El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, le dice a una
televisora internacional que meter bala --a los bloqueadores, se entiende-- sería
lo políticamente correcto. Hace un par de meses, el ministro de defensa, Luis
Fernando López le advierte a un ciudadano de San Ramón, Beni que le hace un
reclamo a un oficial de ejército, que no lo irrespete porque “podría hacerlo
desaparecer en diez segundos”. Al día siguiente pide disculpas, pero
transcurridas algunas semanas, ese mismo ministro desafía al presidente del Tribunal Supremo Electoral,
Salvador Romero, diciéndole que “si es hombrecito debería ir al Chapare” para
explicar las razones de fijación de la fecha de elecciones para el 18 de
octubre.
Con excepción de extremistas como Luis Fernando Camacho, Juan
Carlos Pumari y el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo,
que llama bestias humanas a los bloqueadores y al día siguiente de semejante
declaración se ratifica en lugar de retractarse, los ministros que desafían con
bala y en arranques de ira amenazan con desapariciones, llegan a la sensata
conclusión que el de la violencia sería el camino más corto para terminar de
fracasar en la transitoriedad gubernamental y por ello optan por armar una
caravana de transporte de sisternas con oxígeno sin policías ni militares, y
ven por conveniente que en la carretera la coordinación quede a cargo del
representante de la Defensoría del Pueblo en Cochabamba, Nelson Cox y la Cruz
Roja, hasta llegar a La Paz, efectuando un rodeo por Chuquisaca y Potosí.
Bolivia está desde el 10 de noviembre de 2019 en guerra civil
simbólica. A partir de entonces comienzan a incubarse grupículos civiles en
plan justiciero y superheroico que hacen vigilias en puertas de domicilios particulares
y vigilancia urbana en motocicletas, amedrentan enemigos por redes sociales, y
hasta los amenazan con eliminarlos físicamente. Pero cuando ya nos encontramos
nuevamente en el borde del abismo, casi todo queda, afortunadamente, en pura
prepotencia verbal. Los aprendices de reyertas callejeras con tufo político,
esos a los que Evo bautizó como pititas en plan subestimador, le podrían
preguntar a Felipe Quispe, el Mallku, cómo se hace para alfombrar con piedras
una carretera y bloquear de verdad, a riesgo de que aparezcan “motines” y
“milicos” para corretear y detener “indios”, con instrumentos disuasivos, o
peor, como en Senkata y en Sacaba, con armas que acabaron con las vidas de más
de treinta personas.
La Presidenta Añez no incluye a la whipala en la banda
presidencial, aunque bien sabe que se trata de un símbolo patrio
constitucionalizado. Se refiere a la
República de Bolivia y tiene el cuidado de jamás referirse al Estado
Plurinacional. Y en su sistemático juego iconográfico, en el programa del
ciento noventa y cinco aniversario de la independencia y la fundación del país,
incluye un Te Deum oficiado en la catedral metropolitana de la Sede de Gobierno
por Monseñor Edmundo Abastoflor, pasándose por el forro la nueva condición, también
constitucionalizada, de Estado laico y un día antes del feriado, en un forzado
gesto por exhibir fortaleza, posesiona a Branko Marinkovic como ministro de
Planificación del Desarrollo, esto es, para los sectores populares social y
políticamente organizados a partir de las acciones de la COB, el Pacto de
Unidad y el MAS, la otorgación de poder a alguien que estuvo fuera del país
durante una década, acusado de separatismo, en tiempos en que Manfred Reyes
Villa había afirmado con ardor: “Adelante Santa Cruz con su independencia”.
Se trata del intento de desmontaje del Estado Plurinacional.
Ni más ni menos. Y para ello, torpes operadores con entrenamiento en el Norte,
titulan notas de opinión con pretensiones de estrategia electoral: “Mesa y
Jeanine deben pactar para evitar que el MAS de Evo Morales regrese al poder”,
que a los pocos minutos de haber subido a la red, es sustituída por otro título
sin rasgos comprometedores: “La difícil transición tras la caída de Evo
Morales”. En dicho texto, el autor se dedica a ennumerar los desaciertos y los
claros indicios de corrupción del gobierno encabezado por Añez, pero como hay
que evitar que Morales vuelva, no importa, mejor nomás unirse con el candidato
Carlos Mesa quién deja fuera de juego a su ayudante al declarar que el hecho de
que Añez se habilitara como candidata presidencial, da pie a validar la versión
de que efectivamente lo que hubo en Bolivia fue un golpe de Estado.
En este intento de construcción de una opción alternativa
para que el MAS y Evo no regresen al poder, lo que apenas encontramos hasta
ahora es el desconocimiento de símbolos patrios, de ciertas cualidades insertas
en la Constitución votada en las urnas en 2009, el desempolvamiento y la puesta en vigencia de
personajes en su momento apartados del debate nacional y el incesante fogoneo
de operadores-opinadores que saben perfectamente qué no quieren para Bolivia
–el retorno de Evo y los suyos--, pero que siguen sin exponer minimamente que
es lo que alternativamente habría que hacer para superar el atoramiento en el
que se encuentra esta Bolivia históricamente partida por el eje debido al
racismo y a la exclusión social nacientes en la Colonia.
Entre tanto, en las carreteras bloqueadas, en las zonas
rurales organizadas, se gesta una persistente y tenaz lucha por la recuperación
del voto para restituírle al país su condición democrática plena con el costo
que implica la criminalización de presuntamente evitar el paso del oxígeno por
las rutas interdepartamentales. El gobierno, desgastado por la irregular
gestión sanitaria contra la pandemia, montado en el córcel de una lucha sin
pausa contra el narcotráfico con persecución de “sediciosos” y “terroristas”,
con renuncias de personeros de alto nivel convertidas en moneda corriente,
finalmente se rinde ante la evidencia de que el único camino es el de la
promulgación de la ley que autoriza la realización de elecciones el 18 de
octubre como fecha límite, con artículos de penalización a quienes osaran
intentar posponerla por tercera vez.
Estado Plurinacional versus República. Whipala versus
tricolor. Religión oficial (católica) versus Estado laico. Cívicos contra
indígenas radicalizados, reducidos a categoría infrahumana. Aymaras
radicalizados contra croatas “que deberían regresar a su país”. He aquí el resumen de acusaciones e
impugnaciones en esta guerra verbal entre las dos bolivias marcadamente
separadas en las que campea la hostilidad, la desconfianza y un legítimo
resentimiento histórico que muchos traducen con una sola palabra: Odio.
Originalmente publicado en el diario La Razón el 17 de agosto de 2020
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