En una
entrevista para televisión con el ministro de Gobierno, Carlos Romero (24 de
julio de 2016), le pregunté por el tema de la justicia en los siguientes
términos:
Hay
un columnista bien de derecha, que fue un
hombre muy cercano al general Banzer, se llama Manfredo Kempff, --es
novelista además--, que ha utilizado un término que me parece interesante para
generar reflexión. El término es “fiscalato”. Dice que los fiscales hoy en día
hacen y deshacen en Bolivia. Si a esto le
sumamos los consorcios de abogados, la carga procesal y la retardación
de justicia, y el hecho de que la gente más pobre, sin capacidad para pagar un
abogado por un juicio cualquiera se
encuentra en estado de indefensión, nos lleva a encontrar un panorama lúgubre
ministro.
Romero respondió
con los siguientes criterios:
Comparto absolutamente. Es decir, el fiscal
es un súper poderoso en el diseño del procedimiento penal. De alguna manera el
procedimiento penal es la cara de la justicia en cualquier país del mundo, es
donde se juegan los más altos intereses, donde se juega a la libertad o la
prisión de una persona, donde se juegan los patrimonios. Entonces el tema penal
cómo cara de la justicia tiene en los fiscales a unas autoridades super
poderosas que hacen y deshacen con los procesos, que los dilatan a
conveniencia, que articulan muchas veces consorcios de abogados. En su momento
nosotros los denominamos “redes de extorsión” que han sometido a la justicia
básicamente a una condición de un sistema absolutamente mercantilizado,
prebendalizado. En determinado momento, parafraseando a Marx en el Manifiesto
Comunista, a propósito de la caracterización del Capitalismo, yo decía: en la
justicia todos los litigios se compran y se venden, lo único que está en
discusión es el precio. Tal vez llevando el análisis a una situación extrema,
porque seguramente habrán también fiscales y jueces muy honestos, nunca se
puede generalizar; pero evidentemente la justicia boliviana ha alcanzado sus
mayores niveles de crisis estructural. Ahora esta crisis estructural tiene
diferentes abordajes, algunos desde una interpretación política dirán que la
justicia está en crisis porque está subordinada al poder político, porque los
masistas manipulan la justicia para hacer política y perseguir a los
opositores, entonces por eso está en crisis. Otros dirán: La justicia está en
crisis porque se inventaron en la Constitución la elección, mediante voto, de
las autoridades jerárquicas el órgano jurisdiccional. Otros dirán, desde una
perspectiva más administrativa, y de este lado de los operadores de Justicia:
La justicia está en crisis porque el Estado no nos asigna suficiente
presupuesto para tener más juzgados y trabajar de mejor manera. En fin, hay
interpretaciones sesgadas, parciales, desde la perspectiva de los intérpretes
de la crisis de la justicia. Pero en algo que vamos a coincidir, el núcleo
central, estructural, que determina la justicia en Bolivia es que su diseño es
muy desequilibrado, no hay un sistema de check and balance (controles y
contrapesos), que permitan controles cruzados y transparentes de la
administración de los procesos. Por eso aparece un fiscal poderoso que tiene
mucha discrecionalidad para definir el curso de un proceso que subordina al
policía investigador, subordina al juez, porque es el que dirige, el que
conduce el proceso, porque puede limitar o ser permisivo con la acción de los
litigantes, en fin, tiene muchísimas potestades, no tiene un contrapeso, no hay
los mecanismos de transparentación, los mecanismos de control no funcionan y
este es el problema nodal de la justicia, entonces el “fiscalato”, como
categoría que tú citabas me parece una buena descripción.”
