La discusión
acerca de si se produjo o no un golpe de Estado entre el 10 y el 12 de
noviembre de 2019 se ha hecho bizantina. Se ha convertido en una cortina de
humo con la que “los transitorios” eluden la discusión de fondo acerca de la
naturaleza ideológica y las acciones desplegadas por el gobierno de Jeanine
Áñez, sobre todo a partir de la administración del aparato coercitivo del
Estado con resultados trágicos en materia de respeto a la ciudadanía y a los
derechos humanos.
En el contexto
en el que se maneja, Áñez debería estar bien enterada de la historia de la
persecución política en Bolivia. Debería saber cuáles fueron los motivos para
el descuartizamiento de Túpac Katari durante la colonia, cómo los gobiernos del
Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) del 52 al 64 del pasado siglo
persiguieron, encarcelaron, torturaron y mataron, por izquierda y por derecha ,
a dirigentes mineros con militancia en el trotskismo y en el Partido Comunista
de Bolivia (PCB) y a militantes de la Falange Socialista Boliviana (FSB).
Como ex
senadora, ex presidenta, y ex candidata a la presidencia, está en la obligación
de saber en qué consistió esa persecución política como instrumento de control
del poder que se caracterizó por el encarcelamiento, la desaparición y el
asesinato de bolivianos en las dictaduras militares que rigieron Bolivia entre 1964 y 1980. También debería estar enterada que ya en
democracia, a partir de 1982, los métodos de violencia política a través de la
vejación y la eliminación física del adversario dieron paso a una
judicialización de la política o a una politización de la justicia. Esto
signficaba dejar atrás la policía política --el Control Político de Claudio San Román, mastín de oscuros
ministros de gobierno--, los campos de concentración y los centros de
confinamiento, para circunscribir las persecuciones de unos contra otros a
procedimientos operados por el ministerio público y un aparato judicial
cooptado por el poder político, métodos lamentablemente utilizados en la
llamada democracia pactada (MNR-ADN-MIR), por jerarcas del Movimiento al
Socialismo (MAS) especialmente a partir de 2015, pero también, y sin modificar
un ápice su modus operandi, por su propio gobierno, ese que debió circunscribir
sus acciones al llamamiento a nuevas elecciones en el lapso de tres meses luego
de la anulación de los comicios del 20 de octubre de 2019.
Ahora que Áñez
reclama por considerarse víctima de persecución política, tiene que saber, si
hasta ahora no hay quién se lo haga notar, que en menos de un año, tratando de
dirigir el país desde el viejo Palacio Quemado, los índices de la persecución
política en sus variadas formas superaron los de sus antecesores. Sin contar los 37 muertos de
Sacaba-Huayllani, Senkata y El Pedregal, la cacería anunciada y ejecutada por su
principal colaborador, aquél que corregía sus palabras al oído en actos
públicos sin pudor alguno, Arturo Murillo, Ministro de Gobierno, generó
resultados de criminalización de ex funcionarios con montajes sobre presuntos
casos de corrupción, encarcelamientos en los que se utilizó la tortura física y
psicológica, agresiones físicas callejeras contra supuestos simpatizantes y
militantes del Movimiento al Socialismo (MAS) a cargo de grupos civiles de
choque secundados por uniformados de la Policía Boliviana, agresiones, amenazas
y acallamiento de medios de comunicación vinculados a organizaciones sociales
que salieron a las calles levantando whipalas. La cifra no confirmada es de
1500 personas, desde perseguidas hasta encarceladas y procesadas, hasta
aquellas con detenciones preventivas y
detenciones domiciliarias.
