La consigna y la
obsesión antimasista se han estrellado contra Nadia Cruz, la Defensora del
Pueblo que debió asumir el cargo interinamente luego de la renuncia de David
Tezanos Pinto hace algo más de tres años. Se la tacha sin argumentación ni
pruebas a la mano, de alineada con el partido azul y de haberse convertido en
alguien que ha hecho de la institución, un reducto para defender a los afines
al nuevamente partido de gobierno que conoció el ejercicio del poder durante
catorce años consecutivos.
La gestión de
Cruz ha producido un extenso y pormenorizado informe defensorial que expone con
notable rigor y apego a la veracidad de los hechos, lo sucedido en el peor año
de este siglo que pudo vivir Bolivia en materia de violaciones a los derechos
humanos, durante fines de 2019 y gran parte de 2020. Si se examina con detenimiento
dicho documento, se comprobará que gran parte de sus contenidos coincide con lo
hecho por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) enviado
a nuestro país por la Comisión Interaramericana de Derechos Humanos (CIDH),
pero como las maltrechas oposiciones privilegian el tirarle basura al MAS,
descalifican la gestión de alguien que tiene trayectoria, conocimiento y
compromiso en la gestión de defensa de los derechos humanos en el país.
A las puertas de
un nuevo nombramiento en el cargo para la gestión 2022 – 2028, el escenario se
presenta carnavalesco y anecdótico. Debe ser una broma que un converso como
Manuel Morales Alvarez del mal llamado Comité Nacional de la Democracia (CONADE),
aparato antimasista por sobre todas las cosas, pretenda considerarse habilitado
para optar al cargo. No puede por requisitos. No debe porque jugó de manera
sesgada y vergonzosa el papel de portavoz de Amparo Carvajal durante el
gobierno de Áñez, mandamás de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, que
entre varias de sus lamentables actuaciones,
calificó como “resistencia necesaria” a un grupo irregular violento como
la Resistencia Juvenil Cochala que ya tiene a un sentenciado por asesinato de
un periodista y a varios otros procesados por desmanes, violencia, racismo y
discriminación producidos entre octubre y noviembre de 2019.
Bolivia necesita
una Defensora del Pueblo. No un Defensor. Debe ser mujer porque en tiempos de desenfrenada
violencia de género, el activismo feminista debe profundizar el rol decisivo
que juega, fortaleciendo su presencia en
la administración de las instituciones estatales comprometidas por ley a luchar
por los derechos ciudadanos en todas sus instancias. La Defensora del Pueblo no
puede ser una militante del MAS, de Creemos o de Comunidad Ciudadana y por lo
tanto tampoco una ex diputada o ex senadora que ejerció funciones con carnet
partidario, según los requisitos en discusión para la selección de quienes
cuenten con todas las credenciales de idoneidad y profesionalismo para ejercer
al cargo. Tampoco parece sensato pensar
en feministas que en el extremo de un posicionamiento “anti sistema”, utilicen
las armas de la violencia verbal patriarcal para combatir a machistas,
feminicidas, violadores seriales y otras ramas que forman parte de la
monstruosidad masculina.
La Defensora del
Pueblo debe ser, en primer lugar, alguien con recorrido en el activismo y en la
defensa cotidiana de los derechos humanos. Que conozca la problemática a fondo
y que tenga en su espectro qué y cómo se debe gestionar la institución y para
ello, como para ningún otra instancia de alta responsabilidad pública, la
elección debiera hacerse por consenso, producto de la unanimidad en la Asamblea
Legislativa Plurinacional. Hacer lo otro, ajustando requisitos a la medida de
la agenda política gubernamental, o a la de los intereses de las minorías
parlamentarias, sería incurrir en tretas que inviabilizarían la elección. De la
histeria, el griterío, el insulto y el jaloneo de diputados o senadores, hay
que pasar a la mesa del razonamiento. El MAS debe ceder y por supuesto que sus
oposiciones también.
El año 2016,
Rogelio Mayta debió haber sido elegido Defensor del Pueblo, pero no sucedió
porque se impusieron criterios que superaron la rigurosidad de la convocatoria.
Que no suceda otra vez. Que en esta oportunidad llegue la mejor opción por
compromiso, conocimiento, dedicación y credenciales de transparencia. Figuran
algunas candidatas, de las que hay que descartar a Nadia Cruz que ha
manifestado no ser de su interés el tema. En ese conjunto de mujeres que
trabajan a diario en temática tan sensible, debiera estar la nueva Defensora
del Pueblo. Se trata de personas que no necesitan vociferar en las calles para
demostrar cuanto se puede trabajar en esta materia con conocimiento, probidad y
sentido de oportunidad.
La Defensoría
del Pueblo tiene como misión prioritaria defender a la ciudadanía común de los
abusos que comete el Estado contra ella. En otras palabras, su tarea pasa, en
gran medida, por una necesaria y permanete interpelación al poder, tan
saludable para cualquier democracia.
Originalmente publicado en la columna Contragolpe de La Razón el 13 de marzo.
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