Persecución política y acoso callejero (2019 - 2020)

 

La Vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Susana Rivero, tuvo la insolencia de no contestar a una pregunta del operador mediático de CNN en español, Fernando del Rincón, entrevistador más cercano a la disciplina de cuadrilátero de boxeo que a la del buen hacer periodístico. “¡Conteste a la pregunta!” insistía una y otra vez, mientras Rivero le mostraba un mapa boliviano pintado de azul para exhibir cómo había ganado el Movimiento al Socialismo (MAS), la elección presidencial del 20 de octubre de 2019.

Tamaña irreverencia le costó a Rivero que aproximadamente cincuenta personas que se autonombraban militantes de Comunidad Ciudadana de Carlos Mesa, se dirigieran hacia la puerta de su casa para averiarle la barda, la acera, lanzar pintura a las paredes y repetir como robótica consigna “¡Conteste a la pregunta!”, sumadas a ello temerarias calumnias y frases discriminatorias. Aquél, día, en su casa se encontraban solamente Susana y nuestros hijos, mientras a la misma hora y el mismo 30 de octubre, le sucedía prácticamente lo mismo a la ministra de Salud, Gabriela Montaño, que tuvo que soportar idéntico amedrentamiento en las puertas de su casa, a la cabeza de un ex funcionario de la embajada de Estados Unidos, de apellido materno Sánchez Bustamente, sobrino de Gonzalo Sanchez de Lozada.

Rivero y Montaño daban la cara en defensa de la victoria de Evo Morales en las urnas, como no lo hacían otros masistas como por ejemplo, el ministro de Comunicación, Manuel Canelas, quién en alguna oportunidad afirmara que “Carlos Mesa era como su segundo padre”. Confusos y atemorizantes fueron esos días, en los que, sobre todo las representantes masistas de clase media, defendieran con todas sus fuerzas algo que ellas consideraban legal y legítimo: la obtención de un triunfo indiscutible, eso sí, absolutamente convencidas a esas alturas que esa victoria había sido perfectamente perforada por la narrativa del “fraude monumental” y que de ahí en más, la crisis de los veintiún días terminaría con el gobierno al que apenas le faltaban sesenta días para fenecer constitucionalmente.

Razones de seguridad obligaron a Rivero y a sus hijos a refugiarse en casa de una compañera y amiga por temor a que las amenazas pudieran traducirse en acciones de hecho emparentadas con el linchamiento. Llegó el 10 de noviembre, y mientras policías y militares ya habían consumado el festejo de quienes querían a Evo renunciado, desembarcamos en la residencia de la embajada de México cuando ya se sabía que Adriana Salvatierra y Victor Borda, presidentes del Senado y Diputados habían renunciado, y la instrucción cupular decía que la decisión pasaba por dejar sin posibilidades de sucesión constitucional a los golpistas. Ese mal cálculo del retorno de Evo a la silla presidencial más pronto que tarde, dejó a miles de masistas, hombres y mujeres de las ciudades y las zonas rurales en estado de indefensión, lo que dió lugar a las muertes producidas en Sacaba, Senkata y El Pedregal con el Decreto Supremo 4078 que otorgaba licencia para matar a las Fuerzas Armadas: Que el juicio de Responsabilidades a Jeanine Añez se sujete con rigor a un Debido Proceso.

Quedarse en la embajada mexicana hubiera sido autocondenarse a permanecer atrapada durante casi un año, por lo que decidimos trasladarnos a casa de una amiga, luego retornar a la casa propia para emprender viaje fuera del país la madrugada del 19 de noviembre, evitando en lo posible las miradas asesinas y las agresiones de quienes disfrutaban con morbo de la caída de Evo y la llegada al poder de una senadora gracias a la derecha civil-policial-militar que ya nombramos en distintos artículos y que se irán de este mundo con el estigma que la historia ya les ha reservado hacia la eternidad: Golpistas. Y para siempre.

Indefenso e indignado, subrayando que en lo personal, a este periodista el gobierno autoritario de Jeanine Añez no le dijo ni hizo nada,  con Susana e hijos tuvimos que abandonar Bolivia, asediada por militantes del acoso y la agresión callejera, con fotografías en el aeropuerto de El Alto, el de Bogotá y hasta en calles de Buenos Aires que se encargó de publicar gentilmente Raúl Peñaranda en Brújula Digital con rebote en Página Siete, medios de los que dispuso, durante este último año para ejercitar persecución mediática en sintonía con las emprendidas a nivel político por el ministro de gobierno, Arturo Murillo.

Amenazas de muerte, y hasta un espía que se instaló en una casa de a lado para instar al vecindario a “impedir que Rivero vuelva a habitar su casa” (¿?), mas la aparición de un grupo llamado “Tigres fuertes” conformado por jailones de la zona Sur de La Paz que me fotografiaba donde podía para luego generar debate sobre cuál sería la forma de “sentarme la mano”, son el tipo de acciones que llevaron adelante estos que fueron configurandosé en algo así como grupos irregulares sin el grado de organización de la Resistencia Juvenil Cochala y la Unión Juvenil Cruceñista. Supongo que el pitita Brockman no se refiere a todos estos en su fallido proyecto editorial desmentido por el triunfo, otra vez del MAS, sin Evo en la papeleta.

Entre noviembre de 2019 y marzo de 2020 salí e ingresé a Bolivia en tres oportunidades para compartir con mi familia en el autoexilio al que nos obligó la furia revanchista y bestial del murillismo. Rivero no volvió a contactar durante su permanencia fuera del país a sus compañeros de partido. Sí estuvo en comunicación con dos ex parlamentarias y una ex ministra a título exclusivamente personal, y luego de este año azotado por el golpe, el autoritarismo persecutorio del gobierno transitorio, la corrupción desvergonzada, desde el robo de gallinas hasta un sobreprecio de respiradores que nunca llegaron a funcionar, todavía no cesan los insultos, las calumnias y las amenazas callejeras: Una “pedagoga” que dirige una “Casa del adolescente” financiada por Samuel Doria Medina me encaró en la puerta de una sucursal bancaria gritandomé “¡masista delincuente!” en el mismo tono en el que Del Rincón le profería a Rivero el ¡conteste la pregunta!”. Es obvio que no voy a pasarme los días contestando que no soy ninguna de las dos cosas, que mi militancia política tiene exclusiva relación con el Partido Socialista 1 de otro asesinado por la derecha civil- militar (1980), el extraordinario Marcelo Quiroga Santa Cruz.

No eran milicianos revolucionarios. Se trataba de pititas conservadores que en su legítimo derecho de reclamar por el no respeto al resultado del referéndum del 21 de febrero de 2016, ejercen persecución política desde las redes sociales, en lugares públicos de manera insistente y cotidiana hasta la llegada del Corona Virus, y que ahora, shockeados por el enmudecedor triunfo del MAS del 18 de octubre, persisten en su idea de querer imponer una Bolivia que ya no existe más, la de los privilegios excluyentes de una decadente e insensible mirada sobre este territorio de diversos nacido antes de 1492.

Originalmente publicado en el suplemento Animal Político del diario La Razón el domingo 29 de noviembre de 2020.

Di-ego (Cuento argentino)

 

A la mañana del domingo, el Diego se despereza y se levanta con la remera blanca raída y ostensiblemente agujereada debajo del ombligo, boquete que enfatiza lo grotesco de su barriga. Lleva una resaca del carajo , pero de todas formas rengo como está, brinca al patio de la casa alrededor del que viven sus diez hermanos y cruza en diagonal para meterese a la ducha, porque son las únicas horas de que dispone en la semana para salir a caminar con su mujer Claudia, pintada de Evita ella y sus tres hijos y su hija que patalea en el cochecito azul y amarillo a cuatro meses de haber nacido.

Sale de la ducha el Diego y va para el cuarto en el que hay una silla con una montaña de ropa, la cama todavía desecha, un ropero con espejo en un lado y en el otro no, y un pantalla plana de 50 pulgadas de buena marca para poder mirar el fútbol de los domingos cuando a la cancha no se puede ir porque Boca juega de visitante.

Encima de la tele hay una Vírgen de Luján y en la pared a lado de la puerta de la habitación color turquesa está la foto de ese Boca Juniors en el que jugaban Roma, Rattin y el fachero de Marzolini, para más datos en la casa todos son bosteros, excepto dos de los hermanos que se hicieron de Argentinos desde que vieron a un chico de dieciseis hacer malabarismos con la pelota en ese grupo que dirigía un tal Francisco Cornejo llamado los Cebollitas.

A las 11:30 de la mañana, a Diego le retumba la cabeza y cojea porque en el picado del día anterior, uno de sus compañeros de obra con el que se encuentra de lunes a viernes le puso la pierna fuerte, cosa que lo precipitó contra el piso cayendo mal, torciéndose el tobillo y volviendo a lastimarse esos meniscos que parecen de futbolista metido a profesional de primera división.

Así, cojo, gordo, demacrado, con cara de haberse tomado hasta el pulso en el bar del Guille la noche anterior, la familia encabezada por el Diego comienza la caminata todos en sandalias y bermudas con destino al centro de abasto del barrio, donde la vida es más barata, por más trucha y brillosa que sea la oferta.

Es una familia pobre, pero muy normalmente pobre la del Diego. Cuando hay de sobra es para chupar y alguna vez para comprarles zapatos a los chicos de los que destaca Huguito, el mayor que con doce años vive con las ganas de llegar algún día a la Bombonera para ver jugar a Román que también ha salido de uno de esos barrios jodidos -Don Torcuato-en el que los chicos jugaban por plata, algunos de ellos bien provistos de cortaplumas y otras puntas por si las moscas y si alguno de los pendejos del equipo rival quisiera pasarse de vivo a la hora de honrar los compromisos. Huguito quiere ser como Román porque Román aparte de saber tanto con la pelota, sabe sin ella, sabe con los suyos que el amor y la unión completan la fuerza que a uno le puede infundir el hecho de ser un tipo querido por la tribuna.

La Claudia es una buena madre que putea mucho con su marido cuando éste llega al día siguiente que aparte de frustrarle el mañanero después de su último embarazo, le cae encima aplastándola en el vano intento después de tantas horas de meterle a la botella junto a sus gomías de obra en el bar del Guille, muchas veces amenazados por los revoloteos de algunas minas que fracasan en los coqueteos en pos de convencer a estos albañiles a los que sólo les alcanza para la farra, pero jamás para intentar, además de chupar, uno de esos polvos que para sus bolsillos resultan practicamente inaplicables. Eso sí, cuando alguna vez aparece la Soledad, el Diego se hecha una escapada al albergue transitorio más cercano porque como es amiga de añadas, la cogida es gratis aunque deba ser rápida, ella de cuatro, él de rodillas mirando al cielo.

