Hasta aquí llegamos Evo

La mañana del 21 de octubre de 2019 se sabía que el gobierno de los Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos (OEA) ya tenían cuadrada la salida de Evo Morales del poder luego de catorce años de haberlo sufrido y soportado hasta el extremo de la expulsión del embajador Philip Goldberg en 2008. En aquella oportunidad, el gobierno boliviano había acusado a la Embajada norteamericana de financiar a los gobernadores de los departamentos opositores al Movimiento al Socialismo (MAS), al que luego no podrían desestabilizar por más de una década hasta el extremo de una segunda reelección en 2014. Esta nueva victoria electoral ya había desquiciado a enemigos internos y operadores externos, afanados de que el “castro chavismo” cayera de una buena vez en las preferencias electorales de nuestros países.

El Secretario para Asuntos Hemisféricos de Occidente, Michael Kozak, hacía dúo con el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, para propagar que en los comicios del 20 de octubre, se había producido un fraude electoral, precipitada y calculadamente advertido por la misión de observadores del organismo interamericano, y amplificado por el principal candidato opositor, Carlos Mesa, que animaba a los votantes a acudir a los tribunales departamentales electorales para defender su voto. Esta fue la acusación que desembocó en vandalismo e incendios que se transformaron en un paro indefinido propiciado por el Comité Cívico Pro Santa Cruz, encabezado por el disciplinado operador Luis Fernando Camacho, quien a través de un video publicado el viernes 27 de diciembre, explicó la manera en que se operó la coordinación con militares y policías para “evitar” una represión que no tuviera un desenlace desgraciado. De todas maneras, el recuento de los daños informa 31 muertos, de los cuales se habla menos que de los 69 producidos en 2003, con la decisiva participación de Carlos Sánchez Berzaín, ministro de Defensa de Gonzalo Sánchez de Lozada en la llamada “Guerra del Gas” el hito en que la noche neoliberal llegó a su fin en Bolivia.

Evo tenía que irse sí o sí, y a 45 días de su caída resultaría ocioso persistir en la lloradera sobre la leche derramada abundando en detalles sobre el golpe de Estado al clásico estilo de uniformados pidiendo la renuncia de su Capitán General antes de que fenezca reglamentariamente su mandato. Evo fue defenestrado porque las clases medias tradicionales de las ciudades bolivianas compraron la narrativa del fraude como se adquiere en un mercado de pulgas un libro usado de autoayuda, porque sintieron que era la segunda vez que les tocaban el voto, como ya había sucedido el 21 de febrero de 2016 cuando en un referéndum gestado por el propio gobierno, el No a una tercera repostulación se impuso 51 contra 49. A partir de entonces, el entorno más cercano y complaciente al líder cocalero se afánó en encontrar la piedra filosofal constitucional que de todas maneras lo habilitara, tal como sucedió efectivamente el 28 de noviembre de 2017 en que se disponía que, de acuerdo al Pacto de San José, Evo podía volver a ser candidato haciendo uso de un inalienable derecho humano.

Evo no imitó las lecciones de sus amigos del vecindario: Lula tenía a Dilma, Néstor a Cristina, Mujica aguardaba tranquilamente el regreso de Tabaré Vásquez, Correa se jugó por el que luego lo traicionaría, Lenín Moreno, y hasta Hugo Chávez se había pronunciado por un sucesor. Evo no. Evo tenía a Evo y los lambiscones de siempre, los encaramados en la ola del exitismo y engañoso triunfalismo, asintieron que no había figura posible, masculina o femenina, capaz de encarnar el proceso histórico que lideraba con bolivianas y bolivianos que hasta su llegada al poder no estaban incorporados a la vida ciudadana. Hasta aquí habíamos comprendido que el sujeto histórico boliviano era el corporizado por las organizaciones sociales bolivianas de indígenas, campesinos y trabajadores urbanos, pero desde el momento en que prevaleció la lógica de líder carismático irremplazable, los anticuerpos contra Evo fueron centuplicándose hasta extremos obsesivos en los que algunos fracasados conversos de la izquierda boliviana de los 70, terminaron haciendo coro con los más conspicuos representantes de la derecha cavernaria y del neoliberalismo que dominó el país entre 1985 y 2005.

Las tres semanas de paro indefinido, bloqueos callejeros, alteración del orden público, acoso y quemas de viviendas de personajes públicos de uno y otro bando, motines policiales escalonados en las ciudades y la final intervención de las Fuerzas Armadas pidiendo la renuncia del presidente pueden leerse como un plan desestabilizador exitoso facilitado por los groseros errores cometidos por el hasta ese momento poder hegemónico ejercido con la mayoría parlamentaria de dos tercios de votos con los que el MAS fue una aplanadora que doblegó opositores ligados más al pasado político boliviano, que a un proyecto alternativo de futuro. La lección es inequívoca y didáctica: si el imperio es tan poderoso, repleto de recursos estratégicos y materiales, no le entregues la cartografía de la recuperación del control de un país revoltoso a cargo de su Embajada, otra vez reinando en las decisiones internas que toma un gobierno de transición que debería circunscribirse casi exclusivamente a convocar nuevas elecciones presidenciales para reestablecer plenamente el orden constitucional.

Bolivia, con una envidiable y persistente estabilidad económica desde 2006, ha ingresado en una atípica crisis, no dictaminada esta vez por indicadores económicos, sino por la puesta en entredicho de los valores democráticos y las libertades ciudadanas. El gobierno presidido por Jeanine Áñez, perteneciente al Movimiento Demócrata Social (MDS) que con su candidato Oscar Ortíz obtuvo apenas un cuatro por ciento de los votos, es el que se ha encargado de invertir los roles de la noche a la mañana, practicando lo que ellos llamaron persecución política a cargo de jueces y fiscales que buscaban congraciarse con el poderoso aparato de poder construido por el Movimiento al Socialismo (MAS). Esta situación llego a un riesgoso extremo, como el de ingresar en el terreno de los incidentes diplomáticos con la embajada de México, país que históricamente ha hecho del refugio político un ejemplo planetario de la salvaguarda de los derechos humanos.

Evo y el MAS han cometido gravísimas equivocaciones que la historia se encargará de explicar con la serenidad que permite el transcurso del tiempo: no es justo para un país que un tribunal electoral detenga un recuento preliminar de votos por más que éste no se encuentre en la normativa que determina los resultados finales. Es una chambonada con la que comenzó la caída de un presidente que, sin duda alguna, ha cambiado las matrices del funcionamiento del Estado en que el concepto de equidad se aplicó en la vida diaria de los bolivianos como nunca había sucedido en su desangrado derrotero de país saqueado y despojado de sus riquezas naturales. Esas que tanta codicia desatan en el capital transnacional.

Originalmente publicado el 28 de diciembre de 2019 en Debates indígenas