La nueva era democrática boliviana inaugurada el 10 de octubre de 1982 nos dice que Hernán Siles Zuazo, Carlos Mesa y Eduardo Rodríguez Veltzé no dejaron, tras su paso por la presidencia, antecedente alguno relacionado con la persecución y la represión política que sí estuvo a cargo, hasta 2003, de Victor Paz Estenssoro, Gonzalo Sánchez de Lozada (Guerra del Gas, Octubre negro), Hugo Banzer Suárez y Jorge Quiroga Ramírez (Guerra del Agua).
Quedaron atrás el Control
Político y los campos de concentración de los 50 – 60, lugares como la Isla de
Coati (lago Titikaka), cárcel política instalada durante la dictadura
banzerista, y empezaron a ocupar los escenarios del asedio y la persecución,
jueces y fiscales cooptados por el poder de turno para anular adversarios,
“subversivos”, “terroristas”, “sediciosos” y hasta “narcotraficantes”, dicho
así, entre comillas, considerando los argumentos jurídicos y de seguridad del
Estado asentados en dichas tipificaciones, con el propósito de sofocar
conflictos sociales a cargo del mundo popular contestatario boliviano.
La última gran
puesta en escena político-social-sindical fue la Marcha por la Vida, como
respuesta al despido masivo de veintitrés mil trabajadores de las minas de
propiedad estatal (“relocalización”), producto del ajuste estructural que
aplicó el gobierno de Paz Estenssoro (1985 – 1989) que la periodista Mabel
Azcui, entonces corresponsal del diario El País de España reflejó sus
consecuencias de la siguiente manera:
Confinados en el norte de Bolivia los principales dirigentes sindicales
Juan Lechín y los principales dirigentes de la Central Obrera Boliviana
(COB) han sido confinados en pequeños poblados del norte boliviano. A pesar del
rigor del estado de sitio, el Gobierno no ha podido controlar totalmente el
movimiento huelguístico contra su política económica, iniciado hace tres
semanas.
El Gobierno informó que un total de 143 dirigentes sindícales fueron
confinados a Puerto Rico y Ramón Darío, en el norte de Bolivia, mientras que 13
continúan detenidos en La Paz. En la madrugada del jueves, alrededor de 1.500
dirigentes sindicales que se encontraban en huelga de hambre fueron detenidos
durante una operación policial.
La mayor parte de los huelguistas que no tenían responsabilidad en el
movimiento fueron puestos en libertad ayer por la tarde. El máximo dirigente de
la COB, el viejo líder Juan Lechín, fue confinado a "la ubérrima región de
Puerto Rico, en el departamento (provincia) de Pando", dijo el ministro
del Interior, Fernando Barthelemy. Puerto Rico es un pequeño poblado a 600
kilómetros al norte de La Paz y a unos 60 de la frontera con Brasil, situado en
la confluencia de los ríos Tahuamanu y Maruripi, subafluentes del Amazonas.
Pese a que la Central Obrera quedó prácticamente descabezada, algunos
miembros del comité de huelga y del comité ejecutivo que no fueron detenidos
pasaron a la clandestinidad y, desde allí, ordenaron que se mantenga la huelga
general con bloqueo de caminos.
Grupos de obreros, de personal de la industria del petróleo, de
maestros y de mujeres mineras continuaban ayer en huelga de hambre, y se
anunció la posibilidad de que nuevos piquetes podrían sumarse al ayuno voluntario
en La Paz.
En los distritos mineros, la huelga, ahora indefinida, se mantiene con
decisión. En la víspera, piquetes de huelguistas de hambre en el distrito de
San José entraron en las galerías para iniciar su paro después de haber instado
a universitarios y amas de casa a sumarse a la medida.
"Queremos denunciar ante la conciencia latinoamericana la acción
brutal del Gobierno de Paz Estenssoro, para imponernos un modelo
contrarrevolucionario", dijo el dirigente minero Filemón Escobar, en una
alocución difundida por Radio Pío XII, de Siglo XX, captada en La Paz.
El Gobierno de Paz Estenssoro difícilmente podrá reactivar la
producción en el estratégico sector minero, a menos que utilice la fuerza. La
historia de los últimos 30 años refleja la alta combatividad de los
trabajadores mineros bolivianos.
El estado de sitio decretado por el Gobierno fue impugnado por varios
partidos de izquierda, que exigen una reunión del Congreso para derogar esa
extrema medida adoptada, según el Gobierno, con objeto de "preservar el
ordenamiento jurídico de la República" y afrontar "el movimiento
huelguístico ilegal, que tendía a suplantar la autoridad del Estado".
