Alcaldes y ex alcaldes han
quedado enfrascados en el torneo más competitivo de la viveza criolla de los
que tengamos memoria en esta democracia victoriosa ante conspiraciones
cívico-militares en treinta y seis años contínuos: Edgar Bazán de Oruro, José
María Leyes y Edwin Castellanos de Cochabamba,
Edgar Patana de El Alto, y Carlos Bru de Yacuiba, para no referirnos a
varios otros pertenecientes a municipios rurales más pequeños, confrontan problemas de transparencia, sea
por falta de ejecución presupuestaria o por esas perversas tentaciones caracterizadas
por presuntos y comprobados sobreprecios y coimas.
En el fuego cruzado político, el
acento ha sido puesto en la lógica de “trata a mis corruptos por igual que a
tus corruptos” como si el problema se circunscribiera a un asunto de equidad y
severidad judicial y no a uno más profundo que se inscribe en cómo funcionan
las cabezas de los servidores públicos que alcanzan los máximos poderes regionales
a través de la confianza expresada por la ciudadanía en las urnas, y que
encuentran en su paso raudo y fugaz por el acceso a a los recursos económicos
procedentes de diversas fuentes estatales, la manera de asegurar su estabilidad
y buen pasar, disponiendo de dineros que
franquean la otorgación de contratos de distintos tamaños y diferente
incidencia en la vida de cada comunidad.
Un extraviado escribidor, de esos
que abundan gracias a la generosidad del escenario plural y democrático del que
gozamos hace casi cuatro décadas, afirmó hace un par de semanas, muy suelto de
cuerpo, que el asunto de las mochilas chinas era un mareo de perdiz, insinuando
que la gravedad de la corrupción puede medirse a través de una escala de
montos, como si el crápula de turno pudiera tipificarse por el tamaño del robo
o del monto de comisión, y no por el sentido medular de sus actos.
El que utiliza los bienes
públicos para beneficio personal, o lo que estos facilitan en el ejercicio de
funciones, es igualmente torcido, independientemente de si trafica con
computadoras, mochilas, cemento asfáltico, galletitas para el desayuno escolar
o recibe sobornos para la adjudicación de megaobras de infraestructura
carretera, porque sencillamente la corrupción es un sistema enquistado en las
seseras de los grandes tomadores de decisiones, merced a la maquinaria de la
que disponen a gusto y sabor, y no un asunto a encontrarse en manuales de
urbanidad, buenas costumbres o en guías de la moral pública y privada, y eso
significa que medir este asunto por el tamaño del negocio está bien para la
hora de las sentencias ejecutoriadas y no para la comprensión esencial de la
problemática.
La corrupción se torna aún más
inquietante, cuando los casos se multiplican como hongos que por su extendida práctica
se instrumentalizan como arma de desestabilización política y se constituyen en
amenaza para la preservación del mismísimo sistema democrático. Le está
sucediendo al Perú con sus cinco últimos expresidentes --Alberto Fujimori, Alan
García, Alejandro Toledo, Ollanta Humala, y el último, Pedro Pablo Kuczinsky, por
supuesto enriquecimiento ilícito, Modo Odebrecht, y por haber ofrecido
indulgencias y retribuciones a parlamentarios que evitaran su caída. Sucede
también a Brasil con un juez como Sergio Moro que ha logrado mandar a la cárcel
a Luiz Inacio Lula Da Silva, por el supuesto “regalo” recibido de la empresa
constructora OAS –un apartamento de tres plantas—a cambio del presunto
favorecimiento de contratos por parte del gobierno brasileño cuando el líder
del Partido de los Trabajadores (PT), era presidente: En este caso, el aparato
judicial convertido en un arma de neutralización y control político, que bien
podría ser leído como otra variante de corrupción, si se tiene en cuenta que
parece haberse vulnerado el debido proceso.
Durante la etapa neoliberal
boliviana (1985 – 2005) se han acumulado dos décadas de tramas de corrupción de
las más variadas dimensiones y durante el proceso nacional popular (2006-2018),
vigente hace doce años, de la misma manera se van registrando progresivamente
hechos tan escandalosos y aún más reprochables desde la perspectiva
diferenciadora entre democracia representativa y democracia participativa,
porque si algo no encaja en el contexto de los procesos emancipadores del
continente es tener a un Santos Ramírez traicionando una trayectoria de lucha
por una “comisión” que acabó con su prometedora carrera pública o a un
Guillermo Achá, acusado de sobreprecios en la compra de unos taladros para
explotar hidrocarburos, comprometido a trabajar con eficiencia y eficacia
técnicas en la Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) que reclama
socios y no patrones.
¿Y qué decir del caso del Fondo
de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas
(FONDIOC), mecanismo institucional orientado a dotar de recursos económicos a
emprendimientos rurales que certificaran efectivamente que Bolivia había
conseguido el gran salto de la democracia del voto, a la democracia
deliberativa y de participación ciudadana, progreso político-institucional que
facilitó que los dineros del Estado se hicieran accesibles a los más pobres o
carenciados en su base material? Simple y llanamente subrayar que deben
resignarse al rigor de la ley y sus consecuencias por haber ingresado en el
territorio de quienes hicieron del poder político y el ejercicio gubernamental,
instrumentos de inaceptable autosatisfacción, tirando al canasto los preceptos
de un proceso popular y liberador.
Corruptos de derecha son los que
dominan el planeta y hay que perseguirlos cuando se llega a la fase de
demostración probatoria de sus tropelías, pero hay que ser aún más
disciplinados judicialmente con los corruptos camuflados en la izquierda,
porque esos bicharracos terminan convirtiéndose en los potenciales
viabilizadores del retorno a prácticas políticas y económicas que quisiéramos
definitivamente superadas para nuestras democracias que no deben perder su
esencia participativa si lo que se quiere evitar es el retorno de la dictadura
del mercado, esa que garantiza la desigualdad y la injusticia social.
Originalmente publicado el 08 de mayo en la sección Opinión de la Agencia de Noticias Fides (ANF)