La próxima vez será guerra civil

 

La pesadilla de un gobierno de transición inconstitucional y represivo se acabó en Bolivia el 8 de noviembre de 2020 cuando Luis Arce y David Choquehuanca comenzaron a reconducir el estado de derecho, producto de su apabullante triunfo con un 55 por ciento de los votos que les permitió acceder a la presidencia y a la vicepresidencia del Estado Plurinacional en primera vuelta, con una aplastante diferencia de 27 por ciento sobre la segunda fórmula más votada, la de Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana (CC).

El Movimiento al Socialismo (MAS) gobierna Bolivia hace catorce meses con un presidente de perfil discreto y resolutivo combatiendo el Covid-19 con una alta cobertura de vacunación que ya llega a los niños de cinco años y generando las condiciones para la recuperación de la economía que se  tiene previsto llegue este 2022 a un crecimiento aproximado de 5 por ciento.

Los números de la economía sudamericana dicen que Bolivia es el país con más baja tasa de inflación del continente durante 2021, con 0.90 por ciento y si esta cifra se la compara con el 224 por ciento alcanzado por Venezuela y el 45 por ciento en Argentina, significa que la apreciación de la moneda boliviana manteniendo precio fijo por dólar estadounidense hace ya más de una década, es signo de que en el país las variables de la economía se encuentran bajo control y permiten pensar que no hay motivos para una crisis intempestiva a pesar de cuánto ha jugado la pandemia en contra de los agentes económicos formales e informales.

Mientras tanto, en el ámbito político, a dos semanas de recordarse la creación del Estado Plurinacional ( 22 de enero de 2009) producto de un referéndum con el que se modificó la Constitución Política del Estado (60 por ciento de aprobación), los sectores opositores al gobierno siguen más pendientes de lo que le sucede internamente al partido de gobierno, que lo que puedan proponerle al país alternativamente. En este contexto, Bolivia se encuentra en la temporada de especulaciones sobre cambios de ministros con críticas genéricas de Evo Morales a dignatarios nombrados por el presidente Arce “que no defienden al presidente, están preocupados por cuidar su imagen personal y se autodefinen como técnicos y no políticos”.

El pasado mes de noviembre, el gobierno abrogó la ley 1386 contra la legitimación de ganacias ilícitas, luego de un paro de nueve días promovido por el Comité Cívico Pro Santa Cruz, presidido por Rómulo Calvo, alfil del gobernador Luis Fernando Camacho, protagonista principal del derrocamiento de Evo Morales en noviembre de 2019. El paro, muy similar en características al de los veintiún días que desembocaron en el golpe de 2019,  se produjo casi exclusivamente en el oriente del país, más precisamente en la ciudad capital Santa Cruz de la Sierra y estaba basado en el argumento de que se trataba de un cuerpo legal con características de persecución y control político contra los ciudadanos que al gobierno le interesaría neutralizar según necesidades de coyuntura.

A partir de ese momento, con el retroceso gubernamental en la puesta en práctica de esta ley, el presidente Arce que en sus discursos del 6 de agosto (aniversario de la fundación del país) y 8 de noviembre (aniversario del primer año de gobierno) había fustigado sin concesiones a los autores del golpe de Estado, decidió bajar los decibeles de sus ataques y prueba de ello son reuniones que él mismo se encargó de convocar a gobernadores y alcaldes para concertar alcances de competencias sobre la ley del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 2021 – 2025. Ese acercamiento, en el que muchos gobernantes subnacionales opositores participaron, sirvió para distender los ánimos que ahora se encuentran sujetos a la nueva ola de contagios por Covid-19 que ha dado lugar a una alarma colectiva que ha desatado concurrencias masivas a los puntos de vacunación como no había ocurrido durante 2021.

La realidad boliviana, sin embargo, es siempre más compleja que sus coyunturas que en términos de políticas económicas se han manejado con racionalidad y coherencia durante los catorce años que le tocó gobernar a Evo Morales, y que ahora continúa como presidente su ex ministro de Economía que sobre políticas públicas ha adquirido una gran experiencia.  Esa complejidad pasa por el malestar que genera la nueva oleada progresista que se está produciendo en el continente con las llegadas de  Pedro Castillo a la presidencia del Perú, Xiomara Castro  a la de Honduras y  Gabriel  Boric a la de Chile . Si a ellas se suma a los gobiernos de Bolivia, Argentina, México, Cuba, Venezuela, Nicaragua y el probable triunfo de Lula en Brasil, nuevamente los espectros del fundamentalismo evangélico y fascista del continente emprenderán campañas de desestabilización apelando a su conocimiento y experiencia en materia de instalación de noticias falsas en las redes sociales para trabajar, como muy bien saben hacerlo, en el sistema de creencias de las clases medias “apolíticas”.

