De regreso a la normalidad democrática hace ya más de cien
días, y con el rebrote de la pandemia,
el gobierno del presidente Luis Arce Catacora encara la emergencia sanitaria
con medidas prácticas de adquisición de pruebas antígeno nasales y vacunas que
han comenzado a llegar a Bolivia, con el objetivo inicial de proteger a médicos
y personal con responsabilidades en la salud pública y privada.
En medio de la segunda ola de la Covid-19, y con la prioridad
de atender la salud junto con la reactivación económica a través de la búsqueda
del fortalecimiento del mercado interno, en el país continúan instaladas las
llamadas narrativas del fraude por el que fue derrocado Evo Morales el 10 de
noviembre de 2019, y del Golpe de Estado con el que Jeanine Añez se instaló
inconstitucionalmente en el poder dos días después.
El informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) y
las pesquisas realizadas a través de las fiscalías departamentales han dado
lugar a concluír que no existen pruebas suficientes que puedan convertirse en
materia justiciable para enjuiciar a los presuntos autores del supuesto fraude,
en este caso, al propio ex presidente Morales, a su ex vicepresidente Alvaro
García Linera, a algunos de quienes fueran sus ministros de mayor confianza, y
a las autoridades nacionales y regionales del Tribunal Supremo Electoral.
En esta evolución de los acontecimientos, vocales electorales
de Santa Cruz, Beni y La Paz fueron liberados de detenciones preventivas y
domiciliarias al haberse establecido la falta de evidencias que puedan
demostrar de manera concreta y precisa en qué habría consistido el fraude que
se convirtió en el detonante para la caída de Evo a partir de una concertación
civil, militar y policial, caracterizada por movilizaciones callejeras y
motines con los que se consumó la desobediencia de las fuerzas del orden y de
la seguridad nacional que aceleraron la salida del entonces presidente del
territorio nacional con una “sugerencia” de renuncia planteada por Williams
Kalimán, Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, quién cuarenta y ocho horas
después imponía la banda presidencial a Añez en una irregular sesión del Senado
instalada sin el quorum reglamentario.
Las cabezas de la oposición al nuevo gobierno del MAS,
insisten, sin embargo, en que se forzó la renuncia de Evo debido a un fraude de
grandes proporciones –“monumental” le llama el derrotado candidato de Comunidad
Ciudadana, Carlos Mesa--, lo que justificaría la defenestración que en las
próximas semanas puede convertirse en un juicio de responsabilidades contra la
ex presidenta y ex candidata presidencial, y ahora candidata a gobernadora del
departamento del Beni, por haber usurpado funciones violando los artículos 169
y 170 de la Constitución Política y el Reglamento del Senado, al haberse
vulnerado la sucesión constitucional en la que no se encuentra consignada la
segunda vicepresidencia de la Cámara Alta que ejercía Añez, debido a que la
norma indica que la misma contempla al Presidente, al Vicepresidente, y a los
presidentes de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, figura legal
que los medios de comunicación afines a los sectores opositores al movimiento
popular boliviano, se han encargado de invisibilizar, dada la contundencia de
su objetividad.
El Tribunal Constitucional boliviano emitió un comunicado sin
legalidad ni carácter vinculante, como lo manifestara el Magistrado Petronilo
Flores en febrero de 2020 en su comparecencia ante la Comisión de Justicia
Plural de la Cámara de Diputados: "Es
un comunicado que no tiene ninguna relevancia jurídica. El Código Procesal
Constitucional solamente reconoce como vinculantes las sentencias
constitucionales plurinacionales, las declaraciones constitucionales y los
autos constitucionales. Ese comunicado, señora presidenta (de la Comisión), a
la pregunta, no es vinculante.”El mismo Magistrado Flores enfatiza que el
comunicado que viabilizó la asunción de
Añez a la presidencia del Estado Plurinacional, “no avala en concreto ningún
nombre y carece de relevancia jurídica.”
En la batalla mediática por imponer “narrativas”, los
opositores ahora enfrascados en campañas para las elecciones de Gobernadores y
Alcaldes a celebrarse el 7 de marzo, no darán su brazo a torcer y seguirán
sosteniendo que en Bolivia hubo un fraude encabezado por Evo Morales aunque no
puedan demostrarlo fáctica y y jurídicamente, mientras que las organizaciones
sociales reafirmarán su convencimiento de que no sólo hubo golpe de Estado,
sino que a continuación se instaló un régimen de facto que hizo de la
persecución política, el principal instrumento de criminalización de dirigentes
sindicales, militantes del Movimiento al Socialismo (MAS) y ciudadanos afines al
llamado Proceso de Cambio que gobernó el país entre 2006 y 2019.
Los indicios son claros en sentido de que si bien es posible
que Evo Morales no hubiera ganado las elecciones anuladas de 2019 por la
diferencia necesaria para consolidar el triunfo en primera vuelta, ya casi no
quedan dudas que aunque fuera por una menor diferencia, las ganó contra el
mismo candidato, Carlos Mesa, que un año después sería nuevamente derrotado por
el sucesor de Evo en la candidatura presidencial, Luis Arce Catacora, esta vez
por un abrumador 55. por ciento contra un 28, lo que le permitió una
indiscutible victoria en primera vuelta.
El antecedente complementario del carácter autoritario del
gobierno de Añez dice que su gobierno consideró la posibilidad de cerrar la
Asamblea Legislativa Plurinacional, versión no confirmada, recinto
institucional en el que con los dos tercios mayoritarios en ambas cámaras, el
Movimiento al Socialismo (MAS) frenó una serie de intentos gubernamentales de
imposición en materia de contratación de
deuda externa y hasta la lista de ascensos a generales del Ejército que se
dirigieron en uniformes de combate hacia el edificio congresal a objeto de
arrancar la aprobación de los mismos con intimidaciones que caracterizaron el
combate a la pandemia con una exhibición de fuerza con efectivos uniformados en
las calles de las ciudades durante los once meses que se mantuvo el régimen de
facto en Bolivia.
Originalmente publicado en Noticias para América Latina y el Caribe (NODAL), Buenos Aires, Argentina el 20 de febrero
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