Una defensora del pueblo

 

La consigna y la obsesión antimasista se han estrellado contra Nadia Cruz, la Defensora del Pueblo que debió asumir el cargo interinamente luego de la renuncia de David Tezanos Pinto hace algo más de tres años. Se la tacha sin argumentación ni pruebas a la mano, de alineada con el partido azul y de haberse convertido en alguien que ha hecho de la institución, un reducto para defender a los afines al nuevamente partido de gobierno que conoció el ejercicio del poder durante catorce años consecutivos.

La gestión de Cruz ha producido un extenso y pormenorizado informe defensorial que expone con notable rigor y apego a la veracidad de los hechos, lo sucedido en el peor año de este siglo que pudo vivir Bolivia en materia de violaciones a los derechos humanos, durante fines de 2019 y gran parte de 2020. Si se examina con detenimiento dicho documento, se comprobará que gran parte de sus contenidos coincide con lo hecho por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) enviado a nuestro país por la Comisión Interaramericana de Derechos Humanos (CIDH), pero como las maltrechas oposiciones privilegian el tirarle basura al MAS, descalifican la gestión de alguien que tiene trayectoria, conocimiento y compromiso en la gestión de defensa de los derechos humanos en el país.

A las puertas de un nuevo nombramiento en el cargo para la gestión 2022 – 2028, el escenario se presenta carnavalesco y anecdótico. Debe ser una broma que un converso como Manuel Morales Alvarez del mal llamado Comité Nacional de la Democracia (CONADE), aparato antimasista por sobre todas las cosas, pretenda considerarse habilitado para optar al cargo. No puede por requisitos. No debe porque jugó de manera sesgada y vergonzosa el papel de portavoz de Amparo Carvajal durante el gobierno de Áñez, mandamás de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, que entre varias de sus lamentables actuaciones,  calificó como “resistencia necesaria” a un grupo irregular violento como la Resistencia Juvenil Cochala que ya tiene a un sentenciado por asesinato de un periodista y a varios otros procesados por desmanes, violencia, racismo y discriminación producidos entre octubre y noviembre de 2019.

Bolivia necesita una Defensora del Pueblo. No un Defensor. Debe ser mujer porque en tiempos de desenfrenada violencia de género, el activismo feminista debe profundizar el rol decisivo que juega,  fortaleciendo su presencia en la administración de las instituciones estatales comprometidas por ley a luchar por los derechos ciudadanos en todas sus instancias. La Defensora del Pueblo no puede ser una militante del MAS, de Creemos o de Comunidad Ciudadana y por lo tanto tampoco una ex diputada o ex senadora que ejerció funciones con carnet partidario, según los requisitos en discusión para la selección de quienes cuenten con todas las credenciales de idoneidad y profesionalismo para ejercer al cargo.  Tampoco parece sensato pensar en feministas que en el extremo de un posicionamiento “anti sistema”, utilicen las armas de la violencia verbal patriarcal para combatir a machistas, feminicidas, violadores seriales y otras ramas que forman parte de la monstruosidad masculina.

La Defensora del Pueblo debe ser, en primer lugar, alguien con recorrido en el activismo y en la defensa cotidiana de los derechos humanos. Que conozca la problemática a fondo y que tenga en su espectro qué y cómo se debe gestionar la institución y para ello, como para ningún otra instancia de alta responsabilidad pública, la elección debiera hacerse por consenso, producto de la unanimidad en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Hacer lo otro, ajustando requisitos a la medida de la agenda política gubernamental, o a la de los intereses de las minorías parlamentarias, sería incurrir en tretas que inviabilizarían la elección. De la histeria, el griterío, el insulto y el jaloneo de diputados o senadores, hay que pasar a la mesa del razonamiento. El MAS debe ceder y por supuesto que sus oposiciones también.

El año 2016, Rogelio Mayta debió haber sido elegido Defensor del Pueblo, pero no sucedió porque se impusieron criterios que superaron la rigurosidad de la convocatoria. Que no suceda otra vez. Que en esta oportunidad llegue la mejor opción por compromiso, conocimiento, dedicación y credenciales de transparencia. Figuran algunas candidatas, de las que hay que descartar a Nadia Cruz que ha manifestado no ser de su interés el tema. En ese conjunto de mujeres que trabajan a diario en temática tan sensible, debiera estar la nueva Defensora del Pueblo. Se trata de personas que no necesitan vociferar en las calles para demostrar cuanto se puede trabajar en esta materia con conocimiento, probidad y sentido de oportunidad.

La Defensoría del Pueblo tiene como misión prioritaria defender a la ciudadanía común de los abusos que comete el Estado contra ella. En otras palabras, su tarea pasa, en gran medida, por una necesaria y permanete interpelación al poder, tan saludable para cualquier democracia.

Originalmente publicado en la columna Contragolpe de La Razón el 13 de marzo.

Bolivia: El Gral. Terceros, cerebro militar del golpe, a juicio por tráfico de armas

 

Si bien el Gral. Williams Kalimán, Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia, fungió como portavoz de la “sugerencia” de renuncia a Evo Morales en noviembre de 2019, se sabe que quién coordinaba los operativos político militares para consolidar la caída del entonces presidente, era el Gral. Gonzalo Terceros, Comandante de la Fuerza Aérea.

Con el propósito de salir liberado por condena mínima (tres años de cárcel), Terceros ha recuperado la memoria de manera súbita, acogiéndose a un juicio abreviado en el que ha admitido su complicidad y culpabilidad por resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes e incumplimiento de deberes. De esta manera, junto al que fuera comandante de la Naval, Almirante Gonzalo Jarjury, Terceros tramita afanosamente su mandamiento de libertad, probablemente sin tener todavía conciencia del  nuevo lío  judicial que le espera:  Apenas transponga las puertas del Penal de Palmasola de Santa Cruz de la Sierra, tendrá que enfrentar el juicio que acaba de instaurarle el ministerio de Gobierno por tráfico de armas con la Argentina entonces gobernada por Mauricio Macri.

En julio de 2021 Terceros fue detenido y declaraba no recordar nada, cuando es sabido que trató de evitar que Evo Morales y su vicepresidente, Alvaro García Linera, ya renunciados, abordaran el avión presidencial que debía trasladarlos de La Paz hasta Chimoré donde lo esperaban campesinos cocaleros dispuestos a protegerlo. Al no lograr impedir la partida del avión, Terceros instruyó que la nave, una vez aterrizada en el subtrópico de Cochabamba, se dirigiera al hangar militar, lo que generó una indignada reacción de Morales y García Linera que lograron finalmente descender en la plataforma principal del aeropuerto.

El siguiente capítulo protagonizado por Terceros estuvo relacionado con la autorización para que el avión enviado por el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, saliera del espacio aéreo boliviano. También saboteó la partida de la nave que en principio debía hacer escala en Lima para cargar combustible y que finalmente cambió de dirección hacia Asunción, gracias a gestiones que facilitaron que el presidente Mario Abdo instruyera la llegada de Evo Morales, ya protegido por el asilo político, previa a su traslado a Ciudad de México.

Las actuaciones de Terceros fueron determinantes para la consolidación de la presidencia de facto de Jeanine Áñez, a quién le facilitó el helicóptero para que aterrizara en el Colegio Militar de La Paz, junto a su colega senador Oscar Ortíz, con el objetivo de reunirse el lunes 11 de noviembre de 2019 con Luis Fernando Camacho, presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz que se encontraba en la sede de gobierno una vez conseguido el objetivo de la dimisión de Morales en gran medida fogoneado por el ahora gobernador cruceño que fue el primero en pedir la renuncia de Evo.  En ese clima enrarecido, mientras Áñez se reunía con Camacho, Terceros comandaba las operaciones de sobrevuelos rasantes de aviones de combate T-33 sobre localidades de La Paz y Oruro que amedrentaban a pobladores civiles, la mayoría de ellos opuestos a la salida de Evo del gobierno.

Fue Jorge “Tuto” Quiroga, heredero político del dictador Banzer, quién declaró publicamente que estaba encargado de  realizar gestiones con Terceros:  “A todos ustedes quiero pedirles disculpas, que comprendan que ayer tuve que hacer algo que nunca pensé que iba a tener que hacer, gestiones con la Fuerza Aérea Boliviana para que el tirano salga de Bolivia, a fin de que pacifiquemos el país”, comentó en un video que fue difundido en redes sociales, que luego fue retirado. En otras palabras, la línea directa entre Quiroga y Terceros fue crucial debido a que la permanencia de Evo en Bolivia implicaba para los conspiradores una espiral de convulsión social que haría muy dificultoso el éxito del golpe.

El Gral. Gonzalo Terceros es el principal jefe militar del golpe en Bolivia y no como muchos creen el Comandante en Jefe Williams Kalimán. En su acusación formal contra el ex Comandante de la Fuerza Aérea, y contra el Comandante de la Policía, Gral Yuri Calderón, el Ministerio de Gobierno pregunta: “¿Cómo un comandante de la Fuerza Aérea encargado de asegurar la Soberanía y Defensa del espacio aéreo nacional conforme el Art 59 inciso a de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas envió un pedido de armamento y luego un agradecimiento oficial a otro país?¿ Qué otras operaciones se realizaron en el Transporte Aéreo Militar (TAM) y en el hangar de los Diablos Negros además de la descubierta por los testigos que transportaron los agentes químicos y armamento que bajaron el avión FIC ATC 006 C 130 argentino la madrugada del 13 de noviembre de 2019?¿ Cuánto armamento letal fue transportado por la tropa militar extranjera realmente? ¿En qué momento se realizó toda esa articulación perfecta entre Bolivia y Argentina para que el avión FIC ATC 006 C 130 llegue cargado en la madrugada del 13 de noviembre de 2019 apenas horas después de la autoproclamación como presidenta de Bolivia de Jeanine Añez Chávez?”

El fallo judicial en el juicio abreviado recientemente librado, ha sido extremadamente generoso con el Gral. Terceros. Al habérselo sentenciado con tres años de cárcel, el ordenamiento jurídico boliviano le permite quedar en libertad, pero como la actuación de este militar tiene varias aristas en el derrocamiento de Evo Morales, ahora debe comparecer nuevamente ante la justicia por haber entablado una relación irregular de penetración de municiones y efectivos militares argentinos (alacranes), vulnerando los procedimientos consignados en la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (LOFA). Terceros, como todos sus camaradas del Alto Mando de entonces están siendo procesados por haber desconocido el poder civil constituído que dio lugar a un gobierno de facto que en casi un año de ejercicio, produjo masacres como las de Sacaba  y Senkata y estropeó la economía boliviana utilizando la cortina de humo de la pandemia que castiga a todo el planeta.

Originalmente publicado en Noticias de América Latina y el Caribe (NODAL) el 27 de febrero.

 

La porfía de Página Miente

 

El dizque periodismo que practica el diario Página Miente es una mezcla de caviar con nachos. Confunde la velocidad con el tocino, y cree haber descubierto la fórmula para descomponer la cuadratura del ciclo. Su problema es profundo y ético porque se maneja por referencias morales  --no soporta saberse parte del golpismo de 2019—y en ese transcurrir salta de consigna en consigna para trampear a la hora de pretender exponer los hechos.