El Diego no es buen marido pero tampoco malo, no es mal padre pero de ninguna manera excelente. Es un villero que no pierde de vista que lo primero es parar la olla, que si en otros tiempos su mujer tenía una cintura de avispa y se meneaba en los galpones donde retumbaba la música de Gilda, no había mas que seguirla porque gracias a tanto sacudón le llegaron dos hijos al hilo, menos la última que debe su existencia a un globo pinchado. Los otros hijos del Diego y la Santa Claudia que se volvió santa luego de dejar la bailanta, se llaman René y Ricardo, el primero en homenaje al Loco Houseman y el segundo a Bochini, el ídolo de siempre del Diego, aunque el petiso 10 nunca haya cambiado la camiseta del rojo de Avellaneda. René tiene once años y Ricardo diez, también son boquenses pero todavía no se desesperan como el mayor, Hugo, por correr a la cancha porque prefieren ser ellos los que pateen pelota en la calle sin salida donde se sitúa la casa en la que además viven, en cuartitos de a cinco, sus diez tíos, estudiantes, plomeros y dos taxistas y uno que se fue a probar a las infantiles de Argentinos.

Uno se pregunta si la vida del Diego y los suyos es vida, si las aspiraciones son asunto hace tiempo archivado por las urgencias, si jugar al fútbol con grados distintos de interes o ilusionarse con los domingos de campeonato no es otra cosa que un permanente pasaje de ida en el vagón de la sobrevivencia sin otra chance que procurar algún evento circunstancial y extra-ordinario para hacerle el quite al aburrimiento de todos los días, por más que haya fútbol y cuando la tele está encendida poder observar al astro que todo lo tiene y se pavonea por el mundo junto a íconos de la política o del espectáculo, exhibiéndose con unos lentes de contacto azules sin que le preocupe cuan negro y petiso es en verdad.

El Diego es y no es el Diego al mismo tiempo. Tiene la sobrenatural aptitud que le permite desdoblarse en sus noches de sueño que lo transportan al país de la pelota que no deja caer haciendo jueguito por tiempo infinito para retornar a su yo conciente cuando a la mañana abre los ojos y a levantarse para otra vez arañarle a la vida en la que no hay jueguito que valga.

Delirantes futboleros o esforzados albañiles. Exquisitos jugadores con distintas suertes todos ,son futbolistas de espíritu, pero uno sólo llega a ser Dios, un Dios, además, salido de la misma cuna de barrio destartalado, como los demás. En realidad el Diego son todos y por eso le profesan idolatría, porque bien adentro tienen muy metido eso de amar al prójimo como a uno mismo.

En ese paisaje barrial, los hijos del Diego son los hijos de la esperanza que viven de la ilusión y la mayoría de ellos mueren con ella, porque en la pobreza la ilusión es la mejor forma de vivir, haciéndose el distraído uno para mantener aplacada la fiera que todos llevamos dentro y no dejarnos tentar nuevamente por el saqueo al micromercado propiedad de un chino que no tiene la culpa del alucine social en el vivimos, Diego y el resto que en el fondo, ya se dijo, somos tan diegos como el original e irrepetible, y como el sobrenatural, el que esta noche volverá a desdoblarse para hacer jueguito otra vez, luego de otra jornada de apilar ladrillos, de hacer bardas con ellos y que sé yo cuantas cosas más se deban hacer en la pesada rama de la construcción.

El domingo, ya se sabe: A la mañana a pasear con los chicos y la nena y por la tarde a la cancha Diego para ir a ver a Diego que fantasma mantiene el balón suspendido en el aire con zurda, cabeza, rodillas, empeine hasta la hora en que se corporiza cuando vuelve a entregarse al sueño.

La pelota no toca el piso. Será por eso que vivimos etéreos ante la mágica ilusión que nos transmite la pelota, pero como la vida, este cuento ya me sabe a repetitivo y para repetitivo basta con el monotono y casi invariable andar de un día para el otro en el que el Diego y todos los diegos se encuentran metidos hasta el tuétano con los televisores dominicales a todo volúmen cuando sus cuadros juegan de visita y no pueden viajar en omnibús para ir al otro lado de la ciudad.

 

Buenos Aires, noviembre 2001, cuando Diego Armando Maradona decidió colgar los botines y gritar a los cuatro vientos “la pelota no se mancha”

Editado en La Paz, Corona Virus, 27 de abril de 2020

Originalmente publicado en la edición digital del diario La Razón de La Paz el 25 de noviembre de 2020.

El plan B

 

Hay un redactor que se ha dado a la descarada tarea de tratar a todos quienes afirmamos que el 10 de noviembre de 2019 se produjo en Bolivia un golpe de Estado, de cultores de la posverdad porque “la historia la escriben los ganadores”, comparando lo sucedido el pasado año de manera forzada e inconsistente, con la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada en 2003.

El gobierno de facto de Jeanine Añez planeaba un indebido prorroguismo que en últimas horas fue desechado por la Embajada de los Estados Unidos  y la Organización de Estados Americanos (OEA), porque concluyeron que la transición hacia nuevas elecciones había quedado enturbiada por el hecho de que la autoproclamada decidió habilitarse como candidata, lo que desfiguró la agenda de los golpistas Mesa, Alarcón, Paz, Quiroga, Camacho, Justiniano, Doria Medina, Ortíz, Scarpellini y De la Torre, que vieron entorpecidos sus planes de búsqueda de una candidatura fuerte, capaz de plantarle cara al binomio masista Arce-Choquehuanca. En ese contexto, el inicial apoyo injerencista al gobierno de facto a la cabeza de Michael Kozak (Asuntos Hemisféricos USA) y Luis Almagro (OEA), terminó diluyendosé hasta que el MAS ganó las elecciones del 18 de octubre, día en que empezaron a llover felicitaciones, incluída la de Mike Pompeo, Secretario de Estado de Donald Trump.

¿En qué me baso para afirmar categóricamente que sí hubo una interrupción del estado de derecho en el país hace un año? Primero, en la ruptura policial del orden constitucional a través de motines en los distintos departamentos del país; segundo, en la actuación militar que desconoció la autoridad de su Capitán General, el presidente del Estado, “sugiriéndole” renunciar; tercero en el anuncio que hizo la propia Añez desde Trinidad a la red Unitel, dos días antes de su posesión, informando que llegaba para asumir el mando del país; cuarto, violando los artículos 169 y 170 de la Constitución que señalan expresamente que la sucesión presidencial alcanza hasta el presidente de la Cámara de Diputados y de ninguna manera a la segunda vicepresidenta por minoría del Senado, cargo que ostentaba.

No hay tal posverdad, considerando la suma de elementos objetivos que dieron lugar al arribo de la senadora beniana al poder, si además tenemos en cuenta, que en una reunión producida el mismísimo 12 de noviembre por la mañana, las representantes del MAS, entre ellas la presidentas en ejercicio del Senado y Diputados, manifestaron que no podían decidir nada al estar ausentes sus jefes y que debían reunirse con su bancada, afirmación a la que uno de los golpistas respondió “tienen poco tiempo para hablar con su bancada porque con ustedes o sin ustedes, nosotros tenemos nuestro plan B”. Fue en ese contexto definitorio que se consumó el golpe fue civil-policial-militar, facilitado por un invento del Tribunal Constitucional so pretexto del riesgo de vacío de poder que justificaba la habilitación de Jeanine como presidenta.

La única posverdad que hasta aquí detecto es que el redactor en cuestión se autoproclama periodista, cuando todos sabemos en qué consiste esa cacareada independencia en la que siempre pretende escudarse: Conexiones con agencias estadounidenses que terminan tutelando las democracias que les incomodan, persecución mediática contra quienes complican los planes de su principal jefe con afiebradas versiones sobre supuestas compraventas de medios con actores inexistentes, esto es, fabricación de intrigas para intentar favorecer los planes de su mandamás, dedicado a administrar un medio en el que sí campea la posverdad, la media verdad, la manipulación, el chisme, el rumor, y una deplorable calidad de redacción, afirmaciones que iré sustentando cuando corresponda, con nombres y apellidos, fiel al estilo frontal con el que ejerzo el periodismo durante cuatro décadas.

Lo que se instaló en Bolivia, entre el 10 de noviembre de 2019 y el 7 de noviembre de 2020 fue el miedo a la persecución política, a la criminalización de ciudadanos y ciudadanas que salían a las calles en plan contraataque a la asonada golpista que tuvo funestas consecuencias como las de Senkata y Sacaba, territorios en los que el tenebroso Arturo Murillo, ministro de Gobierno, decía que se habían producido “disparos entre ellos”, esto es, entre masistas “terroristas”, “sediciosos” y más adelante, “narcotraficantes.”

Golpe de Estado, gobierno de facto, y persecución extorsiva es lo que se produjo en el país, y quienes dicen que  esta realidad pasa por la simplificación de que se trata de una posverdad, son unos colaboracionistas que con su complicidad contribuyeron a que se institucionalizara ese miedo producto del acoso, la amenaza, y las fotografías publicadas en medios y redes en plan linchamiento. Si a esto le sumamos la “estrategia” que para ganarle al MAS, Mesa y Añez debían pactar según una nota del 17 de julio, el colaboracionista había sido también un chambón.  

Columna Contragolpe. Diario La Razón. 21 de noviembre de 2020. 

Luis Arce gobierna y Evo Morales dirige el MAS

 

Apenas asumieron el mando del país, Luis Arce y David Choquehuanca comenzaron a gobernar Bolivia en modo reactivación plena de la democracia, mientras Evo Morales hacia su ingreso triunfal a territorio nacional, despedido en la frontera argentino boliviana por el presidente Alberto Fernández, quién se constituyó en un extraordinario anfitrión para que la vida del líder histórico del Movimiento al Socialismo (MAS) quedara exenta de peligros, luego de huír del país debido al golpe de Estado producido el 10 de noviembre del pasado año y que encaramó de manera inconstitucional a Jeanine Añez que terminó su mandato, conciente de enfrentar un juicio de responsabilidades por las masacres de Senkata y Sacaba.

Los medios de la derecha escarban dónde estarían las fisuras que pudieran distanciar al gobierno de Arce del activismo partidario de Morales, y hasta el momento se han encontrado con que caminan a paso firme por rutas paraleleas, pero en permanente conexión debido a que el aparato gubernamental se encuentra en plena organización, conformado por ministros nuevos y viceministros que ya participaron de las tres gestiones presidenciales anteriores desarrolladas entre 2006 y 2019.

