Por lo menos dos pares de manos
negras decidieron en 2015 manchar la pelota en Bolivia, 14 años después de que
Diego Armando Maradona advirtiera en su mensaje de despedida de las canchas
(noviembre, 2001) que en el fútbol todo podía permitirse, menos ensuciar el
esférico que le da vida y sentido y que desata pasiones diarias en todo el
planeta. Nunca sabremos con precisión de quiénes recibió instrucciones el
entonces Fiscal General, Ramiro Guerrero, que encargó a su Fiscal Superior,
Iván Montellano, supervisar las acusaciones contra Carlos Chávez (+), Alberto
Lozada, Jorge Justiniano, Pablo Salomón, y Armando Canedo por legitimación de
ganancias ilícitas, organización criminal, estafa agravada, uso indebido de
influencias y beneficios en razón del cargo.
No hubo debido proceso en contra
de estos dirigentes del fútbol boliviano que para comenzar fueron víctimas de
una incorrecta aplicación de la ley, en tanto el uso indebido de influencias y
los beneficios en razón del cargo, son delitos exclusivamente inherentes a la
función pública y bajo ningún punto de vista, a personas dependientes de entes
privados como la Federación Boliviana de Fútbol (FBF). Tampoco era aplicable la
figura de la organización criminal, ya que los estatutos del ente matriz del
fútbol boliviano fueron aprobados en su instancia superior que es el Congreso,
por lo que hasta parece que se tratara de una broma de mal gusto: Robarse a si
mismos.
El desenlace de esta seguidilla
de atropellos contra estos ciudadanos fue, en primer lugar, el fallecimiento
del que fuera presidente de la FBF, Carlos Chávez, aquejado por un cáncer de
vejiga. Fue tan sañuda la manera en que fue acorralado que cuando se encontraba
en una clínica en Brasil recibiendo tratamiento que en nuestro país no se lo
podían ofrecer, uno de los fiscales intentó regresarlo al país porque se había
fijado fecha para una audiencia en la que debía declarar. El 2 de agosto de
2018, Chávez murió en Sao Paulo. Tres años después, los acusados ya nombrados
fueron absueltos de manera unánime por el Tribunal de Sentencia en lo Penal de
Sucre. Para decirlo fácil y pronto, fueron
declarados inocentes.
Armando Canedo era el contador de
la FBF. Se encargaba de pagos y cobros de la institución. Jorge Justiniano,
representante del fútbol pandino, fue presidente de las asociaciones
departamentales, y Pablo Salomón representaba a la Asociación Cruceña de Fútbol
(ACF). Los tres sufrieron detenciones domiciliarias, mientras que Alberto
Lozada, gerente de la Federación, estuvo recluído en Palmasola durante 36 meses
con detención preventiva, penal en el que fue víctima de una golpiza que pudo
haber acabado con su existencia.
Lozada tuvo que soportar, además,
acusaciones sin sustento contra sus hijos y su esposa. Según el Ministerio
Público, se habían llevado el dinero de la Federación hacia cuentas bancarias
fuera del país, cuando era bien sabido por la dirigencia de la época que por
sus relaciones empresariales, cuando las papas quemaban y no habían recursos,
con su firma como garantía, accedía a préstamos para paliar las dificultades de
los clubes necesitados de liquidez para cumplir con las planillas mensuales de
sus jugadores.
Los indicios no eran indicios. El
debido proceso fue pisoteado sistemáticamente al extremo de allanamientos
policiales para secuestrar computadoras en la sede de la Avenida Libertador
Bolívar de Cochabamba con la peregrina idea de que en ellas se encontarían
datos sobre el supuesto robo a manos llenas de estos dirigentes que tuvieron
que ingeniárselas para sobrevivir durante estos seis años, soportando ese
inmisericorde acoso como otra prueba más de que la justicia en Bolivia tarda
demasiado en llegar.
Los dirigentes opositores a las gestiones de
Chávez al frente del ente federativo, advirtieron en él, un abierto
prorroguismo que los sacó de las casillas. En efecto, el dirigente cruceño
proveniente de las filas del club Oriente Petrolero consiguió un tercer mandato
consecutivo en un accidentado congreso realizado en la ciudad de Trinidad con
escenografía de contubernio entre sus enemigos y la mismísima Policía que
gasificó la sede del encuentro a fin de impedir la realización del acto
reeleccionario, dando lugar a uno de los episodios más burdos de los que tenga
memoria el fútbol boliviano. A Chávez se le había aconsejado en determinado
momento que renunciara al cargo. Tal cosa no sucedió y ya se sabe que la
búsqueda de forzadas prorrogas en el poder conlleva el riesgo de consecuencias
funestas.
Este muy ilustrativo ejemplo
sirve para confirmar que ninguna reforma
judicial podrá funcionar si no se mira con profundidad quienes deben asumir los
mandos del Ministerio Público y del Órgano Judicial. Las transformaciones
estructurales pasan por mujeres, hombres y nombres. Cualquier otro camino es
seguir ladrando a la luna.
Originalmente publicado en la columna Contragolpe de La Razón el sábado 23 de octubre
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