En tiempos de posverdad y redes
sociales queda mejor evidenciado que la historiografía oficial de Bolivia se ha
encargado de soterrar pasajes fundamentales
e indicativos de momentos históricos cúspide de la construcción nacional
republicana y uno de ellos está específicamente relacionado con la violencia
política, entendida esta como mecanismo de control para la preservación de
proyectos de poder concebidos y aplicados con el propósito de consolidar
hegemonía y dominio, tal como sucedió con el hecho más relevante para la transformación
del Estado boliviano en el siglo XX, la Revolución de 1952, encabezada y luego
consolidada por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) que, de manera
paralela en unos momentos, y conjunta en otros, con las Fuerzas Armadas de la
Nación, dominaría el espectro de la vida nacional durante medio siglo,
aplicando simultáneamente medidas que generarían transformaciones sociales y
económicas, y otras relacionadas con el autoritarismo y la represión contra el
adversario, focalizadas en quienes aparecían como amenaza desestabilizadora a
lo largo de los doce años de gobierno que les tocó presidir a Victor Paz
Estenssoro (1952-1956, 1960-1964) y Hernán Siles Zuazo (1956-1960).
Por toda la información que hemos
sabido recolectar y editar, Paz Estenssoro y Siles Zuazo son conocidos por las
generaciones actuales, gracias a sus últimos gobiernos correspondientes a la
nueva era democrática inaugurada en 1982, y practicamente piezas de museo sin
desempolvar de los 50 y 60, de las que poco se ha dicho acerca de responsabilidades
relacionadas con la instauración de un tenebroso Control Político que logró
mantener a raya a sus principales opositores, en principio aliados,
pertenecientes a la Falange Socialista Boliviana (FSB) jefaturizada por Oscar
Unzaga de la Vega, pero fundamentalmente, desde la perspectiva de la
consolidación de la dependencia de los Estados Unidos, a mineros como preclaro sector representante
de la clase obrera (Irineo Pimentel, Federico Escóbar de la Federación Sindical
de Trabajadores de Bolivia -FSTMB-), campesinos sin militancia, universitarios
y a algunas otras facciones minoritarias e irrelevantes en la vida política de
entonces.
Es sugestivo que la mejor
producción bibliográfica acerca de la Revolución del 52, así como de sus
antecedentes y sus posteriores consecuencias histórico políticas, haya sido
investigada y escrita por académicos e investigadores estadounidenses, digamos
que la contracara pensante desligada de los mecanismos que hacen funcionar al
sistema imperial. Así tenemos “La revolución inconclusa” (1970) de James Malloy
(Tésis de doctorado, Universidad de Nueva York); “La revolución antes de la
Revolución– Luchas indígenas por tierra y justicia en Bolivia” (2011) de Laura
Gotkowitz (Universidad de Chicago), “Minas, balas y gringos – Bolivia y la
Alianza para el Progreso en la era de Kennedy” (2016) de Thomas C. Field Jr.
(Embry-Riddle College of Security and Intelligence) y “Victor Paz Estenssoro –
Una biografía política” (2015) de Joseph Holtey (Rutgers University). Incluso podría
citarse “San Román – biografía de un verdugo” (autor anónimo, sin más
datos), publicada en inglés por la
Universidad de Texas en cuarenta y cuatro páginas, breve biografía del represor
de confianza de Paz Estenssoro, que dirigió campos de concentración e inflingió
torturas a quienes osaban contradecir los preceptos revolucionarios enarbolados
por el MNR, finalmente fagocitados por la agenda impuesta por la Embajada de
los Estados Unidos de América a partir de la puesta en vigencia del Plan
Triangular. Esos fueron presos políticos en el verdadero sentido de la palabra
y se pueden recoger hasta ahora, testimonios de situaciones desgarradoras, de
parte de los herederos de esos falangistas a los que el movimientismo acusaba
de estar coludido con los terratenientes de la época y por supuesto que desde la profunda
perspectiva ideológica de clase, lo sucedido con los trabajadores mineros,
bastión obrero de Bolivia que en su momento constituyó el ala izquierdista del
proceso revolucionario organizada en sindicatos de tendencias comunista y
trotskysta.
La Revolución del 52 y su
instrumento político, el MNR, tuvieron una estrecha y sistemática relación con
los Estados Unidos de América que incidieron con recursos económicos, siempre
condicionados a intereses relacionados con el acaparamiento y el saqueo de
nuestros recursos naturales, así como también en las tareas represivas
violatorias de los derechos humanos, con el muy distintivo estilo de actuar a
la sombra, con una especie de mano invisible, que solventaba recursos para
mantener el sistema de vigilancia y sofocación de conatos subversivos. La
“ayuda” norteamericana estuvo siempre condicionada, inconfundible manera de
consolidar la dependencia de los países periféricos, especialmente en América
Latina en los años 60, a la agenda dictada desde Washington para todo el
planeta en su lucha contra el polo soviético y en el objetivo de que Bolivia,
por su estratégica condición geopolítica, no llegara a convertirse en una
segunda Cuba, país que le quitaba el sueño a la Casa Blanca, hecho evidenciado
con la invasión a la Bahía de Cochinos también conocida como invasión de Playa
Girón y que se constituyó una operación militar en la que tropas de cubanos
exiliados, apoyados por Estados Unidos, invadieron Cuba en abril de 1961, para
intentar crear una cabecera de playa, formar un gobierno provisional y buscar
el apoyo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el reconocimiento
de la comunidad internacional. La acción acabó en fracaso en menos de 65 horas.