Arce y Morales triangulan decisiones con la incidencia del vicepresidente Choquehuanca, otro referente de las organizaciones sociales, sobre todo en las provincias del altiplano de La Paz, que le está permitiendo al Movimiento al Socialismo (MAS) la proyección de un programa de gobierno para reactivar la economía y neutralizar un rebrote del corona virus, y al mismo tiempo, la selección de cuadros para designar candidatos a gobernadores y alcaldes que participarán en las elecciones subnacionales previstas para el 7 de marzo del próximo año.

Fiel a su perfil especializado en materia económica, Arce ya ha anunciado a través del ministro del área, Marcelo Montenegro, que en diciembre se pagará el bono Contra el Hambre de aproximadamente 140 dólares a todos quienes no perciben salarios regulares, y que se tiene previsto un impuesto a las fortunas que superan los cuatro millones de dólares y que involucran apenas a ciento cincuenta personas que llegarían a tributar algo así como cien millones de bolivianos –catorce millones de dólares-- el próximo año.

Como para que no hayan dudas acerca de la ligazón de Arce con los movimientos sociales, el gobierno ya anunció la restitución del Ministerio de Culturas, abolido en el gobierno de facto, que estará a cargo de Segundina Flores, ejecutiva de las bartolinas  -- Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia - Bartolina Sisa--. De esta manera se va conformando progresivamente un equipo gubernamental en el que se combina la participación de técnicos en el área económica, con dirigentes representativos de las organizaciones sociales que conforman el Pacto de Unidad sobre los que Evo y Choquehuanca tienen una incidencia determinante.

De esta manera, Bolivia comienza a recuperar su ajayu --alma o espíritu en idioma aymara—luego de la nefasta administración en la que Añez pasó a convertirse en figura decorativa, si se tiene en cuenta que era el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, quién tomaba las decisiones fundamentales que consistieron principalmente en instalar una zañuda persecución política, acusando de “sediciosos” y “terroristas” a cuanto militantes del Movimiento al Socialismo se encontraban en el camino. Informes preliminares dicen que a los casi cuarenta muertos de las masacres de Sacaba y Senkata, hay que sumar mil quinientas personas que fueron procesadas, detenidas preventiva o domiciliariamente y eventualmente extorsionadas con presiones para incriminar a compañeros del partido con el propósito de anularlos políticamente en el futuro inmediato.

Los niveles de ineptitud, corrupción y matonaje político, hicieron del gobierno presidido por Jeanine Añez lo peor que pudo sucederle al país en treinta y ocho años de democracia, interrrumpidos durante los últimos once meses, en los que campeó la improvisación la falta de escrúpulos y un autoritarismo que recuerda lo peor de las dictaduras militares soportadas en América Latina en los años 70.

Originalmente publicado en Noticias para América Latina y el Caribe (NODAL) el 14 de noviembre de 2020. 

Persecución política y golpe de Estado (2019 - 2020)

Quienes se autoengañan en sentido de que en Bolivia no hubo golpe de Estado el 10 de noviembre de 2019, deberán leer los artículos 169 y 170 de la Constitución Política del Estado en los que queda explicitada la sucesión presidencial: Presidente. Vicepresidente. Presidente del Senado. Presidente de la Cámara de Diputados.  Jeanine Añez era segunda vicepresidenta por la bancada minoritaria y tanto la ley como el reglamento general de la cámara alta no señalan en parte alguna de esos textos, que quedaba habilitada para acceder al cargo. Una Minuta de Comunicación del Tribunal Constitucional con la que se tramitó su juramento a cargo de efectivos miitares, no puede estar por encima del ordenamiento jurídico del Estado.

En ese contexto espurio, en el que el supuesto doble objetivo era anular unas elecciones generales por presunto fraude y expulsar del poder a Evo Morales, los distintos actores políticos que propiciaron la posesión de Añez creyeron que se produciría una transición sin contratiempos, exclusivamente orientada a la realización de nuevas elecciones, objetivo que quedó distorsionado cuando la presidenta de facto se habilitó como candidata, sumándose a la lista de aspirantes a ser elegidos en las urnas, decisión de la que se arrepintieron ella y su entorno cuando ya era tarde, a las puertas de otro abrumador triunfo del binomio del Movimiento al Socialismo (MAS).

Con la llegada del coronavirus en marzo de este 2020, el Ministro de Gobierno, Arturo Murillo, decidió poner en práctica un “protocolo de seguridad” contra la pandemia que en realidad escondía una persistente persecución política con acusaciones de terrorismo, sedición y narcotráfico a cuanto militante del Movimiento al Socialismo (MAS) conviniera arrinconar, seguramente con esa idea basada en la ley del talión sustentada en que durante el gobierno de Evo Morales se había montado un aparato  persecutorio que en lugar de ser desmontado, siguió utilizándose con los nuevos actores al mando de operaciones que incluían detenciones preventivas, detenciones domiciliarias, cartas de negociación extorsivas y métodos de amedrentamiento a quienes se resistían a inventar o “sembrar” pruebas contra ex jefes o compañeros de militancia partidaria. Lo hecho por Murillo supera con creces lo que hiciera el último gobierno del MAS, convirtiéndose éste en el autor represivo de una “política de Estado” con olor a revancha, ajuste de cuentas y proscripción del partido que más elecciones y con cifras superadoras del cincuenta por ciento, ha ganado en el país desde 2005.

La sofisticación para forzar procesos sin materia justiciable y la grosería, llegaron a tales grados, que por ejemplo se acusó de sedición y terrorismo a quién fuera jefa de despacho del Presidente Morales, Patricia Hermosa, a la que se encarceló sin otra prueba que registros y  conversaciones telefónicas. Una vez privada de libertad, la señora Hermosa perdió al bebé que estaba gestando, argumento legal suficiente que debía inhibir de capturarla a quienes ejecutaron su detención arbitraria e ilegal. Para los objetivos persecutorios, Hermosa era una “sediciosa” y “terrorista”, presuntos delitos que junto al de “narcotraficante” sirvieron para instaurar un régimen del terror, que recuerda a Claudio San Román a cargo del Control Político del MNR en los 50-60 y a las dictaduras militares inauguradas por el Gral. René Barrientos Ortuño en 1964.

Miriam Gamboa, señora con ochenta años de edad, se encuentra recluída en el Centro de Orientación Femenina (COF) de La Paz, acusada de ser la autora intelectual de la quema de los buses Puma Katari. Gamboa, una anciana con amplio recorrido profesional como experta en planificación en salud, alega inocencia, pero ya cumple un mes de detención en celdas de Obrajes, privada de la visión de un ojo, producto de cataratas. Otro abuso innombrable del que casi nadie se ha enterado.

A la responsable de comunicación de una empresa estatal de servicios, le ofrecieron no iniciarle un proceso y menos detenerla, si aceptaba involucrar a su jefe en actos de corrupción. Al negarse rotundamente a aceptar tan sórdida proposición fue acusada por una funcionaria sin título profesional, lo que la inhabilitaba de acceder al trabajo en dicha empresa, y con ese y otros vicios procedimentales fue cautelada con detención domiciliaria, limitante que le impidió trabajar durante casi un año, con acoso callejero por parte de efectivos policiales a su hijo de apenas doce años de edad.

Son suficientes estos ejemplos preliminares de cómo el poder político e instancias decisorias del ministerio público, instalaron el miedo en ciudadanas a las que en el supuesto de haber cometido delitos, pudieron haber sido sometidas a debido proceso para defenderse en libertad. Lo que le cuestionaron a un minúsculo entorno que no permitía que Evo Morales mirara el horizonte y se encargaba del sistemático control político de fiscales y jueces, terminaron perfeccionando un método de anulación del adversario político, al extremo que hasta la Asamblea Permanente de Derechos Humanos terminaría traicionando su espíritu y esencia, que consiste en denunciar atropellos y sacar cara por las víctimas. Lo contrario: Su presidenta, Amparo Carvajal, le manifestó a una de ellas, puesta a buen recaudo, que solamente podría abogar en su favor si hubiera llegado hasta las celdas de un recinto penitenciario, algo así como “si estás en el quinto infierno de la cárcel podemos salir en tu defensa, de lo contrario no.” Como para enmudecer de estupor.

“¿A quién pues hemos perseguido?” preguntó el entonces ministro de Obras Públicas, Iván Arias, a una conductora televisiva que lo entrevistaba. Se le podría responder que a quienes terminaron muertos en Sacaba, Senkata y el Pedregal. A Patricia Hermosa, Miriam Gamboa y a la funcionaria de la empresa estatal a la que quisieron extorsionar presionandolá para inventarle delitos a su jefe. Debemos suponer que Arias no tendrá respuesta, aunque ponga a todos los avengers en miniatura con los que suele acudir a sus patéticas intervenciones mediáticas, sobre las que a propósito –persecución mediática-- también hay un representativo conjunto de hechos a cargo de periodistas que avalaron el golpe, sin jamás referirse a estas indignantes violaciones a los derechos humanos: Imposible. Estaban en paroxismo obsesionados con sacar del poder al “tirano” y a sollozar de emoción por la gesta de los llamados pititas, esos a los que han convertido en símbolo de veintiún días en los que se defenestro a Evo y a los suyos con escalonados motines policiales y la presión de las Fuerzas Armadas para la renuncia del Presidente. Los mismos que hasta hace una semana invocaban un golpe cívico-militar porque también se habría producido fraude en las elecciones del pasado 18 de octubre.

Era tal el grado de excitación entre el 21 de octubre y el 20 de noviembre de 2019, que referentes de opinión como Carlos Hugo Molina escribieron tweets con aliento épico y un grado de cursilería desconcertante, desmentido posteriormente por la evolución de los acontecimientos: “Gracias Presidente.  Impresiona la mezcla de magia y milagro que alinearon el aletear dialéctico de la mariposa para vivir lo que vivimos. Vamos a cuidarte Jeanine, necesitamos que esto salga lo más humano posible (sic). Mantené tu sonrisa, y cuando creas necesario, convocá a los pititas”. Sublime. Como el chocolate peruano.

Por un video producido en un laboratorio audiovisual

Un Intendente municipal de La Paz con grado policial contaminó el proceso de persecución- investigación que se inició contra el que fuera gerente de la empresa estatal Mi Teleférico, Cesar Dockweiler, interviniendo sin competencia legal en el mismo. Se lo acusó de uso indebido de bienes del Estado con el insostenible argumento de haber producido un video en el Laboratorio Audiovisual que instaló la empresa de transporte en una de sus estaciones (Línea Celeste) con el propósito de ofrecer infraestructura y capacitación en la materia al público en general que estuviera interesado en la producción de imágenes en movimiento. En otras palabras, dicho Laboratorio prestaba un servicio como parte de las iniciativas vinculadas a la comunicación y a la cultura que el sistema de transporte puso en funcionamiento, producto de su compromiso con la comunidad.