Como bien se sabe, la capacidad de injerencia para desatar la caída de Evo en Bolivia pasó por una acción concertada en la que intervinieron la OEA de Luis Almagro, la Unión Europea, las Embajadas de los Estados Unidos y Brasil, y la Iglesia Católica. De esa realidad, las organizaciones sociales afines al gobierno boliviano, como nunca empoderadas en su larga historia de despojos de recursos naturales, golpes de Estado y masacres, están plenemante concientes y por ello presionan para que se enjuicie y condene a Jeanine Áñez cuanto antes, y a quienes fueron parte de la defenestración, políticos ex candidatos a la presidencia, militares y policías. Áñez está recluida con detención preventiva desde marzo del pasado año, su ministro de Gobierno, Arturo Murillo, encarcelado en Miami por compra ventas irregulares de material disuasivo represivo, mientras Luis Fernando Camacho quedó legitimado por su elección como gobernador de Santa Cruz, y Oscar Ortíz que ya no habla más de política fue nombrado Rector de la Universidad Católica en el departamento cruceño: Su filiación en el Opus Dei parece haberlo convertido en un intocable al que solamente se convocó a declarar una sola vez ante el ministerio público por el golpe de 2019 y a partir de ese momento un manto de impunidad lo protege.

Hay otros actores importantes como Carlos Mesa, el dos veces derrotado candidato opositor, inicial instigador de la toma de sedes departamentales electorales que desataron el golpe, o Samuel Doria Medina, empresario ahora dedicado a terminar una rascacielos de cuarenta pisos en la zona residencial de La Paz. El primero usa el twitter para referirse a temas de agenda y el segundo, lo mismo que Ortíz, prácticamente ha dejado de hablar de política en escenarios públicos, luego de haber sido el candidato a la vicepresidencia de Jeanine Áñez que finalmente renunció a su postulación, debido a su desastrosa gestión como presidenta de transición.

La derecha boliviana, las clases medias que repudian la emergencia de las clases subalternas, que desprecian el proyecto nacional popular de las organizaciones de trabajadores indígenas, campesinos y obreros, se quedaron sin coartada, esa que se usó para sacar a Evo del poder: “Quiere eternizarse en la presidencia, quiere reelegirse cuantas veces le venga en gana.” Al haberse extinguido la causa del golpe de 2019 hoy ya no hay pretextos, en tanto el MAS ha regresado al poder y que fundamentalmente desde el Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos (IPSP) ha aprendido que hay que tomar previsiones ante el surgimiento de cualquier nuevo aventurerismo y que por lo tanto daría lugar ya no a un embate unilateral reaccionario sino, a una respuesta contundente que abriría el escenario para una guerra civil en el que un baño de sangre marcaría de manera brutal y descarnada la existencia de esas dos bolivias, la auténtica originaria y combatiente por su autodeterminación, frente a la conservadora, que sigue actuando como si los indios autoidentificados en 36 pueblos y naciones, fueran nada más sus pongos, sus mulas de carga, que están nada más para servirles y obedecerles por los siglos de los siglos. Esa realidad ha cambiado radicalmente en el país, pero los sectores acomodados, cargados de racismo y menosprecio, no están dispuestos a enterarse.

Originalmente publicado en Noticias de América Latina y el Caribe (NODAL) el 08 de enero.

Miedo

 

Se equivoca el opinador Valverde Bravo cuando dice “ya nos conocen, por eso nos tienen miedo”y a continuación destaca los atributos del llamado modelo cruceño frente al histórico andinocentrismo del que el departamento más extenso de Bolivia ha sido víctima durante la historia republicana. Se equivoca porque el miedo no es a esa visión predominantemente regional que podría catapultar a Santa Cruz hacia la cosmopolitanización de su cultura, su identidad, y para el gusto de los empresarios agroexportadores y ganaderos a su empuje emprendedor.

Si ese modelo cruceño estuviera transversalizado por una vocación redistributiva del excedente que puede generar con su variedad productiva seguramente estaríamos hablando de un desarrollo distinto, más equitativo y pensado a partir de un juego de palabras que podría servir como gran desafío: Hay que bolivianizar Santa Cruz y hay que cruceñizar Bolivia, esto es, desprejuiciar al conservadurismo cruceño sobre la Bolivia “colla” y hacerle comprender a la Bolivia occidental “anticamba”, que los cruceños son tan cruceños y tan bolivianos como cualquier potosino o paceño.

El opinador se equivoca porque no es el temor a una manera de pensar acerca del lugar en el mundo que debe ocupar la cruceñidad o a sus capacidades competitivas el que podría generar algún miedo. Lo que provoca de Santa Cruz hasta escalofríos, es que se trata del departamento sede del fascismo, allá donde el Coronel/General Hugo Banzer Suárez supo construir desde su septenio dictatorial (1971 – 1978) un modelo político que sigue influyendo en el acontecer nacional de manera decisiva tal como sucedió con el derrocamiento de Evo Morales, protagonizado por un puñado de banzeristas que en distintos grados e intensidades mantuvo ligazones con el militar concepcioneño: Tuto su vicepresidente; Ortíz su subsecretario; Costas su compañero en la fraternidad Los Tauras y Camacho, hijo de un empresario falangista que participó en el golpe de 1971. 