Página Miente no admite que le emponchen formar parte de un cartel que distorsiona la materia básica de la que se nutre el periodismo consistente en acontecimientos y hechos verificables en la realidad. Su atrincheramiento pasa por la formidable conclusión de que como Evo Morales renunció, lo del golpe de Estado es una patraña, una posverdad. Ni los trituradores de teclados con los que cuenta se lo creen, pero insiste porque necesita encontrar un detergente lava conciencia que no existe. Lo uno no tiene nada que ver con lo otro. Evo pudo haber renunciado y hasta pensar que una sucesión inconstitucional le serviría para atenuar su salida del gobierno en calidad de víctima,  producto de su forzada candidatura violatoria del resultado de un referéndum, y eso nada tiene que ver con la forma en que se operó la llegada de Jeanine Áñez a la presidencia del Estado.

El periodismo boliviano, lo mismo que los actores políticos con la justicia, debería firmar un gran acuerdo gremial desprovisto de filtros ideológicos y líneas editoriales en defensa radical e incondicional de los derechos humanos en un país tantas veces aplastado por la violencia política y las masacres, pero gran parte de el, enquistado en estructuras empresariales devotas del capital transnacional, del saqueo y la injerencia, prefiere mirar para otro lado y defender lo indefendible: Las resoluciones contrarias a la Constitución para instalar un gobierno, que por si fuera poco, hizo de la transición un enorme campo de juego para la represión policial-militar,  la corrupción, el matonaje y la extorsión judicial.

Página Miente es heredero sentimental del golpismo banzerista de 1971. Tiene en su ser ideológico una visión entre reaccionaria y neoliberal de la política y de la economía, y desde estas matrices puede comprenderse que pretenda subestimar a su puñado de lectores, diciendo que como Evo renunció “voluntariamente” no hay tal golpe. Consideración tan peregrina como esta no es un razonamiento. Es un artefacto barato y deleznable. Para llegar a la silla presidencial, Áñez no pasó por la recomposición previa de la directiva del Senado, en primer lugar, y menos se encontraba en la línea de sucesión en su calidad de segunda vicepresidenta. Al no haberse tratado formalmente las renuncias de Morales, García Linera, Salvatierra y Borda, al no haberse instalado las sesiones de la Cámara Alta primero y de la Asamblea después, los asaltantes del poder –la propia Áñez instrumentada por sus colegas Ortíz y Murillo-- se pasaron por encima la normativa para agarrar al vuelo un comunicado del Tribunal Constitucional aludiendo a la sucesión de 2001  --Jorge Quiroga sucediendo a Banzer-- como antecedente y con la que el Doctor Luis Vásquez Villamor, amigo abogado de Tuto, fabricó el embuste del Ipsofacto con el que se pretendió embaucar a todo el país. La realidad, los hechos, es decir el  periodismo apegado a la verdad histórica, demuestran que no lo logró, que un comunicado no puede ser el sustento  para la elección del presidente de un Estado, con prescindencia de sus instancias y procedimientos institucionales señalados por norma. Tomaduras de pelo como esa, sólo pueden funcionar en una película neocolonialista sobre alguna república bananera de los 60.

Si Página Miente prefiere, no le llamaremos Golpe de Estado. Dejemoslo en sucesión inconstitucional y en consecuencia, en gobierno de facto, que relativizó sus acciones y pretendió  ataviarse de democrático con el alargamiento de mandatos de senadores y diputados hasta que se realizaran nuevas elecciones, luego de anuladas las de 2019. Si las cosas no se tornaron peores fue porque algunas voces sensatas evitaron que funcionara el plan de la proscripción del MAS del ordenamiento electoral boliviano, interceptado por quienes estaban concientes de que semejante intento abría las compuertas de la guerra civil.

La insistencia en un fraude nunca demostrado técnica y juridicamente, y en la defenestración no del candidato Morales, sino del Presidente Morales (su mandato debía concluir en enero de 2020) dió lugar a la interrupción de la democracia plena que sólo es tal con todos los órganos del Estados legal y legítimamente constituídos. Periodistas como el que escribe, tienen documentados los hechos a través de un trabajo de veinticuatro meses. Desafío a Página Miente y a cuantos medios quieran, juntos o por separado, a debatir publicamente las características de la estructuración del gobierno de Áñez.

 ¿Qué parte de sucesión in-cons-ti-tu-cio-nal no quiere entender Página Miente y similares para que se la expliquemos una y mil veces?

Originalmente publicado en la columna Contragolpe de La Razón el 26 de febrero.

La corrupción invisible

 

Los ítems fantasmas de la Alcaldía de Santa Cruz, el sobreprecio del vertedero municipal de esa ciudad, el chapucero intento de compra de ambulancias de la Gobernación de Potosí, la otorgación de detenciones domiciliarias a monstruos masculinos que violan y asesinan, a cargo de jueces protegidos por el mismísimo Consejo de la Magistratura, el mal uso de un despacho  departamental para armar una farra impresentable que bien podía organizarse en algún domicilio particular, los pedidos de porcentajes para cualquier tipo de trámite en municipios de distintos lugares del país y  una lista inacabable de dispositivos surgidos de la viveza criolla, ponen en evidencia cuán torpes han sido los autores de  todos estos dislates de utilización de lo institucional para beneficio privado, concepto principal de corrupción en el ejercicio del servicio público.

Ángelica Sosa, ex alcaldesa de Santa Cruz de la Sierra; Jhonny Mamani, gobernador de Potosí y Gonzalo Alcón, ex presidente del Consejo de la Magistratura han ingresado en la galería de los funcionarios públicos que han tenido la capacidad de dejar todas las huellas digitales posibles acerca de conductas y acciones reñidas con la honestidad y la transparencia. El de Sosa es el único caso de las figuras opositoras al MAS a la que no le han desplegado la cortina de la persecución política que es la estratagema para tapar delitos en supuesta defensa de la democracia y la libertad. Es decir, no puede ser una perseguida política porque los escandalosos indicios informan que se trata de alguien que amasó mucho dinero corrompiendo el funcionamiento del municipio cruceño.

Sosa, Mamani, Alcón y muchísimos otros están fritos. Hay papeles desarchivados  del desván de una despechada señora, hay evidencias de cuentas bancarias, hay personajes de distintos tamaños que han sido descubiertos en sus conexiones y que armaron aparatos para su beneficio y que por supuesto sólo pueden funcionar con los engranajes de las burocracias, las firmas autorizadas, y los vistos buenos de funcionarios intermedios. Los mejores ejemplos de esto son los hermanos Parada que hasta por apariencia física resultan gemelos. Está claro: Tuvieron oficio y años de ejercicio para generar dineros para trabajadores que nunca trabajaron y a los que se les daba mendrugos de pan a cambio del uso de sus identidades.

Los hasta aquí descritos, digamos que van dejando evidencias a cada paso que dan y por eso terminan presos, prófugos y alguno más astuto consiguiendo refugio político fuera del país, pero si hay corruptos a los que hay que reconocerles sagacidad para aprovechar sus circunstanciales cargos en la gestión pública, son esos que no dejan una sola hilacha en el trayecto y a los que no se puede acusar de absolutamente nada porque no  hay rastro alguno que pueda incriminarlos. “Esos son los elegidos” dirían Les Luthiers.

El que dice que no hay crímen perfecto en lo concerniente al ejercicio de un cargo por elección democrática, designación meritocrática o peguismo partidario está equivocado por desinformación o porque más conviene no husmear en sitios peligrosos que pueden generar consecuencias funestas. Vayamos a un ejemplo de cómo funciona la corrupción invisible: Compra de plantines para adornar plazas y jardineras de una ciudad. El proyecto tiene un precio de un millón de bolivianos. Hay que licitar y adjudicar de entre tres propuestas. Gana la mejor por precio y calidad. No hay sobreprecio. No hay gastos adicionales. No hay reprogramación financiera del costo original porque hay cumplimiento en los plazos de entrega. Pero resulta que el precio real “entre nos”, es de solamente 700 mil bolivianos, información que nunca llega a saberse porque contratante y contratado han gestado un acuerdo de palabra. Un acuerdo secretísimo por supuesto. Dicho y hecho, la empresa termina el trabajo, cobra el millón y transfiere “a terceros” 300 mil bolivianos. El nombre de la autoridad no aparece por ninguna parte, no hay una firma que lo incrimine, su “comisión” es entregada en efectivo (los maletines de siempre) o se deposita en cuentas de palos blancos. Esa autoridad o funcionario se ha aprovechado del cargo para embolsar un monto, producto de su poder de decisión. ¿Hay delito? ¿Dónde? ¿Y las pruebas? Sin ellas no se puede acusar a nadie. Los silenciosos “acuerdos de caballeros” no forman parte de código penal alguno.

Para completar el cuadro, la autoridad o funcionario que actúa de esta manera, sin dejar vestigio alguno de sus habilidades, toma previsiones para no caer en el redil de la legitimación de las ganancias ilícitas y para ello, todos los bienes adquiridos y  las cuentas bancarias locales e internacionales se encuentran a nombre de terceros, los mismos u otros que embolsaron los 300 mil bolivianos.  Son unos verdaderos perfeccionistas en la consumación de actos de corrupción de gran estilo y de los que nunca nos enteraremos.

Originalmente publicado en la columna Contragolpe de La Razón el 12 de febrero.

La pobreza intelectual de la derecha

 

Nunca antes la derecha boliviana había sido tan escuálida en ideas y en formulaciones programáticas para el país desde el regreso a la democracia en 1982. Basta recordar que fue precisamente el banzerismo el que introdujo al economista de Harvard Jeffrey Sachs en Bolivia para escribir y desplegar el 21060, decreto con el que funcionaria la economía boliviana durante dos décadas y que contó con ejecutantes que sabían hacer su trabajo en función de sus intereses de clase: El propio Banzer, Paz Estenssoro, Sánchez Lozada e incluso Paz Zamora que terminó absorvido por el neoliberalismo luego de sus años de militancia en la izquierda con influencia social demócrata europea.

Desde el día en que Evo Morales ganó por primera vez la presidencia, quedó sellado el colapso de un sistema de partidos que quedó agotado, producto de las nunca satisfechas demandas ciudadanas durante  esos veinte años de políticas económicas en los que mandaba el mercado, la fuga de capitales y el achicamiento del Estado. Durante todo ese tiempo las organizaciones sociales resistieron despidos masivos, gasolinazos y otras medidas de “ajuste estructural” hasta que tradujeron sus largas luchas en una participación electoral que situó por primera vez en la historia a un dirigente sindical en el gobierno. No lo había podido lograr Juan Lechín en los 60, y grandes dirigentes de formación socialista y comunista habían sido expulsados del firmamento político boliviano con encarcelamientos (Irineo Pimentel, Federico Escóbar de la Federación de Mineros) y asesinatos como el de Marcelo Quiroga Santa Cruz en 1980.