El Congreso se reunirá el lunes, según se ha anunciado oficialmente,
para conocer las motivaciones que tuvo el poder ejecutivo para dictar el estado
de sitio. Portavoces gubernamentales dijeron hoy que Bolivia ha entrado en una
etapa de normalidad en el trabajo. (La
Paz, 21 de septiembre de 1985).
A partir de este antecedente
–“Marcha por la vida” y estado de sitio más confinamiento para aplacar las
movilizaciones sociales—dio inicio la etapa neoliberal que se extendió durante
dos décadas en nuestro país, y durante ese tiempo lo que se impuso fue un
modelo de gobernabilidad basado en acuerdos partidarios que se traducían en una
repartija de cuotas de poder para administrar el país.
Durante ese tiempo, la
criminalización de campesinos cocaleros asentados en la zona del subtrópico
cochabambino, fue una constante. Permanentemente arrinconados con acusaciones
de ligazones con el narcotráfico, las políticas gubernamentales pasaban por la
combinación del llamado desarrollo alternativo con agencias del gobierno
estadounidense instalado en el Chapare y la interdicción a cargo de la DEA,
policía mundial especializada en perseguir organizaciones criminales vinculadas
al tráfico de sustancias controladas y a colectivos sociales representativos de
los sectores populares a los que se reprimía sistemáticamente a través de
UMOPAR, brazo policial boliviano encargado de dichas tareas dominadas por los
excesos y las violaciones a los derechos humanos.
Evo Morales Ayma, dirigente de
las federaciones cocaleras, fue el principal perseguido político de los
gobiernos de Paz Estenssoro, Sánchez de Lozada, Banzer y Quiroga, persistencia
que recrudeció cuando éste, en las elecciones presidenciales de 1997, fue
ganador por Izquierda Unida (IU) de la diputación uninominal por la
circunscripción 27 (Chapare-Carrasco) con el 61.8 por ciento de los votos,
cifra que anticipaba records electorales posteriores. Cinco años más tarde,
Morales era expulsado del parlamento, con el monitoreo y las instrucciones
emanadas desde la presidencia de la República a cargo de Tuto Quiroga, con el
argumento de graves faltas éticas cometidas en el legislativo, en tiempos en
que arreciaba la violencia desatada por fuerzas policiales contra cocaleros con
muertes, producto de dichas refriegas.
Los “errores no delitos” de Oscar Eid
Los neoliberales encabezados
partidariamente por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Acción
Democrática Nacionalista (ADN) y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria
(MIR) dominaron la escena gubernamental con matices que ya prácticamente han
dejado de comentarse: Sanchez de Lozada y Banzer no se podían ver. El General
pactó con Jaime Paz Zamora para hacer gobierno en 1989 dejando afuera al
ganador con mayoría relativa, el mismísimo Sánchez de Lozada. Y transcurrida
más de una década, el propio Goni pactó con Paz Zamora (2002), a pesar de que
en su primer gobierno (1993-1997) se dispuso una operación político jurídica
para encarcelar a su principal orquestador, Oscar Eid Franco, acusado de
viabilizar recursos para la campaña electoral provenientes del narcotraticante
Oso Chavarría. Eid se sacrificó y se comió cuatro años en el penal de San Pedro
en un contexto en que su jefe-amigo, Paz Zamora había afirmado que había
cometido “errores pero no delitos”, en alusión a los dineros que faciitaron sus
actividades electorales.
La Agencia de Noticias Fides
(ANF) reflejó el encarcelamiento de Eid el 17 de enero de 1995:
Narcovínculos: Oscar Eid encarcelado en San Pedro
El máximo dirigente del ex gobernante Movimiento de Izquierda
Revolucionaria (MIR), Oscar Eid Franco fue internado en el Panóptico Nacional
de San Pedro de esta capital en cumplimiento al Auto Ampliatorio de
Procesamiento Penal del Juzgado Primero de Sustancias Controladas.
Así, el jefe político, acusado
de encubrimiento al narcotráfico, comenzó a sentir la rigurosidad de la
draconiana Ley 1008 en el marco del proceso sobre los llamados narcovínculos.
Luego de 22 días de haberse mantenido en una celda de la Fuerza Especial de
Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) en calidad de "depósito", a las
19:30 de este martes 17 de enero de 1995 el Jefe y fundador histórico del MIR
pasó a engrosar las filas de la hacinada población penal como preso
"formal o preventivo".
"Una señora me regaló un anillo con un mensaje que decía: A partir
de ahora considérese un prisionero de Palacio", reveló Eid Franco minutos
antes de ingresar al penal de San Pedro de La Paz. Fue recibido por el Cnl.
Lucio Herrera, gobernador de la penitenciería, y pasó la primera noche en la
sección "Chonchocorito" donde, irónicamente, están internados los
acusados de narcotráfico Isaac "Oso" Chavarría y Carmelo
"Meco" Dominguez.