Los acusadores, a la cabeza del sustituto de Dockweiler, Jorge Bonadona, directamente relacionado con el Gobierno Municipal de La Paz, utilizaron un breve testimonial en que una persona de aproximadamente cuarenta y cinco años, hace una exhortación reflexiva con respecto de la coyuntura electoral que se vivía en el país en ese momento, previo a las anuladas elecciones del 20 de octubre del pasado año. No se trataba de un spot de campaña con autoría partidaria por lo que la argumentación caía por su propio peso. A partir de ese momento, quién fuera artífice y conductor gerencial de una de las obras fundamentales que le ha cambiado la cotidianidad a las ciudades de La Paz y El Alto con este sistema de transporte, comenzó a ser perseguido y como no admitió culpabilidad alguna, decidió ponerse a resguardo para eludir su detención.

Por si esto fuera poco, a Dockweiler también se lo acusó de presionar y obligar al  personal de Mi Teleférico a entregar aportes para la campaña del Movimiento al Socialismo (MAS), cuando según su versión y la de los propios trabajadores de la empresa, los montos fueron otorgados libre y voluntariamente. Todo traído de los pelos con la instigación de ministros como el de la Presidencia, Yerko Nuñez y el  de Obras Públicas, Iván Arias, el que preguntó en televisión “¿ A quién hemos perseguido?”. Objetivo central: Anular políticamente al fundador gerente de Mi Teleférico que a lo largo de su gestión demostró que una empresa estatal, bien gestionada, puede exhibir números favorables con efectos multiplicadores.

Una justicia putrefacta al servicio del poder de turno

Debido proceso es el concepto con el que se enjuicia a una persona cumpliéndose rigurosamente todas las instancias que comprenden el trayecto de un juicio transparente, desde el levantamiento de información a partir de indicios hasta el momento final de la sentencia condenatoria, que en los casos analizados ha sido sustituído por el uso excesivo y violatorio de los derechos humanos de la detención preventiva, y sucede cuando el Ministerio Público y el aparato judicial se hallan condicionados en todas sus instancias por el poder político de turno. Fue en ese ámbito que el Tribunal Constitucional otorgó carta blanca a Evo Morales para que se habilitara como candidato presidencial, aduciendo un derecho humano según el Pacto de San José. Tres años más tarde de tan cuestionada decisión, incluso en instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el que fuera ministro de Justicia y abogado de confianza de Evo, Héctor Arce Zaconeta, ha reconocido hace unos días en entrevista televisiva que se trató de  “el más grave de los errores”, reconocimiento tardío, por lo que él mismo tuvo que padecer refugiado en la residencia de la Embajada de México en La Paz, y sin preveer consecuencias para todos sus “compañeros” a los que se persiguió, extorsionó, y apresó indebidamente durante el último año.

Las características fundamentales de la persecución política durante el gobierno de facto son las siguientes: Incumplimiento de principios y procedimientos penales. Injerencia política del Organo Ejecutivo en el Organo Judicial y en el Ministerio Público. Fabricación de delitos. Ordenes de aprehensión sin debida citación previa. Uso de medios de comunicación para fines de desprestigio. Abuso contra terceros para fines declaratorios e incriminatorios. Involucramiento de familiares  --parejas, hijos—con ampliación de procesos. Presiones para cambiar declaraciones de testigos. Búsqueda de “testigos” para declaraciones en contra de los perseguidos de turno a cambio de reinserción u otorgación de fuentes laborales.

Ese es el “legado” que nos deja la fallida presidencia transitoria inconstitucional de Jeanine Añez-Arturo Murillo. Como para que no queden dudas, acerca de la inquina del régimen de facto, la que fuera Ministra de Relaciones Exteriores, Karen Longaric, destituyó al embajador en el Perú, Gustavo Rodríguez Ostria, a sabiendas del cáncer que lo aquejaba, por lo que su despido era ilegal. Digamos que ejerciendo otra forma sútil y perversa de persecución política. Ayer sábado 14 de noviembre nos enteramos que lamentablemente Rodríguez falleció en Lima, al que recordaremos como historiador de valiosas investigaciones como “Sin tiempo para las palabras: Teoponte, la otra guerrilla guevarista en Bolivia” (2006) y “Los partidos de izquierda ante la cuestión indígena 1920 – 1977” (2017). 

Originalmente publicado en la edición digital del suplemento Animal Político del diario La Razón el 15 de noviembre de 2020.

Persecución política en democracia (2006 - 2019)

 

En una entrevista para televisión con el ministro de Gobierno, Carlos Romero (24 de julio de 2016), le pregunté por el tema de la justicia en los siguientes términos:

 Hay un columnista bien de derecha, que fue un  hombre muy cercano al general Banzer, se llama Manfredo Kempff, --es novelista además--, que ha utilizado un término que me parece interesante para generar reflexión. El término es “fiscalato”. Dice que los fiscales hoy en día hacen y deshacen en Bolivia. Si a esto le  sumamos los consorcios de abogados, la carga procesal y la retardación de justicia, y el hecho de que la gente más pobre, sin capacidad para pagar un abogado por un  juicio cualquiera se encuentra en estado de indefensión, nos lleva a encontrar un panorama lúgubre ministro.

Romero respondió con los siguientes criterios:

Comparto absolutamente. Es decir, el fiscal es un súper poderoso en el diseño del procedimiento penal. De alguna manera el procedimiento penal es la cara de la justicia en cualquier país del mundo, es donde se juegan los más altos intereses, donde se juega a la libertad o la prisión de una persona, donde se juegan los patrimonios. Entonces el tema penal cómo cara de la justicia tiene en los fiscales a unas autoridades super poderosas que hacen y deshacen con los procesos, que los dilatan a conveniencia, que articulan muchas veces consorcios de abogados. En su momento nosotros los denominamos “redes de extorsión” que han sometido a la justicia básicamente a una condición de un sistema absolutamente mercantilizado, prebendalizado. En determinado momento, parafraseando a Marx en el Manifiesto Comunista, a propósito de la caracterización del Capitalismo, yo decía: en la justicia todos los litigios se compran y se venden, lo único que está en discusión es el precio. Tal vez llevando el análisis a una situación extrema, porque seguramente habrán también fiscales y jueces muy honestos, nunca se puede generalizar; pero evidentemente la justicia boliviana ha alcanzado sus mayores niveles de crisis estructural. Ahora esta crisis estructural tiene diferentes abordajes, algunos desde una interpretación política dirán que la justicia está en crisis porque está subordinada al poder político, porque los masistas manipulan la justicia para hacer política y perseguir a los opositores, entonces por eso está en crisis. Otros dirán: La justicia está en crisis porque se inventaron en la Constitución la elección, mediante voto, de las autoridades jerárquicas el órgano jurisdiccional. Otros dirán, desde una perspectiva más administrativa, y de este lado de los operadores de Justicia: La justicia está en crisis porque el Estado no nos asigna suficiente presupuesto para tener más juzgados y trabajar de mejor manera. En fin, hay interpretaciones sesgadas, parciales, desde la perspectiva de los intérpretes de la crisis de la justicia. Pero en algo que vamos a coincidir, el núcleo central, estructural, que determina la justicia en Bolivia es que su diseño es muy desequilibrado, no hay un sistema de check and balance (controles y contrapesos), que permitan controles cruzados y transparentes de la administración de los procesos. Por eso aparece un fiscal poderoso que tiene mucha discrecionalidad para definir el curso de un proceso que subordina al policía investigador, subordina al juez, porque es el que dirige, el que conduce el proceso, porque puede limitar o ser permisivo con la acción de los litigantes, en fin, tiene muchísimas potestades, no tiene un contrapeso, no hay los mecanismos de transparentación, los mecanismos de control no funcionan y este es el problema nodal de la justicia, entonces el “fiscalato”, como categoría que tú citabas me parece una buena descripción.”

El fiscalato extorsivo

Esta pregunta-respuesta, de periodista a abogado encargado de la seguridad interna del país como Ministro, sintetiza de manera indiscutible el cuadro de situación a través del cuál encontramos este mecanismo de persecución política que no sólo implica el objetivo de neutralizar adversarios, sino, además, generar a través de la extorsión, un nuevo sistema de corrupción en el que a los fiscales embadurnados en estas acciones, se suman abogados, policías investigadores y jueces. Ojo, lo acepta un ministro que formó parte del entorno de confianza de Evo Morales, no un opositor de la derecha, por lo que sus palabras ponen en evidencia que la problemática en cuestión era conocida a fondo en las entrañas mismas del gobierno y en este contexto no se trata de utilizar la etiqueta de la “persecución política” para justificar hechos de corrupción como habitualmente hicieron los opositores al MAS hasta noviembre de 2019, como es el caso de José María Leyes, Alcalde de Cochabamba, por los casos Mochilas I, II y III.

El modus operandi se resume en los siguientes términos: El Fiscal designado para perseguir a un personaje al que se necesita neutralizar por razones políticas utiliza la detención preventiva aplastando el debido proceso con el objetivo de arrinconar contra la última pared de una celda judicial a la víctima de turno. A continuación se procede a la realización de la respectiva audiencia de medidas cautelares y en lugar de dictar sustitutivas, el juez de turno ordena traslado a un penal. Una vez el privado de libertad experimenta un horrible estado de indefensión, emisarios de los fiscales en coordinación con los abogados que ejercen defensa comienzan las tratativas para generar la cesación a la detención, siempre y cuando acepten los términos económicos que se les plantean y que, en caso necesario, estos admitan hacer declaraciones en contra de sus eventuales jefes, si es que se trata de personeros dependientes de la administración pública.

“Tu salida cuesta tanto hermanito, y todo se arregla si además dices que tu jefe o jefa te mandaron a cometer tales irregularidades…si cumples con estas condiciones, procesamos tu liberación rápidamente”. Así de sencilla y concreta es la fórmula que caracteriza la persecución política de hoy en la que ya no hay casas de la represión, campo de concentración, celdas clandestinas, ni métodos de tortura y desaparición física. En suma, la persecución y represión en la gran mayoría de los casos, prescinde del amedrentamiento físico. Suficiente con mandar a guardar por el tiempo necesario a la víctima de turno que le tiene pavor a perder la libertad, peor si a través de “pruebas sembradas”, materia justiciable insuficiente y sometiéndose a ingresar en la cárcel por indicios y no por pruebas concluyentes.

