El 10 de
noviembre de 2019, el intento de reproducción del poder a la cabeza de Evo
Morales terminó de desmoronarse, como todo proceso forzado que se empeña en
querer mostrar transparencia en decisiones vinculadas a veredictos inconstitucionales.
El voluntarismo con el que el MAS participó de manera antirreglamentaria de las
elecciones de octubre de 2019 condujo al país no a un gobierno de transición
rutinario y enmarcado en obligaciones específicas de restitución de la voluntad
popular para elegir un nuevo gobierno, sino a una presurosa y angurrienta toma
del poder azotada por la pandemia, la represión militar y policial, también
protagonizada por organizaciones civiles irregulares. El gobierno-bisagra se
caracterizó además por contínuos actos de corrupción y en el orden simbólico e
identitario, en la negación de la existencia del Estado Plurinacional por parte
del Ejecutivo formalmente encabezado por Jeanine Áñez, pero fácticamente a
cargo del Ministro de Gobierno, Arturo Murillo.
El actor
fundamental de los acontecimientos producidos entre el 21 de octubre y el 12 de
noviembre de 2019 como se ha podido examinar en esta serie periodística,
Memoria y Archivo, que cerramos hoy en un primer ciclo, se llama Luis Fernando
Camacho y es ahora gobernador electo del departamento de Santa Cruz. A la
cabeza del Comité Cívico Pro Santa Cruz y de los cabildos callejeros
organizados alrededor del Cristo Redentor, fueron su determinación y
frontalidad en la búsqueda de la renuncia de Evo Morales, las que produjeron
una suma de acciones táctico estratégicas --civiles, militares y policiales--
de desobediencia al orden constituido. Camacho está orgulloso de lo que hizo.
Cada vez que se le pregunta por el tema, dice que el objetivo principal fue
cumplido: Sacar del poder a un presidente que quería atornillarse en la silla
para siempre. Lo que el ahora jefe de la
agrupación Creemos no podía calcular es en qué consistiría el gobierno
transitorio. No imaginó que el oscuro y autoritario desempeño de Áñez y los
suyos se convertiría en funcional al partido azul que desembocaría en el
retorno del MAS al poder en el lapso de 361 días. No estaba en sus manos el
manejo del gobierno, aunque en principio contara con actores que se cuadraban
ante él (ministros de la Presidencia y Defensa, y presidencia de Entel) y por
ello cuando se destapó el escándalo de lavado de dinero y sobreprecios para
materiales antidisturbios que tiene privado de libertad a Murillo en Miami
(mayo, 2021), Camacho dijo entonces que “la lucha del pueblo boliviano en 2019
fue traicionada por los viejos políticos que se apropiaron del poder” e incluso
pidió su extradición y la de sus cómplices.
Así como Camacho
está convencido de que el derrocamiento de Evo sienta un precedente para quienes
se animen a violentar las decisiones ciudadanas en las urnas (referéndum de
febrero de 2016), Jorge Tuto Quiroga y Oscar Ortíz también actuaron con claridad
en la línea para conseguir el objetivo de sacar a Morales de la presidencia. El
ex mandatario fue clave en tareas de coordinación para acelerar la salida del
renunciado presidente fuera del país, y aunque para buscar el aplauso pitita le
llamara “cobarde que solamente pensaba en escapar”, el criterio de Tuto era
estratégico: Mantener a Morales en el país podía dar lugar a la imposibilidad
de una exitosa instalación del gobierno transitorio que en términos
“procedimentales” se produjo a través de un ardid pensado por su amigo y
abogado de confianza, Luis Vásquez Villamor, que inventó el Ipso Facto basado
en la sucesión a la que accedió el propio Tuto en 2001 para remplazar al Gral.
Banzer, pero que no figura en la nueva Constitución Política del Estado y tampoco
en el reglamento del Senado. A continuación les tocaba operar a los
materializadores del artefacto de Vásquez Villamor en forma de comunicado
institucional, el trío de senadores conformado por Jeanine Áñez, Oscar Ortíz y
Arturo Murillo. De los tres, quién
controlaba en esos álgidos momentos los accesos al edificio de la Asamblea
Legislativa con participación civil, militar y policial era Ortíz que el lunes
11 de noviembre había acompañado a Áñez en helicóptero militar para reunirse en
un hotel de la Zona Sur de La Paz, con el que se constituyó en la encarnación
de Banzer de la conspiración: Luis Fernando Camacho.