Cuando en Bolivia mandaba la derecha en el poder tutelada desde el norte imperial, combinando esfuerzos e ideas con un nacionalismo revolucionario culipandero como el que manejaron a su antojo según conveniencias de coyuntura, Paz Estenssoro y Siles Zuazo, una Bolivia paralela siguió soportando políticas represivas de acallamiento, suavizadas con el retorno a la democracia si se las compara con la policía secreta y los campos de concentración de Claudio San Román durante el período revolucionario del 52, y las prácticas represivas de terrorismo de Estado a cargo de las dictaduras militares.

Una larga e incansable lucha de resistencia durante el republicanismo neocolonial se desarrollaba en esa Bolivia paralela a la que se le prestaba una atención secundaria en las esferas informativas oficiales de las ciudades hasta que se instaló una nueva configuración de las prácticas políticas y del ejercicio del poder con un instrumento que hoy día no puede pensar su funcionamiento sin la interpelación, los reclamos y los pedidos de ajuste de sus organizaciones colectivas expresadas en primer lugar en el Pacto de Unidad que hace un par de semanas se sentó en una reunión con el presidente y el vicepresidente del Estado para hacerle conocer sus criterios con respecto del equipo de ministros con el que el gobierno funciona desde hace casi quince meses.

No conocemos otro país en que los colectivos organizados de campesinos, indígenas, mujeres, obreros y una significativa diversidad gremial tiene hoy la posibilidad de pedirle cuentas al poder político de manera directa, de demandar espacios de decisión, naturalmente con resultados desiguales entre la eficiencia de éxito y la burocratización que puede conducir a la corrupción, pero que se ha convertido en la estructura participativa de un Estado que ha  recuperado su tamaño e incidencia en la vida del país y que  tiene enfrente a esa derecha que obsesionada con la desaparición del MAS, ha logrado vaciarse completamente de contenidos propios, privándonos de un juego político en el que la alternativa sea parte fundamental del debate y no esa postura reactiva que está exclusivamente dedicada a referirse a lo que pasa o deja de pasar en la estructura masista.

Cuando se produjo el triunfo de Arce-Choquehuanca el 18 de octubre de 2020, me apresuré a predecir un regreso a la democracia de pactos, a la búsqueda de consensos para la toma de decisiones en materia de políticas públicas. Me equivoqué de cabo a rabo porque ninguna de las dos formaciones opositoras con presencia parlamentaria tienen perfil para convertirse en verdaderas fuerzas con discurso alternativo al nacional popular que sostiene el MAS desde su llegada al poder que ya se acerca a las dos décadas de vigencia con la breve y devastadora interrupción del golpe de Estado de 2019.

El llamado modelo cruceño debería ser una referencia central para construir un discurso altenativo al MAS, pero la coyuntura lo tiene prisionero en una guerra interna de acusaciones y contra acusaciones donde campea la corrupción institucional como nunca antes había sucedido. Mientras Santa Cruz no supere el resquebrajamiento de su gobernación y su principal municipio atestados de corruptos con distintas especialidades se hace difícil establecer una interlocución que permita instalar una mesa plural acerca del destino del país.

Originalmente publicado en la columna Contragolpe del diario La Razón el 29 de enero.

 

 

La próxima vez será guerra civil

 

La pesadilla de un gobierno de transición inconstitucional y represivo se acabó en Bolivia el 8 de noviembre de 2020 cuando Luis Arce y David Choquehuanca comenzaron a reconducir el estado de derecho, producto de su apabullante triunfo con un 55 por ciento de los votos que les permitió acceder a la presidencia y a la vicepresidencia del Estado Plurinacional en primera vuelta, con una aplastante diferencia de 27 por ciento sobre la segunda fórmula más votada, la de Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana (CC).

El Movimiento al Socialismo (MAS) gobierna Bolivia hace catorce meses con un presidente de perfil discreto y resolutivo combatiendo el Covid-19 con una alta cobertura de vacunación que ya llega a los niños de cinco años y generando las condiciones para la recuperación de la economía que se  tiene previsto llegue este 2022 a un crecimiento aproximado de 5 por ciento.

Los números de la economía sudamericana dicen que Bolivia es el país con más baja tasa de inflación del continente durante 2021, con 0.90 por ciento y si esta cifra se la compara con el 224 por ciento alcanzado por Venezuela y el 45 por ciento en Argentina, significa que la apreciación de la moneda boliviana manteniendo precio fijo por dólar estadounidense hace ya más de una década, es signo de que en el país las variables de la economía se encuentran bajo control y permiten pensar que no hay motivos para una crisis intempestiva a pesar de cuánto ha jugado la pandemia en contra de los agentes económicos formales e informales.

Mientras tanto, en el ámbito político, a dos semanas de recordarse la creación del Estado Plurinacional ( 22 de enero de 2009) producto de un referéndum con el que se modificó la Constitución Política del Estado (60 por ciento de aprobación), los sectores opositores al gobierno siguen más pendientes de lo que le sucede internamente al partido de gobierno, que lo que puedan proponerle al país alternativamente. En este contexto, Bolivia se encuentra en la temporada de especulaciones sobre cambios de ministros con críticas genéricas de Evo Morales a dignatarios nombrados por el presidente Arce “que no defienden al presidente, están preocupados por cuidar su imagen personal y se autodefinen como técnicos y no políticos”.

El pasado mes de noviembre, el gobierno abrogó la ley 1386 contra la legitimación de ganacias ilícitas, luego de un paro de nueve días promovido por el Comité Cívico Pro Santa Cruz, presidido por Rómulo Calvo, alfil del gobernador Luis Fernando Camacho, protagonista principal del derrocamiento de Evo Morales en noviembre de 2019. El paro, muy similar en características al de los veintiún días que desembocaron en el golpe de 2019,  se produjo casi exclusivamente en el oriente del país, más precisamente en la ciudad capital Santa Cruz de la Sierra y estaba basado en el argumento de que se trataba de un cuerpo legal con características de persecución y control político contra los ciudadanos que al gobierno le interesaría neutralizar según necesidades de coyuntura.

A partir de ese momento, con el retroceso gubernamental en la puesta en práctica de esta ley, el presidente Arce que en sus discursos del 6 de agosto (aniversario de la fundación del país) y 8 de noviembre (aniversario del primer año de gobierno) había fustigado sin concesiones a los autores del golpe de Estado, decidió bajar los decibeles de sus ataques y prueba de ello son reuniones que él mismo se encargó de convocar a gobernadores y alcaldes para concertar alcances de competencias sobre la ley del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 2021 – 2025. Ese acercamiento, en el que muchos gobernantes subnacionales opositores participaron, sirvió para distender los ánimos que ahora se encuentran sujetos a la nueva ola de contagios por Covid-19 que ha dado lugar a una alarma colectiva que ha desatado concurrencias masivas a los puntos de vacunación como no había ocurrido durante 2021.

La realidad boliviana, sin embargo, es siempre más compleja que sus coyunturas que en términos de políticas económicas se han manejado con racionalidad y coherencia durante los catorce años que le tocó gobernar a Evo Morales, y que ahora continúa como presidente su ex ministro de Economía que sobre políticas públicas ha adquirido una gran experiencia.  Esa complejidad pasa por el malestar que genera la nueva oleada progresista que se está produciendo en el continente con las llegadas de  Pedro Castillo a la presidencia del Perú, Xiomara Castro  a la de Honduras y  Gabriel  Boric a la de Chile . Si a ellas se suma a los gobiernos de Bolivia, Argentina, México, Cuba, Venezuela, Nicaragua y el probable triunfo de Lula en Brasil, nuevamente los espectros del fundamentalismo evangélico y fascista del continente emprenderán campañas de desestabilización apelando a su conocimiento y experiencia en materia de instalación de noticias falsas en las redes sociales para trabajar, como muy bien saben hacerlo, en el sistema de creencias de las clases medias “apolíticas”.

Como bien se sabe, la capacidad de injerencia para desatar la caída de Evo en Bolivia pasó por una acción concertada en la que intervinieron la OEA de Luis Almagro, la Unión Europea, las Embajadas de los Estados Unidos y Brasil, y la Iglesia Católica. De esa realidad, las organizaciones sociales afines al gobierno boliviano, como nunca empoderadas en su larga historia de despojos de recursos naturales, golpes de Estado y masacres, están plenemante concientes y por ello presionan para que se enjuicie y condene a Jeanine Áñez cuanto antes, y a quienes fueron parte de la defenestración, políticos ex candidatos a la presidencia, militares y policías. Áñez está recluida con detención preventiva desde marzo del pasado año, su ministro de Gobierno, Arturo Murillo, encarcelado en Miami por compra ventas irregulares de material disuasivo represivo, mientras Luis Fernando Camacho quedó legitimado por su elección como gobernador de Santa Cruz, y Oscar Ortíz que ya no habla más de política fue nombrado Rector de la Universidad Católica en el departamento cruceño: Su filiación en el Opus Dei parece haberlo convertido en un intocable al que solamente se convocó a declarar una sola vez ante el ministerio público por el golpe de 2019 y a partir de ese momento un manto de impunidad lo protege.

Hay otros actores importantes como Carlos Mesa, el dos veces derrotado candidato opositor, inicial instigador de la toma de sedes departamentales electorales que desataron el golpe, o Samuel Doria Medina, empresario ahora dedicado a terminar una rascacielos de cuarenta pisos en la zona residencial de La Paz. El primero usa el twitter para referirse a temas de agenda y el segundo, lo mismo que Ortíz, prácticamente ha dejado de hablar de política en escenarios públicos, luego de haber sido el candidato a la vicepresidencia de Jeanine Áñez que finalmente renunció a su postulación, debido a su desastrosa gestión como presidenta de transición.

La derecha boliviana, las clases medias que repudian la emergencia de las clases subalternas, que desprecian el proyecto nacional popular de las organizaciones de trabajadores indígenas, campesinos y obreros, se quedaron sin coartada, esa que se usó para sacar a Evo del poder: “Quiere eternizarse en la presidencia, quiere reelegirse cuantas veces le venga en gana.” Al haberse extinguido la causa del golpe de 2019 hoy ya no hay pretextos, en tanto el MAS ha regresado al poder y que fundamentalmente desde el Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos (IPSP) ha aprendido que hay que tomar previsiones ante el surgimiento de cualquier nuevo aventurerismo y que por lo tanto daría lugar ya no a un embate unilateral reaccionario sino, a una respuesta contundente que abriría el escenario para una guerra civil en el que un baño de sangre marcaría de manera brutal y descarnada la existencia de esas dos bolivias, la auténtica originaria y combatiente por su autodeterminación, frente a la conservadora, que sigue actuando como si los indios autoidentificados en 36 pueblos y naciones, fueran nada más sus pongos, sus mulas de carga, que están nada más para servirles y obedecerles por los siglos de los siglos. Esa realidad ha cambiado radicalmente en el país, pero los sectores acomodados, cargados de racismo y menosprecio, no están dispuestos a enterarse.