Terrorismo I y II

Condenado en 2012 por pedido de coima al empresario asesinado Jorge O´Connor, el entonces presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez, tuvo que pasar durante una década en el Penal de San Pedro. Cercano a Evo Morales, lo sucedido con éste que fue presidente del Senado y promesa política del MAS, fue la evidencia de que el partido de gobierno estaba dispuesto a freír a sus propios peces si los encontraba cometiendo irregularidades y delitos. No había sucedido nunca durante los tiempos de democracia pactada (1985 – 2005), que un alto miembro de la estructura de poder vigente terminara en la cárcel, ya que cuando se presentaban hechos de corrupción debidamente comprobados, el camino era el del encubrimiento o la apertura cómplice de una puerta trasera.

Casos diametralmente opuestos son los llamados Terrorismo I y II destapados en Santa Cruz de la Sierra el 16 de abril de 2009 cuando en un operativo policial ejecutado en el hotel Las Américas, según el reporte oficial, murieron Eduardo Rosza Flores, Árpad Magyarosi y Michael Dwyer, al que se les habría descubierto un plan para asesinar al presidente Evo Morales y al Vicepresidente Alvaro García Linera.

A partir del descubrimiento de esta trama, Mario Tadic y Elod Toaso, que formaban parte de la presunta organización mercenaria comandada por Rosza, fueron arrestados, momento en el cuál quedaron sindicados empresarios y políticos de la capital cruceña como Gary Prado Salmón, General retirado a quién se recuerda como activo oficial del Ejército que participó en la captura y muerte del Che Guevara en Vallegrande (1967) y Zvonko Matkovic, hijo de quien fuera Prefecto del departamento en el gobierno democrático del Gral. Banzer, y ahora político en actividad bajo la sigla Creemos como candidato a Senador suplente.

El proceso judicial se extendió durante más de once años en el que Prado Salmón, postrado en una silla de ruedas sufrió detención domiciliaria, y Matkovic estuvo recluído en el Penal de Palmasola durante ocho años. Los dos alegaron invariablemente inocencia, lo mismo que el resto de la cuarentena de acusados. Los dos procesos fueron extinguidos durante este año de gobierno transitorio inconstitucional a partir del argumento de inexistencia de pruebas.

Para los familiares de las víctimas y de los apresados, se trató de un oscuro caso de persecución política sobre el que todo indica no se encontrarán nunca pruebas condenatorias, considerando, principalmente, la versión que señala que se trató de ejecuciones sumarias y como lo dijera el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, el mismo 16 de abril de 2009, “de un montaje del gobierno”.

La verdad histórica sobre esto controvertido caso ha quedado en tinieblas.

Franklin Gutiérrez y ADEPCOCA

Dos días después de la llegada de Jeanine Añez al gobierno, la red Unitel informaba en los siguientes términos sobre la liberación del dirigente Franklin Gutiérrez de la Asociación Departamental de Productores de Coca (ADEPCOCA) de Los Yungas de La Paz:

El ex dirigente cocalero de ADEPCOCA, Franklin Gutiérrez, quien fue aprendido en agosto del pasado año, fue puesto en libertad con medidas sustitutivas, lamentó haber estado encarcelado injustamente durante más de un año, y culpó a Evo Morales por los delitos que lo acusaron. Recordemos que el dirigente cocalero fue detenido por los enfrentamientos que hubo en la Asunta, donde falleció un teniente, sin embargo Gutiérrez señala que esta muerte se produjo por fuego propio de los agentes desplegados en Los Yungas. Su abogado señala que nunca existieron suficientes pruebas para su detención, Gutiérrez podrá salir de la cárcel una vez que presente dos garantes, una vivienda en la ciudad de La Paz y tiene restringido el viaje a Los Yungas hasta que su proceso concluya.

Cumplidos tres meses de reclusión en el Penal de San Pedro, Gutiérrez se vió conmocionado por la muerte de su hijo menor de apenas dos años. En su calvario como privado de libertad, el dirigente cocalero denunció a través de uno de sus abogados, Jorge Santiesteban, de “falsificación de datos migratorios” en los que figuraba un viaje a Colombia que nunca se produjo, ya que en realidad se habría trasladado hasta el Ecuador. El mismo abogado acusó de manera frontal al Ministro de Gobierno, Carlos Romero, de manipular dicha información a quién sindicó de “inventar delitos” contra su defendido.

Según este cúmulo de informaciones, Gutiérrez representa otro caso de persecución política, considerando que los puntos de vista de los cocaleros de Los Yungas está en contraposición a los esgrimidos por las seis federaciones del trópico de Cochabamba, de las que es presidente, Evo Morales.

Entre las consideraciones analíticas del ministro de Gobierno Carlos Romero acerca del “fiscalato” y sus actuaciones en contra de los derechos del dirigente de Los Yungas, Franklin Gutiérrez, según lo atestigua el abogado Santiesteban, encontramos esa insalvable brecha entre lo que se dice y lo que se hace. Como este ejemplo, abundan otros en materia de persecución política en el transcurso del llamado Proceso de Cambio.

Originalmente publicado en la edición digital del suplemento Animal Político del diario La Razón el 08 de noviembre de 2020.

Persecución politica en democracia (1982 - 2003)

 La nueva era democrática boliviana inaugurada el 10 de octubre de 1982 nos dice que Hernán Siles Zuazo, Carlos Mesa y Eduardo Rodríguez Veltzé no dejaron, tras su paso por la presidencia, antecedente alguno relacionado con la persecución y la represión política que sí estuvo a cargo, hasta 2003, de Victor Paz Estenssoro, Gonzalo Sánchez de Lozada (Guerra del Gas, Octubre negro), Hugo Banzer Suárez y Jorge Quiroga Ramírez (Guerra del Agua).

Quedaron atrás el Control Político y los campos de concentración de los 50 – 60, lugares como la Isla de Coati (lago Titikaka), cárcel política instalada durante la dictadura banzerista, y empezaron a ocupar los escenarios del asedio y la persecución, jueces y fiscales cooptados por el poder de turno para anular adversarios, “subversivos”, “terroristas”, “sediciosos” y hasta “narcotraficantes”, dicho así, entre comillas, considerando los argumentos jurídicos y de seguridad del Estado asentados en dichas tipificaciones, con el propósito de sofocar conflictos sociales a cargo del mundo popular contestatario boliviano.

La última gran puesta en escena político-social-sindical fue la Marcha por la Vida, como respuesta al despido masivo de veintitrés mil trabajadores de las minas de propiedad estatal (“relocalización”), producto del ajuste estructural que aplicó el gobierno de Paz Estenssoro (1985 – 1989) que la periodista Mabel Azcui, entonces corresponsal del diario El País de España reflejó sus consecuencias de la siguiente manera:

Confinados en el norte de Bolivia los principales dirigentes sindicales

Juan Lechín y los principales dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) han sido confinados en pequeños poblados del norte boliviano. A pesar del rigor del estado de sitio, el Gobierno no ha podido controlar totalmente el movimiento huelguístico contra su política económica, iniciado hace tres semanas.

El Gobierno informó que un total de 143 dirigentes sindícales fueron confinados a Puerto Rico y Ramón Darío, en el norte de Bolivia, mientras que 13 continúan detenidos en La Paz. En la madrugada del jueves, alrededor de 1.500 dirigentes sindicales que se encontraban en huelga de hambre fueron detenidos durante una operación policial.

La mayor parte de los huelguistas que no tenían responsabilidad en el movimiento fueron puestos en libertad ayer por la tarde. El máximo dirigente de la COB, el viejo líder Juan Lechín, fue confinado a "la ubérrima región de Puerto Rico, en el departamento (provincia) de Pando", dijo el ministro del Interior, Fernando Barthelemy. Puerto Rico es un pequeño poblado a 600 kilómetros al norte de La Paz y a unos 60 de la frontera con Brasil, situado en la confluencia de los ríos Tahuamanu y Maruripi, subafluentes del Amazonas.

Pese a que la Central Obrera quedó prácticamente descabezada, algunos miembros del comité de huelga y del comité ejecutivo que no fueron detenidos pasaron a la clandestinidad y, desde allí, ordenaron que se mantenga la huelga general con bloqueo de caminos.

Grupos de obreros, de personal de la industria del petróleo, de maestros y de mujeres mineras continuaban ayer en huelga de hambre, y se anunció la posibilidad de que nuevos piquetes podrían sumarse al ayuno voluntario en La Paz.

En los distritos mineros, la huelga, ahora indefinida, se mantiene con decisión. En la víspera, piquetes de huelguistas de hambre en el distrito de San José entraron en las galerías para iniciar su paro después de haber instado a universitarios y amas de casa a sumarse a la medida.

"Queremos denunciar ante la conciencia latinoamericana la acción brutal del Gobierno de Paz Estenssoro, para imponernos un modelo contrarrevolucionario", dijo el dirigente minero Filemón Escobar, en una alocución difundida por Radio Pío XII, de Siglo XX, captada en La Paz.

El Gobierno de Paz Estenssoro difícilmente podrá reactivar la producción en el estratégico sector minero, a menos que utilice la fuerza. La historia de los últimos 30 años refleja la alta combatividad de los trabajadores mineros bolivianos.

El estado de sitio decretado por el Gobierno fue impugnado por varios partidos de izquierda, que exigen una reunión del Congreso para derogar esa extrema medida adoptada, según el Gobierno, con objeto de "preservar el ordenamiento jurídico de la República" y afrontar "el movimiento huelguístico ilegal, que tendía a suplantar la autoridad del Estado".

El Congreso se reunirá el lunes, según se ha anunciado oficialmente, para conocer las motivaciones que tuvo el poder ejecutivo para dictar el estado de sitio. Portavoces gubernamentales dijeron hoy que Bolivia ha entrado en una etapa de normalidad en el trabajo. (La Paz, 21 de septiembre de 1985).

A partir de este antecedente –“Marcha por la vida” y estado de sitio más confinamiento para aplacar las movilizaciones sociales—dio inicio la etapa neoliberal que se extendió durante dos décadas en nuestro país, y durante ese tiempo lo que se impuso fue un modelo de gobernabilidad basado en acuerdos partidarios que se traducían en una repartija de cuotas de poder para administrar el país.

Durante ese tiempo, la criminalización de campesinos cocaleros asentados en la zona del subtrópico cochabambino, fue una constante. Permanentemente arrinconados con acusaciones de ligazones con el narcotráfico, las políticas gubernamentales pasaban por la combinación del llamado desarrollo alternativo con agencias del gobierno estadounidense instalado en el Chapare y la interdicción a cargo de la DEA, policía mundial especializada en perseguir organizaciones criminales vinculadas al tráfico de sustancias controladas y a colectivos sociales representativos de los sectores populares a los que se reprimía sistemáticamente a través de UMOPAR, brazo policial boliviano encargado de dichas tareas dominadas por los excesos y las violaciones a los derechos humanos.

