La pesadilla de
un gobierno de transición inconstitucional y represivo se acabó en Bolivia el 8
de noviembre de 2020 cuando Luis Arce y David Choquehuanca comenzaron a
reconducir el estado de derecho, producto de su apabullante triunfo con un 55
por ciento de los votos que les permitió acceder a la presidencia y a la
vicepresidencia del Estado Plurinacional en primera vuelta, con una aplastante
diferencia de 27 por ciento sobre la segunda fórmula más votada, la de Carlos
Mesa de Comunidad Ciudadana (CC).
El Movimiento al
Socialismo (MAS) gobierna Bolivia hace catorce meses con un presidente de
perfil discreto y resolutivo combatiendo el Covid-19 con una alta cobertura de
vacunación que ya llega a los niños de cinco años y generando las condiciones
para la recuperación de la economía que se
tiene previsto llegue este 2022 a un crecimiento aproximado de 5 por
ciento.
Los números de
la economía sudamericana dicen que Bolivia es el país con más baja tasa de
inflación del continente durante 2021, con 0.90 por ciento y si esta cifra se
la compara con el 224 por ciento alcanzado por Venezuela y el 45 por ciento en
Argentina, significa que la apreciación de la moneda boliviana manteniendo
precio fijo por dólar estadounidense hace ya más de una década, es signo de que
en el país las variables de la economía se encuentran bajo control y permiten
pensar que no hay motivos para una crisis intempestiva a pesar de cuánto ha
jugado la pandemia en contra de los agentes económicos formales e informales.
Mientras tanto,
en el ámbito político, a dos semanas de recordarse la creación del Estado
Plurinacional ( 22 de enero de 2009) producto de un referéndum con el que se
modificó la Constitución Política del Estado (60 por ciento de aprobación), los
sectores opositores al gobierno siguen más pendientes de lo que le sucede
internamente al partido de gobierno, que lo que puedan proponerle al país
alternativamente. En este contexto, Bolivia se encuentra en la temporada de
especulaciones sobre cambios de ministros con críticas genéricas de Evo Morales
a dignatarios nombrados por el presidente Arce “que no defienden al presidente,
están preocupados por cuidar su imagen personal y se autodefinen como técnicos
y no políticos”.
El pasado mes de
noviembre, el gobierno abrogó la ley 1386 contra la legitimación de ganacias
ilícitas, luego de un paro de nueve días promovido por el Comité Cívico Pro
Santa Cruz, presidido por Rómulo Calvo, alfil del gobernador Luis Fernando
Camacho, protagonista principal del derrocamiento de Evo Morales en noviembre
de 2019. El paro, muy similar en características al de los veintiún días que
desembocaron en el golpe de 2019, se
produjo casi exclusivamente en el oriente del país, más precisamente en la
ciudad capital Santa Cruz de la Sierra y estaba basado en el argumento de que
se trataba de un cuerpo legal con características de persecución y control
político contra los ciudadanos que al gobierno le interesaría neutralizar según
necesidades de coyuntura.
A partir de ese
momento, con el retroceso gubernamental en la puesta en práctica de esta ley,
el presidente Arce que en sus discursos del 6 de agosto (aniversario de la
fundación del país) y 8 de noviembre (aniversario del primer año de gobierno)
había fustigado sin concesiones a los autores del golpe de Estado, decidió
bajar los decibeles de sus ataques y prueba de ello son reuniones que él mismo
se encargó de convocar a gobernadores y alcaldes para concertar alcances de
competencias sobre la ley del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social
2021 – 2025. Ese acercamiento, en el que muchos gobernantes subnacionales
opositores participaron, sirvió para distender los ánimos que ahora se
encuentran sujetos a la nueva ola de contagios por Covid-19 que ha dado lugar a
una alarma colectiva que ha desatado concurrencias masivas a los puntos de
vacunación como no había ocurrido durante 2021.
La realidad
boliviana, sin embargo, es siempre más compleja que sus coyunturas que en
términos de políticas económicas se han manejado con racionalidad y coherencia
durante los catorce años que le tocó gobernar a Evo Morales, y que ahora
continúa como presidente su ex ministro de Economía que sobre políticas
públicas ha adquirido una gran experiencia.
