Quienes se autoengañan en sentido de que en Bolivia no hubo golpe de Estado el 10 de noviembre de 2019, deberán leer los artículos 169 y 170 de la Constitución Política del Estado en los que queda explicitada la sucesión presidencial: Presidente. Vicepresidente. Presidente del Senado. Presidente de la Cámara de Diputados. Jeanine Añez era segunda vicepresidenta por la bancada minoritaria y tanto la ley como el reglamento general de la cámara alta no señalan en parte alguna de esos textos, que quedaba habilitada para acceder al cargo. Una Minuta de Comunicación del Tribunal Constitucional con la que se tramitó su juramento a cargo de efectivos miitares, no puede estar por encima del ordenamiento jurídico del Estado.
En ese contexto
espurio, en el que el supuesto doble objetivo era anular unas elecciones
generales por presunto fraude y expulsar del poder a Evo Morales, los distintos
actores políticos que propiciaron la posesión de Añez creyeron que se
produciría una transición sin contratiempos, exclusivamente orientada a la
realización de nuevas elecciones, objetivo que quedó distorsionado cuando la
presidenta de facto se habilitó como candidata, sumándose a la lista de
aspirantes a ser elegidos en las urnas, decisión de la que se arrepintieron
ella y su entorno cuando ya era tarde, a las puertas de otro abrumador triunfo
del binomio del Movimiento al Socialismo (MAS).
Con la llegada
del coronavirus en marzo de este 2020, el Ministro de Gobierno, Arturo Murillo,
decidió poner en práctica un “protocolo de seguridad” contra la pandemia que en
realidad escondía una persistente persecución política con acusaciones de
terrorismo, sedición y narcotráfico a cuanto militante del Movimiento al
Socialismo (MAS) conviniera arrinconar, seguramente con esa idea basada en la
ley del talión sustentada en que durante el gobierno de Evo Morales se había
montado un aparato persecutorio que en
lugar de ser desmontado, siguió utilizándose con los nuevos actores al mando de
operaciones que incluían detenciones preventivas, detenciones domiciliarias,
cartas de negociación extorsivas y métodos de amedrentamiento a quienes se
resistían a inventar o “sembrar” pruebas contra ex jefes o compañeros de
militancia partidaria. Lo hecho por Murillo supera con creces lo que hiciera el
último gobierno del MAS, convirtiéndose éste en el autor represivo de una
“política de Estado” con olor a revancha, ajuste de cuentas y proscripción del
partido que más elecciones y con cifras superadoras del cincuenta por ciento,
ha ganado en el país desde 2005.
La sofisticación
para forzar procesos sin materia justiciable y la grosería, llegaron a tales
grados, que por ejemplo se acusó de sedición y terrorismo a quién fuera jefa de
despacho del Presidente Morales, Patricia Hermosa, a la que se encarceló sin
otra prueba que registros y
conversaciones telefónicas. Una vez privada de libertad, la señora
Hermosa perdió al bebé que estaba gestando, argumento legal suficiente que
debía inhibir de capturarla a quienes ejecutaron su detención arbitraria e
ilegal. Para los objetivos persecutorios, Hermosa era una “sediciosa” y
“terrorista”, presuntos delitos que junto al de “narcotraficante” sirvieron
para instaurar un régimen del terror, que recuerda a Claudio San Román a cargo
del Control Político del MNR en los 50-60 y a las dictaduras militares
inauguradas por el Gral. René Barrientos Ortuño en 1964.
Miriam Gamboa, señora
con ochenta años de edad, se encuentra recluída en el Centro de Orientación
Femenina (COF) de La Paz, acusada de ser la autora intelectual de la quema de
los buses Puma Katari. Gamboa, una anciana con amplio recorrido profesional
como experta en planificación en salud, alega inocencia, pero ya cumple un mes
de detención en celdas de Obrajes, privada de la visión de un ojo, producto de
cataratas. Otro abuso innombrable del que casi nadie se ha enterado.
A la responsable
de comunicación de una empresa estatal de servicios, le ofrecieron no iniciarle
un proceso y menos detenerla, si aceptaba involucrar a su jefe en actos de
corrupción. Al negarse rotundamente a aceptar tan sórdida proposición fue
acusada por una funcionaria sin título profesional, lo que la inhabilitaba de
acceder al trabajo en dicha empresa, y con ese y otros vicios procedimentales
fue cautelada con detención domiciliaria, limitante que le impidió trabajar
durante casi un año, con acoso callejero por parte de efectivos policiales a su
hijo de apenas doce años de edad.