Evo Morales Ayma, dirigente de las federaciones cocaleras, fue el principal perseguido político de los gobiernos de Paz Estenssoro, Sánchez de Lozada, Banzer y Quiroga, persistencia que recrudeció cuando éste, en las elecciones presidenciales de 1997, fue ganador por Izquierda Unida (IU) de la diputación uninominal por la circunscripción 27 (Chapare-Carrasco) con el 61.8 por ciento de los votos, cifra que anticipaba records electorales posteriores. Cinco años más tarde, Morales era expulsado del parlamento, con el monitoreo y las instrucciones emanadas desde la presidencia de la República a cargo de Tuto Quiroga, con el argumento de graves faltas éticas cometidas en el legislativo, en tiempos en que arreciaba la violencia desatada por fuerzas policiales contra cocaleros con muertes, producto de dichas refriegas.

Los “errores no delitos” de Oscar Eid

Los neoliberales encabezados partidariamente por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Acción Democrática Nacionalista (ADN) y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) dominaron la escena gubernamental con matices que ya prácticamente han dejado de comentarse: Sanchez de Lozada y Banzer no se podían ver. El General pactó con Jaime Paz Zamora para hacer gobierno en 1989 dejando afuera al ganador con mayoría relativa, el mismísimo Sánchez de Lozada. Y transcurrida más de una década, el propio Goni pactó con Paz Zamora (2002), a pesar de que en su primer gobierno (1993-1997) se dispuso una operación político jurídica para encarcelar a su principal orquestador, Oscar Eid Franco, acusado de viabilizar recursos para la campaña electoral provenientes del narcotraticante Oso Chavarría. Eid se sacrificó y se comió cuatro años en el penal de San Pedro en un contexto en que su jefe-amigo, Paz Zamora había afirmado que había cometido “errores pero no delitos”, en alusión a los dineros que faciitaron sus actividades electorales.

La Agencia de Noticias Fides (ANF) reflejó el encarcelamiento de Eid el 17 de enero de 1995:

Narcovínculos: Oscar Eid encarcelado en San Pedro

El máximo dirigente del ex gobernante Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), Oscar Eid Franco fue internado en el Panóptico Nacional de San Pedro de esta capital en cumplimiento al Auto Ampliatorio de Procesamiento Penal del Juzgado Primero de Sustancias Controladas.

 Así, el jefe político, acusado de encubrimiento al narcotráfico, comenzó a sentir la rigurosidad de la draconiana Ley 1008 en el marco del proceso sobre los llamados narcovínculos. Luego de 22 días de haberse mantenido en una celda de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) en calidad de "depósito", a las 19:30 de este martes 17 de enero de 1995 el Jefe y fundador histórico del MIR pasó a engrosar las filas de la hacinada población penal como preso "formal o preventivo".

"Una señora me regaló un anillo con un mensaje que decía: A partir de ahora considérese un prisionero de Palacio", reveló Eid Franco minutos antes de ingresar al penal de San Pedro de La Paz. Fue recibido por el Cnl. Lucio Herrera, gobernador de la penitenciería, y pasó la primera noche en la sección "Chonchocorito" donde, irónicamente, están internados los acusados de narcotráfico Isaac "Oso" Chavarría y Carmelo "Meco" Dominguez.

Rodeado de escasos 15 militantes de base de su partido y ante la notable ausencia de la cúpula de mando del MIR, el nuevo interno de San Pedro declaró mantenerse con gran fortaleza y espíritu de ánimo. Como ejemplo de ello, dijo: "Todo esto es Grozny, aquí no entra el Kremlin ni entran los rusos y hay que seguir resistiendo desde el punto de vista legal".

 Al ser consultado si su nueva situación de interno en una cárcel no rebajaba su carrera política, respondió que "esto tenía que darse porque se trata de un paso jurídico más en función del esclarecimiento definitivo. "Nos vamos a defender", dijo al informar que sus abogados continúan en el combate jurídico para demostrar su inocencia. "No es la primer vez que ingreso a la Cárcel y para mí es un hecho más que contribuirá al fortalecimiento de la democracia y del Estado de Derecho", sostuvo al exhortar que "ojalá nadie caiga en la tentación de presionar a los Jueces y que éstos actúen dentro de los marcos estrictos que mandan las leyes".

 Ratificó ser partidario de luchar contra el narcotráfico pero dentro el debido proceso. A partir de este momento, dijo, asumiré mi defensa sin privilegios y a plenitud.

 Dirigiéndose a los pocos militantes que lo acompañaban, Oscar Eid demandó de sus correligionarios a que continúen con el proceso de refundación del Movimiento de Izquierda Revolucionaria y que se realice la Asamblea Nacional para elegir una nueva dirección. "El MIR no está muerto, el muerto está gozando de plena salud y el 26 de enero se proyectará para trabajar en beneficio de la Patria", dijo a tiempo de valorar el retorno del ex Presidente Jaime Paz Zamora a la vida Política.

Oscar Eid Franco aceptó la cárcel para salvaguardar la integridad y la libertad de Jaime Paz Zamora, pero terminó procesado por móviles políticos, esto es persecución, en tiempos en que se consideraba a su partido, el MIR, una amenaza para las aspiraciones de la reproducción de poder pretendida por el MNR jefaturizado por Gonzalo Sánchez de Lozada. Siete años después se convertirían en socios para cogobernar entre 2002 y 2003.

La incansable lucha de Manuel Morales Dávila

En céntricos cafés y “confiterías” del centro de La Paz como El Rosedal o Carabelle (años 80), Manuel Morales Dávila era motivo de comentario permanente en mesas de señores conservadores cercanos a la tercera edad, que lo calificaban de “viejo resentido y odiador.” Lo cierto es que Morales Dávila, fallecido en agosto de este 2020, fue el abogado laboralista más comprometido con las causas obrera y popular bolivianas, que tuvo la osadía de impugnar la capitalización y enajenación del patrimonio nacional a la cabeza del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, quién instruyó su persecución y encarcelamiento al que acusó por “traición a la patria”. En el lenguaje represivo de hoy, se lo calificaría de “sedicioso” y “terrorista.”

La Agencia de Noticias Fides (ANF) registró así su detención:

Manuel Morales Dávila, incomunicado en la cárcel

El conocido abogado Manuel Morales Dávila denunció hoy desde la cárcel de San Pedro que fue incomunicado en una celda de la sección "Chonchocorito" a fin de que no tenga contacto con los periodistas.

Morales Dávila, de 70 años de edad, ha sido encarcelado por "ordenes superiores" del Gobierno y la prisión fue ejecutada por el juez Antonio Santamaría.

El abogado dijo que desde la cárcel continuará impulsando un juicio de responsabilidades al Presidente de la República por "traidor a la Patria" en "la venta de las empresas del Estado".

El Ministro de la Presidencia, Guillermo Justiniano, dijo que Morales Dávila debe probar las acusaciones contra el Presidente. El viejo laboralista respondió que probará la culpabilidad de Gonzalo Sánchez de Lozada (Agenciq de Noticias Fides (ANF) 8 de marzo de 1996).

Manuel Morales Dávila fue detenido en trece oportunidades a lo largo de su carrera profesional, y en esta que lo mantuvo recluído durante cuarenta y cinco días, quedó consolidada su imagen como uno de los más destacados defensores de los recursos naturales  del país. Había sido Contralor de la República durante el breve gobierno de Lidia Gueiler (1979 – 1980), abogado de la Central Obrera Boliviana (COB) y de varios gremios fabriles y años más tarde, parlamentario por el Movimiento al Socialismo (MAS) y asesor del presidente Evo Morales.

La persecución política en Bolivia, desde que retornaramos al sistema democrático en 1982, no tuvo nunca más las características represivas de violencia y terrorismo de Estado, soportadas durante la era movimientista (1952 – 1964) y las dictaduras militares (1964 – 1982). Se acabaron los métodos de San Román, Gayan y los torturadores paramilitares que operaban en las catacumbas del Ministerio del Interior de la avenida Arce esquina Heriberto Gutiérrez (La Paz), y emergieron nuevas formas de apriete político, con el despliegue de un aparato de fiscales,  jueces y abogados, tal como sucedió en el caso de Oscar Eid Franco y Manuel Morales Dávila, y como veremos más adelante en el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) y la transición inconstitucional de Jeanine Añez. 

Originalmente publicado en la edición digital del suplemento Animal Político del diario La Razón el 01 de noviembre de 2020.

El espejismo de la unidad

 

En 1989, Gonzalo Sánchez de Lozada se encargó de introducir el marketing político como herramienta estratégica para su campaña electoral, luego de recibir la bendición de Victor Paz Estenssoro y del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) como candidato presidencial. Los estudios de opinión encargados a sus asesores le dieron la respuesta principal acerca del núcleo de lo que debía proponerle al electorado boliviano y fue a partir de ese mapa que decidió ofrecer “doscientos cincuenta mil empleos”. Con esa idea fuerza, y aprovechando lo que representaba su postulación que le cerraría el paso al ex dictador Banzer que quería ser presidente democrático, le ganó al general por menos del uno por ciento y quedó apartado del camino gracias a la genialidad del estratega mirista Oscar Eid Franco que en clave “viveza criolla” inventó la figura del “triple empate” con el objetivo de legitimar la llegada a la presidencia de su compañero y amigo Jaime Paz Zamora.

Durante la llamada Democracia Pactada, los jefes partidarios cerraban acuerdos luego de producidos los comicios, porque sus tiendas políticas estaban asentadas en lógicas autónomas de funcionamiento. Al MNR, ADN, MIR, no se les habría ocurrido la necesidad de acordar estrategias pre electorales con el propósito de cerrarle el acceso al poder al favorito de circunstancia, cosa que comenzó a ocurrir en 2014, luego de que el Movimiento al Socialismo (MAS) ganara por tercera vez consecutiva, superando el 50 por ciento de la votación, imponiendosé a sus adversarios con comodidad de goleada.

En lugar de construír proyectos partidarios alternativos consistentes, con proyecciones en el mediano y largo plazo, Samuel Doria Medina con su minúsculo partido, Unidad Nacional, decidió hacer de la actividad política, un hecho de aritmética elemental: Sólo con la unidad de todos contra el MAS se le podría ganar a Evo Morales. Pues bien, luego de transcurridos seis años de ese convencimiento, queda claro que la mentada unidad sólo sirvió para perpetrar un grosero golpe de Estado llevando a la presidencia de manera inconstitucional a la segunda vicepresidenta del Senado, golpe para el que cerraron filas con el respaldo de la Policía Boliviana y a las Fuerzas Armadas.