El fiscalato extorsivo
Esta
pregunta-respuesta, de periodista a abogado encargado de la seguridad interna
del país como Ministro, sintetiza de manera indiscutible el cuadro de situación
a través del cuál encontramos este mecanismo de persecución política que no
sólo implica el objetivo de neutralizar adversarios, sino, además, generar a
través de la extorsión, un nuevo sistema de corrupción en el que a los fiscales
embadurnados en estas acciones, se suman abogados, policías investigadores y
jueces. Ojo, lo acepta un ministro que formó parte del entorno de confianza de
Evo Morales, no un opositor de la derecha, por lo que sus palabras ponen en
evidencia que la problemática en cuestión era conocida a fondo en las entrañas
mismas del gobierno y en este contexto no se trata de utilizar la etiqueta de
la “persecución política” para justificar hechos de corrupción como
habitualmente hicieron los opositores al MAS hasta noviembre de 2019, como es
el caso de José María Leyes, Alcalde de Cochabamba, por los casos Mochilas I,
II y III.
El modus operandi se resume en los
siguientes términos: El Fiscal designado para perseguir a un personaje al que
se necesita neutralizar por razones políticas utiliza la detención preventiva
aplastando el debido proceso con el objetivo de arrinconar contra la última
pared de una celda judicial a la víctima de turno. A continuación se procede a
la realización de la respectiva audiencia de medidas cautelares y en lugar de
dictar sustitutivas, el juez de turno ordena traslado a un penal. Una vez el
privado de libertad experimenta un horrible estado de indefensión, emisarios de
los fiscales en coordinación con los abogados que ejercen defensa comienzan las
tratativas para generar la cesación a la detención, siempre y cuando acepten los
términos económicos que se les plantean y que, en caso necesario, estos admitan
hacer declaraciones en contra de sus eventuales jefes, si es que se trata de
personeros dependientes de la administración pública.
“Tu salida
cuesta tanto hermanito, y todo se arregla si además dices que tu jefe o jefa te
mandaron a cometer tales irregularidades…si cumples con estas condiciones,
procesamos tu liberación rápidamente”. Así de sencilla y concreta es la fórmula
que caracteriza la persecución política de hoy en la que ya no hay casas de la
represión, campo de concentración, celdas clandestinas, ni métodos de tortura y
desaparición física. En suma, la persecución y represión en la gran mayoría de
los casos, prescinde del amedrentamiento físico. Suficiente con mandar a
guardar por el tiempo necesario a la víctima de turno que le tiene pavor a
perder la libertad, peor si a través de “pruebas sembradas”, materia
justiciable insuficiente y sometiéndose a ingresar en la cárcel por indicios y
no por pruebas concluyentes.
Terrorismo I y II
Condenado en
2012 por pedido de coima al empresario asesinado Jorge O´Connor, el entonces
presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos
Ramírez, tuvo que pasar durante una década en el Penal de San Pedro. Cercano a
Evo Morales, lo sucedido con éste que fue presidente del Senado y promesa
política del MAS, fue la evidencia de que el partido de gobierno estaba
dispuesto a freír a sus propios peces si los encontraba cometiendo
irregularidades y delitos. No había sucedido nunca durante los tiempos de
democracia pactada (1985 – 2005), que un alto miembro de la estructura de poder
vigente terminara en la cárcel, ya que cuando se presentaban hechos de
corrupción debidamente comprobados, el camino era el del encubrimiento o la apertura
cómplice de una puerta trasera.
Casos
diametralmente opuestos son los llamados Terrorismo I y II destapados en Santa
Cruz de la Sierra el 16 de abril de 2009 cuando en un operativo policial
ejecutado en el hotel Las Américas, según el reporte oficial, murieron Eduardo
Rosza Flores, Árpad Magyarosi y Michael Dwyer, al que se les habría descubierto
un plan para asesinar al presidente Evo Morales y al Vicepresidente Alvaro
García Linera.