No es miedo al modelo cruceño visto desde la economía y la competitivdad productiva entonces, es miedo a quienes reducen a categoría de bestias humanas a los indios de las alturas cordilleranas. Es miedo a los que bajan en plan patotero la bandera indígena constitucionalizada luego de ser izada en un aniversario cívico. Es miedo a las “ordas” paramilitares de la Unión Juvenil Cruceñista fundada por el padre del opinador, Carlos Valverde Barbery en 1957, militante de la Falange Socialista Boliviana (FSB) y ex ministro de Salud de la dictadura de Banzer que alguna vez declarara ser camba y no sentirse boliviano. Es miedo a esos facinerosos protegidos por militares y policías que corretearon masistas para hacerlos apresar ilegalmente en Montero los días del golpe de Estado de 2019, por el sólo hecho de militar en el partido instrumento de las organizaciones sociales que han luchado por la autodeterminación y la soberanía a lo largo de la historia.

Ese miedo pasa por las masacres que se han producido desde 1921 en Bolivia. A los contubernios cívico militares en los que en 2019 se añadieron motines policiales. Cuando Valverde define a los movimientos sociales como “militantes para gubernamentales” pone en evidencia su representatividad como escribidor de la Bolivia reaccionaria. Como si la Federación de Mineros, la COB, la CSUTCB, las Bartolinas y todos los gremios de obreros y campesinos de Bolivia estuvieran conformados por unos autómatas sin pensamiento y sin conciencia de clase, sin historia y sin participación en las luchas de un país caracterizado por las masacres, los desmembramientos territoriales y los saqueos a nuestros recursos naturales.  Esa es la Bolivia que desprecian por casi ignorancia total los camachistas orgullosos de un modelo con trampa: En lo que siempre les convino, el “modelo cruceño” se ha servido de papá Estado con sus operadores en el poder.

El banzerismo fue tan poderoso que fagocitó al MNR. Con gran lucidez Banzer supo manejar su relación con Paz Estenssoro que primero tuvo a un vicepresidente militar que le dio una patada en el culo (Barrientos, 1964), luego apoyó al Coronel junto a la Falange en el golpe del 71 para recibir otra patada en el culo en 1974 y terminó su carrera respaldado por ese Coronel que ya era General con el Pacto por la Democracia en 1985.

Para superar ese facismo anticomunista en tiempos en que se acabó el comunismo, es decir, para superar el miedo a los golpes de Estado, al autoritarismo y a las violaciones de los derechos humanos, los bolivianos de Santa Cruz y de cualquier otro departamento del país, debemos dejar los prejuicios en la puerta de ingreso y empezar a conversar para contarnos quienes somos. Como hicieron los empresarios de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) que se abrazaron en junio de 2021 con los Ponchos Rojos en Achacachi. Era una escena inconcebible para los racistas y facistoides de siempre:  Cambas emponchados y con lluchus y aymaras con sombreros de saó.

Originalmente publicado en la columna Contragolpe del diario La Razón de La Paz el 15 de enero.

 

Democracia interrumpida

 

Como un cortocircuito que daña la provisión de energía eléctrica a una casa o a un barrio, así fue el gobierno transitorio de Jeanine Áñez con las consecuencias que ya todos conocemos: En lugar de administrar gubernamentalmente el paso hacia una nueva elección de manera expedita, decidió posponer la realización de nuevos comicios lo más que se pudiera hasta que esa dilación se convirtió en la mejor arma de rearticulación del Movimiento al Socialismo (MAS) que con el bloqueo de carreteras de agosto (2020) y una campaña muy presencial de su binomio Arce-Choquehuanca, a pesar de la pandemia, tuvo al partido-instrumento liderizado por Evo Morales de regreso al Ejecutivo, más pronto que tarde a través de la voluntad popular expresada en las urnas.

Terminamos 2021 y comenzamos 2022 en el proceso de superación del trauma colectivo que generó ese gobierno del virus, en el que una enfermedad de escala planetaria y altamente contagiosa se ha convertido en metáfora expresiva del último brutal autoritarismo soportado por nuestra Bolivia históricamente caracterizada por la expoliación de sus recursos naturales, la explotación de sus mayorías proletarias y campesinas, la violencia política en todas sus expresiones, desde la psicológica hasta la masacre como método de acallamiento a los de abajo, aquellos que hasta hoy siguen empeñados en creer posible un país con identidades varias y autodeterminación a pesar de tantos terratenientes, empresarios, militares, policías, embajadores con instrucciones injerencistas y curas católicos que a lo largo de la República-Estado Plurinacional supieron ponerse de acuerdo para proscribir las voces mayoritarias y silenciarlas hasta la eliminación física cuando fuera necesario como  ha sucedido con por lo menos una docena de masacres perpetradas en Bolivia entre 1921 y 2019.

