Los artículo 169
y 170 de la Constitución Política del Estado vigente por voluntad popular
expresada en las urnas en 2009, dice claramente que la sucesión constitucional
en caso de impedimiento o ausencia
definitiva pasa de presidente del Estado al vicepresidente, de éste al presidente del Senado y llega en
última instancia al presidente de la Cámara de Diputados quién quedará obligado
a convocar a nuevas elecciones generales en un plazo de noventa días. En la
Constitución de 1967, la sucesión se extendía hasta el presidente de la Corte
Suprema de Justicia y por ello, en 2005, Eduardo Rodríguez Veltzé fue
posesionado como Presidente de la República encargado de la transición hacia nuevas
elecciones.
En el capítulo
tercero del Reglamento General de la Cámara de Senadores, artículo 35, segundo
parágrafo se lee el procedimiento con que se conforma la directiva: Por la
bancada mayoritaria, Presidente, Primera Vicepresidencia, Primera y Tercera
Secretaría; y por la bancada minoritaria, Segunda Vicepresidencia y Segunda
Secretaría.
Cuando el 14 de
agosto de 2018, José Alberto Gonzáles renunció a la presidencia del Senado, no
asumió el cargo la Vicepresidenta
(Lineth Guzmán), precisamente porque la norma señala que en situaciones
excepcionales como ésta, correspondía elegir al remplazante que debía surgir de
la bancada mayoritaria --la del MAS—y no
de otra manera, y en consecuencia fue nombrado Milton Barón que hasta ese
momento no formaba parte de la directiva. Similar procedimiento debió haberse
aplicado al día siguiente de la renuncia de Evo Morales, Alvaro García Linera y
la también renunciante presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, para que de
esa nueva directiva surgiera la transición que debería encarar el llamamiento a
nuevas elecciones, y en última instancia llegar hasta la Presidencia de la
Cámara de Diputados.
La senadora
Jeanine Añez era segunda vicepresidenta del Senado como representante de la
bancada minoritaria de la directiva, y ni siquiera buscando bajo las alfombras
de la más sofisticada institucionalidad o buceando en las aguas más profundas
encontraremos que en esa condición quedaba habilitada para asumir la Presidencia
del Estado Plurinacional de Bolivia: Los
artículos 169 y 170 de laCPE son concluyentes en ese sentido. Los
acontecimientos de movilización y violencia se desataron entre el 10 y el 12 de
noviembre de 2019 de manera tan vertiginosa y burda, que la representante
beniana del Movimiento Demócrata Social (Demócratas), jefaturizado por el Gobernador de Santa Cruz, Rubén
Costas, juro como Presidenta sin el quorum correspondiente, investida con la
banda presidencial por un oficial del Ejército con uniforme de camuflaje.
Los pragmáticos
y quienes se pasan por el forro todo código de decencia y ética con observancia
de las reglas de juego constitucionales, dirán que la política va por delante
de las leyes, y que en la turbulencia que vivía el país en esas horas, había
que buscarle una salida a la crisis fundamentalmente desatada por el
imperdonable error cometido por Evo Morales al haber instruído a Adriana
Salvatierra a renunciar a la presidencia del Senado. Dicen las malas lenguas
que el cálculo estaba basado en el golpe asestado contra Hugo Chavez en
Venezuela el año 2002, que en cuestión de 72 horas logró recuperar el poder.
De ahí en más, lo
que nos llegó no fue un gobierno provisional que se convirtiera en árbitro
equidistante de quienes serían actores del nuevo proceso electoral previsto
para 2020. La llegada del coronavirus, la fobia y la sed de revancha contra el
Movimiento al Socialismo (MAS), un fuerte acento en tareas represivas
violatorias de los derechos humanos y en persecuciones político judiciales, más
la decisión de convertir a la Presidenta en candidata y las varias trastadas
relacionadas con actos de corrupción, condujeron al gobierno, principalmente
administrado por su Ministro de Gobierno, a acelerar su desgaste en tiempo
record, al extremo de haberse desplomado en las encuestas que dieron lugar a la
determinación de bajar a la señora Añez de la candidatura presidencial.
Como para que no
hayan dudas de la autodestrucción de la que fue capaz este gobierno espurio, su
principal referente, candidato a la presidencia en 2019, Oscar Ortíz, decidió
renunciar al Ministerio de Economía y Finanzas, por profundas diferencias con
el que hasta entonces había sido su principal compañero de ruta, Arturo Murillo,
que en 2018 dejó el partido de Samuel Doria Medina (Unidad Nacional) para abrazase con los Demócratas
cruceños.
Para cerrar este
recuento hay que quedarse con la inolvidable frase del candidato presidencial
de Comunidad Ciudadana (CC) registrada en enero de este año: “La tesis del
golpe de Estado se basa en la idea de que quien lo dió, usa la sucesión
constitucional como una excusa para hacer realidad su verdadera intención: apropiarse
del gobierno en el largo plazo como quien se apropia de un botín.” (Una decisión equivocada, 26 de enero de
2020, carlosdmesa.com).
Publicado en la secciones Opinión y Voces de La Razón el 10 de octubre
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