Originalmente publicado en Noticias de América Latina y el Caribe (NODAL) el 08 de enero.

Miedo

 

Se equivoca el opinador Valverde Bravo cuando dice “ya nos conocen, por eso nos tienen miedo”y a continuación destaca los atributos del llamado modelo cruceño frente al histórico andinocentrismo del que el departamento más extenso de Bolivia ha sido víctima durante la historia republicana. Se equivoca porque el miedo no es a esa visión predominantemente regional que podría catapultar a Santa Cruz hacia la cosmopolitanización de su cultura, su identidad, y para el gusto de los empresarios agroexportadores y ganaderos a su empuje emprendedor.

Si ese modelo cruceño estuviera transversalizado por una vocación redistributiva del excedente que puede generar con su variedad productiva seguramente estaríamos hablando de un desarrollo distinto, más equitativo y pensado a partir de un juego de palabras que podría servir como gran desafío: Hay que bolivianizar Santa Cruz y hay que cruceñizar Bolivia, esto es, desprejuiciar al conservadurismo cruceño sobre la Bolivia “colla” y hacerle comprender a la Bolivia occidental “anticamba”, que los cruceños son tan cruceños y tan bolivianos como cualquier potosino o paceño.

El opinador se equivoca porque no es el temor a una manera de pensar acerca del lugar en el mundo que debe ocupar la cruceñidad o a sus capacidades competitivas el que podría generar algún miedo. Lo que provoca de Santa Cruz hasta escalofríos, es que se trata del departamento sede del fascismo, allá donde el Coronel/General Hugo Banzer Suárez supo construir desde su septenio dictatorial (1971 – 1978) un modelo político que sigue influyendo en el acontecer nacional de manera decisiva tal como sucedió con el derrocamiento de Evo Morales, protagonizado por un puñado de banzeristas que en distintos grados e intensidades mantuvo ligazones con el militar concepcioneño: Tuto su vicepresidente; Ortíz su subsecretario; Costas su compañero en la fraternidad Los Tauras y Camacho, hijo de un empresario falangista que participó en el golpe de 1971. 

No es miedo al modelo cruceño visto desde la economía y la competitivdad productiva entonces, es miedo a quienes reducen a categoría de bestias humanas a los indios de las alturas cordilleranas. Es miedo a los que bajan en plan patotero la bandera indígena constitucionalizada luego de ser izada en un aniversario cívico. Es miedo a las “ordas” paramilitares de la Unión Juvenil Cruceñista fundada por el padre del opinador, Carlos Valverde Barbery en 1957, militante de la Falange Socialista Boliviana (FSB) y ex ministro de Salud de la dictadura de Banzer que alguna vez declarara ser camba y no sentirse boliviano. Es miedo a esos facinerosos protegidos por militares y policías que corretearon masistas para hacerlos apresar ilegalmente en Montero los días del golpe de Estado de 2019, por el sólo hecho de militar en el partido instrumento de las organizaciones sociales que han luchado por la autodeterminación y la soberanía a lo largo de la historia.

Ese miedo pasa por las masacres que se han producido desde 1921 en Bolivia. A los contubernios cívico militares en los que en 2019 se añadieron motines policiales. Cuando Valverde define a los movimientos sociales como “militantes para gubernamentales” pone en evidencia su representatividad como escribidor de la Bolivia reaccionaria. Como si la Federación de Mineros, la COB, la CSUTCB, las Bartolinas y todos los gremios de obreros y campesinos de Bolivia estuvieran conformados por unos autómatas sin pensamiento y sin conciencia de clase, sin historia y sin participación en las luchas de un país caracterizado por las masacres, los desmembramientos territoriales y los saqueos a nuestros recursos naturales.  Esa es la Bolivia que desprecian por casi ignorancia total los camachistas orgullosos de un modelo con trampa: En lo que siempre les convino, el “modelo cruceño” se ha servido de papá Estado con sus operadores en el poder.

El banzerismo fue tan poderoso que fagocitó al MNR. Con gran lucidez Banzer supo manejar su relación con Paz Estenssoro que primero tuvo a un vicepresidente militar que le dio una patada en el culo (Barrientos, 1964), luego apoyó al Coronel junto a la Falange en el golpe del 71 para recibir otra patada en el culo en 1974 y terminó su carrera respaldado por ese Coronel que ya era General con el Pacto por la Democracia en 1985.

Para superar ese facismo anticomunista en tiempos en que se acabó el comunismo, es decir, para superar el miedo a los golpes de Estado, al autoritarismo y a las violaciones de los derechos humanos, los bolivianos de Santa Cruz y de cualquier otro departamento del país, debemos dejar los prejuicios en la puerta de ingreso y empezar a conversar para contarnos quienes somos. Como hicieron los empresarios de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) que se abrazaron en junio de 2021 con los Ponchos Rojos en Achacachi. Era una escena inconcebible para los racistas y facistoides de siempre:  Cambas emponchados y con lluchus y aymaras con sombreros de saó.

Originalmente publicado en la columna Contragolpe del diario La Razón de La Paz el 15 de enero.

 

Democracia interrumpida

 

Como un cortocircuito que daña la provisión de energía eléctrica a una casa o a un barrio, así fue el gobierno transitorio de Jeanine Áñez con las consecuencias que ya todos conocemos: En lugar de administrar gubernamentalmente el paso hacia una nueva elección de manera expedita, decidió posponer la realización de nuevos comicios lo más que se pudiera hasta que esa dilación se convirtió en la mejor arma de rearticulación del Movimiento al Socialismo (MAS) que con el bloqueo de carreteras de agosto (2020) y una campaña muy presencial de su binomio Arce-Choquehuanca, a pesar de la pandemia, tuvo al partido-instrumento liderizado por Evo Morales de regreso al Ejecutivo, más pronto que tarde a través de la voluntad popular expresada en las urnas.

Terminamos 2021 y comenzamos 2022 en el proceso de superación del trauma colectivo que generó ese gobierno del virus, en el que una enfermedad de escala planetaria y altamente contagiosa se ha convertido en metáfora expresiva del último brutal autoritarismo soportado por nuestra Bolivia históricamente caracterizada por la expoliación de sus recursos naturales, la explotación de sus mayorías proletarias y campesinas, la violencia política en todas sus expresiones, desde la psicológica hasta la masacre como método de acallamiento a los de abajo, aquellos que hasta hoy siguen empeñados en creer posible un país con identidades varias y autodeterminación a pesar de tantos terratenientes, empresarios, militares, policías, embajadores con instrucciones injerencistas y curas católicos que a lo largo de la República-Estado Plurinacional supieron ponerse de acuerdo para proscribir las voces mayoritarias y silenciarlas hasta la eliminación física cuando fuera necesario como  ha sucedido con por lo menos una docena de masacres perpetradas en Bolivia entre 1921 y 2019.

Transitando ya la tercera década del siglo XXI me ha quedado grabada la desoladora constatación de que la nueva configuración de las clases medias citadinas, los nuevos estímulos multisensoriales con los que funciona a diario, el surgimiento de una extrema derecha provista de anzuelos religiosos para atrapar a sus desprevenidos seguidores del mundo popular, han dado lugar a una terminante insensibilización con respecto de los derechos humanos y de las muertes de ciudadanos como producto represivo político de vigilancia y control social para que los revoltosos no osen pensar nuevamente en catapultar a algún representante suyo hacia las instancias del poder político.

En ese contexto, el ejercicio periodístico al que decidí apostar desde diciembre de 2019 ha desembocado en la publicación de “Democracia interrumpida, crisis de Estado y gobierno de facto en Bolivia”. Se trata de un libro en el que se registra una historiación de la violencia política y de las masacres a lo largo de nuestra historia, así como de las noticias, las lectoescrituras de los acontecimientos y los reportajes sobre hechos y personajes que caracterizaron el derrocamiento del gobierno de Evo Morales y al gobierno transitorio que encapsuló al país en una suerte de compendio de las peores expresiones que en su momento definieron el perfil represivo de la Revolución de 1952,  las dictaduras militares de los 70-80, el perfeccionamiento de un aparato extorsivo a través del ministerio público e instancias judiciales, y el montaje de un aparato diseñado para armar negocios de distintos calibres que dieron lugar a una corrupción galopante. Investigando, escribiendo, comparando datos, constatando versiones de difícil verificación he logrado espantar a los espectros de la muerte y a sus secuaces y a los ladrones de cuello blanco que ahora gritan cínicamente ¡persecución política!.

No tengo otra cosa que palabras de agradecimiento para Pedro Brieger, periodista y sociólogo argentino, director de Noticias de América Latina y el Caribe (NODAL), y Claudia Benavente, directora de La Razón, por haber creído en mi trabajo y haberlo sostenido durante estos últimos dos años con gran convicción. Debo mencionar, además, a Miguel Gómez, jefe de redacción de La Razón y a Alvaro Cuellar, editor del CIS, por haber leído y editado todos los textos con rigurosidad profesional.

 “Democracia interrumpida” consta de cinco partes que será publicado por el Centro de Investigaciones Sociales (CIS) de la Vicepresidencia del Estado, y es producto, en primer lugar, de la elaboración y edición de productos periodísticos que ha tenido lugar en estos medios de comunicación digitales e impresos en los que he podido expresarme a mis anchas, impugnando desde la recolección de los datos y las lecturas de las conductas públicas de sus protagonistas, lo que fue un gobierno del que sus personeros ahora reclaman debido proceso y respeto a sus derechos, esos que ellos violaron sistemáticamente enceguecidos por una criminalización que terminó convirtiéndose en su tumba política.

Originalmente publicado en la columna Contragolpe del diario La Razón de La Paz el 01 de enero.

El presidente discreto

 

No sabemos si Juan Basilio Catacora, revolucionario ahorcado de la Junta Tuitiva de la revolución de Julio de 1809 en La Paz es antepasado de Luis Arce, pero de lo que ya no  hay dudas es de su filiación ideológica que pasa por el Partido Socialista 1 fundado por Marcelo Quiroga Santa Cruz y su compromiso como mentor y ministro de Economía de Evo Morales con el proceso político institucional que ha dado lugar al salto cualitativo de Bolivia a su condición de Estado Plurinacional.

Cuando era ministro de Economía y Finanzas Públicas, Arce Catacora, luego de sus extenuantes jornadas de trabajo, llegaba a casa y se quedaba en el escritorio para leer las últimas publicaciones especializadas en su materia, esa en la que estuvo empeñado en generar políticas públicas basadas en el potenciamiento del mercado interno, la equidad y la redistribución de los recursos,  y las condiciones para que Bolivia fuera país sudamericano número uno en crecimiento durante por lo menos cuatro años consecutivos.