Transitando ya la tercera década del siglo XXI me ha quedado grabada la desoladora constatación de que la nueva configuración de las clases medias citadinas, los nuevos estímulos multisensoriales con los que funciona a diario, el surgimiento de una extrema derecha provista de anzuelos religiosos para atrapar a sus desprevenidos seguidores del mundo popular, han dado lugar a una terminante insensibilización con respecto de los derechos humanos y de las muertes de ciudadanos como producto represivo político de vigilancia y control social para que los revoltosos no osen pensar nuevamente en catapultar a algún representante suyo hacia las instancias del poder político.

En ese contexto, el ejercicio periodístico al que decidí apostar desde diciembre de 2019 ha desembocado en la publicación de “Democracia interrumpida, crisis de Estado y gobierno de facto en Bolivia”. Se trata de un libro en el que se registra una historiación de la violencia política y de las masacres a lo largo de nuestra historia, así como de las noticias, las lectoescrituras de los acontecimientos y los reportajes sobre hechos y personajes que caracterizaron el derrocamiento del gobierno de Evo Morales y al gobierno transitorio que encapsuló al país en una suerte de compendio de las peores expresiones que en su momento definieron el perfil represivo de la Revolución de 1952,  las dictaduras militares de los 70-80, el perfeccionamiento de un aparato extorsivo a través del ministerio público e instancias judiciales, y el montaje de un aparato diseñado para armar negocios de distintos calibres que dieron lugar a una corrupción galopante. Investigando, escribiendo, comparando datos, constatando versiones de difícil verificación he logrado espantar a los espectros de la muerte y a sus secuaces y a los ladrones de cuello blanco que ahora gritan cínicamente ¡persecución política!.

No tengo otra cosa que palabras de agradecimiento para Pedro Brieger, periodista y sociólogo argentino, director de Noticias de América Latina y el Caribe (NODAL), y Claudia Benavente, directora de La Razón, por haber creído en mi trabajo y haberlo sostenido durante estos últimos dos años con gran convicción. Debo mencionar, además, a Miguel Gómez, jefe de redacción de La Razón y a Alvaro Cuellar, editor del CIS, por haber leído y editado todos los textos con rigurosidad profesional.

 “Democracia interrumpida” consta de cinco partes que será publicado por el Centro de Investigaciones Sociales (CIS) de la Vicepresidencia del Estado, y es producto, en primer lugar, de la elaboración y edición de productos periodísticos que ha tenido lugar en estos medios de comunicación digitales e impresos en los que he podido expresarme a mis anchas, impugnando desde la recolección de los datos y las lecturas de las conductas públicas de sus protagonistas, lo que fue un gobierno del que sus personeros ahora reclaman debido proceso y respeto a sus derechos, esos que ellos violaron sistemáticamente enceguecidos por una criminalización que terminó convirtiéndose en su tumba política.

Originalmente publicado en la columna Contragolpe del diario La Razón de La Paz el 01 de enero.

El presidente discreto

 

No sabemos si Juan Basilio Catacora, revolucionario ahorcado de la Junta Tuitiva de la revolución de Julio de 1809 en La Paz es antepasado de Luis Arce, pero de lo que ya no  hay dudas es de su filiación ideológica que pasa por el Partido Socialista 1 fundado por Marcelo Quiroga Santa Cruz y su compromiso como mentor y ministro de Economía de Evo Morales con el proceso político institucional que ha dado lugar al salto cualitativo de Bolivia a su condición de Estado Plurinacional.

Cuando era ministro de Economía y Finanzas Públicas, Arce Catacora, luego de sus extenuantes jornadas de trabajo, llegaba a casa y se quedaba en el escritorio para leer las últimas publicaciones especializadas en su materia, esa en la que estuvo empeñado en generar políticas públicas basadas en el potenciamiento del mercado interno, la equidad y la redistribución de los recursos,  y las condiciones para que Bolivia fuera país sudamericano número uno en crecimiento durante por lo menos cuatro años consecutivos.

En un debate que tuve el privilegio de moderar (Televisión Boliviana) en pleno desarrollo de la Asamblea Constituyente, “Luchito” le dio una lección a Samuel Doria Medina. Lo hizo con la tranquilidad de siempre, sin alterarse y exponiendo datos y argumentos. Ese Arce ministro jugaba basquetbol los fines de semana en una cancha cualquiera de Achumani (Zona Sur, La Paz) con los chicos del barrio, bailaba caporales y morenada con gran solvencia, y era capaz de convertirse en alma de la fiesta, además, por su agudo sentido del humor, y también se  daba tiempo alguna vez para jugar paleta en algún frontón de Miraflores.