Fue aplastada por las Milicias y las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) cubanas.
Más de un centenar de soldados invasores murieron, y los cubanos capturaron a
otros 1200, junto con importante material bélico.
Dos versiones periodísticas
acerca de los Campos de Concentración, los perfiles de los principales esbirros
del régimen revolucionario, Claudio San Román y Luis Gayán Contador, y un
informe de Falange Socialista Boliviana (FSB) del año 2001 (de próxima
publicación), son los documentos que nos sirven para graficar lo que significó
la injerencia y la represión política atentatorias contra los Derechos Humanos
en pleno proceso revolucionario movimientista.
Más adelante, en la parte final
de este informe correspondiente a la etapa revolucionaria del 52 encabezada por
el MNR (también de próxima publicación) , incluímos un análisis de cómo los intereses de dominio económico de parte
del gobierno de John Fitzgerald Kennedy (1960 – 1963) que penetró la revolución
movimientista, utilizó para sus fines injerencistas, el asesoramiento para el
control y represión políticas contra todos quienes fueran adversarios o
impugnadores del proyecto hegemónico del Movimiento Nacionalista Revolucionario
(MNR), procurando, desde el principio, incorporar a las Fuerzas Armadas en su
lógica de poder.
Con fortalezas y debilidades,
este material ayuda a contar con un panorama escondido por nuestra historia e
invisibilizado en el debate nacional que cuando genera discusiones sobre
persecución y represión políticas, y sus variantes autoritarias, se
circunscribe a las dictaduras militares inauguradas en 1964, considerando que
el antecedente de la violencia política en la Bolivia contemporánea se
encuentra en el escenario del primer gran cambio social producido en nuestro
país con la ciudadanización que implicó la puesta en vigencia del Voto
Universal, la Reforma Educativa, la Nacionalización de las Minas y la Reforma
Agraria. He aquí la agenda oculta –y oscura—de un proceso revolucionario y
hegemónico plagado de atropellos y conculcación de libertades ciudadanas, que
para conseguir sus objetivos, instaló un muy bien pensado aparato represivo,
útil para la defensa de un ejercicio pragmático de la hegemonía política, capaz
de espantar amenazas internas como el sindicalismo “comunista” que hiciera
trastabillar la llamada Revolución de Abril.
Campos de
concentración, un hecho desconocido para las nuevas generaciones (*)
Bolivia tuvo campos de
concentración en el primer gobierno del MNR muy parecidos a los instalados por
los nazis durante la Segunda Guerra Mundial.
El MNR fue fundado oficialmente
el 2 de junio de 1942. A partir de ese momento estuvo presente en cada decisión
política para influír en la vida pública del país según sus propios intereses y
su propia visión de país. Como claro ejemplo de sus primeras actuaciones
políticas, figura su participación en el golpe de estado de 1943, cuando junto
a la logia Razón de Patria (RADEPA)) de Gualberto Villarroel, expulsó del
Palacio de Gobierno a Enrique Peñaranda.
El MNR también fue artífice de la
caída de Villarroel, al que apoyó hasta días antes de su derrocamiento. Desde
ese momento fue perfilándose como artífice de la Revolución del 9 de abril de
1952, con el objetivo de tomar el poder, pero previamente, los movimientistas
fueron activos protagonistas políticos del país al conspirar en el gobierno de
Enrique Hertzog en 1947, promoviendo un enfrentamiento entre mineros y obreros
que logró su renuncia para que asumiera Mamerto Urriolagoitia, que durante su
interinato, el 27 de agosto de 1949, sufrió un levantamiento liderizado por el
partido rosado. Más adelante llegaría el “mamertazo” con el que Urriolagoitia
decidiera provocar un autogolpe y entregar el poder a una junta militar encabezada por el Gral. Hugo Ballivián.
Según registros de la época, el
MNR fue un partido muy bien organizado en cuadros, casi al estilo militar.
Advirtió con vehemencia que tomaría el poder, pese al anuncio de la junta
militar de convocar a elecciones en 1952, comicios que jamás se concretaron,
porque la presión social azuzada por el movimientismo, puso contra las cuerdas a
Ballivián. Fue uno de sus ministros, Antonio Seleme, quien conspiró contra su
propio gobierno al convertirse en informante del MNR para propiciar la
Revolución del 9 de abril de 1952. Dicha conspiración tenía originalmente
prevista la participación de la Falange Socialista Boliviana (FSB) que por
disputas en planes de gobierno y repartija de cargos, terminó desmarcándose de
la Revolución que dejó 490 muertos y más de mil heridos. Los aliados del MNR
fueron los mineros que ayudaron a consolidar la toma del poder.
