Hasta mediados
de octubre de 2019, Bolivia era el referente modélico de la economía de la
región con niveles de crecimiento por encima del cuatro por ciento que lo
situaba en el primer lugar de Sudamérica en estabilidad, reducción de la
pobreza, significativa incorporación de ciudadanos urbanos y rurales –aproximadamente un millón de personas en el
último lustro—a la clase media y un insignificante nivel de inflación anual por
debajo del dos por ciento admirado por propios y envidiado por extraños,
populistas y neoliberales.
La repostulación
de Evo Morales para las elecciones del 20 de octubre terminaría trastocandolo
casi todo: Una precipitada valoración de la contienda electoral (lunes 21) por parte
del equipo de observadores de la OEA, indicaba que se había producido un cambio
abrupto y sospechoso en la tendencia de la votación y a esa lectura tendenciosa
y precipitada contribuiría el Tribunal Supremo Electoral con la suspensión
intempestiva e inexplicable de un sistema de conteo rápido de votos sin validez
jurídica, pero con un alto grado de impacto psicológico colectivo que sirvió de
pretexto para que el principal candidato opositor, ex vicepresidente de Gonzalo
Sánchez de Lozada, el ex periodista Carlos Mesa, convocara a la ciudadanía a
volcarse a las calles con dirección a las oficinas departamentales electorales
para reclamar por su voto, bajo la convicción de un supuesto “monumental”
fraude. La convocatoria derivó en incendios, y a partir de ese momento la
violencia iría creciendo en espiral.
De ahí en más,
veinte días de agitación callejera a través de paros cívicos en las principales
ciudades, bloqueos y movilizaciones en distintos grados de intensidad,
desembocaron el domingo 10 de noviembre en la renuncia de Evo Morales a la
presidencia, y de toda la línea
sucesoria que garantizaría la permanencia del Movimiento al Socialismo (MAS) en
el poder, por lo menos hasta el 22 de enero, fecha formal de finalización del
mandato presidencial: La obstinación por retener el poder, aunque fuera a
través de una forzada interpretación del Pacto de San José, en sentido de que
repostularse es un derecho humano, se convertiría en una enormísima factura que
el país empezaría a pagar en cuotas inimaginables comenzando por la captura de
la presidencia por parte de la segunda vicepresidenta del Senado, Jeanine Añez
del Movimiento Demócrata Social (MDS) que en la “fraudulenta” elección había
alcanzado apenas el cuatro por ciento de la votación nacional. Golpe de Estado
se dijo desde México, Argentina y otros países que constataron que se había
obligado a Evo a renunciar y a escapar del país ante la amenaza de que su vida
corría peligro en territorio nacional.
Añez juró sin
quorum parlamentario y con presencia de generales y coroneles que le otorgaron
su bendición para ejercer una primera magistratura transitoria, con el casi
exclusivo propósito de una nueva convocatoria a elecciones en el plazo más
breve posible con una nueva composición del Tribunal Supremo Electoral, lo que
daría lugar a un gobierno de trámite reglamentario para evitar un temido vacío
estatal, hasta que a algunos personeros de su entorno se les ocurrió preguntar
a través de encuestas “¿Y si fuera ella?” en alusión a la probabilidad de
pasarla de presidenta transitoria a presidenta candidata como “única” opción de
unidad frente al riesgo de que el MAS, el partido de Evo que conformó binomio
con Luis Arce y David Choquehuanca, ex ministros de Economía y Relaciones
Exteriores durante doce años consecutivos, pudiera volver a ganar en la
contienda que se realizará el próximo 3 de mayo.
En efecto,
Jeanine es ahora candidata y presidenta transitoria con el respaldo de su
propio partido y las agrupaciones ciudadanas de los alcaldes de La Paz y
Tarija, Luis Revilla y Adrián Oliva, que decidieron romper sus alianzas con la
Comunidad Ciudadana (CC) de Carlos Mesa que fue segundo en las anuladas
elecciones pasadas y continúa persuadido de que esta vez puede ganarla en tanto
Evo ya no podrá estar en la papeleta electoral.
En
aproximadamente setenta días de ejercicio gubernamental, la administración de
Jeanine Añez ha tomado decisiones estructurales que casi nada tienen que ver
con un gobierno bisagra con un solo elemento central de agenda que consiste en
llamar a nuevas elecciones: Liberó de la obligación de visas para ciudadanos
estadounidenses e israelíes, suspendió relaciones con Cuba, reconoció a Guaido
como gobernante de Venezuela, se envolvió en incidentes diplomáticos con la
embajada de México en la que se encuentran asilados varios ex colaboradores de
Evo Morales, y también con la embajada de España ante un supuesto intento de
sacar clandestinamente a ex personeros acusados de terrorismo y sedición como
el entonces Ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, acusando a Podemos
de Pablo Iglesias de encontrarse detrás de esta supuesta trama.
Y no sólo eso,
porque las órdenes de detención a presuntos corruptos del gobierno de Evo se
han convertido en la moneda corriente boliviana, y también la vigilancia a
medios de comunicación a los que se tacha de sediciosos y casi cómplices de
supuestas aventuras terroristas. En este contexto se han cerrado una apreciable
cantidad de radioemisoras comunitarias en las últimas semanas y la activista
María Galindo, líder de la agrupación Mujeres Creando ha sufrido la censura de
una última columna de opinión que publica regularmente en el diario Página
Siete, en la que denuncia una reunión efectuada días previos al golpe, en
instalaciones de la Universidad Católica Boliviana (UCB) con la participación, entre
varios, del embajador del Brasil en La
Paz,, el político Jorge Tuto Quiroga, ex vicepresidente de Banzer y al que
sindica de agente de la CIA, como factores determinantes para el derrocamiento
de Evo.
Jeanine Añez ha tenido
que soportar la renuncia de su ministra de Comunicación, Roxana Lizarraga y
esto le ha servido para solicitar renuncia colectiva y cambiar a tres de su
inicial equipo. Dice que hará campaña en horarios fuera de oficina, sin
utilizar el aparato estatal en beneficio de su candidatura. Los presidenciables
de filiación ideológica parecida –Mesa, Quiroga, Camacho—que coincidieron en
señalar a la hasta entonces senadora, como sucesora de Evo, afirman que esto es
romper las reglas de juego y que la señora presidenta está actuando tal como lo
hacía el prorroguista Evo. Con este panorama, el desconcierto y las sorpresas
de giros, idas y venidas en la política boliviana están plenamente garantizadas,
por lo menos en los siguientes tres meses, hasta cuando llegue la fecha de
concurrir nuevamente a las urnas.
Originalmente publicado en Noticias para América Latina (NODAL) el 02 de febrero de 2020
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