Esa complejidad pasa por el malestar que genera la nueva oleada
progresista que se está produciendo en el continente con las llegadas de Pedro Castillo a la presidencia del Perú,
Xiomara Castro a la de Honduras y Gabriel
Boric a la de Chile . Si a ellas se suma a los gobiernos de Bolivia,
Argentina, México, Cuba, Venezuela, Nicaragua y el probable triunfo de Lula en
Brasil, nuevamente los espectros del fundamentalismo evangélico y fascista del
continente emprenderán campañas de desestabilización apelando a su conocimiento
y experiencia en materia de instalación de noticias falsas en las redes
sociales para trabajar, como muy bien saben hacerlo, en el sistema de creencias
de las clases medias “apolíticas”.
Como bien se
sabe, la capacidad de injerencia para desatar la caída de Evo en Bolivia pasó
por una acción concertada en la que intervinieron la OEA de Luis Almagro, la
Unión Europea, las Embajadas de los Estados Unidos y Brasil, y la Iglesia
Católica. De esa realidad, las organizaciones sociales afines al gobierno
boliviano, como nunca empoderadas en su larga historia de despojos de recursos
naturales, golpes de Estado y masacres, están plenemante concientes y por ello
presionan para que se enjuicie y condene a Jeanine Áñez cuanto antes, y a
quienes fueron parte de la defenestración, políticos ex candidatos a la
presidencia, militares y policías. Áñez está recluida con detención preventiva
desde marzo del pasado año, su ministro de Gobierno, Arturo Murillo,
encarcelado en Miami por compra ventas irregulares de material disuasivo
represivo, mientras Luis Fernando Camacho quedó legitimado por su elección como
gobernador de Santa Cruz, y Oscar Ortíz que ya no habla más de política fue
nombrado Rector de la Universidad Católica en el departamento cruceño: Su
filiación en el Opus Dei parece haberlo convertido en un intocable al que
solamente se convocó a declarar una sola vez ante el ministerio público por el
golpe de 2019 y a partir de ese momento un manto de impunidad lo protege.
Hay otros
actores importantes como Carlos Mesa, el dos veces derrotado candidato
opositor, inicial instigador de la toma de sedes departamentales electorales
que desataron el golpe, o Samuel Doria Medina, empresario ahora dedicado a
terminar una rascacielos de cuarenta pisos en la zona residencial de La Paz. El
primero usa el twitter para referirse a temas de agenda y el segundo, lo mismo
que Ortíz, prácticamente ha dejado de hablar de política en escenarios
públicos, luego de haber sido el candidato a la vicepresidencia de Jeanine Áñez
que finalmente renunció a su postulación, debido a su desastrosa gestión como
presidenta de transición.
La derecha
boliviana, las clases medias que repudian la emergencia de las clases
subalternas, que desprecian el proyecto nacional popular de las organizaciones
de trabajadores indígenas, campesinos y obreros, se quedaron sin coartada, esa
que se usó para sacar a Evo del poder: “Quiere eternizarse en la presidencia,
quiere reelegirse cuantas veces le venga en gana.” Al haberse extinguido la
causa del golpe de 2019 hoy ya no hay pretextos, en tanto el MAS ha regresado
al poder y que fundamentalmente desde el Instrumento Político para la Soberanía
de los Pueblos (IPSP) ha aprendido que hay que tomar previsiones ante el
surgimiento de cualquier nuevo aventurerismo y que por lo tanto daría lugar ya
no a un embate unilateral reaccionario sino, a una respuesta contundente que
abriría el escenario para una guerra civil en el que un baño de sangre marcaría
de manera brutal y descarnada la existencia de esas dos bolivias, la auténtica
originaria y combatiente por su autodeterminación, frente a la conservadora,
que sigue actuando como si los indios autoidentificados en 36 pueblos y
naciones, fueran nada más sus pongos, sus mulas de carga, que están nada más
para servirles y obedecerles por los siglos de los siglos. Esa realidad ha
cambiado radicalmente en el país, pero los sectores acomodados, cargados de
racismo y menosprecio, no están dispuestos a enterarse.
Originalmente publicado en Noticias de América Latina y el Caribe (NODAL) el 08 de enero.
No hay comentarios:
Publicar un comentario