Quién se declara
perseguida política y hace menos de un año presidía un gobierno en el que la
persecución y la violencia política se instalaron en la cotidianidad, tendrá
que encontrar en algún momento alguna explicación congruente de lo que hicieron
sus fieles colaboradores que consumaron, entre muchos otros hechos de
corrupción, un grosero negociado con la adquisición de materiales
antidisturbios que dieron lugar a que su ministro del horror terminará
encarcelado en Miami. ¿Será posible admitir que Áñez no sabía a dónde se metía
cuando declaró desde Trinidad a la red televisiva Unitel al final de la tarde
de 10 de noviembre de 2019 que llegaría a La Paz a asumir la presidencia del
Estado porque le correspondía? ¿Nunca se enteró la presidenta accidental cómo
en realidad hacía, pero sobre todo
deshacía Bolivia uno de los auspiciadores de su llegada a la silla, el ex
senador Arturo Murillo? ¿Será que Áñez nunca ordenó la detención de algún
poderoso del MAS, lastimada por la suerte que corrieron parientes suyos de San
Joaquín, Beni, acusados de narcotráfico?
Áñez tiene que
saber que en 1921 se produjo la primera masacre de la historia republicana en
Jesús de Machaca (1) por explotación, expropiación de tierras y abusos del
corregidor Luis Estrada. Que en aquella ocasión 1500 militares asesinaron a 119
pobladores ,incendiaron 130 viviendas, robaron ganado y encarcelaron a muchos
pobladores. Tendrá que enterarse también que en 1923, en la masacre de Uncía la
Federación Obrera se movilizó para pedir la liberación de dos dirigentes
sindicales abusados por la Patiño Mines. Otra vez los militares abrieron fuego
y se las arreglaron para desaparecer a algunos de los muertos en los hornos de
fundición de minerales, que según datos oficiales fueron 9. Áñez tiene que saber
que en 1942 se produjo la matanza de Catavi en el campo María Barzola con 20
muertos y 200 heridos a manos de 200 efectivos militares, tiempos del gobierno
de Enrique Peñaranda en que la Patiño Mines pretendía comercializar el estaño,
el wolfram y la quinina para involucrar a Bolivia en el bloque de aliados en la
segunda guerra mundial y los trabajadores protestaban por los bajos costos en
el mercado internacional de lo que producían.
Áñez tiene que
saber que en 1947 se produjo la masacre de Potosí cuando el sindicato de
metalurgistas de la empresa Unificada de Mauricio Hochschild movilizó al
comando de la policía de la ciudad que reclamaba por la liberación de dos de
sus compañeros, detenidos por órdenes de la Junta de Gobierno presidida por
Tomás Monje Gutiérrez. En esta circunstancia, los muertos de los que tampoco se
tienen números cayeron del lado minero y
también del policial. En 1949, los mineros de siglo XX se movilizaron por
incrementos salariales, cumplimiento de un laudo arbitral, pago por desahucios
e indemnización por despidos. La Patiño Mines, respaldada por el gobierno de
Mamerto Urriolagoitia derivó en la detención y el exilio a Chile de la
dirigencia minera, lo que provocó una asamblea para lo toma de rehenes
exigiendo la liberación de los detenidos. Resultado: 1500 militares
intervinieron el campamento minero, lo que produjo un combate y los rehenes
terminaron muertos. El 29 de mayo fueron
masacrados 40 trabajadores y quedaron heridas 80 personas, entre ellas, mujeres
y niños y el 30 de mayo fueron fusilados entre 200 y 300 trabajadores, y destrozadas sus viviendas.
Áñez tiene que
saber que en 1967 se produjo la masacre de San Juan en los centros mineros de
Catavi y Siglo XX ordenada por el dictador René Barrientos cuando los trabajadores
celebraban junto a sus familias alrededor de fogatas: 20 muertos, entre 70 a 80
heridos y alrededor de 200 desaparecidos. Se trataba de reprimir el intento de
los mineros de reproducir un movimiento parecido al de la guerrilla del Che
Guevara. Trece años después, durante la dictadura de Hugo Banzer, en 1974, se
produjeron las masacres de Tolata (16 muertos y 42 desaparecidos) y Epizana (15
muertos y 20 desaparecidos) luego de la devaluación de la moneda de 12 a 20
pesos bolivianos en el tipo de cambio al dólar estadounidense y la generación
de la pérdida del poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores.
