La inoperante y nociva política
exterior del gobierno de facto de Jeanine Añez, o mejor, la No política
exterior de Bolivia producida entre noviembre de 2019 y octubre de 2020, ayudan
a entender que ni siquiera con cierta complicidad foránea, el régimen
autoritario de transición se dejó ayudar: Su fundamentalismo antimasista lo
sepultó. Con apenas un trío de embajadores nombrados a dedo, sin autorización
del Senado, conforme a ley, el país dejó de ser interlocutor válido ante la
comunidad internacional, incluso para los Estados Unidos de Donald Trump que a
través de su Secretario de Estado, Mike Pompeo, saludó presuroso el triunfo de
Luis Arce Catacora en las urnas con el que el Movimiento al Socialismo (MAS)
retornó al poder, demostrando que se había podido sin Evo, que se había tratado
de un proyecto nacional popular o de izquierda nacional como dirían los
movimientistas de antes, con vida propia, sustentado por un sujeto colectivo
que ha demostrado que las urnas pueden ser poderosamente contestatarias contra cualquier
imperialismo y todo su aparataje de dominación y sometimiento.
Como por arte de prestidigitación
en que aparecen-desparecen las cosas instantáneamente, se fue poniendo de
manifiesto que la detención preventiva, la detención domiciliaria y el autoexilio para escapar de la
persecución política, sustituyeron al debido proceso, ese que en muchos casos
también fue sepultado en la última administración de Evo Morales, y que como la
falta de pruebas o de materia justiciable se hacían escandalosamente evidentes
en la gran mayoría de los casos, ese puñado de fiscales mandados a operar por
el poder político comandado por el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, y
secundado por el de Economía, Oscar Ortíz, --entendido éste como el estilo
gubernamental que caracterizó la presidencia de la señora Añez, tan decorativa
ella-- se vieron obligados a rectificar sus infracciones procedimentales y a
recular en sus intentos extorsivos como ese del millón y medio de dólares y la
entrega de la propiedad de una emisora televisiva a cambio de la libertad de uno
de los tantos perseguidos de turno.
Así se gobernó Bolivia durante
casi un año: Sin servicio exterior formalmente nombrado, con oportunistas
encargados de negocios que fueron becados para ir de paseo, y en La Paz, atropellando
y expulsando a personeros y ciudadanos de países como Cuba y Venezuela, que tan
mal le caen a ese anacrónico anticomunismo que entre otras cosas, pone en
evidencia lo poco actualizada y casi nada leída oposición al MAS que en su
prepotencia estaba convencida de que narrar ante los medios, los pormenores de
cómo se convenció a policías y militares de amotinarse y rebelarse contra el
orden constituído, resultaba hasta anecdótico y simpático. De esta manera quedó
debidamente registrado que Luis Fernando Camacho formó parte del gobierno
inconsitucional con la presencia de dos ministros que lo representaban --Presidencia y Defensa-- y un presidente de
empresa estatal --ENTEL--, lo que
certifica su participación durante la interrupción parcial del Estado de
Derecho, que en su momento, pensaron, podía extenderse al cierre de la Asamblea
Legislativa Plurinacional que fue el escenario institucional no conculcado,
hecho que condujo a medios como The Economist
a afirmar que en Bolivia se había instalado una democracia híbrida.
Hasta aquí llegamos con el cúmulo
de información que se refiere a la persecución política en Bolivia—publicada
desde septiembre, aquí, en el Animal Político de La Razón-- que data desde
tiempos de Tupac Katari y Bartolina Sisa, y que encuentra sus momentos más
significativos y nefastos a lo largo de nuestra historia republicana en el
período hegemónico del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) resultante de la Revolución de 1952 y durante
las dictaduras militares que se extendieron hasta principios de los 80, con un
descenso significativo en términos estadísticos y cambios de método
persecutorio durante la etapa caracterizada por la democracia pactada (1985 –
2005), y puesta nuevamente en funcionamiento durante los gobiernos de Evo
Morales a través de un mecanismo al que se ha denominado Fiscalato y elevada a
índices de escándalo durante el oncemesino gobierno de Añez-Murillo-Ortíz, trío
al que se deben agregar los ministros de la Presidencia, Yerko Nuñez, y de
Obras Públicas, Iván Arias, quienes
también habrían hecho uso de su influencia política para digitar acciones en el
Ministerio Público, en tareas de criminalización de militantes, simpatizantes,
dirigentes sindicales y empresarios con distintos grados de sintonía con el
Movimiento al Socialismo (MAS).
En el contexto del falso debate
entre fraude versus golpe de Estado, las ordenes judiciales y las actuaciones
de algunas fiscalías departamentales, fueron revirtiendo sus decisiones y
apenas posesionado Luis Arce como Presidente del Estado, las Fuerzas Armadas y
la Policía Boliviana dejaron de tener esa presencia callejera que hasta hace
unos meses garantizaba la circulación de grupos de civiles en conductas
paramilitares y parapoliciales con los que se demostró que una porción
minoritaria de nuestra sociedad ha demostrado una vocación linchadora en el
convencimiento de que se puede hacer justicia por mano propia.
Si como se prevee, se enjuiciará a los
golpistas por sus distintos grados de responsabilidad en los hechos de
noviembre de 2019, que se lo haga sin conculcar libertades y derechos
ciudadanos, ya que hasta un fascistoide como Camacho tiene derecho al debido
proceso, mecanismo que podría contribuir a recuperar la credibilidad en un
sistema de justicia ahogado en una profunda crisis y que debe restituir con
privilegio el ejercicio y el respeto irrestrico de los derechos humanos. Se
trata, en consecuencia, de acabar con la persecución política a cargo del
poderoso de turno. La historia nos ha enseñado que, independientemente del
color ideológico que caracteriza a quién detenta el poder, la tentación
autoritaria es inherente a su ejercicio. Bolivia no necesita mas San Romanes,
Gayanes, Arces Gómez, Guerreros o Murillos. Es hora de inventar a los jueces y
a los fiscales probos y desterrar, ojalá que para siempre, a los torturadores,
represores y criminalizadores que tanta impotencia y dolor han sembrado a lo
largo de toda nuestra historia, sobre todo en ese mundo popular que por
defender sus derechos y expresar su visión del mundo, ha sido asediado con
violencia extrema hasta provocar su eliminación física, como infelizmente sucedió
en Senkata y Sacaba en noviembre de 2019.
Originalmente publicado en el Animal Político del diario La Razón el domingo 13 de diciembre de 2020.
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