El objetivo de impedir que Evo se repostulara, al haberse pasado por el forro el resultado del referéndum de 2016, produjo esa unidad, nuevamente invocada para las elecciones de este 2020, un año después de utilizado un conteo rápido no oficial como indicio suficiente para instalar la versión de la OEA en sentido de que se había producido “fraude”, al que se le agregaron los demagógicos calificativos de “monumental” y “gigantesco”. Si efectivamente Carlos Mesa, Luis Fernando Camacho y el resto de los golpistas se hubieran creído su propio cuento, les tocaba encarar la campaña para la tres veces pospuesta elección que finalmente dió como ganador a Luis Arce, despojados de ese error de partida que insistió en “el voto útil para ganarle al MAS” o en “soy el único candidato que le puede ganar al MAS…en segunda vuelta”. En otras palabras, los que se unieron para eliminar a Evo de la papeleta admitieron llevar adelante sus estrategias de campaña, convencidos de que iban a perder (Comunidad Ciudadana), y que la derrota ideal sería la de evitar los diez puntos de diferencia para remontar la ola en el soñado balotaje.

El coronavirus, la corrupción y la soberbia del bien pensante e ilustrado al ni siquiera darles las gracias a quienes se apartaban del camino aunque fuera de manera tardía (Añez, Quiroga), le facilitaron al MAS la proeza de ganar trascendiendo la impronta de su líder histórico, superando incluso la votación de 2005 en la que el triunfo Evo contra Tuto fue por paliza lo mismo que el de Arce contra Mesa. Con una campaña sencilla de encuentros callejeros, cuestionando la gestión de la pandemia y la necesidad de recuperar la economía, sin “guerra sucia” y casi ignorando a sus rivales, Arce Catacora y Choquehuanca Céspedes avanzaron hacia el triunfo sin mirar a los costados.

Endilgarles la culpa a quienes no se bajaron de sus candidaturas para evitar el nuevo triunfo azul admite dos hipótesis: Estrechez de miras o deshonestidad intelectual. El MAS ganó otra vez porque construyó eso que Doria Medina se negó a pensar desde la Asamblea Constituyente, un proyecto que penetrara en el sistema de creencias de los electores: “Nosotros no somos del MAS –dicen- el MAS es de nosotros”.

El 18 de octubre ha quedado nuevamente demostrado que en Bolivia se vota con inteligencia. El país es mayoritariamente plurinacional popular con una primera minoría de centro derecha que afirma respetar las reglas de juego auténticamente democráticas  y una segunda minoría casi fascistoide que toca las puertas de los cuarteles militares y los regimientos policiales porque no puede admitir que su asonada del pasado año haya terminado embarrancandosé frente a la legitimidad expresada en las urnas. Deberemos tener, en la tripartita Asamblea Legislativa, una gestión de acuerdos mínimos, ya sin el doble filo de los dos tercios que aplastan equilibrios y contrapesos, y abren las compuertas al golpismo que ha llegado para quedarse como amenaza cotidiana contra el estado de derecho.

Columna Contragolpe del 07 de noviembre de 2020. Diario La Razón.

Persecución política en dictaduras militares (1964 - 1982)

 

Con René Barrientos Ortuño se inicia la era de las dictaduras militares en la República de Bolivia el año 1964.  Militar reconocido por su liderazgo natural en el seno de las Fuerzas Armadas, perteneció al ala de oficiales que profesaban simpatía por el Movimiento Nacionalista Revolucionario  (MNR) y el  hecho de haber sido vicepresidente de Victor Paz Estenssoro marca con absoluta claridad la sociedad política civil-militar que habría de consolidar más tarde el líder emenerrista con quien fuera Ministro de Educación del  gobierno de Barrientos, el entonces Coronel Hugo Banzer Suárez.

Las biografías resumidas con marca Wikipedia, dicen que Barrientos nació en Tarata, Cochabamba el 30 de mayo de 1919. Hizo sus estudios primarios en su pueblo natal para luego ingresar al convento de su pueblo, pero dejaría muy pronto los hábitos ya que sus gustos personales no coincidian con los de monje.

En 1938, con 19 años de edad, después de una discusión con el sacerdote superior del convento, Barrientos decidió abandonarlo con la idea de dedicarse a la carrera militar, viajando para ello a la ciudad de La Paz para ingresar al Colegio Militar del Ejército, de donde egresó como subteniente el año 1943. Después realizó también estudios en la Escuela Militar de Aviación Boquerón (actualmente denominada Colegio Militar de Aviación). En 1945 estudió como piloto en los Estados Unidos de América, hecho que ya vislumbraba con toda claridad, su relación de afinidad con las administraciones gubernamentales y militares imperiales.

Durante el gobierno del presidente Mamerto Urriolagoitia Harriague, Barrientos participó en la guerra civil de 1949 a favor del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), motivo por el cual fue dado de baja de las Fuerzas Armadas de la Nación. Tres años después, en 1952, fue reincorporado con el grado de capitán. Al crearse la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) como nueva rama del ejército boliviano en 1957, siendo ya general, Barrientos fue nombrado comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Bolivia.

Fue elegido vicepresidente de Bolivia acompañando al presidente Víctor Paz Estenssoro en su tercer Gobierno, cargo del que se posesionó el 6 de agosto de 1964. En la huelga nacional del 29 al 31 de octubre, el vicepresidente Barrientos se encargó personalmente de reprimir a los obreros y mineros, y tres días después, el 4 de noviembre de 1964, perpetró el golpe de Estado que significaría traición a quien lo llevara del brazo a la candidatura vicepresidencial.

Barrientos se autonombró presidente de la Junta Militar (1964-1965), al año siguiente (1965) tuvo que aceptar un copresidente, el Gral. Alfredo Ovando Candía. En 1966, Barrientos fue elegido presidente constitucional, imprimiéndole a su gobierno un sello de desarrollismo económico. Favoreció a los campesinos y se enfrentó contra los obreros y mineros. En 1967 promulgó una nueva Constitución Política del Estado, que estuvo vigente durante 42 años, hasta 2009, cuando fue cambiada durante el primer Gobierno del presidente Evo Morales Ayma a través de una Asamblea Constituyente.

El 7 de noviembre de 1966, se inició la guerrilla comandada por Ernesto "Che" Guevara. En marzo de 1967, casi medio año después de su llegada, el Che y su grupo tuvieron el primer choque con el ejército boliviano en Ñancahuazú en el departamento de Santa Cruz. René Barrientos y el jefe de Estado Mayor, Alfredo Ovando Candia, dedicaron todos sus recursos a aplastar al comandante “Che” Guevara. Contrariamente a lo que él esperaba, Guevara no recibió la ayuda del campesinado boliviano; por el contrario, estos daban un apoyo total a Barrientos.

En abril de 1967, fue capturado Regis Debray, intelectual francés socialista, amigo del Che; en octubre cayeron, fueron apresados o huyeron dispersos los últimos guerrilleros sobrevivientes; el “Che” herido en combate, fue asesinado horas después en la escuelita de La Higuera, el 9 de octubre de 1967.

Durante su gobierno, Barrientos nombró al criminal de guerra nazi de la segunda guerra mundial Klaus Barbie  --“el Carnicero de Lyon”-- que se cambió el nombre en Bolivia a Klaus Altmann, presidente de la Sociedad Naviera del Estado (Transmarítima), que en la época contaba con un solo barco, y que según informaciones reservadas, se dedicaba al comercio internacional ilegal de armas. Barbie también fue nombrado por Barrientos asesor de los Servicios de Inteligencia de Bolivia. Particularmente elevado fue el número de víctimas durante su dictadura. Según Amnistía Internacional, solo entre 1966 y 1968 se ejecutaron varios asesinatos por parte de los escuadrones de la muerte. Incluida también la llamada Masacre de San Juan de 1967 en la que miembros del Ejército de Bolivia atacaron a la población de los centros mineros de Catavi y Siglo XX.

Cabe destacar que René Barrientos, llamado “El General del Pueblo” en un panegírico biográfico escrito por Fernando Diez de Medina, tuvo un amplio apoyo popular campesino; sin embargo, las distintas versiones biográficas de su trayectoria coinciden en afirmar que poco es lo que hizo durante su período, pues se dedicó más a la política y a trasladarse semanalmente a todos los distritos del país y especialmente en el departamento de Cochabamba, constituyéndose de esta manera en uno de los pocos presidentes que viajó a todos los departamentos del país.

Precisamente en uno de esos viajes, que le alejaba de la sede de gobierno, sufrió el accidente que habría de costarle la vida (según rumores nunca confirmados, un atentado). El día 27 de abril de 1969, Barrientos había visitado el pueblo de Arque y cuando su helicóptero levantaba vuelo para retornar a la ciudad de Cochabamba, éste impactó con unos cables de postes de alta tensión, cayendo la nave a tierra e incendiándose inmediatamente. Barrientos llegó a fallecer en el accidente, así como también su edecán de servicio y el piloto. Hasta la fecha no se ha despejado el rumor de que no se trató de un accidente, ya que otra versión afirmaba que la caída del helicóptero había sido provocada intencionadamente.

Inmediatamente después de la muerte de Barrientos, su vicepresidente Luis Adolfo Siles Salinas se hizo cargo de la presidencia de Bolivia, meses más tarde derrocado por el Gral Alfredo Ovando Candia. El entierro de René Barrientos fue apoteósico quizá muy comparable y similar al entierro ocurrido 104 años antes con el expresidente Manuel Isidoro Belzu en 1865.

Principalmente Barrientos, Banzer, y García Meza establecieron una línea de continuidad gubernamental autoritaria, apegada a las directrices establecidas desde el Departamento de Estado y el Pentágono estadounidenses. Convendría establecer analíticamente, las ligazones que estos militares establecieron con partidos políticos con los que cogobernaron, pero que fueron fieles a una visión de país excluyente con fuerte vocación represiva contra las expresiones políticas y sindicales progresistas de izquierda, principalmente en sociedad con el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), la Falange Socialista Boliviana (FSB) y más adelante  --con el Banzer democratizado-- con el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). “Los políticos bolivianos tocaban las puertas de los cuarteles” era una frase muy extendida para caracterizar la relación entre militares y partidos políticos, aspecto que fue nítidamente evidenciado con un desprendimiento del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) que coauspicio la Masacre de Todos Santos (1979), golpe de Estado asestado por el que fuera Ministro de Asuntos Campesinos y Agropecuarios de la dictadura banzerista, Gral. Alberto Natusch Busch.