En síntesis,
Camacho, Quiroga, Ortíz y la propia Áñez actuaron a cara descubierta, cada uno a
su estilo. El primero, gritón y desafiante rodeado de guardaespaldas
extranjeros, el segundo muy estructurado y preciso en sus actuaciones, el
tercero con el sigilo de la discreción y la que sería presidenta transitoria
efectuando una declaración ante la red Unitel el domingo 10 al final de la
tarde desde Trinidad que anticipaba su llegada a la presidencia, y cuando
todavía continuaba como segunda vicepresidenta del Senado, reuniéndose con
curas católicos y embajadores, propiciadores de las reuniones en la Universidad
Católica, usurpando el despacho de la Presidencia de la Cámara Alta. También
Arturo Murillo y Marco Pumari, presidente del Comité Cívico Potosinista, como
indiscutidos protagonistas del derrocamiento, fueron de frente contra Evo y el
MAS manejandosé bajo el mismo registro de los principales operadores de la
conspiración con acciones de hecho caracterizadas por la violencia callejera, y
más adelante por las masacres de Sacaba y Senkata, perpetradas contra adeptos a
Evo Morales que rechazaban rotundamente su defenestración, que quedaron debidamente
registradas en el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos
Independientes (GIEI) enviado a Bolivia por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH).
Hay una segunda
fila de personajes de esta conspiración que tiene como al más visible de sus
actores de reparto a Carlos Mesa, el candidato presidencial de Comunidad
Ciudadana (CC) que utilizando la disparatada decisión tomada por el Tribunal
Electoral de interrumpir el conteo rápido no oficial de votos el mismo 20 de
octubre de 2019, grito “fraude monumental” e instigó a la sociedad civil a
acudir a los tribunales departamentales que derivaron en incendios y episodios
vandálicos. El mismo Mesa, cuando se producían las reuniones del 11 y 12 de
noviembre moderadas por la Conferencia Episcopal presidida por Monseñor Eugenio
Scarpellini, había decidido desconocer el artículo 169 de la Constitución
acerca de la sucesión constitucional, oponiéndose a que “alguien del MAS, asuma
el gobierno transitorio”. En la misma línea secundaria intervino Samuel Doria
Medina, el que refirió el Plan B a las representantes del MAS en las reuniones
de la Católica ( Salvatierra, Rivero, Teresa Morales) que consistía en “Áñez
presidenta.” Dicho sea de paso, Doria Medina escribió en su cuenta twitter hace
siete días “La Razón publica un artículo
(El día en que el banzerismo derrocó a Evo Morales) lleno de
imprecisiones y falsificaciones (no argumenta cuáles serían estas) para
defender su posición política a costa de la honra de las personas (lo escrito
en dicho artículo lleva mi firma, compromete mi criterio y visión, y no
necesariamente la de este diario). Se dice por ejemplo, mintiendo, que traje a un periodista español
al país. Pura retórica “golpista” sin asidero de la realidad”. En el artículo
aludido por Doria Medina no hay alusión alguna contra “la honra de las
personas”, y con respecto del “periodista español” el texto señala: “La armonía
ideológica que se había logrado, contaba incluso con la participación de un
exmirista como Samuel Doria Medina que ayudaría a un pseudoperiodista español
de apellido Entrambasaguas en su ingreso a Bolivia como operador de
persecuciones mediáticas contra dirigentes del MAS…” Si trajo o no Doria Medina a Entrambasaguas resulta un asunto
menor. Lo cierto es que hay fotografías sobre sus encuentros públicos en los
que se advierte que congeniaron de maravilla --armonía ideológica—que entre
otras actividades, dió lugar a una entrevista que el español le hiciera el 25
de enero de 2020 y que el jefe de la extinta Unidad Nacional (UN) anunciaba: “A
las 18:00 estaré en la Utepsa (Universidad Tecnológica Privada de Santa Cruz)
en el seminario político para ser entrevistado, con público, por el periodista
Alejandro Entrambasaguas sobre: Crisis, Transición y nuevo ciclo.” Muy en ese
conocido estilo de mirar para otro lado cuando se lo sindica de ciertas
responsabilidades en la conspiración de octubre-noviembre de 2019 –“a mi me
llamó Héctor Arce para participar de las reuniones de la Católica”—es necesario
recordar que Doria Medina es el propiciador del ingreso de Arturo Murillo a la
actividad política como diputado de Unidad Nacional (elecciones de 2005). Y
para completar su hoja de vida, queda también para el registro que fuentes
confiables aseveran que Samuel ofreció acompañar a Carlos Mesa como candidato a
la vicepresidencia. La respuesta inmediata fue no. Pocos días después, quién lo
visitó en su oficina para ofrecerle acompañar en binomio a Jeanine Áñez fue
nada menos que su criatura política, el mismísimo Arturo Murillo. De ahí en más
ya sabemos lo que sucedió, Samuel sumaría un contraste más en su dilatada
trayectoria de derrotas políticas, cuando las encuestas le informaban que la
candidatura de Jeanine se había desplomado y tocaba emprender la retirada, otro
factor que contribuyó al regreso del MAS al poder con nuevos actores en el
binomio electoral.
