Con un elemental sentido de
simple observación un compañero periodista se preguntaba en La Paz hace algunos
días: ¿Si podemos hacer inacabables filas para acudir a los bancos a cobrar
bonos, por qué no podemos hacer las mismas filas para votar? Muy probablemente esa pregunta se hará más
repetitiva ahora que se ha desatado un indignante hecho de corrupción
presuntamente a la cabeza de Marcelo Navajas, destituido como Ministro de
Salud, que habría instruído la compra de unos respiradores –por si fuera poco
inservibles para combatir adecudadamente el coronavirus—con un sobreprecio de
aproximadamente 3.3 millones de dólares y que involucra a media docena de
funcionarios a los cuáles se apresó por serios indicios de estar involucrados
en este hecho de corrupción.
La Asamblea Legislativa
Plurinacional determinó hace un par de semanas la realización de elecciones en
el lapso de noventa días, es decir como máximo hasta el 3 de agosto a través de
una ley que habilita la continuación del gobierno de transición, ya que de no
haberlo hecho era irremediable la generación de un vacío de poder para la
desvencijada constitucionalidad boliviana .
El gobierno y los principales candidatos
opositores no tardaron en reaccionar afirmando que ésta era una movida operada
desde Buenos Aires en tanto en el Senado como en Diputados, prevalece la
mayoría del Movimiento al Socialismo (MAS) que dirige a control remoto Evo
Morales a quien se acusa de anteponer la urgencia política para la realización
de elecciones al estado de emergencia sanitaria.
Al Tribunal Supremo Electoral
(TSE), presidido por el experto Salvador Romero Ballivián, no le quedó más
remedio que acatar la decisión del Legislativo, casi a regañadientes, afirmando
que se acatan las decisiones parlamentarias que se toman y que en consecuencia
comenzaría a ajustarse el calendario en función de los nuevos plazos. Algunos
temerarios, proclives a la fabricación de rumores, llegaron incluso a sugerir que
el gobierno respondería con el cierre de la Asamblea, con el respaldo de las
Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, versión rotundamente desmentida por un
alto personero gubernamental que afirmo que “una cosa así jamás sucedería.”
Así de incierto es el cuadro de
situación de un país que de vivir en una sostenida estabilidad económica
durante más de una década hasta noviembre del año pasado, se debate hoy en el “qué
pasará mañana”, abriéndose las compuertas para conjeturas y rumores en el
contexto de un alargamiento de la cuarentena rígida en las capitales de
departamento y una cada vez mayor presión de los sectores que claman por su
flexibilización debido a que la economía popular predominantemente informal
vive del día a día, es decir del “si no trabajo hoy no como”.
La presidenta-candidata Jeanine
Añez está soportando que hasta los mismos medios de comunicación que alentaron
su llegada al poder “con tal de que Evo se fuera”, hayan comenzado a cuestionarla
por una serie de hechos desatados desde su gobierno en la lógica de que el sol
no puede taparse con un dedo tal como lo apunta el diario de la derecha, Página
Siete: pagos indebidos de finiquitos a ejecutivos de la empresa estatal de
comunicaciones (ENTEL), sobreprecios en la compra de combustibles, alimentos y
adjudicación directa de servicios de seguros en la estatal petrolera (YPFB),
vuelos de naves militares para la hija de la primera mandataria, la amiga de un
ministro, y el hijo de una diputada so pretexto de humanitarios por razones de
salud, trato diferenciado y discriminatorio para autoridades que violan la
cuarentena, según el peso específico de cada personaje, uso de bondis para
fines de campaña electoral cuando se supone que hay una pausa política debido a
la gravedad que supone la pandemia, venta de cargos públicos en los sectores de
minería y educación, y todo esto sin contar los nombramientos de parientes en
altos cargos y el tráfico de influencias de ministros que ya dejaron el equipo
gubernamental y algunos otros que pisan muy fuerte dentro el gabinete.
Bolivia enfrenta el coronavirus
con un gobierno que aparte de las irregularidades que ponen en entredicho la
transparencia de sus acciones, sigue debatiéndose entre el control político con
el aparato represivo militar y policial por delante, dada su falta de
legitimidad, y las políticas de salud que no terminan de sincronizarse desde el
Ministerio de Salud a nivel nacional y los gobiernos departamentales que
confrontan enormes dificultades en materia de infraestructura hospitalaria,
personal especializado y equipamiento ideal para enfrentar los contagios.
Al confuso panorama hay que
añadirle, para completar el diagrama, decisiones de contratación de deuda
externa a través del Fondo Monetario Internacional (FMI) por trescientos millones
de dólares, práctica abolida durante los catorce años de gobierno de Evo
Morales que decidió prescindir de servicios financieros transnacionales de esas
características.
Un gobierno que debería ser
solamente una correa de transmisión hacia otro democráticamente elegido por el
voto popular, toma decisiones estructurales que no encajan en una estrategia de
política económica de mediano y largo plazo, a no ser que la audacia de la
presidenta Añez y los suyos, consista en pensar que está transición deberá
prolongarse lo más que se pueda, aprovechando la gigantesca y planetaria
coartada que dice que la peste del siglo XXI obliga a tomar decisiones hasta
hace tres meses impensables, pero de todas maneras indeseables para un país que
necesita volver a la senda de la auténtica democracia con autoridades surgidas
de las urnas.
Originalmente publicado en Noticias para América Latina (NODAL) el 21 de mayo de 2020
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