Un cáncer de riñón lo alejó del ministerio en 2017 y con tratamiento oportuno y disciplina pudo superarlo hasta llegar a la candidatura presidencial de 2020 en la que con un equipo de atentos asesores azotó a los prepotentes y sabelotodos estrategas de campaña de las tiendas opositoras, esos que se pavoneaban con sofisticados conocimientos de marketing político y fueron derrotados por una campaña sustentada en algo así como una sociología de la cotidianidad, allá donde vale más compartir una charangueada y un vaso de chicha que discursear desde Zoom.

El Presidente Arce no quiere estar hasta en la sopa de los ciudadanos. No le interesa que transmitan en vivo todos sus actos y sus eventuales encuentros deportivos. Es decir, prefiere dejar respirar a los bolivianos su día a día sin cargosear y sin incurrir en saturantes apariciones mediáticas. Eso sí, tiene spots televisivos y gigantografías en calles y plazas poniendolé la firma a su gestión. Que le quede claro a la corporación gagá de opinadores de diarios conservadores: Es él quién gobierna, aunque Evo llame muchas veces al día o se tome la licencia de contactar directamente con algunos ministros.

Y como para que quede clara la consolidación de los niveles de aceptación y popularidad presidencial, una última encuesta ha producido los siguientes resultados de imagen positiva y muy positiva: Luis Arce 40%. David Choquehuanca 29%. Andrónico Rodríguez 27%. Luis Fernando Camacho 26%. Manfred Reyes Villa 24%. Evo Morales 23%. Carlos Mesa 23%. Seguramente los agoreros de la inminente implosión masista quedarán contrariados con semejantes datos, sencillos de comprender en tanto Arce Catacora  tiene un capital de credibilidad acumulado en quince años como mandamás de la economía nacional y da señales de eficiencia y compromiso en materia de cobertura en la vacunación contra el corona virus.

En los discursos del 6 de agosto y del 8 de noviembre (aniversario patrio y primer año de su gestión) sus adversarios de Comunidad Ciudadana y Creemos, chillaban, insultaban, se desgañitaban, mientras Arce Catacora avanzaba imperturbable en la exposición de sus argumentos. Nada lo distraía, ni los peores modales de senadores y diputados opositores, y no le tembló la voz cuando tuvo que decir las cosas por su nombre: golpe de Estado y golpistas, para que les quede grabada en la memoria la forma en que derrocaron a Evo Morales dos años atrás.

Arce Catacora, uno de los pocos ex ministros de Evo que obtuvo el salvoconducto de la Cancillería encabezada por la arbitraria Karen Longaric, se vió obligado a transitar por una ruta del infierno para llegar al aeropuerto y poder partir hacia México, país que le concedió el asilo político. Fue la embajadora María Teresa Mercado quién lo acompañó hasta la puerta del avión, luego de agresiones verbales y conatos de captura de parte de policías que recibían instrucciones del ministro de la muerte, Arturo Murillo. Arce jamás hizo de su riesgosa situación una bandera personal para promocionarse. Se trata de un hombre que ha hecho de la discreción un estilo. Prudente y de perfil bajo, sabe cuándo debe hablar, pero sobre todo tiene muy claro cuándo y dónde no debe estar. Es por ahí que podría explicarse la popularidad que por lo hoy lo sitúa en el podio del escenario político boliviano.

Originalmente publicado en la columna Contragolpe de La Razón el sábado 18 de diciembre

Los fantasmas de Santa Cruz

 

La vegetación húmeda y frondosa –“el monte” que le llaman los cambas que viven en el campo—nos remite invariablemente a los cuentos y a las novelas del gran Gabriel García Márquez, aquél que hizo del clima y del calentamiento global, epicentro de sus fantásticas historias sobre patriarcas, coroneles, terratenientes, putas tristes y abuelas desalmadas. Hay que haber vivido en la profunda Chiquitania o en el Norte Integrado para empaparse de esa Bolivia con 37 a 40 grados de temperatura, y saber de que van estos otros bolivianos a quienes se mira de desde las alturas cordilleranas, tantas veces con el desdén y menosprecio de ese andinocentrismo demodé.

Hace como una década se hablaba en el Beni de carreteras fantasmas, esto es, de proyectos de infraestructura vial por los que un puñado de pícaros cobraban puntualmente sin entregar jamás medio kilómetro de obra, pero ahora resulta que lo fantasmal cobra vida –y fortuna mal habida—en la oficina de recursos humanos del municipio de Santa Cruz de la Sierra en la que un señor al que le dicen Tony y apellida Parada, en su calidad de mandamás, habría fabricado ochocientas pegas para ciudadanos y ciudadanas que no existen, pero que cobraban salarios puntualmente cada fin de mes durante la gestión de Percy Fernández – Angélica Sosa.