En un debate que tuve el privilegio de moderar (Televisión Boliviana) en pleno desarrollo de la Asamblea Constituyente, “Luchito” le dio una lección a Samuel Doria Medina. Lo hizo con la tranquilidad de siempre, sin alterarse y exponiendo datos y argumentos. Ese Arce ministro jugaba basquetbol los fines de semana en una cancha cualquiera de Achumani (Zona Sur, La Paz) con los chicos del barrio, bailaba caporales y morenada con gran solvencia, y era capaz de convertirse en alma de la fiesta, además, por su agudo sentido del humor, y también se  daba tiempo alguna vez para jugar paleta en algún frontón de Miraflores.

Un cáncer de riñón lo alejó del ministerio en 2017 y con tratamiento oportuno y disciplina pudo superarlo hasta llegar a la candidatura presidencial de 2020 en la que con un equipo de atentos asesores azotó a los prepotentes y sabelotodos estrategas de campaña de las tiendas opositoras, esos que se pavoneaban con sofisticados conocimientos de marketing político y fueron derrotados por una campaña sustentada en algo así como una sociología de la cotidianidad, allá donde vale más compartir una charangueada y un vaso de chicha que discursear desde Zoom.

El Presidente Arce no quiere estar hasta en la sopa de los ciudadanos. No le interesa que transmitan en vivo todos sus actos y sus eventuales encuentros deportivos. Es decir, prefiere dejar respirar a los bolivianos su día a día sin cargosear y sin incurrir en saturantes apariciones mediáticas. Eso sí, tiene spots televisivos y gigantografías en calles y plazas poniendolé la firma a su gestión. Que le quede claro a la corporación gagá de opinadores de diarios conservadores: Es él quién gobierna, aunque Evo llame muchas veces al día o se tome la licencia de contactar directamente con algunos ministros.

Y como para que quede clara la consolidación de los niveles de aceptación y popularidad presidencial, una última encuesta ha producido los siguientes resultados de imagen positiva y muy positiva: Luis Arce 40%. David Choquehuanca 29%. Andrónico Rodríguez 27%. Luis Fernando Camacho 26%. Manfred Reyes Villa 24%. Evo Morales 23%. Carlos Mesa 23%. Seguramente los agoreros de la inminente implosión masista quedarán contrariados con semejantes datos, sencillos de comprender en tanto Arce Catacora  tiene un capital de credibilidad acumulado en quince años como mandamás de la economía nacional y da señales de eficiencia y compromiso en materia de cobertura en la vacunación contra el corona virus.

En los discursos del 6 de agosto y del 8 de noviembre (aniversario patrio y primer año de su gestión) sus adversarios de Comunidad Ciudadana y Creemos, chillaban, insultaban, se desgañitaban, mientras Arce Catacora avanzaba imperturbable en la exposición de sus argumentos. Nada lo distraía, ni los peores modales de senadores y diputados opositores, y no le tembló la voz cuando tuvo que decir las cosas por su nombre: golpe de Estado y golpistas, para que les quede grabada en la memoria la forma en que derrocaron a Evo Morales dos años atrás.

Arce Catacora, uno de los pocos ex ministros de Evo que obtuvo el salvoconducto de la Cancillería encabezada por la arbitraria Karen Longaric, se vió obligado a transitar por una ruta del infierno para llegar al aeropuerto y poder partir hacia México, país que le concedió el asilo político. Fue la embajadora María Teresa Mercado quién lo acompañó hasta la puerta del avión, luego de agresiones verbales y conatos de captura de parte de policías que recibían instrucciones del ministro de la muerte, Arturo Murillo. Arce jamás hizo de su riesgosa situación una bandera personal para promocionarse. Se trata de un hombre que ha hecho de la discreción un estilo. Prudente y de perfil bajo, sabe cuándo debe hablar, pero sobre todo tiene muy claro cuándo y dónde no debe estar. Es por ahí que podría explicarse la popularidad que por lo hoy lo sitúa en el podio del escenario político boliviano.

Originalmente publicado en la columna Contragolpe de La Razón el sábado 18 de diciembre

Los fantasmas de Santa Cruz

 

La vegetación húmeda y frondosa –“el monte” que le llaman los cambas que viven en el campo—nos remite invariablemente a los cuentos y a las novelas del gran Gabriel García Márquez, aquél que hizo del clima y del calentamiento global, epicentro de sus fantásticas historias sobre patriarcas, coroneles, terratenientes, putas tristes y abuelas desalmadas. Hay que haber vivido en la profunda Chiquitania o en el Norte Integrado para empaparse de esa Bolivia con 37 a 40 grados de temperatura, y saber de que van estos otros bolivianos a quienes se mira de desde las alturas cordilleranas, tantas veces con el desdén y menosprecio de ese andinocentrismo demodé.

Hace como una década se hablaba en el Beni de carreteras fantasmas, esto es, de proyectos de infraestructura vial por los que un puñado de pícaros cobraban puntualmente sin entregar jamás medio kilómetro de obra, pero ahora resulta que lo fantasmal cobra vida –y fortuna mal habida—en la oficina de recursos humanos del municipio de Santa Cruz de la Sierra en la que un señor al que le dicen Tony y apellida Parada, en su calidad de mandamás, habría fabricado ochocientas pegas para ciudadanos y ciudadanas que no existen, pero que cobraban salarios puntualmente cada fin de mes durante la gestión de Percy Fernández – Angélica Sosa.

No hay peor negligencia que la de no cerrar como se debe una historia matrimonial y por ello, el señor Parada debe estar lamentandosé haber terminado de mala manera con Valeria Rodríguez, quién en una mezcla de despecho y sed de justicia habría encontrado profusa documentación en algún lugar secrerto de su casa, a lo “Breaking bad”, en la que su ex guardó papeles que lo señalarían como autor de una maquinaria de cobrar dinero a nombre de ochocientas personas inexistentes, durante por lo menos cuatro a cinco años.

Hay que suponer que esta no es la Santa Cruz y la Bolivia federal que quiere Luis Fernando Camacho, aunque tampoco debería ser esa que convierte a un comité cívico en un ente supraestatal que organiza el tráfico vehicular y el de personas cada vez que se decide un paro al estilo golpista de noviembre de 2019.  Y tampoco será la Santa Cruz y la Bolivia federal ideales, la que le franquea las posibildades a un médico de apellido Amelunge de reabrir una clínica de nombre Santa María, utilizando la figura de su padre muerto, otro verdadero escándalo del macondiano departamento más grande del país.

Santa Cruz es una tierra de oportunidades y hospitalidades, realidad indiscutible, aunque sobre todo  la hospitalidad que pasa por el costumbrismo sea más generosa con el blancoide de “buena familia”. Pero es también el lugar en el que el pragmatismo ha roto la barrera del pudor para incursionar en ciertas actividades y eso también se lo debemos al banzerismo, desde el que la actividad del narcotráfico no sólo generó nuevas fortunas, sino también, nuevos arquetipos del heroísmo popular traducidos en hospitales, plazas y escuelas para olvidadas poblaciones rurales a las que el Estado boliviano jamás tuvo la intención de llegar.

Hay una palabra que se usa en Santa Cruz y no en otros lugares del país: Meleador. Define a la persona que a través de las malas artes, la corrupción o el simple robo consigue bienestar material en desmedro de personas e instituciones de las que se aprovecha circunstancialmente para obtener un beneficio a costa de la desgracia ajena, en el caso de Tony Parada, del municipio cruceño y en el del Doctor Amulenge, pisoteando la tumba de su padre Que Dios lo Tenga en su Gloria, ya que hay una efervescencia por la Biblia y la palabra de Dios en la tierra de Rómulo que casi seguro volvería a matar a Remo si este osara resucitar para disputarle las coordenadas y los límites de la ciudad de los anillos.

Como para que la historia quede felizmente completada, el Fiscal de Distrito de Santa Cruz, Roger Mariaca, ha designado a Mauricio Toro Flores, Fiscal anticorrupción para que investigue la trama, con el antecedente de haber rechazado en principio la denuncia  de la señora Rodríguez. ¿Quién es este Fiscal? Nada menos que un ex funcionario municipal cuando ejercía funciones la señorona del pueblo, Ángelica Sosa, a la que el legendario Percy le profesaba una fe ciega.  Debe ser una broma dirán muchos horrorizados y la respuesta es no, porque así se manejan justicias e injusticias en la tierra de Melchor Pinto Parada.

Las propiedades conmutativa, asociativa y distributiva de las matemáticas nos enseñan que las formas en que se sumen y multipliquen los números pueden ser variadas, pero que los resultados conducirán necesariamente al mismo lugar. Sirva este paralelismo para comprender la corrupción como sistema, aquél que puede verse liberado de equilibrios y contrapesos en caso de que un modelo estatal federal elimine del espectro al último gran vigilante, el eslabón todavía en condiciones de combatir meleadores: El Estado central.

Originalmente publicado en la columna Contragolpe de La Razón el 04 de diciembre.

Izquierdos humanos

 

La abrumadora mayoría de los caídos entre octubre y noviembre de 2019, perecieron baleados por militares y policías. Si Jeanine Áñez hubiera interceptado los ímpetus represivos para cometer las masacres de Sacaba-Huayllani y Senkata, probablemente su cuadro jurídico no sería tan comprometedor y no la tendría situada muy cerca de una sentencia condenatoria que según expertos bordearía una década de privación de libertad. Si el camino no hubiera sido el del ensañamiento persecutor y criminalizador incluso el tema de su irregular e inconstitucional llegada al poder podría ser objeto de cierta condescendencia judicial.

El problema central de la discusión política en Bolivia es que los derechos humanos de muertos, heridos, detenidos, perseguidos y extorsionados por fiscales luego del golpe de Estado, se convirtieron en izquierdos humanos, en tanto los autores de ese bodrio al que sus gestores llaman gobierno de transición, padecen de disonancia cognitiva que consiste en el choque de dos creencias, y por ello los derechos humanos en Bolivia fueron convertidos en izquierdos, es decir en derechos para ciudadanos de segunda, esos que no  tienen familiares con capacidad de pago para un aviso necrológico en algún diario y por lo tanto no son merecedores de un tratamiento prioritario en los estrados judiciales. El ejemplo más ilustrativo es el del jefe de CC, Carlos Mesa: De acuerdo a los valores inculcados por sus padres, insignes intelectuales, el respeto por la vida y las convicciones políticas no pasa por la militancia partidaria, pero como el ex candidato profesa un obsesivo rencor contra el MAS (es feo perder por paliza), entonces opta por el silencio y mirar para otro lado. Conclusión:  Vale más el rencor antievista que las convicciones humanitarias.

La disonancia cognitiva se manifiesta en la premeditada decisión de no referirse a los hechos luctuosos desatados a los pocos días en que Áñez – Murillo – Ortíz capturaron el poder. Ninguno de los actores de ese huachafo cambio de gobierno se refiere al dolor y la tragedia que se produjeron apenas lograron consolidar la sustitución de Evo Morales en la presidencia y esto alcanza a candidatos, abogados y asesores de campaña, dirigentes cívicos, embajadores, mandos militares y policiales, activistas paramilitares y parapoliciales, amigos de la embajada de los Estados Unidos y jerarquía católica.

