A la segunda mitad de la década
de los 80, cuando Bolivia forcejeaba por superar la hiperinflación de la UDP a
través del llamado modelo de ajuste estructural, producto del Consenso de
Washington que nos condujo a dos décadas de neoliberalismo, el gobierno
estudiantil de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) estaba a cargo de la Unión
Revolucionaria de Universitarios Socialistas (URUS) perteneciente al Partido
Obrero Revolucionario (POR).
Erick Rojas y Ariel Román eran
dirigentes de la Federación Universitaria Local (FUL) que conducían sus
acciones por la ruta de las convicciones ideológicas y un activismo político
que no admitía descansos. Por supuesto que no percibían salario alguno y cuando
viajaban en representación del estamento estudiantil, estaban obligados a
gastar lo mínimo indispensable y devolver lo que les sobraba de viáticos a los
que tenían derecho hasta el último centavo. La férrea disciplina de URUS generó
un mecanismo de severa austeridad para retornar la mayor parte de los montos
que les eran asignados, a una cuenta bancaria por ellos mismos generada.
Es cierto que muchos dirigentes permanecieron en
sus cargos representativos superando la década de permanencia en la
universidad, pero esto tiene parte de su explicación en las contínuas suspensiones
de actividades académicas determinadas por las dictaduras militares. Así se entiende
que en aquél tiempo se prolongaran permanencias más allá del promedio que
debería permitir una carrera hacia el egreso y la licenciatura.
Como el URUS-POR era considerado
por la población conservadora, la extrema izquierda que por las noches se
reunía con el demonio, se atacaba a sus dirigentes endilgándoles la etiqueta de
vividores de la universidad, de activistas que en realidad no estudiaban y se
encontraban ahí para agitar el país en busca de la dictadura del proletariado y
del gobierno obrero campesino. Si entonces se estigmatizaba de esa manera a los
Rojas y Román, ¿qué podríamos decir en la actualidad de este Max Mendoza,
vinculado a Nueva Fuerza Republicana (NFR), luego al MAS y luego al gobierno de
facto de Jeanine Áñez?
Mendoza es la personificación de
unas insultantes irregularidades en el sistema universitario boliviano que
según un conocedor de cómo funciona éste, tiene su inicio con la asignación de recursos
a las dirigencias estudiantiles a partir del Impuesto Directo a los
Hidrocarburos (IDH). En otras palabras, queda en la nostalgia la vieja
dirigencia de izquierda con todos sus matices partidarios, e ingresa en el
escenario una modalidad de gestión en el contexto del gobierno paritario
docente estudiantil que distorsiona el sentido de existencia de una institución
que tiene como misión, generar formación académica, calificación profesional,
tareas investigativas científicas y producción de pensamiento en todas sus
disciplinas, incluída, por supuesto, la actividad político partidaria que hoy
nos exhibe una universidad boliviana corrupta en la que ha desaparecido el
debate político ideológico, aunque el antimasismo paranoico insista en que esto
es producto de haber teñido de azul una institución que utiliza la sacrosanta
Autonomía como una tapadera de fechorías.
Una reyerta en la Universidad
Tomás Frías de Potosí, con cuatro estudiantes fallecidas, abrió las compuertas
para descubrir una turbia administración estudiantil de recursos que trasladada
a La Paz, tiene en Álvaro Quelali como principal ejecutivo de la FUL con 4.2
millones de bolivianos de presupuesto para la gestión 2022 y dos vehículos
motorizados a su disposición, con el record de 20 años de permanencia, habiendo
circulado por varias carreras, de una de la cuales ya habría egresado. Entre
Max que tiene 52 años y no quiere egresar de la Universidad y Álvaro en las
mismas, tiene que haber una relación de hermandad eterna.
Resulta sencillo y utilitario
diagnosticar la crisis a partir de la espectacularización de los perfiles
biográficos de dirigentes como Mendoza y Quelali, pero lo cierto y estructural
es que la educación superior institucionalmente administrada por el Comité Ejecutivo de la Universidad
Boliviana (CEUB) exige una profunda reforma desde sus cimientos que con
Autonomía en mano, se hace inexpugnable e inmune frente al Estado. Hace mucho
que las universidades públicas se han convertido en reductos en las que hay
demasiada mugre escondida, con varios
rectores que en sus mandatos decidieron hacer de sus cargos, catapultas para
promocionar sus figuras hacia el escenario político nacional. La vocación académica de la que llegaban
precedidos, quedó relegada a un segundo plano, pues de lo que se trataba era de
pactar con los diferentes estamentos para sobrevivir con comodidad y
presentándole batalla al MAS que con su gobierno generó las millonadas (IDH)
con las que hoy día se manejan las federaciones universitarias con personajes
de la catadura de Max Mendoza y Alvaro Quelali.
Originalmente publicado el 21 de mayo en la columna Contragolpe de La Razón
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