Rodeado de escasos 15 militantes de base de su partido y ante la
notable ausencia de la cúpula de mando del MIR, el nuevo interno de San Pedro
declaró mantenerse con gran fortaleza y espíritu de ánimo. Como ejemplo de
ello, dijo: "Todo esto es Grozny, aquí no entra el Kremlin ni entran los rusos
y hay que seguir resistiendo desde el punto de vista legal".
Al ser consultado si su nueva
situación de interno en una cárcel no rebajaba su carrera política, respondió
que "esto tenía que darse porque se trata de un paso jurídico más en
función del esclarecimiento definitivo. "Nos vamos a defender", dijo
al informar que sus abogados continúan en el combate jurídico para demostrar su
inocencia. "No es la primer vez que ingreso a la Cárcel y para mí es un
hecho más que contribuirá al fortalecimiento de la democracia y del Estado de
Derecho", sostuvo al exhortar que "ojalá nadie caiga en la tentación
de presionar a los Jueces y que éstos actúen dentro de los marcos estrictos que
mandan las leyes".
Ratificó ser partidario de
luchar contra el narcotráfico pero dentro el debido proceso. A partir de este
momento, dijo, asumiré mi defensa sin privilegios y a plenitud.
Dirigiéndose a los pocos
militantes que lo acompañaban, Oscar Eid demandó de sus correligionarios a que
continúen con el proceso de refundación del Movimiento de Izquierda Revolucionaria
y que se realice la Asamblea Nacional para elegir una nueva dirección. "El
MIR no está muerto, el muerto está gozando de plena salud y el 26 de enero se
proyectará para trabajar en beneficio de la Patria", dijo a tiempo de
valorar el retorno del ex Presidente Jaime Paz Zamora a la vida Política.
Oscar Eid Franco aceptó la cárcel
para salvaguardar la integridad y la libertad de Jaime Paz Zamora, pero terminó
procesado por móviles políticos, esto es persecución, en tiempos en que se
consideraba a su partido, el MIR, una amenaza para las aspiraciones de la
reproducción de poder pretendida por el MNR jefaturizado por Gonzalo Sánchez de
Lozada. Siete años después se convertirían en socios para cogobernar entre 2002
y 2003.
La incansable lucha de Manuel Morales Dávila
En céntricos cafés y
“confiterías” del centro de La Paz como El Rosedal o Carabelle (años 80),
Manuel Morales Dávila era motivo de comentario permanente en mesas de señores
conservadores cercanos a la tercera edad, que lo calificaban de “viejo
resentido y odiador.” Lo cierto es que Morales Dávila, fallecido en agosto de
este 2020, fue el abogado laboralista más comprometido con las causas obrera y
popular bolivianas, que tuvo la osadía de impugnar la capitalización y
enajenación del patrimonio nacional a la cabeza del gobierno de Gonzalo Sánchez
de Lozada, quién instruyó su persecución y encarcelamiento al que acusó por
“traición a la patria”. En el lenguaje represivo de hoy, se lo calificaría de
“sedicioso” y “terrorista.”
La Agencia de Noticias Fides
(ANF) registró así su detención:
Manuel Morales Dávila, incomunicado en la cárcel
El conocido abogado Manuel Morales Dávila denunció hoy desde la cárcel
de San Pedro que fue incomunicado en una celda de la sección "Chonchocorito"
a fin de que no tenga contacto con los periodistas.
Morales Dávila, de 70 años de edad, ha sido encarcelado por
"ordenes superiores" del Gobierno y la prisión fue ejecutada por el
juez Antonio Santamaría.
El abogado dijo que desde la cárcel continuará impulsando un juicio de
responsabilidades al Presidente de la República por "traidor a la
Patria" en "la venta de las empresas del Estado".
El Ministro de la Presidencia, Guillermo Justiniano, dijo que Morales
Dávila debe probar las acusaciones contra el Presidente. El viejo laboralista
respondió que probará la culpabilidad de Gonzalo Sánchez de Lozada (Agenciq de
Noticias Fides (ANF) 8 de marzo de 1996).
Manuel Morales Dávila fue
detenido en trece oportunidades a lo largo de su carrera profesional, y en esta
que lo mantuvo recluído durante cuarenta y cinco días, quedó consolidada su
imagen como uno de los más destacados defensores de los recursos naturales del país. Había sido Contralor de la
República durante el breve gobierno de Lidia Gueiler (1979 – 1980), abogado de
la Central Obrera Boliviana (COB) y de varios gremios fabriles y años más
tarde, parlamentario por el Movimiento al Socialismo (MAS) y asesor del
presidente Evo Morales.
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