En este contexto, las movilizaciones producidas en Santa Cruz y en Potosí que derivaron en un paro de características similares al  gestado en  octubre-noviembre de 2019 sirvieron, por añadidura a la búsqueda de la abrogación de la ley 1386, como maniobra distractiva para que el país no se enfocara en recordaciones y homenajes a los muertos y a las víctimas de una persecución judicial que todavía tiene consecuencias en quienes las padecieron. De esta manera vamos pasando de largo este noviembre de 2021 sin espacios y tiempos para evaluar como es debido el desastre gubernamental con el que se combatió el prorroguismo de un candidato-presidente.

 

El dilema fraude/golpe, en consecuencia, pasa a un segundo plano cuando somos testigos de la muerte de esos nadies que ejercían precisamente lo que se llama derecho a la protesta por la manera en que su líder fue defenestrado, ese derecho que ahora se reivindica como incuestionable por las formaciones políticas y cívicas opositoras al gobierno de Arce Catacora. Nadie quería volar la planta de Senkata y en el puente de Huayllani se abrió fuego contra unos manifestantes armados de palos y piedras. Eso es lo terrible e inadmisible de lo hecho por el gobierno de Áñez que creyó ciegamente en sus ministros Arturo Murillo y Fernando López.

La corporación gagá de opinadores principalmente atrincherados en rabiosos diarios y ediciones digtitales antimasistas, gran parte los responsables del tráfico informativo radiofónico, los presentadores de programas televisivos con dotes de maestros de ceremonias, los opinadores en redes sociales y alguna prensa transnacional hegemónica, no dirán jamás una palabra acerca de las atrocidades cometidas durante el régimen de facto al que ellos le llaman “gobierno de transición para la pacificación” que consistió en eliminar físicamente a aymaras y quechuas, perseguir “masistas” en Montero o en Yapacani, o plantar detenciones preventivas que todavía tienen consecuencias de espanto: Siguen sin llegar los sobreseimientos para las víctimas de un sin número de delitos nunca cometidos.

Derechos humanos son los de la pobre Jeanine Áñez. Esos son verdaderos derechos humanos defendidos a capa y bastón por Amparo Carvajal, la prorroguista mandamás de la Asamblea Permanente fundada por Julio Tumiri que debe estarse revolcando en el más allá de cómo semejante institución ha sido malversada por ella y su guardaespaldas, Manuel Morales, del también malversado CONADE. Los otros son Izquierdos Humanos, esos de menor categoría que corresponden a los desheredados de la tierra.

Originalmente publicado en la columna Contragolpe de La Razón el 20 de noviembre

La coartada del golpe/fraude

 

Desde el momento en que el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo informó acerca de un plan para ejecutar un magnicidio contra el presidente Luis Arce Catacora (19 de octubre), los temerarios a la cabeza del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, bajaron los perfiles públicos ostensiblemente. Las voces que hasta ese momento asediaban al gobierno por el finalmente desestimado proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, pero sobre todo las que mantuvieron a Bolivia entretenida en el esmerado afán de la falsa contraposición entre fraude y golpe, hicieron silencio, al punto que hoy por Comunidad Ciudadana (CC) su jefe nacional, Carlos Mesa se limita a tuitear, aunque a la hora de poner la cabeza en la almohada debe recordar su protagonismo en la opereta de la sucesión inconstitucional de Jeanine Áñéz.

A las oposiciones al Movimiento al Socialismo (MAS) se les acabó la coartada sobre la eternización de Evo Morales en el poder. El momento en que se anularon las elecciones del 20 de octubre de 2019 y se produjo la renuncia de los primeros mandatarios se había terminado la aventura “la reelección es un derecho humano”. Esa era la idea-fuerza con la cual se pretendió bañar de legitimidad la conspiración civil-militar-eclesial que depuso no al candidato Morales, sino al presidente Morales, lográndose que no sólo renunciara a seguir postulándose a la presidencia, sino que se le arrebatara el derecho a concluir su mandato constitucional previsto para el 22 de enero de 2020.

Dados los nefastos resultados de lo que fue el gobierno transitorio a la cabeza de Áñez y considerando los grados de compromiso y responsabilidad de los actores que propiciaron la transición espuria, era necesario activar una maniobra distractiva que desviara la atención del recuento y el análisis de lo que fue un gobierno sistemático violador de los derechos humanos, de naturaleza violenta, represesiva y además corrupta, y para eso ha servido a lo largo y ancho de 2021 utilizar el “fue fraude, no fue golpe” a fin de eludir astutamente el involucramiento de grupos de choque, candidatos adversarios del MAS, generales y coroneles, curas y embajadores con un gobierno que no sólo vulneró el estado de derecho, sino que tuvo la habilidad de hacerlo retrotrayéndonos a las prácticas persecutorias y represivas de las dictaduras militares de los 70 en América Latina, con el añadido del funcionamiento de un aparato extorsivo puesto en vigencia desde algunos lugares de la justicia y del ministerio público.  

El primer año del gobierno de Arce-Choquehuanca ha estado dominado por una discusión sin sentido, por un debate que se ha convertido en la perfecta excusa para no hablar de lo medular de un gobierno que hizo de la transición un asalto a la estructura de poder adaptándola a la codicia de su principal protagonista, el ministro de la muerte, Arturo Murillo, a la vocación militarista de su ministro de Defensa, Fernando López, a la persecución financiera escondida debajo las sotanas del Opus Dei a cargo de Oscar Ortíz, y a la inconmensurable combinación de ingenuidad y rencor de Jeanine Áñez, que hoy reclama respeto a sus derechos, esos mismos que ella decidió pulverizar con decretos como el 4078 que habilitaban licencias a las Fuerzas Armadas para matar en Sacaba y en Senkata.

De la coartada sobre el desconocimiento a los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016, se produjo un salto con garrocha hacia la coartada del “fraude no golpe”. Con ese artilugio se evidenció la descarada astucia de eludir referirse a los negociados repletos de indicios que comprometen a la ex presidenta Áñez y a varios de los que fueron sus ministros. Con ese señuelo se inauguraron Derechos Humanos VIP versus Derechos Humanos plebeyos de los que no se dijo una sola palabra desde escenarios paraestatales del gobierno transitorio como el CONADE en los que se defendió abiertamente a la Resistencia Juvenil Cochala con la participación de la republicana española Amparo Carvajal, que más parece hoy una vieja militante de la dictadura franquista.

Cautelosas ante el descubrimiento de un posible caso Terrorismo 3, las oposiciones de la derecha boliviana saltan de coartada en coartada para mantener vigencia. Se niegan a intentar estudiar e incorporar en su comprensión del país a la Bolivia popular ahora prevenida ante cualquier nuevo brote desestabilizador de la democracia. Es más fácil inventar trampas a instalarse en escenarios mediáticos y de redes sociales que les son afines, que una lecto escritura de un proyecto político alternativo.

La nueva coartada ya está en marcha. Y para intentar su instalación figuran los comités cívicos a la cabeza del Pro Santa Cruz que dice que el autoritarismo del MAS prepara una batería de leyes para controlar el Estado de arriba abajo, de izquierda a derecha, a través de la siempre destemplada vocería ejercida por su mandamás Rómulo Calvo.

Originalmente publicado en la columna Contragolpe de La Razón el sábado 06 de noviembre

Cuando la persecución llegó al fútbol

 

Por lo menos dos pares de manos negras decidieron en 2015 manchar la pelota en Bolivia, 14 años después de que Diego Armando Maradona advirtiera en su mensaje de despedida de las canchas (noviembre, 2001) que en el fútbol todo podía permitirse, menos ensuciar el esférico que le da vida y sentido y que desata pasiones diarias en todo el planeta. Nunca sabremos con precisión de quiénes recibió instrucciones el entonces Fiscal General, Ramiro Guerrero, que encargó a su Fiscal Superior, Iván Montellano, supervisar las acusaciones contra Carlos Chávez (+), Alberto Lozada, Jorge Justiniano, Pablo Salomón, y Armando Canedo por legitimación de ganancias ilícitas, organización criminal, estafa agravada, uso indebido de influencias y beneficios en razón del cargo. 

No hubo debido proceso en contra de estos dirigentes del fútbol boliviano que para comenzar fueron víctimas de una incorrecta aplicación de la ley, en tanto el uso indebido de influencias y los beneficios en razón del cargo, son delitos exclusivamente inherentes a la función pública y bajo ningún punto de vista, a personas dependientes de entes privados como la Federación Boliviana de Fútbol (FBF). Tampoco era aplicable la figura de la organización criminal, ya que los estatutos del ente matriz del fútbol boliviano fueron aprobados en su instancia superior que es el Congreso, por lo que hasta parece que se tratara de una broma de mal gusto: Robarse a si mismos.

El desenlace de esta seguidilla de atropellos contra estos ciudadanos fue, en primer lugar, el fallecimiento del que fuera presidente de la FBF, Carlos Chávez, aquejado por un cáncer de vejiga. Fue tan sañuda la manera en que fue acorralado que cuando se encontraba en una clínica en Brasil recibiendo tratamiento que en nuestro país no se lo podían ofrecer, uno de los fiscales intentó regresarlo al país porque se había fijado fecha para una audiencia en la que debía declarar. El 2 de agosto de 2018, Chávez murió en Sao Paulo. Tres años después, los acusados ya nombrados fueron absueltos de manera unánime por el Tribunal de Sentencia en lo Penal de Sucre. Para decirlo fácil y pronto,  fueron declarados inocentes.

Armando Canedo era el contador de la FBF. Se encargaba de pagos y cobros de la institución. Jorge Justiniano, representante del fútbol pandino, fue presidente de las asociaciones departamentales, y Pablo Salomón representaba a la Asociación Cruceña de Fútbol (ACF). Los tres sufrieron detenciones domiciliarias, mientras que Alberto Lozada, gerente de la Federación, estuvo recluído en Palmasola durante 36 meses con detención preventiva, penal en el que fue víctima de una golpiza que pudo haber acabado con su existencia.

Lozada tuvo que soportar, además, acusaciones sin sustento contra sus hijos y su esposa. Según el Ministerio Público, se habían llevado el dinero de la Federación hacia cuentas bancarias fuera del país, cuando era bien sabido por la dirigencia de la época que por sus relaciones empresariales, cuando las papas quemaban y no habían recursos, con su firma como garantía, accedía a préstamos para paliar las dificultades de los clubes necesitados de liquidez para cumplir con las planillas mensuales de sus jugadores.

Los indicios no eran indicios. El debido proceso fue pisoteado sistemáticamente al extremo de allanamientos policiales para secuestrar computadoras en la sede de la Avenida Libertador Bolívar de Cochabamba con la peregrina idea de que en ellas se encontarían datos sobre el supuesto robo a manos llenas de estos dirigentes que tuvieron que ingeniárselas para sobrevivir  durante estos seis años, soportando ese inmisericorde acoso como otra prueba más de que la justicia en Bolivia tarda demasiado en llegar.