No hay peor negligencia que la de no cerrar como se debe una historia matrimonial y por ello, el señor Parada debe estar lamentandosé haber terminado de mala manera con Valeria Rodríguez, quién en una mezcla de despecho y sed de justicia habría encontrado profusa documentación en algún lugar secrerto de su casa, a lo “Breaking bad”, en la que su ex guardó papeles que lo señalarían como autor de una maquinaria de cobrar dinero a nombre de ochocientas personas inexistentes, durante por lo menos cuatro a cinco años.

Hay que suponer que esta no es la Santa Cruz y la Bolivia federal que quiere Luis Fernando Camacho, aunque tampoco debería ser esa que convierte a un comité cívico en un ente supraestatal que organiza el tráfico vehicular y el de personas cada vez que se decide un paro al estilo golpista de noviembre de 2019.  Y tampoco será la Santa Cruz y la Bolivia federal ideales, la que le franquea las posibildades a un médico de apellido Amelunge de reabrir una clínica de nombre Santa María, utilizando la figura de su padre muerto, otro verdadero escándalo del macondiano departamento más grande del país.

Santa Cruz es una tierra de oportunidades y hospitalidades, realidad indiscutible, aunque sobre todo  la hospitalidad que pasa por el costumbrismo sea más generosa con el blancoide de “buena familia”. Pero es también el lugar en el que el pragmatismo ha roto la barrera del pudor para incursionar en ciertas actividades y eso también se lo debemos al banzerismo, desde el que la actividad del narcotráfico no sólo generó nuevas fortunas, sino también, nuevos arquetipos del heroísmo popular traducidos en hospitales, plazas y escuelas para olvidadas poblaciones rurales a las que el Estado boliviano jamás tuvo la intención de llegar.

Hay una palabra que se usa en Santa Cruz y no en otros lugares del país: Meleador. Define a la persona que a través de las malas artes, la corrupción o el simple robo consigue bienestar material en desmedro de personas e instituciones de las que se aprovecha circunstancialmente para obtener un beneficio a costa de la desgracia ajena, en el caso de Tony Parada, del municipio cruceño y en el del Doctor Amulenge, pisoteando la tumba de su padre Que Dios lo Tenga en su Gloria, ya que hay una efervescencia por la Biblia y la palabra de Dios en la tierra de Rómulo que casi seguro volvería a matar a Remo si este osara resucitar para disputarle las coordenadas y los límites de la ciudad de los anillos.

Como para que la historia quede felizmente completada, el Fiscal de Distrito de Santa Cruz, Roger Mariaca, ha designado a Mauricio Toro Flores, Fiscal anticorrupción para que investigue la trama, con el antecedente de haber rechazado en principio la denuncia  de la señora Rodríguez. ¿Quién es este Fiscal? Nada menos que un ex funcionario municipal cuando ejercía funciones la señorona del pueblo, Ángelica Sosa, a la que el legendario Percy le profesaba una fe ciega.  Debe ser una broma dirán muchos horrorizados y la respuesta es no, porque así se manejan justicias e injusticias en la tierra de Melchor Pinto Parada.

Las propiedades conmutativa, asociativa y distributiva de las matemáticas nos enseñan que las formas en que se sumen y multipliquen los números pueden ser variadas, pero que los resultados conducirán necesariamente al mismo lugar. Sirva este paralelismo para comprender la corrupción como sistema, aquél que puede verse liberado de equilibrios y contrapesos en caso de que un modelo estatal federal elimine del espectro al último gran vigilante, el eslabón todavía en condiciones de combatir meleadores: El Estado central.

Originalmente publicado en la columna Contragolpe de La Razón el 04 de diciembre.

Izquierdos humanos

 

La abrumadora mayoría de los caídos entre octubre y noviembre de 2019, perecieron baleados por militares y policías. Si Jeanine Áñez hubiera interceptado los ímpetus represivos para cometer las masacres de Sacaba-Huayllani y Senkata, probablemente su cuadro jurídico no sería tan comprometedor y no la tendría situada muy cerca de una sentencia condenatoria que según expertos bordearía una década de privación de libertad. Si el camino no hubiera sido el del ensañamiento persecutor y criminalizador incluso el tema de su irregular e inconstitucional llegada al poder podría ser objeto de cierta condescendencia judicial.

El problema central de la discusión política en Bolivia es que los derechos humanos de muertos, heridos, detenidos, perseguidos y extorsionados por fiscales luego del golpe de Estado, se convirtieron en izquierdos humanos, en tanto los autores de ese bodrio al que sus gestores llaman gobierno de transición, padecen de disonancia cognitiva que consiste en el choque de dos creencias, y por ello los derechos humanos en Bolivia fueron convertidos en izquierdos, es decir en derechos para ciudadanos de segunda, esos que no  tienen familiares con capacidad de pago para un aviso necrológico en algún diario y por lo tanto no son merecedores de un tratamiento prioritario en los estrados judiciales. El ejemplo más ilustrativo es el del jefe de CC, Carlos Mesa: De acuerdo a los valores inculcados por sus padres, insignes intelectuales, el respeto por la vida y las convicciones políticas no pasa por la militancia partidaria, pero como el ex candidato profesa un obsesivo rencor contra el MAS (es feo perder por paliza), entonces opta por el silencio y mirar para otro lado. Conclusión:  Vale más el rencor antievista que las convicciones humanitarias.

