catapultar a Santa Cruz hacia la cosmopolitanización de su cultura, su identidad, y para el gusto de los empresarios agroexportadores y ganaderos a su empuje emprendedor.

Si ese modelo cruceño estuviera transversalizado por una vocación redistributiva del excedente que puede generar con su variedad productiva seguramente estaríamos hablando de un desarrollo distinto, más equitativo y pensado a partir de un juego de palabras que podría servir como gran desafío: Hay que bolivianizar Santa Cruz y hay que cruceñizar Bolivia, esto es, desprejuiciar al conservadurismo cruceño sobre la Bolivia “colla” y hacerle comprender a la Bolivia occidental “anticamba”, que los cruceños son tan cruceños y tan bolivianos como cualquier potosino o paceño.

El opinador se equivoca porque no es el temor a una manera de pensar acerca del lugar en el mundo que debe ocupar la cruceñidad o a sus capacidades competitivas el que podría generar algún miedo. Lo que provoca de Santa Cruz hasta escalofríos, es que se trata del departamento sede del fascismo, allá donde el Coronel/General Hugo Banzer Suárez supo construir desde su septenio dictatorial (1971 – 1978) un modelo político que sigue influyendo en el acontecer nacional de manera decisiva tal como sucedió con el derrocamiento de Evo Morales, protagonizado por un puñado de banzeristas que en distintos grados e intensidades mantuvo ligazones con el militar concepcioneño: Tuto su vicepresidente; Ortíz su subsecretario; Costas su compañero en la fraternidad Los Tauras y Camacho, hijo de un empresario falangista que participó en el golpe de 1971. 

No es miedo al modelo cruceño visto desde la economía y la competitivdad productiva entonces, es miedo a quienes reducen a categoría de bestias humanas a los indios de las alturas cordilleranas. Es miedo a los que bajan en plan patotero la bandera indígena constitucionalizada luego de ser izada en un aniversario cívico. Es miedo a las “ordas” paramilitares de la Unión Juvenil Cruceñista fundada por el padre del opinador, Carlos Valverde Barbery en 1957, militante de la Falange Socialista Boliviana (FSB) y ex ministro de Salud de la dictadura de Banzer que alguna vez declarara ser camba y no sentirse boliviano. Es miedo a esos facinerosos protegidos por militares y policías que corretearon masistas para hacerlos apresar ilegalmente en Montero los días del golpe de Estado de 2019, por el sólo hecho de militar en el partido instrumento de las organizaciones sociales que han luchado por la autodeterminación y la soberanía a lo largo de la historia.

Ese miedo pasa por las masacres que se han producido desde 1921 en Bolivia. A los contubernios cívico militares en los que en 2019 se añadieron motines policiales. Cuando Valverde define a los movimientos sociales como “militantes para gubernamentales” pone en evidencia su representatividad como escribidor de la Bolivia reaccionaria. Como si la Federación de Mineros, la COB, la CSUTCB, las Bartolinas y todos los gremios de obreros y campesinos de Bolivia estuvieran conformados por unos autómatas sin pensamiento y sin conciencia de clase, sin historia y sin participación en las luchas de un país caracterizado por las masacres, los desmembramientos territoriales y los saqueos a nuestros recursos naturales.  Esa es la Bolivia que desprecian por casi ignorancia total los camachistas orgullosos de un modelo con trampa: En lo que siempre les convino, el “modelo cruceño” se ha servido de papá Estado con sus operadores en el poder.

El banzerismo fue tan poderoso que fagocitó al MNR. Con gran lucidez Banzer supo manejar su relación con Paz Estenssoro que primero tuvo a un vicepresidente militar que le dio una patada en el culo (Barrientos, 1964), luego apoyó al Coronel junto a la Falange en el golpe del 71 para recibir otra patada en el culo en 1974 y terminó su carrera respaldado por ese Coronel que ya era General con el Pacto por la Democracia en 1985.

Para superar ese facismo anticomunista en tiempos en que se acabó el comunismo, es decir, para superar el miedo a los golpes de Estado, al autoritarismo y a las violaciones de los derechos humanos, los bolivianos de Santa Cruz y de cualquier otro departamento del país, debemos dejar los prejuicios en la puerta de ingreso y empezar a conversar para contarnos quienes somos. Como hicieron los empresarios de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) que se abrazaron en junio de 2021 con los Ponchos Rojos en Achacachi. Era una escena inconcebible para los racistas y facistoides de siempre:  Cambas emponchados y con lluchus y aymaras con sombreros de saó.

Originalmente publicado en la columna Contragolpe del diario La Razón de La Paz el 15 de enero.