A partir del
descubrimiento de esta trama, Mario Tadic y Elod Toaso, que formaban parte de
la presunta organización mercenaria comandada por Rosza, fueron arrestados,
momento en el cuál quedaron sindicados empresarios y políticos de la capital
cruceña como Gary Prado Salmón, General retirado a quién se recuerda como
activo oficial del Ejército que participó en la captura y muerte del Che
Guevara en Vallegrande (1967) y Zvonko Matkovic, hijo de quien fuera Prefecto
del departamento en el gobierno democrático del Gral. Banzer, y ahora político
en actividad bajo la sigla Creemos como candidato a Senador suplente.
El proceso
judicial se extendió durante más de once años en el que Prado Salmón, postrado
en una silla de ruedas sufrió detención domiciliaria, y Matkovic estuvo
recluído en el Penal de Palmasola durante ocho años. Los dos alegaron
invariablemente inocencia, lo mismo que el resto de la cuarentena de acusados.
Los dos procesos fueron extinguidos durante este año de gobierno transitorio
inconstitucional a partir del argumento de inexistencia de pruebas.
Para los
familiares de las víctimas y de los apresados, se trató de un oscuro caso de
persecución política sobre el que todo indica no se encontrarán nunca pruebas
condenatorias, considerando, principalmente, la versión que señala que se trató
de ejecuciones sumarias y como lo dijera el gobernador de Santa Cruz, Rubén
Costas, el mismo 16 de abril de 2009, “de un montaje del gobierno”.
La verdad
histórica sobre esto controvertido caso ha quedado en tinieblas.
Franklin Gutiérrez y ADEPCOCA
Dos días después
de la llegada de Jeanine Añez al gobierno, la red Unitel informaba en los
siguientes términos sobre la liberación del dirigente Franklin Gutiérrez de la
Asociación Departamental de Productores de Coca (ADEPCOCA) de Los Yungas de La
Paz:
El ex dirigente cocalero de ADEPCOCA, Franklin Gutiérrez, quien fue
aprendido en agosto del pasado año, fue puesto en libertad con medidas
sustitutivas, lamentó haber estado encarcelado injustamente durante más de un
año, y culpó a Evo Morales por los delitos que lo acusaron. Recordemos que el
dirigente cocalero fue detenido por los enfrentamientos que hubo en la Asunta,
donde falleció un teniente, sin embargo Gutiérrez señala que esta muerte se
produjo por fuego propio de los agentes desplegados en Los Yungas. Su abogado
señala que nunca existieron suficientes pruebas para su detención, Gutiérrez
podrá salir de la cárcel una vez que presente dos garantes, una vivienda en la
ciudad de La Paz y tiene restringido el viaje a Los Yungas hasta que su proceso
concluya.
Cumplidos tres
meses de reclusión en el Penal de San Pedro, Gutiérrez se vió conmocionado por
la muerte de su hijo menor de apenas dos años. En su calvario como privado de
libertad, el dirigente cocalero denunció a través de uno de sus abogados, Jorge
Santiesteban, de “falsificación de datos migratorios” en los que figuraba un
viaje a Colombia que nunca se produjo, ya que en realidad se habría trasladado
hasta el Ecuador. El mismo abogado acusó de manera frontal al Ministro de
Gobierno, Carlos Romero, de manipular dicha información a quién sindicó de
“inventar delitos” contra su defendido.
Según este
cúmulo de informaciones, Gutiérrez representa otro caso de persecución
política, considerando que los puntos de vista de los cocaleros de Los Yungas
está en contraposición a los esgrimidos por las seis federaciones del trópico
de Cochabamba, de las que es presidente, Evo Morales.
Entre las
consideraciones analíticas del ministro de Gobierno Carlos Romero acerca del
“fiscalato” y sus actuaciones en contra de los derechos del dirigente de Los
Yungas, Franklin Gutiérrez, según lo atestigua el abogado Santiesteban,
encontramos esa insalvable brecha entre lo que se dice y lo que se hace. Como
este ejemplo, abundan otros en materia de persecución política en el transcurso
del llamado Proceso de Cambio.
Originalmente publicado en la edición digital del suplemento Animal Político del diario La Razón el 08 de noviembre de 2020.
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