El extravío de la corporación
opinadora, principalmente atrincherada en Página Miente, ha conducido a sus articulistas
a redactar textos sobre la crisis de 2019 con prescindencia de los hechos
objetivos. Han optado por convertir su antimasismo en un asunto de diván
colectivo, en una obsesión que pone en absoluta evidencia su disonancia cognitiva.
Entre otros, Carlos Toranzo,
otrora mandamás del Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales
(ILDIS), ha contraído la obligación de demostrarles a sus lectores en qué
consisitó exactamente el fraude con el que él y sus amiguetes de la que fuera
“Izquierda de Sopocachi” se llenan las bocas para justificar la llegada de
Jeanine Áñez a la presidencia.
A la señora Áñez se la ha sentenciado con diez años de
privación de libertad por resoluciones contrarias a la constitución y a las
leyes con casi una centena de pruebas a la mano, producto de la convergencia
acusatoria del Ministerio de Gobierno, el Senado y la Procuraduría General.
¿Creían Toranzó y Cía. que la
retardación de justicia y la chicanería
llevarían este proceso judicial hasta las calendas griegas? Parece que se les
pasó por la cabeza que en lugar de resolverse judicialmente este grave asunto
del quebrantamiento del Estado de Derecho producido en Bolivia en noviembre de
2019, acabaría en nada y así, parte de los culpables intocados alcanzaban esa
hipócirta y frívola reconciliación con la que buscan salir del paso, para
tratar de quitarse la chapa de golpistas.
Carlos Toranzo era un académico
sensato y reflexivo hasta que llegó el día en que sus ínfulas intelectuales no
encajaban en las coordenadas de la renovación de lo nacional popular a partir
de lo indígena y campesino, de la izquierda que venía acompañando técnicamente
desde algunas oeneges a ese sujeto histórico ahora inscrito en el Estado
Plurinacional. Ni Toranzo, ni sus círculos de arrogantes todologos tenían
cabida en el nuevo escenario boliviano con la irrupción del Instrumento
Político para la Soberanía de los Pueblos (IPSP) y el Movimiento al Socialismo
(MAS) que desde 2005 no se cansa de propinar palizas electorales a sus
adversarios reciclados con otras siglas provenientes del neoliberalismo y la
democracia pactada.
“Infamia consumada” le ha llamado
Toranzo a la sentencia dictada contra Áñez en esa característica actitud de
subestimación de la inteligencia y la claridad política de los de abajo.
Infamia es haber fulminado el artículo 169 de la Constitución, vulnerando la
línea de sucesión presidencial. Infamia es haber emitido el decreto 4078 que
les otorgó licencia para matar a los militares, cosa que hicieron en Sacaba-Huayllani,
Senkata y El Pedregal: Esa es la “pacificación” que nos regalaron Áñez y sus
secuaces, con los aplausos de sus “intelectuales”, y por lo tanto, jugando al
colaboracionismo con el que actuaron para socapar acciones violatorias de los
derechos humanos que tenían destino de olvido e impunidad.
Toranzo, y todo el resto de la
corporación opinadora de la derecha, debería pedirle cuentas a la señora Áñez
por haber malversado su excluyente misión transitoria hacia nuevas elecciones.
Fue ella, por su ambición como candidata, atosigada por la voracidad y el
revanchismo fascistoide de Arturo Murillo, la que escribió involuntariamente un
manual para el retorno triunfante del MAS al poder. Traicionó las ilusiones de los clasemedieros
conservadores que creyeron que con su acoso callejero con policías y militares
como guardaespaldas, el acabose del partido azul quedaba a la vuelta de la
esquina.
El juicio por la vía ordinaria
conta Áñez y miembros del mando militar está plenamente sustentado por el hecho
de que su procesamiento se produjo en función de los delitos perpetrados antes
de que asaltara la presidencia del Estado, momento a partir del cual, efectivamente,
le corresponde ser sometida a un juicio
de responsabilidades, por ejemplo, para responder por los casi cuarenta muertos
que cayeron entre el 10 y el 19 de
noviembre de 2019.
“Su condena llena de orgullo al
poder, pero llena de vergüenza a nuestra historia” dice Toranzo en su
panegírico en favor de Áñez que por supuesto no será juzgado por deshonestidad
intelectual, figura inexistente en cualquier ordenamiento jurídico, pero sí
quedará registrado como el defensor de lo indefendible, como el abogado de
causas perdidas de una presidenta que para llegar al cargo pulverizó la
Constitución Política del Estado.
Ese antimasismo ya enfermizo
debería intentar sanar, convertiendosé en propuesta política alternativa. Es lo
que estos asesores del antiguo establishment
no quieren comprender desde el día en que se hicieron actores secundones de la
historia. Hay que lamentarlo por Toranzo y Cía. que han dejado carcomer su inteligencia
por el odio.
Originalmente publicado el 18 de junio en la columna Contragolpe de La Razón
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