Bolivia, como el
resto del mundo, tuvo que someterse a las cuarentenas rígidas como resultado de
la llegada del corona virus que puso en emergencia a un precario sistema de
salud pública. Comenzaron los contagios y se empezaron a producir muertos como resultado
de la pandemia. El gobierno de Áñez concedió un bono de 500bs. que con el
nombre de Universal beneficiaba a ciudadanos y ciudadanas sin fuente laboral y
sin renta estatal alguna, utilizando el mismo argumento que los gobiernos del
MAS, para hacer del rentismo una fuente de alivio a las carencias económicas de
muchas familias en el país. Paralelamente, grupos de fiscales actuaban
arrinconando a ex trabajadores del Estado a los que se acusaba de hechos de
corrupción o a los que se les armaba casos con el propósito de extorsionarlos.
Si en el gobierno de Evo hubo persecuciones políticas, en el de Áñez se pasó de
una persecución selectiva y muy puntual, a la caza indiscriminada de masistas y
no masistas, reducidos a las categorías de hordas, sediciosos, narcotraficantes
y delincuentes, todo esto en medio de una caótica y opaca gestión institucional
con compras de respiradores con sobreprecios que nunca funcionaron y barbijos
con costos multiplicados en ocho a diez veces más que lo señalado por sus
precios reales.
VIGILIAS
La persecución
practicada por el Ministerio de Gobierno y un aparato de fiscales, se había
extendido a la sociedad civil. Ciudadanos y ciudadanas de La Paz, Cochabamba y Santa
Cruz, decidieron organizarse para instalar sus pititas en vigilias retribuidas
con comida chatarra, con cercanía a viviendas de quienes pudieran haber pensado
en ponerse a buen recaudo. Tal cosa sucedió con el apartamento del ex ministro
de Gobierno Carlos Romero en Sopocachi y con la residencia de la Embajada de
México en La Paz en La Rinconada, Zona Sur, donde se encontraban refugiados ex
personeros de alto nivel del depuesto gobierno de Evo Morales. Algo parecido,
pero con altos niveles de violencia se suscitó en Vinto, Cochabamba, cuando la
Resistencia Juvenil Cochala decidió agredir y humillar públicamente a su
alcaldesa Patricia Arce, así como la
Unión Juvenil Cruceñista desencadenó persecuciones desenfrenadas y capturas de
militantes del MAS y a quienes aparentaban serlo en Montero y en Yapacaní. En
todos estos casos, la Policía que se había amotinado contra el gobierno de Evo
Morales, fue permisiva en unos casos y cómplice en otros para instaurar un
sistema de interrogatorios en los que además de obligar a los detenidos a
incriminar a quienes habrían sido sus jefes, se agredía físicamente y en los
casos de varias mujeres, incluso sexualmente, tal como el mismo informe del
GIEI lo subraya.