La disonancia cognitiva se manifiesta en la premeditada decisión de no referirse a los hechos luctuosos desatados a los pocos días en que Áñez – Murillo – Ortíz capturaron el poder. Ninguno de los actores de ese huachafo cambio de gobierno se refiere al dolor y la tragedia que se produjeron apenas lograron consolidar la sustitución de Evo Morales en la presidencia y esto alcanza a candidatos, abogados y asesores de campaña, dirigentes cívicos, embajadores, mandos militares y policiales, activistas paramilitares y parapoliciales, amigos de la embajada de los Estados Unidos y jerarquía católica.

En este contexto, las movilizaciones producidas en Santa Cruz y en Potosí que derivaron en un paro de características similares al  gestado en  octubre-noviembre de 2019 sirvieron, por añadidura a la búsqueda de la abrogación de la ley 1386, como maniobra distractiva para que el país no se enfocara en recordaciones y homenajes a los muertos y a las víctimas de una persecución judicial que todavía tiene consecuencias en quienes las padecieron. De esta manera vamos pasando de largo este noviembre de 2021 sin espacios y tiempos para evaluar como es debido el desastre gubernamental con el que se combatió el prorroguismo de un candidato-presidente.

 

El dilema fraude/golpe, en consecuencia, pasa a un segundo plano cuando somos testigos de la muerte de esos nadies que ejercían precisamente lo que se llama derecho a la protesta por la manera en que su líder fue defenestrado, ese derecho que ahora se reivindica como incuestionable por las formaciones políticas y cívicas opositoras al gobierno de Arce Catacora. Nadie quería volar la planta de Senkata y en el puente de Huayllani se abrió fuego contra unos manifestantes armados de palos y piedras. Eso es lo terrible e inadmisible de lo hecho por el gobierno de Áñez que creyó ciegamente en sus ministros Arturo Murillo y Fernando López.

La corporación gagá de opinadores principalmente atrincherados en rabiosos diarios y ediciones digtitales antimasistas, gran parte los responsables del tráfico informativo radiofónico, los presentadores de programas televisivos con dotes de maestros de ceremonias, los opinadores en redes sociales y alguna prensa transnacional hegemónica, no dirán jamás una palabra acerca de las atrocidades cometidas durante el régimen de facto al que ellos le llaman “gobierno de transición para la pacificación” que consistió en eliminar físicamente a aymaras y quechuas, perseguir “masistas” en Montero o en Yapacani, o plantar detenciones preventivas que todavía tienen consecuencias de espanto: Siguen sin llegar los sobreseimientos para las víctimas de un sin número de delitos nunca cometidos.

Derechos humanos son los de la pobre Jeanine Áñez. Esos son verdaderos derechos humanos defendidos a capa y bastón por Amparo Carvajal, la prorroguista mandamás de la Asamblea Permanente fundada por Julio Tumiri que debe estarse revolcando en el más allá de cómo semejante institución ha sido malversada por ella y su guardaespaldas, Manuel Morales, del también malversado CONADE. Los otros son Izquierdos Humanos, esos de menor categoría que corresponden a los desheredados de la tierra.

Originalmente publicado en la columna Contragolpe de La Razón el 20 de noviembre

La coartada del golpe/fraude

 

Desde el momento en que el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo informó acerca de un plan para ejecutar un magnicidio contra el presidente Luis Arce Catacora (19 de octubre), los temerarios a la cabeza del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, bajaron los perfiles públicos ostensiblemente. Las voces que hasta ese momento asediaban al gobierno por el finalmente desestimado proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, pero sobre todo las que mantuvieron a Bolivia entretenida en el esmerado afán de la falsa contraposición entre fraude y golpe, hicieron silencio, al punto que hoy por Comunidad Ciudadana (CC) su jefe nacional, Carlos Mesa se limita a tuitear, aunque a la hora de poner la cabeza en la almohada debe recordar su protagonismo en la opereta de la sucesión inconstitucional de Jeanine Áñéz.

A las oposiciones al Movimiento al Socialismo (MAS) se les acabó la coartada sobre la eternización de Evo Morales en el poder. El momento en que se anularon las elecciones del 20 de octubre de 2019 y se produjo la renuncia de los primeros mandatarios se había terminado la aventura “la reelección es un derecho humano”. Esa era la idea-fuerza con la cual se pretendió bañar de legitimidad la conspiración civil-militar-eclesial que depuso no al candidato Morales, sino al presidente Morales, lográndose que no sólo renunciara a seguir postulándose a la presidencia, sino que se le arrebatara el derecho a concluir su mandato constitucional previsto para el 22 de enero de 2020.