 

Democracia interrumpida

 

Como un cortocircuito que daña la provisión de energía eléctrica a una casa o a un barrio, así fue el gobierno transitorio de Jeanine Áñez con las consecuencias que ya todos conocemos: En lugar de administrar gubernamentalmente el paso hacia una nueva elección de manera expedita, decidió posponer la realización de nuevos comicios lo más que se pudiera hasta que esa dilación se convirtió en la mejor arma de rearticulación del Movimiento al Socialismo (MAS) que con el bloqueo de carreteras de agosto (2020) y una campaña muy presencial de su binomio Arce-Choquehuanca, a pesar de la pandemia, tuvo al partido-instrumento liderizado por Evo Morales de regreso al Ejecutivo, más pronto que tarde a través de la voluntad popular expresada en las urnas.

Terminamos 2021 y comenzamos 2022 en el proceso de superación del trauma colectivo que generó ese gobierno del virus, en el que una enfermedad de escala planetaria y altamente contagiosa se ha convertido en metáfora expresiva del último brutal autoritarismo soportado por nuestra Bolivia históricamente caracterizada por la expoliación de sus recursos naturales, la explotación de sus mayorías proletarias y campesinas, la violencia política en todas sus expresiones, desde la psicológica hasta la masacre como método de acallamiento a los de abajo, aquellos que hasta hoy siguen empeñados en creer posible un país con identidades varias y autodeterminación a pesar de tantos terratenientes, empresarios, militares, policías, embajadores con instrucciones injerencistas y curas católicos que a lo largo de la República-Estado Plurinacional supieron ponerse de acuerdo para proscribir las voces mayoritarias y silenciarlas hasta la eliminación física cuando fuera necesario como  ha sucedido con por lo menos una docena de masacres perpetradas en Bolivia entre 1921 y 2019.

Transitando ya la tercera década del siglo XXI me ha quedado grabada la desoladora constatación de que la nueva configuración de las clases medias citadinas, los nuevos estímulos multisensoriales con los que funciona a diario, el surgimiento de una extrema derecha provista de anzuelos religiosos para atrapar a sus desprevenidos seguidores del mundo popular, han dado lugar a una terminante insensibilización con respecto de los derechos humanos y de las muertes de ciudadanos como producto represivo político de vigilancia y control social para que los revoltosos no osen pensar nuevamente en catapultar a algún representante suyo hacia las instancias del poder político.

En ese contexto, el ejercicio periodístico al que decidí apostar desde diciembre de 2019 ha desembocado en la publicación de “Democracia interrumpida, crisis de Estado y gobierno de facto en Bolivia”. Se trata de un libro en el que se registra una historiación de la violencia política y de las masacres a lo largo de nuestra historia, así como de las noticias, las lectoescrituras de los acontecimientos y los reportajes sobre hechos y personajes que caracterizaron el derrocamiento del gobierno de Evo Morales y al gobierno transitorio que encapsuló al país en una suerte de compendio de las peores expresiones que en su momento definieron el perfil represivo de la Revolución de 1952,  las dictaduras militares de los 70-80, el perfeccionamiento de un aparato extorsivo a través del ministerio público e instancias judiciales, y el montaje de un aparato diseñado para armar negocios de distintos calibres que dieron lugar a una corrupción galopante. Investigando, escribiendo, comparando datos, constatando versiones de difícil verificación he logrado espantar a los espectros de la muerte y a sus secuaces y a los ladrones de cuello blanco que ahora gritan cínicamente ¡persecución política!.

No tengo otra cosa que palabras de agradecimiento para Pedro Brieger, periodista y sociólogo argentino, director de Noticias de América Latina y el Caribe (NODAL), y Claudia Benavente, directora de La Razón, por haber creído en mi trabajo y haberlo sostenido durante estos últimos dos años con gran convicción. Debo mencionar, además, a Miguel Gómez, jefe de redacción de La Razón y a Alvaro Cuellar, editor del CIS, por haber leído y editado todos los textos con rigurosidad profesional.

 “Democracia interrumpida” consta de cinco partes que será publicado por el Centro de Investigaciones Sociales (CIS) de la Vicepresidencia del Estado, y es producto, en primer lugar, de la elaboración y edición de productos periodísticos que ha tenido lugar en estos medios de comunicación digitales e impresos en los que he podido expresarme a mis anchas, impugnando desde la recolección de los datos y las lecturas de las conductas públicas de sus protagonistas, lo que fue un gobierno del que sus personeros ahora reclaman debido proceso y respeto a sus derechos, esos que ellos violaron sistemáticamente enceguecidos por una criminalización que terminó convirtiéndose en su tumba política.

Originalmente publicado en la columna Contragolpe del diario La Razón de La Paz el 01 de enero.