Son suficientes
estos ejemplos preliminares de cómo el poder político e instancias decisorias
del ministerio público, instalaron el miedo en ciudadanas a las que en el
supuesto de haber cometido delitos, pudieron haber sido sometidas a debido
proceso para defenderse en libertad. Lo que le cuestionaron a un minúsculo
entorno que no permitía que Evo Morales mirara el horizonte y se encargaba del
sistemático control político de fiscales y jueces, terminaron perfeccionando un
método de anulación del adversario político, al extremo que hasta la Asamblea
Permanente de Derechos Humanos terminaría traicionando su espíritu y esencia, que
consiste en denunciar atropellos y sacar cara por las víctimas. Lo contrario:
Su presidenta, Amparo Carvajal, le manifestó a una de ellas, puesta a buen
recaudo, que solamente podría abogar en su favor si hubiera llegado hasta las
celdas de un recinto penitenciario, algo así como “si estás en el quinto
infierno de la cárcel podemos salir en tu defensa, de lo contrario no.” Como
para enmudecer de estupor.
“¿A quién pues
hemos perseguido?” preguntó el entonces ministro de Obras Públicas, Iván Arias,
a una conductora televisiva que lo entrevistaba. Se le podría responder que a
quienes terminaron muertos en Sacaba, Senkata y el Pedregal. A Patricia
Hermosa, Miriam Gamboa y a la funcionaria de la empresa estatal a la que
quisieron extorsionar presionandolá para inventarle delitos a su jefe. Debemos
suponer que Arias no tendrá respuesta, aunque ponga a todos los avengers en miniatura con los que suele
acudir a sus patéticas intervenciones mediáticas, sobre las que a propósito
–persecución mediática-- también hay un representativo conjunto de hechos a
cargo de periodistas que avalaron el golpe, sin jamás referirse a estas
indignantes violaciones a los derechos humanos: Imposible. Estaban en paroxismo
obsesionados con sacar del poder al “tirano” y a sollozar de emoción por la
gesta de los llamados pititas, esos a los que han convertido en símbolo de
veintiún días en los que se defenestro a Evo y a los suyos con escalonados
motines policiales y la presión de las Fuerzas Armadas para la renuncia del
Presidente. Los mismos que hasta hace una semana invocaban un golpe
cívico-militar porque también se habría producido fraude en las elecciones del
pasado 18 de octubre.
Era tal el grado
de excitación entre el 21 de octubre y el 20 de noviembre de 2019, que
referentes de opinión como Carlos Hugo Molina escribieron tweets con aliento
épico y un grado de cursilería desconcertante, desmentido posteriormente por la
evolución de los acontecimientos: “Gracias Presidente. Impresiona la mezcla de magia y milagro que
alinearon el aletear dialéctico de la mariposa para vivir lo que vivimos. Vamos
a cuidarte Jeanine, necesitamos que esto salga lo más humano posible (sic).
Mantené tu sonrisa, y cuando creas necesario, convocá a los pititas”. Sublime.
Como el chocolate peruano.
Por un video producido en un laboratorio
audiovisual
Un Intendente municipal
de La Paz con grado policial contaminó el proceso de persecución- investigación
que se inició contra el que fuera gerente de la empresa estatal Mi Teleférico,
Cesar Dockweiler, interviniendo sin competencia legal en el mismo. Se lo acusó
de uso indebido de bienes del Estado con el insostenible argumento de haber
producido un video en el Laboratorio Audiovisual que instaló la empresa de
transporte en una de sus estaciones (Línea Celeste) con el propósito de ofrecer
infraestructura y capacitación en la materia al público en general que
estuviera interesado en la producción de imágenes en movimiento. En otras
palabras, dicho Laboratorio prestaba un servicio como parte de las iniciativas
vinculadas a la comunicación y a la cultura que el sistema de transporte puso
en funcionamiento, producto de su compromiso con la comunidad.