Hay un caso
reciente que termina siendo paradigmático en materia de persecución y violencia
política. Es el protagonizado por Roger
Revuelta de la Resistencia Juvenil Cochala que ha sido condenado a doce años y
seis meses de cárcel por tentativa de homicidio contra el periodista Adair
Pinto, que recibió tres puñaladas por haber denunciado actos de corrupción
cometidos por el gobierno de Áñez. Si hay una historia de conducta paraestatal
es esta. Podrían preocuparse por conocerla a fondo (“Periodista se salvó de la
muerte a manos de un miembro de la Resistencia Juvenil Cochala”, La Razón, 28
de agosto de 2021), quienes intentaron utilizar el término para criminalizar a
medios de comunicación supuestamente afines al MAS, esos que de tanto fustigar
de paraestatales a medios de supuesta identificación con el partido azul,
terminaron convirtiéndose en verdaderos agentes –paraestatales—de persecución
política y mediática.
Hay documentos
con estatus multilateral y de organizaciones académicas estadounidenses y
europeas que han permitido en las últimas semanas, establecer conclusiones
objetivas y concluyentes: La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho
oficialmente que el derecho a la reelección no puede ser conceptuado como
derecho humano, por lo que la candidatura de Evo Morales, basada en ese
argumento, no era procedente. La auditoría practicada por la Organización de
Estados Americanos (OEA), ampliamente cuestionada por el MAS y contrastada con
otros estudios, sirvió para que las elecciones de octubre de 2019 fueran anuladas, pero no para
demostrar categóricamente los alcances precisos del supuesto fraude electoral.
El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)
manejó dos coordenadas fundamentales: La primera, coyuntural, dice que en el
gobierno de Jeanine Áñéz se perpetraron masacres y se violaron sistemáticamente
los derechos humanos. La segunda, estructural, apunta a que el sistema judicial
boliviano está penetrado por la corrupción, la lentitud y la cooptación
política, y recomienda una gigantesca tarea de reformas que debiera implicar la
incorporación de nuevos actores. El llamado telefónico de un ministro a un
fiscal o a un juez para apretar a un adversario que interfiere en sus planes
debiera ser una rarísima excepción y no la regla.
En caso de que a
Jeanine Áñez le sea otorgada una detención domiciliaria y en el mejor de los
casos libertad irrestricta para defenderse, la ex presidenta deberá estar
conciente de una posible condena que la obligaría a quedar privada de libertad
ya no unos meses de manera preventiva, sino varios años, por algunos o todos
los delitos por los que ha sido imputada. Acerca del falso debate sobre si lo
que se produjo en noviembre de 2019 fue fraude electoral o golpe de Estado,
debe quedar claro que un fraude queda plenamente demostrado, como es el caso
del que se produjera en 1978 con la
candidatura del Gral. Juan Pereda Asbún por la Unión Nacionalista del Pueblo
(UNP), cuando aparececieron 50 mil votos que superaban el número de inscritos
para votar. Sobre si hubo o no Golpe de Estado, el hecho objetivo es que se
violó la línea sucesoria estipulada por la Constitución y a ello se suman
elementos sobre la inobservancia del procedimiento camaral para convertir en
presidenta a Áñez, sin el establecimiento de una sesión formal del Senado y sin
la elección de una nueva directiva, requisito previo a la designación
presidencial tal como sucediera en las transiciones de Tuto Quiroga (2001),
Carlos Mesa (2003) y Eduardo Rodríguez Veltzé (2005), quienes juraron al cargo
conforme a ley, en el hemiciclo parlamentario.
La fotografía de
la coyuntura no podía ser más patética: Los mismos que respaldaron el
derrocamiento de Evo Morales en noviembre de 2019, salen a protestar en defensa
de los derechos de Áñez, quién en su gobierno vulneró derechos a diestra y
siniestra: Curas católicos, políticos golpistas, candidatos perdedores, y
activistas de derechos humanos VIP. Mientras tanto, la Organización de Estados
Americanos (OEA) dirigida por Luis Almagro no se inmuta ante los reclamos
bolivianos por la injerencia y las distorsiones generadas en un país enrarecido
por una crisis de Estado que debe superarse, en primer de los lugares, con el
respeto innegociable de la voluntad ciudadana expresada libremente en las
urnas, sin pataleos de última hora tocando puertas de cuarteles para fabricar una
nueva aventura civil militar, tal como sucedió luego del triunfo de Luis Arce y
David Choquehuanca en octubre de 2020, a cargo de los grupos más reaccionarios
y fascistoides, a los que tragedias como las de Sacaba y Senkata no les
provocan ni el más mínimo de los remordimientos.
Originalmente publicado en el diario La Razón el domingo 5 de septiembre como parte de la serie Memoria y Archivo
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