Hay un redactor
que se ha dado a la descarada tarea de tratar a todos quienes afirmamos que el
10 de noviembre de 2019 se produjo en Bolivia un golpe de Estado, de cultores
de la posverdad porque “la historia la escriben los ganadores”, comparando lo
sucedido el pasado año de manera forzada e inconsistente, con la caída de
Gonzalo Sánchez de Lozada en 2003.
El gobierno de
facto de Jeanine Añez planeaba un indebido prorroguismo que en últimas horas
fue desechado por la Embajada de los Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos
(OEA), porque concluyeron que la transición hacia nuevas elecciones había
quedado enturbiada por el hecho de que la autoproclamada decidió habilitarse
como candidata, lo que desfiguró la agenda de los golpistas Mesa, Alarcón, Paz,
Quiroga, Camacho, Justiniano, Doria Medina, Ortíz, Scarpellini y De la Torre, que
vieron entorpecidos sus planes de búsqueda de una candidatura fuerte, capaz de
plantarle cara al binomio masista Arce-Choquehuanca. En ese contexto, el
inicial apoyo injerencista al gobierno de facto a la cabeza de Michael Kozak
(Asuntos Hemisféricos USA) y Luis Almagro (OEA), terminó diluyendosé hasta que
el MAS ganó las elecciones del 18 de octubre, día en que empezaron a llover
felicitaciones, incluída la de Mike Pompeo, Secretario de Estado de Donald
Trump.
¿En qué me baso
para afirmar categóricamente que sí hubo una interrupción del estado de derecho
en el país hace un año? Primero, en la ruptura policial del orden
constitucional a través de motines en los distintos departamentos del país;
segundo, en la actuación militar que desconoció la autoridad de su Capitán
General, el presidente del Estado, “sugiriéndole” renunciar; tercero en el
anuncio que hizo la propia Añez desde Trinidad a la red Unitel, dos días antes
de su posesión, informando que llegaba para asumir el mando del país; cuarto,
violando los artículos 169 y 170 de la Constitución que señalan expresamente
que la sucesión presidencial alcanza hasta el presidente de la Cámara de
Diputados y de ninguna manera a la segunda vicepresidenta por minoría del
Senado, cargo que ostentaba.
No hay tal
posverdad, considerando la suma de elementos objetivos que dieron lugar al
arribo de la senadora beniana al poder, si además tenemos en cuenta, que en una
reunión producida el mismísimo 12 de noviembre por la mañana, las
representantes del MAS, entre ellas la presidentas en ejercicio del Senado y
Diputados, manifestaron que no podían decidir nada al estar ausentes sus jefes
y que debían reunirse con su bancada, afirmación a la que uno de los golpistas respondió
“tienen poco tiempo para hablar con su bancada porque con ustedes o sin
ustedes, nosotros tenemos nuestro plan B”. Fue en ese contexto definitorio que
se consumó el golpe fue civil-policial-militar, facilitado por un invento del
Tribunal Constitucional so pretexto del riesgo de vacío de poder que
justificaba la habilitación de Jeanine como presidenta.
La única
posverdad que hasta aquí detecto es que el redactor en cuestión se autoproclama
periodista, cuando todos sabemos en qué consiste esa cacareada independencia en
la que siempre pretende escudarse: Conexiones con agencias estadounidenses que
terminan tutelando las democracias que les incomodan, persecución mediática
contra quienes complican los planes de su principal jefe con afiebradas versiones
sobre supuestas compraventas de medios con actores inexistentes, esto es,
fabricación de intrigas para intentar favorecer los planes de su mandamás,
dedicado a administrar un medio en el que sí campea la posverdad, la media
verdad, la manipulación, el chisme, el rumor, y una deplorable calidad de
redacción, afirmaciones que iré sustentando cuando corresponda, con nombres y
apellidos, fiel al estilo frontal con el que ejerzo el periodismo durante
cuatro décadas.
Lo que se
instaló en Bolivia, entre el 10 de noviembre de 2019 y el 7 de noviembre de
2020 fue el miedo a la persecución política, a la criminalización de ciudadanos
y ciudadanas que salían a las calles en plan contraataque a la asonada golpista
que tuvo funestas consecuencias como las de Senkata y Sacaba, territorios en
los que el tenebroso Arturo Murillo, ministro de Gobierno, decía que se habían
producido “disparos entre ellos”, esto es, entre masistas “terroristas”,
“sediciosos” y más adelante, “narcotraficantes.”
Golpe de Estado, gobierno de facto, y persecución extorsiva es lo que se produjo en el país, y quienes dicen que esta realidad pasa por la simplificación de que se trata de una posverdad, son unos colaboracionistas que con su complicidad contribuyeron a que se institucionalizara ese miedo producto del acoso, la amenaza, y las fotografías publicadas en medios y redes en plan linchamiento. Si a esto le sumamos la “estrategia” que para ganarle al MAS, Mesa y Añez debían pactar según una nota del 17 de julio, el colaboracionista había sido también un chambón.
Columna Contragolpe. Diario La Razón. 21 de noviembre de 2020.
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