Con la falacia de la supuesta existencia de
medios “paraestatales” al servicio del “autoritario” gobierno de Evo Morales,
un puñado de medios de comunicación identificados con el conservadurismo y el
modelo neoliberal, persisten en hacerle creer a Bolivia que se instaló un
régimen en el que campeaban las violaciones a la libertad de expresión y las persecuciones
a periodistas, pero si hechamos mano con rigurosidad del registro y el archivo,
podremos comprobar que no ha existido en la historia del país un presidente más insultado y
vilipendiado que “el primer presidente indígena de nuestra historia”, sin que
eso haya tenido consecuencia alguna para quienes, salidos de la vaina, se
estrellaron contra su liderazgo y los catorce años de gobierno contínuo,
intentando posicionarlos como “malditos” como si en este país fuera necesario
que nos resignificaran lo acontecido, como si no hubiéramos estado aquí para
ser testigos de cómo la economía del país alcanzó el primer lugar de
crecimiento en cuatro gestiones consecutivas (2016 a 2019), entre otros logros
significativos vinculados, fundamentalmente, a la inclusión social y a la
ciudadanización de “los nadies”.
La historia ya
se encargará, más allá del periodismo y de los apantallamientos de coyuntura,
de establecer con justeza y justicia, los profundos cambios que se produjeron
en Bolivia con la puesta en vigencia de una nueva constitución política basada
en el concepto de Estado Plurinacional, los asuntos que quedaron pendientes y
no se encararon, como correspondía, como la salud y la educación, y las enormes
equivocaciones generadas fundamentalmente en lo que se refiere a la
administración de la justicia, y al abuso sistemático que significó la
utilización del ministerio público para fines de persecución política a cargo
de un entorno que como dice ahora el candidato vicepresidencial, David
Choquehuanca, “no debe volver”.
Los llamados
medios “paraestatales”, los que supuestamente jugaron al servilismo para
beneficiarse publicitariamente del gobierno del MAS, navegan hoy en las aguas
de la neutralidad, la independencia y la objetividad como si no hubiera pasado
nada, tal como estos comprenden un rol pretendidamente incoloro e inodoro que
en los hechos reales sabemos que no existe. Sucede que las políticas
informativas y de manejo de contenidos de los medios fueron tan defectuosas
durante las tres gestiones del gobierno de Morales, que apenas producido el
golpe de Estado en noviembre de 2019, esos medios supuestamente alineados regresaron
a la “normalidad” en la línea de informar, educar, entretener tal como nos lo
dicta el viejo manual funcionalista de los medios en una sociedad en la que
mandan el mercado y la iniciativa privada.
UNITEL y la Red
Uno, principales televisoras propiedad de empresarios vinculados a los
agronegocios, a la ganadería y a los servicios con sede principal en el
departamento de Santa Cruz, nunca dejaron de ser opositores al MAS, aunque por
coyunturas bajaron el tono a fin de manotear algún pedazo de la torta
publicitaria. Mientras que las redes ATB y PAT que serían las “paraestatales
masistas”, probablemente recibieron mejores tajadas en materia de pauta, pero
sin que eso significara que se alejaran del pluralismo informativo y de
opinión, dicho de otro modo, sin que los principales detractores del hegemónico
gobierno de Evo dejaran de ser protagonistas de los espacios noticiosos y de debate
de dichas estaciones: Parte y contraparte que se le llama en la jerga mediática.
En materia de
impresos, los diarios bolivianos cayeron en picada debido a la duración de la
pandemia. Durante más de seis meses dejaron de publicar ediciones regulares y
circunscribieron sus contenidos a las ediciones digitales. En ese contexto, El
Deber de Santa Cruz siguió muy activo, La Razón de La Paz modificó el diseño de
su web y redujo su personal debido a la crisis desatada por el corona virus,
Los Tiempos de Cochabamba se encuentra prácticamente a la venta por riesgo de
quiebra y Página Siete, también de La Paz, es el que ha tomado abierto partido por el candidato Carlos Mesa para las
elecciones del 18 de octubre, diario de mínimo tiraje –dos mil ejemplares
diarios-- que cuenta con un grupículo de columnistas anti-Evo que son quienes
mejor expresan la indisposición que
generó la repostulación de un presidente que no respetó el resultado de un
referéndum que en 2016 le cerraba el paso a tal pretensión.
A diferencia de
otros países del continente, Bolivia no cuenta con grupos mediáticos poderosos
que concentren la propiedad de estaciones televisivas, radios y diarios, y que
con la irrupción de las redes sociales, han tenido que adaptarse y multiplicar
sus soportes para llegar a sus públicos, hechando mano del streaming, o de las transmisiones en vivo a través de Facebook o
Zoom. Algunos de esos medios, más o menos representativos e influyentes en las
clases medias urbanas, fueron etiquetados como “Cártel de la mentira” por el
otrora poderoso ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, ahora
enjaulado en la residencia de la embajada de México, debido a que el gobierno
de facto, no le extiende, a él, y a seis personalidades que formaron parte del
entorno de Evo, el salvoconducto para poder acceder al asilo político.
La simpatía e
identificación del diario Página Siete con Mesa, fue descubierta debido a la
infidencia de un cliente que subió a las redes una reunión a través de Zoom en la
que Raúl Garafulic, presidente del directorio, explicaba una encuesta encargada
por él mismo y las razones por las que habría que votar por Mesa, iniciador del
golpe de Estado, incitando a la gente a dirigirse a los tribunales electorales
departamentales “para defender el voto y rechazar el fraude”. Ese criterio, no tan abiertamente compartido,
es coincidente en las estructuras de propiedad de gran parte de los medios
tradicionales y conservadores, que en el caso del departamento de Santa Cruz,
exhibe el matiz de la fuerte preferencia por Luis Fernando Camacho, el otro
operador del golpe, coordinandor de tareas con policías y militares, que con un
aproximado de 30 por ciento, ganaría en su propia casa, compensando así la muy
escasa aceptación que tiene en los otros ocho departamentos, seis de los cuales --La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí, Tarija y
Pando-- muestran su abierta preferencia por el binomio del MAS, conformado por
Luis Arce y David Choquehuanca, uno sólo en favor de Carlos Mesa
–Chuquisaca—quedando pendiente el departamento del Beni, en el que figuraba
primera Jeanine Añez, ahora alejada de la carrera electoral al haber renunciado
a su candidatura.
Otra es la
realidad que muestran radios comunitarias como Kawsachun Coca que encabeza una
red de emisoras, con sede en el subtrópico cochabambino, territorio de las seis
federaciones de campesinos cocaleros. En ella, se refleja desde la visión rural
tan distante y ajena para el homo urbanus, que en Bolivia existe un solo partido
que bajo la fusión Movimiento al
Socialismo (MAS) – Instrumento Para la Soberanía de los Pueblos (IPSP)
representa a las organizaciones sociales que conforman esa Bolivia popular,
indígena y campesina, a la que poco y nada le afecta lo que digan o dejen de
decir Unitel, la red UNO, ATB, PAT, El Deber, o Página Siete que esperan que
Mesa o Camacho lleguen a la silla presidencial “para que Evo Morales no regrese
al país”.
Originalmente publicado en Noticias para América Latina y el Caribe (NODAL) el 27 de septiembre de 2020
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