Los acusadores,
a la cabeza del sustituto de Dockweiler, Jorge Bonadona, directamente
relacionado con el Gobierno Municipal de La Paz, utilizaron un breve
testimonial en que una persona de aproximadamente cuarenta y cinco años, hace
una exhortación reflexiva con respecto de la coyuntura electoral que se vivía
en el país en ese momento, previo a las anuladas elecciones del 20 de octubre
del pasado año. No se trataba de un spot de campaña con autoría partidaria por
lo que la argumentación caía por su propio peso. A partir de ese momento, quién
fuera artífice y conductor gerencial de una de las obras fundamentales que le
ha cambiado la cotidianidad a las ciudades de La Paz y El Alto con este sistema
de transporte, comenzó a ser perseguido y como no admitió culpabilidad alguna,
decidió ponerse a resguardo para eludir su detención.
Por si esto
fuera poco, a Dockweiler también se lo acusó de presionar y obligar al personal de Mi Teleférico a entregar aportes
para la campaña del Movimiento al Socialismo (MAS), cuando según su versión y
la de los propios trabajadores de la empresa, los montos fueron otorgados libre
y voluntariamente. Todo traído de los pelos con la instigación de ministros como
el de la Presidencia, Yerko Nuñez y el
de Obras Públicas, Iván Arias, el que preguntó en televisión “¿ A quién
hemos perseguido?”. Objetivo central: Anular políticamente al fundador gerente
de Mi Teleférico que a lo largo de su gestión demostró que una empresa estatal,
bien gestionada, puede exhibir números favorables con efectos multiplicadores.
Una justicia putrefacta al servicio del
poder de turno
Debido proceso
es el concepto con el que se enjuicia a una persona cumpliéndose rigurosamente
todas las instancias que comprenden el trayecto de un juicio transparente,
desde el levantamiento de información a partir de indicios hasta el momento final
de la sentencia condenatoria, que en los casos analizados ha sido sustituído
por el uso excesivo y violatorio de los derechos humanos de la detención
preventiva, y sucede cuando el Ministerio Público y el aparato judicial se
hallan condicionados en todas sus instancias por el poder político de turno.
Fue en ese ámbito que el Tribunal Constitucional otorgó carta blanca a Evo
Morales para que se habilitara como candidato presidencial, aduciendo un
derecho humano según el Pacto de San José. Tres años más tarde de tan
cuestionada decisión, incluso en instancias como la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH), el que fuera ministro de Justicia y abogado de
confianza de Evo, Héctor Arce Zaconeta, ha reconocido hace unos días en
entrevista televisiva que se trató de “el más grave de los errores”, reconocimiento
tardío, por lo que él mismo tuvo que padecer refugiado en la residencia de la
Embajada de México en La Paz, y sin preveer consecuencias para todos sus
“compañeros” a los que se persiguió, extorsionó, y apresó indebidamente durante
el último año.
Las
características fundamentales de la persecución política durante el gobierno de
facto son las siguientes: Incumplimiento de principios y procedimientos
penales. Injerencia política del Organo Ejecutivo en el Organo Judicial y en el
Ministerio Público. Fabricación de delitos. Ordenes de aprehensión sin debida citación
previa. Uso de medios de comunicación para fines de desprestigio. Abuso contra
terceros para fines declaratorios e incriminatorios. Involucramiento de
familiares --parejas, hijos—con
ampliación de procesos. Presiones para cambiar declaraciones de testigos.
Búsqueda de “testigos” para declaraciones en contra de los perseguidos de turno
a cambio de reinserción u otorgación de fuentes laborales.
Ese es el
“legado” que nos deja la fallida presidencia transitoria inconstitucional de
Jeanine Añez-Arturo Murillo. Como para que no queden dudas, acerca de la
inquina del régimen de facto, la que fuera Ministra de Relaciones Exteriores,
Karen Longaric, destituyó al embajador en el Perú, Gustavo Rodríguez Ostria, a
sabiendas del cáncer que lo aquejaba, por lo que su despido era ilegal. Digamos
que ejerciendo otra forma sútil y perversa de persecución política. Ayer sábado
14 de noviembre nos enteramos que lamentablemente Rodríguez falleció en Lima,
al que recordaremos como historiador de valiosas investigaciones como “Sin
tiempo para las palabras: Teoponte, la otra guerrilla guevarista en Bolivia”
(2006) y “Los partidos de izquierda ante la cuestión indígena 1920 – 1977”
(2017).
Originalmente publicado en la edición digital del suplemento Animal Político del diario La Razón el 15 de noviembre de 2020.
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