La primera participación del MNR
en 1952, se produjo en co-gobierno con la Central Obrera Boliviana (COB)
fundada el 17 de abril del mismo año, por Juan Lechín Oquendo. Sin perder de vista transformaciones como la nacionalización de
las minas, la reforma agraria, la reforma educativa, el voto universal, quedaron
en el olvido una serie de negocios "turbios" emprendidos con
gobiernos extranjeros. Una muestra de ello, es el tan problemático código
petrolero Davenport, que parceló el país en tres partes, para la explotación
petrolera y comprometió nuestros recursos hidrocarburíferos por décadas.
Los campos
Volviendo al tema central, el MNR
hizo un gobierno de fuerte acento represivo y producto de ello, fue que para
sacar del camino a sus opositores, instaló campos de concentración en distintas
localidades del país para encarcelar a
los denominados presos políticos. Las prácticas autoritarias del partido
rosado, se caracterizaron por la aplicación de métodos violentos de control
político. El 23 de octubre de 1952, a través del Decreto Supremo 02221, Víctor
Paz Estenssoro estableció prisiones bajo administración militar en Corocoro, La
Paz; Uncía y Catavi, Potosí; y Curahuara de Carangas en Oruro. Tres de los
cuatro campos de concentración se encontraban en centros mineros. Eran
controlados por mineros y militares a los que se trasladaban presos políticos,
opositores al gobierno, principalmente pertenecientes a la Falange Socialista
Boliviana (FSB), que eran vejados y torturados sin piedad. Según testimonios de
algunos presos políticos como Gad Lemús, la prisión de Corocoro era el
purgatorio, mientras que Curahuara de Carangas, se asemejaba al averno. En Catavi, en 1953, se
encontraba un contingente de 131 presos; mientras que en Curahuara entre 1953 y
1954, 254 presos.
“Carne de presidio”
En Curahuara de Carangas, el
Teniente Bacarreza, mandó una formación y ordenó que los prisioneros alojados
en la celda del lado Oeste del cuartel fueran trasladados a las barracas del
frente, quien a modo de explicación dijo que “eso les conviene porque entre ustedes ya se
conocen”. Las confusas palabras de Bacarreza dieron a entender que otra “carne
de presidio” ocuparía las celdas más frías, oscuras y destartaladas del
campamento. Pronto fue una triste constatación cuando el Teniente, respondiendo
a las interrogantes de Lemús, le confió que estaban por llegar presos de Uncía
y marchaban a Curahuara los del clausurado campo de Catavi. Los prisioneros
supieron entonces del establecimiento de un nuevo campo de concentración, que hasta
el mes de diciembre carecía de posibilidades concretas de apertura. Curahuara
de Carangas era algo así como la Siberia del altiplano boliviano, escenario
ideal, incrustado en la infinitud de la pampa para que los detenidos y
confinados fueran presas del terror, el hambre y la soledad.
Otro relato está relacionado con
lo que le sucedió a Jaime Villarreal, quien fue prisionero sin ser político,
por el simple hecho de trabajar en la fábrica de catres del falangista Víctor
Kellemberger. Las privaciones, preocupaciones, castigos materiales y el trabajo
forzado, habían desembocado en la tuberculosis pulmonar que sobrellevaba pacientemente,
perdiendo peso a ojos vista. Su rostro naturalmente blanco, se cubrió de
intensa palidez, y sus mejillas, a los 25 años, comenzaron a hundirse. Ninguna
consideración impidió, no obstante, que el responsable del campo, René Gallardo,
dispusiera su inhumano flagelamiento. El centenar de latigazos que su
enflaquecida carne soportó heroicamente, terminó por sumirlo en cama acelerando
las secuelas de su tremenda enfermedad.
Presos
Es interminable la lista de
presos que llegaron a esos campos de concentración que eran dirigidos por el
entonces ministro de Gobierno, Federico Fortún, mientras Claudio San Román,
Luis Gayán Contador, Emilio Arze Zapata, Alberto Bloomfield, René Gallardo,
Juan Peppla y Adhemar Menacho, se encargaban de las torturas y vejámenes, que
para muchos presos políticos se convirtieron en una triste memoria por el sufrimiento generado
por el llamado "Control político". De los mencionados, unos estaban a
la cabeza del sistema represivo, otros dirigían los campos, y otros directamente
eran los torturadores de los detenidos.
Se intentaron justificar esos
excesos con el argumento de que se ejercía una violencia revolucionaria y
antioligárquica para sostener la estabilidad de la Revolución. La
intransigencia y los abusos se convirtieron en el pan de cada día.
*Texto original de Dehymar Antezana, periodista, La Patria de Oruro, 31
de julio de 2011, debidamente editado para los objetivos de esta investigación.
Antezana consultó la Historia de Bolivia,
José de Mesa, Teresa Gisbert, Carlos D. Mesa, y Campos de Concentración en
Bolivia de Fernando Loayza Beltrán.
Originalmente publicado en el suplemento Animal Político del diario La Razón el domingo 27 de septiembre de 2020
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