Áñez tiene que
saber que en 1996 se produjo la llamada masacre de navidad que comprende las
localidades de Amayapampa, Capasirca y Llallagua debido a la oposición de los
trabajadores mineros a inversionistas extranjeros, a la defensa de los recursos
naturales y sus fuentes de trabajo, y al repudio al nuevo código de minería
favorable a los empresarios. La respuesta del gobierno de Gonzalo Sánchez de
Lozada fue la movilización con mil efectivos militares y policiales que generó
11 muertos y 50 heridos. Según el Gral. Hernán Aguilera, el presidente de la
República ordenó la intervención con arsenal de guerra. Más adelante se
producirían la guerra del Agua (2000) en
el gobierno democrático del Gral. Banzer por la adjudicación de Aguas del
Tunari a manos privadas, y la guerra del gas (2003) originada en el gobierno de
Jorge Tuto Quiroga quién planteó la
venta de gas a otros mercados a través de Chile, intención que trató de
concretar el segundo gobierno de Sánchez de Lozada con empresas transnacionales
y que desató movilizaciones ciudadanas que fueron respondidas con el Plan
República encarado de manera conjunta entre militares y policías que dio lugar
a la muerte de 65 personas. Ese hecho provocó la instauración de un juicio
civil en Fort Lauderdale, estado de Florida, EE.UU por parte de los familiares
de las víctimas que en sentencia condenatoria conmina a pagar al ex presidente,
la suma de 10 millones de dólares.
Luego de haber
estudiado la carrera de Derecho en la Universidad del Valle de Trinidad es muy
probable que Áñez haya tomado algún conocimiento de las guerras del Agua, del
Gas y por supuesto que de la masacre del Porvenir (2008) acaecida en el
departamento de Pando donde murieron 20 campesinos y quedaron heridos 40. Los trabajadores
rurales marchaban hacia Cobija, capital del departamento, francamente opuestos
a que el prefecto del departamento, Leopoldo Fernández controlara las
instituciones públicas y se impusiera el estatuto autonómico, cuando corría el
tercer año de gobierno de Evo Morales.
Las masacres de
las que sí tiene conocimiento Áñez son las de Sacaba y Senkata, más las muertes
producidas en El Pedregal de la Zona Sur de La Paz y en Montero, Santa Cruz. En
aquella oportunidad ella y su equipo de ministros firmaron un decreto (4078)
que eximía a las Fuerzas Armadas de responsabilidades penales en caso de que
las circunstancias exigieran abrir fuego contra ciudadanos que se movilizaban
defendiendo al gobierno y a la permanencia de Evo Morales hasta el final de su
mandato previsto para enero de 2020. Con solamente 14 días de vigencia, el 28
de noviembre de 2019, la presidenta transitoria abrogó el decreto “en
consideración a que gracias a Dios y a la comprensión de todos los sectores del
país, hemos logrado la ansiada pacificación” declaró y justificó su dictación
afirmando que fue aprobado porque “el gobierno tuvo que asumir la medida porque
enfrentó acciones violentas que nunca antes habíamos visto”…a cargo de esas
fascinerosas ordas masistas como diría alguno de sus colaboradores.
La expresidenta
Áñez, constitucional para las clases medias urbanas antievistas, de facto para
las organizaciones populares, guarda
detención preventiva en el recinto penitenciario de Miraflores de La Paz, como
presunta responsable de genocidio, asesinato, lesiones graves, lesión seguida de muerte, asociación
delictuosa, privación de libertad, desaparición forzada de personas,
resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incumplimiento de
deberes.
Se trata de dos
tipos de delitos necesarios de diferenciación a partir del antes y el después
de asumida la presidencia del Estado Plurinacional. Las contravenciones al
ordenamiento jurídico se refieren a cómo Áñez, en su condición de segunda
vicepresidenta del Senado, accedió a la presidencia del Estado, es decir, a
partir de un comunicado emanado del Tribunal Constitucional sin carácter
vinculante, sin pasar por los requisitos que la Asamblea Legislativa
Plurinacional exige, no sujetos a intepretación alguna. Los delitos que habría cometido ya como
presidenta en materia de derechos
humanos, están relacionados con las muertes de 37 personas y agresiones por
parte de efectivos militares y policiales en localidades de los departamentos
de Cochabamba, Potosí, La Paz y Santa Cruz.