 Los dirigentes opositores a las gestiones de Chávez al frente del ente federativo, advirtieron en él, un abierto prorroguismo que los sacó de las casillas. En efecto, el dirigente cruceño proveniente de las filas del club Oriente Petrolero consiguió un tercer mandato consecutivo en un accidentado congreso realizado en la ciudad de Trinidad con escenografía de contubernio entre sus enemigos y la mismísima Policía que gasificó la sede del encuentro a fin de impedir la realización del acto reeleccionario, dando lugar a uno de los episodios más burdos de los que tenga memoria el fútbol boliviano. A Chávez se le había aconsejado en determinado momento que renunciara al cargo. Tal cosa no sucedió y ya se sabe que la búsqueda de forzadas prorrogas en el poder conlleva el riesgo de consecuencias funestas.

Este muy ilustrativo ejemplo sirve para confirmar que ninguna  reforma judicial podrá funcionar si no se mira con profundidad quienes deben asumir los mandos del Ministerio Público y del Órgano Judicial. Las transformaciones estructurales pasan por mujeres, hombres y nombres. Cualquier otro camino es seguir ladrando a la luna.

       

Originalmente publicado en la columna Contragolpe de La Razón el sábado 23 de octubre

 

El golpe comenzó en Facebook

 

Si el Movimiento al Socialismo (MAS) no asume hasta ahora que el derrocamiento de Evo Morales se gestó, en primer lugar, desde las redes sociales y predominantemente desde Facebook, el único partido político con presencia absoluta en el territorio nacional está en serios problemas. Si el MAS y su institucionalidad gubernamental juegan todas sus opciones a la conformación de un ejército de guerreros digitales con cabezas de espadachines callejeros, significa que cree que se trata de un asunto de antiguos soldados y desconoce por completo la existencia del secretísimo algoritmo con el que opera ese nuevo amo del planeta llamado Mark Zuckerberg, más poderoso que por lo menos todos los presidentes de América Latina juntos.

La guerra por el affaire Gabriela Zapata el MAS comenzó a perderla en las redes, e insisto, principlamente en Facebook que en conexión con Instagram y Whats App ha amasado una megafortuna facilitada por tres mil millones de usuarios de los más diversos intereses, lucidamente acarrerados como rebaño y agrupados como activistas de una idea, un producto, una causa o un odio. Bien compara la especialista Natalia Zuazo (Los dueños de Internet, Debate, 2018) el misterioso algoritmo feisbuquero con la pócima secreta de la llamada gasesosa negra del Imperio que ha producido generaciones de adictos, no sabemos –nunca lo sabremos-- exactamente cómo y por qué. Lo que cuenta es que consumen Coca Cola con devoción religiosa.

Facebook se cayó el lunes 4 de octubre durante casi siete horas, desaparición de la red que le significó 6600 millones de dólares en pérdidas, mientras surgían detractores, ex empleados, futurólogos, teóricos de la conspiración y otras calidades de brujos para fustigar la existencia de una herramienta ya adherida a las pieles y a las emociones de quienes se sumergen en ella entre una y veinte horas al día. Cuánto más tiempo se navegue por las aguas que ofrece Zuckerberg, más se afianza esta nueva manera de construir una sociedad global en la que los nacionalismos funcionan como activadores de debates y afianzadores de miradas y peligrosos comportamientos fundamentalistas.

Ese es el contexto en el que se construyó un imaginario digitalizado que en lenguaje tuitero podría traducirse en hashtags: #Evomeharobadoelvoto. #Evodictador. #Evonocreeendios. Charles Arthur, otro experto en la materia, acaba de publicar “Social warning” (Calentamiento social) que valiéndose de un paralelismo con el concepto que compromete el calentamiento del planeta producto de la devastación medioambiental, analiza el socavamiento de las democracias del nuevo siglo con la utilización del perverso mecanismo carente de transparencia consolidado por Facebook y sobre el que sus cerebros y todos sus trabajadores están terminantemente prohibidos de hablar.

Este hilo crítico nos conduce a comprender cómo los pititas urdieron sus amarres en sus computadoras y en sus celulares. Cargaron las tintas persecutorias con instrucciones de horarios, direcciones y métodos de ataque para finalmente saltar desde sus mullidos sillones  giratorios hacia las calles donde comenzarían a traducir ese calentamiento social al que se refiere Arthur con lujo de detalles, en acciones de amenazas, amedrentamientos, ultimátums y vigilias en inmediaciones de los domicilios de los demonios masistas a los que había que cazar. A dos años de tales acontecimientos, las consecuencias de las acciones perpetradas entre octubre y noviembre de 2019 son terminantes y objetivas: El perfil del clasemediero, profesional o intelectual con militancia en el partido azul ha dejado de figurar en tareas de contraataque y contención. Como bien dice Marcelo Arequipa en su columna del pasado jueves, han desaparecido los mensajeros políticos mientras el ahora gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, ha pasado al frente con esa garra tan característica del falangismo que resistió al MNR del 52.  El facista tiene a miles que teclean por él.

No hay guerrero digital que funcione si no es con la dirección de expertos en marketing digital capaces de producir microtargeting, que por ejemplo le generó a la candidatura de Donald Trump (2016) 647 millones de menciones gratuitas en los medios equivalentes a 2600 millones de dólares. En otras palabras, si se trata de encarar en serio la guerra por redes es la hora del rigor y la alta calificación técnica porque con el entusiasmo militante ya no alcanza. Debe quedar meridianamente claro: Para lograr la renuncia de Evo Morales, todo comenzó en Facebook donde se fue gestando a fuego lento en el imaginario que Dios y la democracia no pueden pertenecerle en exclusividad a un caudillo autócrata. No importa cuan ciertas sea esto. Son creencias, y las creencias son verdades absolutas. Aunque sean mentiras.

Originalmente publicado en la columna Contragolpe del diario La Razón el 09 de octubre

Noviembre 2019: Inventario de una transición irregular y represiva

 

El 10 de noviembre de 2019, el intento de reproducción del poder a la cabeza de Evo Morales terminó de desmoronarse, como todo proceso forzado que se empeña en querer mostrar transparencia en decisiones vinculadas a veredictos inconstitucionales. El voluntarismo con el que el MAS participó de manera antirreglamentaria de las elecciones de octubre de 2019 condujo al país no a un gobierno de transición rutinario y enmarcado en obligaciones específicas de restitución de la voluntad popular para elegir un nuevo gobierno, sino a una presurosa y angurrienta toma del poder azotada por la pandemia, la represión militar y policial, también protagonizada por organizaciones civiles irregulares. El gobierno-bisagra se caracterizó además por contínuos actos de corrupción y en el orden simbólico e identitario, en la negación de la existencia del Estado Plurinacional por parte del Ejecutivo formalmente encabezado por Jeanine Áñez, pero fácticamente a cargo del Ministro de Gobierno, Arturo Murillo.

El actor fundamental de los acontecimientos producidos entre el 21 de octubre y el 12 de noviembre de 2019 como se ha podido examinar en esta serie periodística, Memoria y Archivo, que cerramos hoy en un primer ciclo, se llama Luis Fernando Camacho y es ahora gobernador electo del departamento de Santa Cruz. A la cabeza del Comité Cívico Pro Santa Cruz y de los cabildos callejeros organizados alrededor del Cristo Redentor, fueron su determinación y frontalidad en la búsqueda de la renuncia de Evo Morales, las que produjeron una suma de acciones táctico estratégicas --civiles, militares y policiales-- de desobediencia al orden constituido. Camacho está orgulloso de lo que hizo. Cada vez que se le pregunta por el tema, dice que el objetivo principal fue cumplido: Sacar del poder a un presidente que quería atornillarse en la silla para siempre.  Lo que el ahora jefe de la agrupación Creemos no podía calcular es en qué consistiría el gobierno transitorio. No imaginó que el oscuro y autoritario desempeño de Áñez y los suyos se convertiría en funcional al partido azul que desembocaría en el retorno del MAS al poder en el lapso de 361 días. No estaba en sus manos el manejo del gobierno, aunque en principio contara con actores que se cuadraban ante él (ministros de la Presidencia y Defensa, y presidencia de Entel) y por ello cuando se destapó el escándalo de lavado de dinero y sobreprecios para materiales antidisturbios que tiene privado de libertad a Murillo en Miami (mayo, 2021), Camacho dijo entonces que “la lucha del pueblo boliviano en 2019 fue traicionada por los viejos políticos que se apropiaron del poder” e incluso pidió su extradición y la de sus cómplices.

Así como Camacho está convencido de que el derrocamiento de Evo sienta un precedente para quienes se animen a violentar las decisiones ciudadanas en las urnas (referéndum de febrero de 2016), Jorge Tuto Quiroga y Oscar Ortíz también actuaron con claridad en la línea para conseguir el objetivo de sacar a Morales de la presidencia. El ex mandatario fue clave en tareas de coordinación para acelerar la salida del renunciado presidente fuera del país, y aunque para buscar el aplauso pitita le llamara “cobarde que solamente pensaba en escapar”, el criterio de Tuto era estratégico: Mantener a Morales en el país podía dar lugar a la imposibilidad de una exitosa instalación del gobierno transitorio que en términos “procedimentales” se produjo a través de un ardid pensado por su amigo y abogado de confianza, Luis Vásquez Villamor, que inventó el Ipso Facto basado en la sucesión a la que accedió el propio Tuto en 2001 para remplazar al Gral. Banzer, pero que no figura en la nueva Constitución Política del Estado y tampoco en el reglamento del Senado. A continuación les tocaba operar a los materializadores del artefacto de Vásquez Villamor en forma de comunicado institucional, el trío de senadores conformado por Jeanine Áñez, Oscar Ortíz y Arturo Murillo. De los tres,  quién controlaba en esos álgidos momentos los accesos al edificio de la Asamblea Legislativa con participación civil, militar y policial era Ortíz que el lunes 11 de noviembre había acompañado a Áñez en helicóptero militar para reunirse en un hotel de la Zona Sur de La Paz, con el que se constituyó en la encarnación de Banzer de la conspiración: Luis Fernando Camacho.