A estos que gobernaron Bolivia durante cuatro décadas, entre Revolución Nacional, dictaduras militares, y períodos democráticos formales los cubrieron distintos mantos de impunidad procurados por actores políticos de la época. El único que se atrevió a intentar impugnar histórica y políticamente esa impunidad fue Marcelo Quiroga Santa Cruz, jefe del Partido Socialista - 1, con una proposición acusatoria de un juicio de responsabilidades contra la dictadura banzerista en el parlamento nacional el año 1979, osadía que un año más tarde le costaría la vida en las instalaciones de la Central Obrera Boliviana (COB), cuando un grupúsculo de paramilitares lo abatió con metralletas en mano (17 de julio de 1980) en pleno golpe de Estado encabezado por Luis García Meza, otro oficial de Ejército bendecido por Hugo Banzer Suárez.

La democracia autoritaria o la continuación de Banzer en la vida política de Bolivia

(De 1971-1978 a 1997-2001)

Las peculiaridades de la democracia boliviana permitieron que el Gral. Hugo Banzer Suárez consiguiera ejecutar un tránsito de su septenio dictatorial  hacia la renaciente democracia inaugurada el 10 de octubre de 1982. De esta manera, se convirtió en el único militar latinoamericano fuertemente ligado al imperio norteamericano, por formación profesional y afinidad ideológica anticomunista, capaz de infiltrarse en la cancha democrática gracias a la fundación de su partido político –Acción Democrática Nacionalista—en 1979, lo que le permitiría continuar en el protagonismo de la vida política del país, respaldando al último gobierno de Paz Estenssoro (1985-1989), hacer sociedad política con quien fuera uno de sus perseguidos políticos en dictadura, Jaime Paz Zamora (1989 – 1993) y recibir la devolución de favores del propio Paz Zamora para finalmente convertirse en presidente democrático (1997 – 2001). En este contexto hay que leer a Banzer como al autocrata democratizado, que no pudo jamás sacarse el estigma de dictador con el que siempre se lo categorizará en términos históricos, fundamento que nos permite ensayar una mirada de su etapa como presidente electo, como extensión de sus prácticas autoritarias desarrolladas entre 1971 y 1978. Banzer dominó la escena política boliviana durante tres décadas consecutivas.

En ese marco de comprensión el gobierno democrático del Gral.Hugo Banzer Suárez (1997-2001) terminó confirmando que la genuina vocación democrática de Hernán Siles Zuazo y la UDP (1982 – 1985) permitiendo el desamarre absoluto de todas las fuerzas políticas progresistas y sindicales del país, encontraría en su sucesor, Victor Paz Estenssoro, un muro de contención y el paradigma de la instalación de gobiernos sustentados en la gobernabilidad parlamentaria que su predecesor y ex compañero revolucionario no había tenido, y en el uso monopólico de la violencia, respaldado en la legalidad del principio de autoridad, lo que hizo de los gobiernos de esta era democrática, indiscutiblemente legales, pero seriamente cuestionados desde la perspectiva de la legitimidad ciudadana.

Fue así que la democracia boliviana, entre 1985 y 2003, exhibió características de autoritarismo que encuentran sentido y explicación en la amistad política entablada desde 1971 entre Paz Estenssoro y Banzer, interrumpida momentáneamente por éste último en 1974, que se refrendó con el Pacto por la Democracia (1985-1989), primer gran acuerdo político de la derecha, todavía sin repartija del aparato administrativo estatal, que permitió la aplicación contundente del D.S.21060 con el que se modificaban los tamaños y las correlaciones entre Mercado, Estado y Sociedad.

Si Paz Estenssoro fue el referente de los 50-60, con un reinserción electoral final en los 80, Banzer dominó el espectro del poder en una extensión de su gobierno dictatorial entre los 70 y el comienzo del siglo XXI. Bajo sus dos regímenes, de facto primero y democrático autoritario después, se consolidó la penetración del narcotráfico como variable de la economía boliviana y de la dependencia del poder imperial, formó parte de la galería de dictadores fascistoides de Sudamérica –en el marco estratégico militar de terrorismo de Estado denominado Plan Cóndor--, pudo sacarse de encima al líder del Partido Socialista – 1 (PS-1), Marcelo Quiroga Santa Cruz, --que le iniciara un juicio de responsabilidades en 1979-- con el asesinato que truncó su ascendente carrera, cometido por paramilitares que facilitaron el golpe de Luis García Meza, lo mismo que se deshizo de sus primeros socios políticos (MNR y FSB), suspendiendo de cuajo la actividad partidaria y sindical, quedando sacudido y liberado también de su camarada-rival, el Gral. Andrés Selich Chop, primer ministro del Interior de su régimen en 1971, torturado y asesinado en 1973 bajo la administración de su sucesor en las políticas de represión, Alfredo Arce Carpio, obsecuente y sombrío colaborador del entonces Coronel.

Estricto con su línea de pensamiento, Banzer autorizó la eliminación de campesinos en las localidades cochabambinas de Tolata y Epizana (1974), sentenciados por comunistas, se abrazó en Charaña con Augusto Pinochet en el intento de un trueque territorial para una salida boliviana por puertos del Oceano Pacífico, que le permitiría recuperar su cualidad marítima, y encabezó la celebración del Sesquicentenario de la fundación de la República (1975), tuvo como asesor al “Carnicero de Lyon”, el nazi Klaus Barbie (finalmente deportado, años después, en 1983), refugiado y protegido en nuestro país luego de la segunda guerra mundial, le tocó en suerte usufructuar del precio internacional del estaño que llegó a cotizar en 8 dólares la libra fina, y otro de sus camaradas, el Gral. Joaquín Zenteno Anaya, fue asesinado en Paris, --enviado a una especie de exilio dorado a la embajada boliviana en Francia luego de ser Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas--, por supuestos terroristas de izquierda en vendetta por el asesinato de Ernesto Che Guevara (1967)en el que habría participado en su calidad de oficial del Ejército.

También fue violentamente abatido el ex presidente Gral. Juan José Torrres Gonzáles a quién defenestró, exiliado en Buenos Aires, con indicios de haber sido víctima del tenebroso Plan Cóndor, y para no extendernos más en el certificado de antecedentes, incrementó la deuda externa que en 1971 registraba 460 millones de dólares a 3000 millones de dólares para 1978.

Represión política y dictaduras militares: El recuento de los daños

Una investigación de la carrera de Historia de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) estableció los nombres y apellidos de al menos 627 personas que murieron en 18 años de dictaduras militares.

Esta cifra está incluida en un trabajo académico aún no concluido, fue presentada cuando se recordaron 38 años del asesinato político del líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz. La iniciativa responde al  proyecto Paseo de la memoria viva, que impulsa el Gobierno Municipal de La Paz junto con la carrera de Historia de la UMSA.

La investigación se inicia con la dictadura de René Barrientos Ortuño, quien liderizó el golpe militar del 4 de noviembre de 1964 perpetrado contra Victor Paz Estenssoro, quien se había habilitado para ganar elecciones, con acusaciones de violación de la Constitución Política del Estado por afanes prorroguistas. Desde ese año se restringieron los derechos y las actividades políticas, se produjeron frecuentes arrestos arbitrarios, torturas y asesinatos, como fue el caso del reconocido dirigente minero de Siglo XX (Potosí) César Lora.

 “Fue una convocatoria entre investigación, interacción social y trabajo voluntario”, dice la docente y coordinadora del proyecto, María Luisa Soux, quien suscribe también que cuatro universitarios se sumaron a la idea: “Impacta volver a trabajar este tema, se dice que hubo muertos y desaparecidos, pero cuando les pones nombre y apellido, la situación es diferente”, dijo Soux a la periodista Ibeth Carvajal del diario La Razón..

Según el documento académico, el episodio de las dictaduras, dejó más de mil muertes, pero se identificó a 627 personas (ver infografía), como el caso de Santiago Anagua Mamani, un minero que fue masacrado por el Ejército en 1965, o Juan Bernardino Condori, niño de ocho años que murió en 1967 en la Masacre de San Juan.

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A diferencia de lo acontecido con los muertos y perseguidos políticos, producto de los gobiernos correspondientes a la Revolución de 1952, investigaciones históricas de estas características permiten llegar al dato estadístico exacto y concreto, y en lo posible, a los nombres y apellidos de todos quienes fueron perseguidos, desaparecidos y asesinados por defender y profesar ideas políticas “subversivas” de izquierda –socialistas, comunistas, con varios matices e intensidades-- para el orden imperante inaugurado militar y dictatorialmente por el Gral. René Barrientos Ortuño en 1964, que tendría continuación ideológico represiva con las dictaduras de Banzer (1971 – 1978) y García Meza (1980 – 1981):

Dictadura del Gral. René Barrientos Ortuño (1964-65; 1966-69): Cinco desaparecidos, dos muertos.  Masacre de San Juan (Mina Siglo XX, 24 de julio de 1967): Doce muertos. Asesinato de Ernesto Che Guevara (Ñancahuazú, Vallegrande, 8 de octubre de 1967) y otros cuarenta y cuatro muertos. (Con asesoramiento y participación de la CIA, agencia central de inteligencia estadounidense).

Dictadura del Gral. Alfredo Ovando Candia (1966; 1969): Guerrilla de Teoponte, dieciocho desaparecidos, 49 muertos. 1970: Miembros de la guerrilla de Ñancahuazú, Teoponte y del Ejército de Liberación Nacional  (ELN), once muertos , dos suicidios.

Dictadura del Gral. Hugo Banzer Suárez (1971-1978): Sesenta y cinco desaparecidos, cincuenta y siete muertos.

Dictadura del Gral. Alberto Natusch Busch (Noviembre, 1979): Ciento cuarenta y cinco desaparecidos, setenta y siete muertos.

Dictadura del Gral. Luis García Meza (1980 – 1981): Asesinato y desaparición del cadaver de Marcelo Quiroga Santa Cruz, jefe del Partido Socialista – 1 (PS-1). Ocho asesinatos a dirigentes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) en una casa de la calle Harrington de la ciudad de La Paz. Veintiún desaparecidos, ciento dieciocho muertos.

Los responsables del proyecto “Paseo por la memoria” advierten que estas cifras de muertos y desaparecidos son susceptibles de modificación con el avance de la investigación que abarca desde 1964 hasta 1982, año en el que – exactamente el 10 de octubre—se inicia un tiempo político democrático interrumpido el 10 de noviembre de 2019 con la llegada de la Senadora Jeanine Añez, a la sucesión presidencial inconstitucional producto de un golpe de Estado perpetrado contra el gobierno saliente de Evo Morales Ayma.

Originalmente publicado en la edición digital del suplemento Animal Político del diario La Razón el 25 de octubre de 2020.