Este es el
cuadro de situación objetivo de la señora Áñez que aduce persecución judicial
en una carta enviada a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de NN.UU.,
Michelle Bachelet. Para decirlo en términos coloquiales, la ex senadora y ex
presidenta de Bolivia se considera una perseguida política. Por “pensar
distinto” agregarían los adeptos a los lugares comunes, que difícilmente logran
explicar qué significa ese “pensar distinto” más allá de un abierto y rabioso
antimasismo, y todo lo que signifiquen organizaciones sociales de indígenas,
campesinos, obreros y trabajadores agremiados y no agremiados a los que se
estigmatiza de corporativistas y autoritarios.
Habrá que
esperar la reacción de Áñez ante el informe que ya entregó el Grupo Interdisciplinario
de Expertos Independientes (GIEI) enviado por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) el 23 de noviembre de 2020 y sobre el que el Secretario
Ejecutivo de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, con el
sentido de oportunidad y el descaro que le dicta su experiencia ya se manifestó
el pasado 14 de julio: “un minuto de silencio por los caídos de Sacaba y
Senkata”.
Los defensores
del “fraude no golpe” encabezados por Áñez, Mesa, Tuto Quiroga, Ortíz, Camacho,
Doria Medina ya deben saber que el GIEI incluye en su informe presentado al
gobierno constitucional de Luis Arce y que será vinculante, el resarcimiento a
las víctimas (a los familiares de estas), observaciones a las actuaciones de la
justicia boliviana y a las responsabilidades estatales por la violencia de
2019. Si bien Sacaba y Senkata serán referencias fundamentales, figuran
observaciones a los hechos posteriores de las elecciones anuladas del 20 de
octubre y a los acuerdos firmados por el gobierno de Áñez para “pacificar el
país” hacia la mitad del mes de diciembre de 2019.
Las muertes
irreparables, producto de la resistencia popular en defensa de convicciones y
valores democtráticos son nodales en el informe y por el ello el GIEI considera
necesario un plan de reparación integral con fuerte énfasis en el aspecto
psicológico e indemnización para los familiares de los caídos, víctimas de la
bala militar, así como en los aspectos judiciales con recomendaciones de
juicios penales, civiles y administrativos. Quienes vulneraron derechos humanos
quedarán mencionados con nombres y apellidos en el informe a partir de
distintos grados de responsabilidad penal, así como en materia de preceptos
internacionales en la materia, dependiendo de los grados violatorios a la vida, la libertad, la
expresión del pensamiento, el voto e incluso la sucesión constitucional.
Si el viejo lobo
Almagro se adelantó a homenajear a las víctimas de Sacaba y Senkata, admitiendo
que hubo masacres, la ex senadora, ex presidenta y ex candidata presidencial
Jeanine Áñez ya sabe que su nombre quedará inscrito en la historia de la docena
de hechos luctuosos que cegaron la vida de bolivianos y bolivianas desde 1921
(Masacre de Jesús de Machaca) por defender sus ideales y sus convicciones
políticas armados de piedras y palos frente a la bala asesina sobre la que
nuestro libertador y fundador Simón Bolívar dijo: “maldito sea el soldado que
apunte sus armas contra su propio pueblo”(grafiti que puede leerse en una
esquina de la calle René Moreno de Santa Cruz de la Sierra, a una cuadra de la
plaza principal).
Más allá de lo
inconstitucional de su mandato, de no haber observado la sucesión
constitucional, a Jeanine Áñez le tendrá que ser dificultoso seguir enarbolando
la bandera de sus derechos, cuando ya no hay dudas acerca de cómo su gobierno violó
los derechos de bolivianas y bolivianos durante su ejercicio del poder con
muertos, heridos, perseguidos, encarcelados y torturados. Persecución y
violencia política son las marcas fundamentales del régimen que presidió.
Publicado en La Razón el 25 de julio como parte de la serie Memoria y Archivo
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