En síntesis, Camacho, Quiroga, Ortíz y la propia Áñez actuaron a cara descubierta, cada uno a su estilo. El primero, gritón y desafiante rodeado de guardaespaldas extranjeros, el segundo muy estructurado y preciso en sus actuaciones, el tercero con el sigilo de la discreción y la que sería presidenta transitoria efectuando una declaración ante la red Unitel el domingo 10 al final de la tarde desde Trinidad que anticipaba su llegada a la presidencia, y cuando todavía continuaba como segunda vicepresidenta del Senado, reuniéndose con curas católicos y embajadores, propiciadores de las reuniones en la Universidad Católica, usurpando el despacho de la Presidencia de la Cámara Alta. También Arturo Murillo y Marco Pumari, presidente del Comité Cívico Potosinista, como indiscutidos protagonistas del derrocamiento, fueron de frente contra Evo y el MAS manejandosé bajo el mismo registro de los principales operadores de la conspiración con acciones de hecho caracterizadas por la violencia callejera, y más adelante por las masacres de Sacaba y Senkata, perpetradas contra adeptos a Evo Morales que rechazaban rotundamente su defenestración, que quedaron debidamente registradas en el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) enviado a Bolivia por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Hay una segunda fila de personajes de esta conspiración que tiene como al más visible de sus actores de reparto a Carlos Mesa, el candidato presidencial de Comunidad Ciudadana (CC) que utilizando la disparatada decisión tomada por el Tribunal Electoral de interrumpir el conteo rápido no oficial de votos el mismo 20 de octubre de 2019, grito “fraude monumental” e instigó a la sociedad civil a acudir a los tribunales departamentales que derivaron en incendios y episodios vandálicos. El mismo Mesa, cuando se producían las reuniones del 11 y 12 de noviembre moderadas por la Conferencia Episcopal presidida por Monseñor Eugenio Scarpellini, había decidido desconocer el artículo 169 de la Constitución acerca de la sucesión constitucional, oponiéndose a que “alguien del MAS, asuma el gobierno transitorio”. En la misma línea secundaria intervino Samuel Doria Medina, el que refirió el Plan B a las representantes del MAS en las reuniones de la Católica ( Salvatierra, Rivero, Teresa Morales) que consistía en “Áñez presidenta.” Dicho sea de paso, Doria Medina escribió en su cuenta twitter hace siete días “La Razón publica un artículo  (El día en que el banzerismo derrocó a Evo Morales) lleno de imprecisiones y falsificaciones (no argumenta cuáles serían estas) para defender su posición política a costa de la honra de las personas (lo escrito en dicho artículo lleva mi firma, compromete mi criterio y visión, y no necesariamente la de este diario). Se dice por ejemplo,  mintiendo, que traje a un periodista español al país. Pura retórica “golpista” sin asidero de la realidad”. En el artículo aludido por Doria Medina no hay alusión alguna contra “la honra de las personas”, y con respecto del “periodista español” el texto señala: “La armonía ideológica que se había logrado, contaba incluso con la participación de un exmirista como Samuel Doria Medina que ayudaría a un pseudoperiodista español de apellido Entrambasaguas en su ingreso a Bolivia como operador de persecuciones mediáticas contra dirigentes del MAS…” Si trajo o no Doria Medina a Entrambasaguas resulta un asunto menor. Lo cierto es que hay fotografías sobre sus encuentros públicos en los que se advierte que congeniaron de maravilla --armonía ideológica—que entre otras actividades, dió lugar a una entrevista que el español le hiciera el 25 de enero de 2020 y que el jefe de la extinta Unidad Nacional (UN) anunciaba: “A las 18:00 estaré en la Utepsa (Universidad Tecnológica Privada de Santa Cruz) en el seminario político para ser entrevistado, con público, por el periodista Alejandro Entrambasaguas sobre: Crisis, Transición y nuevo ciclo.” Muy en ese conocido estilo de mirar para otro lado cuando se lo sindica de ciertas responsabilidades en la conspiración de octubre-noviembre de 2019 –“a mi me llamó Héctor Arce para participar de las reuniones de la Católica”—es necesario recordar que Doria Medina es el propiciador del ingreso de Arturo Murillo a la actividad política como diputado de Unidad Nacional (elecciones de 2005). Y para completar su hoja de vida, queda también para el registro que fuentes confiables aseveran que Samuel ofreció acompañar a Carlos Mesa como candidato a la vicepresidencia. La respuesta inmediata fue no. Pocos días después, quién lo visitó en su oficina para ofrecerle acompañar en binomio a Jeanine Áñez fue nada menos que su criatura política, el mismísimo Arturo Murillo. De ahí en más ya sabemos lo que sucedió, Samuel sumaría un contraste más en su dilatada trayectoria de derrotas políticas, cuando las encuestas le informaban que la candidatura de Jeanine se había desplomado y tocaba emprender la retirada, otro factor que contribuyó al regreso del MAS al poder con nuevos actores en el binomio electoral.

Bolivia, como el resto del mundo, tuvo que someterse a las cuarentenas rígidas como resultado de la llegada del corona virus que puso en emergencia a un precario sistema de salud pública. Comenzaron los contagios y se empezaron a producir muertos como resultado de la pandemia. El gobierno de Áñez concedió un bono de 500bs. que con el nombre de Universal beneficiaba a ciudadanos y ciudadanas sin fuente laboral y sin renta estatal alguna, utilizando el mismo argumento que los gobiernos del MAS, para hacer del rentismo una fuente de alivio a las carencias económicas de muchas familias en el país. Paralelamente, grupos de fiscales actuaban arrinconando a ex trabajadores del Estado a los que se acusaba de hechos de corrupción o a los que se les armaba casos con el propósito de extorsionarlos. Si en el gobierno de Evo hubo persecuciones políticas, en el de Áñez se pasó de una persecución selectiva y muy puntual, a la caza indiscriminada de masistas y no masistas, reducidos a las categorías de hordas, sediciosos, narcotraficantes y delincuentes, todo esto en medio de una caótica y opaca gestión institucional con compras de respiradores con sobreprecios que nunca funcionaron y barbijos con costos multiplicados en ocho a diez veces más que lo señalado por sus precios reales.

VIGILIAS

La persecución practicada por el Ministerio de Gobierno y un aparato de fiscales, se había extendido a la sociedad civil. Ciudadanos y ciudadanas de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, decidieron organizarse para instalar sus pititas en vigilias retribuidas con comida chatarra, con cercanía a viviendas de quienes pudieran haber pensado en ponerse a buen recaudo. Tal cosa sucedió con el apartamento del ex ministro de Gobierno Carlos Romero en Sopocachi y con la residencia de la Embajada de México en La Paz en La Rinconada, Zona Sur, donde se encontraban refugiados ex personeros de alto nivel del depuesto gobierno de Evo Morales. Algo parecido, pero con altos niveles de violencia se suscitó en Vinto, Cochabamba, cuando la Resistencia Juvenil Cochala decidió agredir y humillar públicamente a su alcaldesa Patricia Arce,  así como la Unión Juvenil Cruceñista desencadenó persecuciones desenfrenadas y capturas de militantes del MAS y a quienes aparentaban serlo en Montero y en Yapacaní. En todos estos casos, la Policía que se había amotinado contra el gobierno de Evo Morales, fue permisiva en unos casos y cómplice en otros para instaurar un sistema de interrogatorios en los que además de obligar a los detenidos a incriminar a quienes habrían sido sus jefes, se agredía físicamente y en los casos de varias mujeres, incluso sexualmente, tal como el mismo informe del GIEI lo subraya.

Hay un caso reciente que termina siendo paradigmático en materia de persecución y violencia política. Es el  protagonizado por Roger Revuelta de la Resistencia Juvenil Cochala que ha sido condenado a doce años y seis meses de cárcel por tentativa de homicidio contra el periodista Adair Pinto, que recibió tres puñaladas por haber denunciado actos de corrupción cometidos por el gobierno de Áñez. Si hay una historia de conducta paraestatal es esta. Podrían preocuparse por conocerla a fondo (“Periodista se salvó de la muerte a manos de un miembro de la Resistencia Juvenil Cochala”, La Razón, 28 de agosto de 2021), quienes intentaron utilizar el término para criminalizar a medios de comunicación supuestamente afines al MAS, esos que de tanto fustigar de paraestatales a medios de supuesta identificación con el partido azul, terminaron convirtiéndose en verdaderos agentes –paraestatales—de persecución política y mediática.

Hay documentos con estatus multilateral y de organizaciones académicas estadounidenses y europeas que han permitido en las últimas semanas, establecer conclusiones objetivas y concluyentes: La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho oficialmente que el derecho a la reelección no puede ser conceptuado como derecho humano, por lo que la candidatura de Evo Morales, basada en ese argumento, no era procedente. La auditoría practicada por la Organización de Estados Americanos (OEA), ampliamente cuestionada por el MAS y contrastada con otros estudios, sirvió para que las elecciones de  octubre de 2019 fueran anuladas, pero no para demostrar categóricamente los alcances precisos del supuesto fraude electoral. El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) manejó dos coordenadas fundamentales: La primera, coyuntural, dice que en el gobierno de Jeanine Áñéz se perpetraron masacres y se violaron sistemáticamente los derechos humanos. La segunda, estructural, apunta a que el sistema judicial boliviano está penetrado por la corrupción, la lentitud y la cooptación política, y recomienda una gigantesca tarea de reformas que debiera implicar la incorporación de nuevos actores. El llamado telefónico de un ministro a un fiscal o a un juez para apretar a un adversario que interfiere en sus planes debiera ser una rarísima excepción y no la regla.

En caso de que a Jeanine Áñez le sea otorgada una detención domiciliaria y en el mejor de los casos libertad irrestricta para defenderse, la ex presidenta deberá estar conciente de una posible condena que la obligaría a quedar privada de libertad ya no unos meses de manera preventiva, sino varios años, por algunos o todos los delitos por los que ha sido imputada. Acerca del falso debate sobre si lo que se produjo en noviembre de 2019 fue fraude electoral o golpe de Estado, debe quedar claro que un fraude queda plenamente demostrado, como es el caso del  que se produjera en 1978 con la candidatura del Gral. Juan Pereda Asbún por la Unión Nacionalista del Pueblo (UNP), cuando aparececieron 50 mil votos que superaban el número de inscritos para votar. Sobre si hubo o no Golpe de Estado, el hecho objetivo es que se violó la línea sucesoria estipulada por la Constitución y a ello se suman elementos sobre la inobservancia del procedimiento camaral para convertir en presidenta a Áñez, sin el establecimiento de una sesión formal del Senado y sin la elección de una nueva directiva, requisito previo a la designación presidencial tal como sucediera en las transiciones de Tuto Quiroga (2001), Carlos Mesa (2003) y Eduardo Rodríguez Veltzé (2005), quienes juraron al cargo conforme a ley, en el hemiciclo parlamentario.

La fotografía de la coyuntura no podía ser más patética: Los mismos que respaldaron el derrocamiento de Evo Morales en noviembre de 2019, salen a protestar en defensa de los derechos de Áñez, quién en su gobierno vulneró derechos a diestra y siniestra: Curas católicos, políticos golpistas, candidatos perdedores, y activistas de derechos humanos VIP. Mientras tanto, la Organización de Estados Americanos (OEA) dirigida por Luis Almagro no se inmuta ante los reclamos bolivianos por la injerencia y las distorsiones generadas en un país enrarecido por una crisis de Estado que debe superarse, en primer de los lugares, con el respeto innegociable de la voluntad ciudadana expresada libremente en las urnas, sin pataleos de última hora tocando puertas de cuarteles para fabricar una nueva aventura civil militar, tal como sucedió luego del triunfo de Luis Arce y David Choquehuanca en octubre de 2020, a cargo de los grupos más reaccionarios y fascistoides, a los que tragedias como las de Sacaba y Senkata no les provocan ni el más mínimo de los remordimientos.

Originalmente publicado en el diario La Razón el domingo 5 de septiembre como parte de la serie Memoria y Archivo