Dados los nefastos resultados de lo que fue el gobierno transitorio a la cabeza de Áñez y considerando los grados de compromiso y responsabilidad de los actores que propiciaron la transición espuria, era necesario activar una maniobra distractiva que desviara la atención del recuento y el análisis de lo que fue un gobierno sistemático violador de los derechos humanos, de naturaleza violenta, represesiva y además corrupta, y para eso ha servido a lo largo y ancho de 2021 utilizar el “fue fraude, no fue golpe” a fin de eludir astutamente el involucramiento de grupos de choque, candidatos adversarios del MAS, generales y coroneles, curas y embajadores con un gobierno que no sólo vulneró el estado de derecho, sino que tuvo la habilidad de hacerlo retrotrayéndonos a las prácticas persecutorias y represivas de las dictaduras militares de los 70 en América Latina, con el añadido del funcionamiento de un aparato extorsivo puesto en vigencia desde algunos lugares de la justicia y del ministerio público.  

El primer año del gobierno de Arce-Choquehuanca ha estado dominado por una discusión sin sentido, por un debate que se ha convertido en la perfecta excusa para no hablar de lo medular de un gobierno que hizo de la transición un asalto a la estructura de poder adaptándola a la codicia de su principal protagonista, el ministro de la muerte, Arturo Murillo, a la vocación militarista de su ministro de Defensa, Fernando López, a la persecución financiera escondida debajo las sotanas del Opus Dei a cargo de Oscar Ortíz, y a la inconmensurable combinación de ingenuidad y rencor de Jeanine Áñez, que hoy reclama respeto a sus derechos, esos mismos que ella decidió pulverizar con decretos como el 4078 que habilitaban licencias a las Fuerzas Armadas para matar en Sacaba y en Senkata.

De la coartada sobre el desconocimiento a los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016, se produjo un salto con garrocha hacia la coartada del “fraude no golpe”. Con ese artilugio se evidenció la descarada astucia de eludir referirse a los negociados repletos de indicios que comprometen a la ex presidenta Áñez y a varios de los que fueron sus ministros. Con ese señuelo se inauguraron Derechos Humanos VIP versus Derechos Humanos plebeyos de los que no se dijo una sola palabra desde escenarios paraestatales del gobierno transitorio como el CONADE en los que se defendió abiertamente a la Resistencia Juvenil Cochala con la participación de la republicana española Amparo Carvajal, que más parece hoy una vieja militante de la dictadura franquista.

Cautelosas ante el descubrimiento de un posible caso Terrorismo 3, las oposiciones de la derecha boliviana saltan de coartada en coartada para mantener vigencia. Se niegan a intentar estudiar e incorporar en su comprensión del país a la Bolivia popular ahora prevenida ante cualquier nuevo brote desestabilizador de la democracia. Es más fácil inventar trampas a instalarse en escenarios mediáticos y de redes sociales que les son afines, que una lecto escritura de un proyecto político alternativo.

La nueva coartada ya está en marcha. Y para intentar su instalación figuran los comités cívicos a la cabeza del Pro Santa Cruz que dice que el autoritarismo del MAS prepara una batería de leyes para controlar el Estado de arriba abajo, de izquierda a derecha, a través de la siempre destemplada vocería ejercida por su mandamás Rómulo Calvo.

Originalmente publicado en la columna Contragolpe de La Razón el sábado 06 de noviembre

Cuando la persecución llegó al fútbol

 

Por lo menos dos pares de manos negras decidieron en 2015 manchar la pelota en Bolivia, 14 años después de que Diego Armando Maradona advirtiera en su mensaje de despedida de las canchas (noviembre, 2001) que en el fútbol todo podía permitirse, menos ensuciar el esférico que le da vida y sentido y que desata pasiones diarias en todo el planeta. Nunca sabremos con precisión de quiénes recibió instrucciones el entonces Fiscal General, Ramiro Guerrero, que encargó a su Fiscal Superior, Iván Montellano, supervisar las acusaciones contra Carlos Chávez (+), Alberto Lozada, Jorge Justiniano, Pablo Salomón, y Armando Canedo por legitimación de ganancias ilícitas, organización criminal, estafa agravada, uso indebido de influencias y beneficios en razón del cargo. 

No hubo debido proceso en contra de estos dirigentes del fútbol boliviano que para comenzar fueron víctimas de una incorrecta aplicación de la ley, en tanto el uso indebido de influencias y los beneficios en razón del cargo, son delitos exclusivamente inherentes a la función pública y bajo ningún punto de vista, a personas dependientes de entes privados como la Federación Boliviana de Fútbol (FBF). Tampoco era aplicable la figura de la organización criminal, ya que los estatutos del ente matriz del fútbol boliviano fueron aprobados en su instancia superior que es el Congreso, por lo que hasta parece que se tratara de una broma de mal gusto: Robarse a si mismos.

El desenlace de esta seguidilla de atropellos contra estos ciudadanos fue, en primer lugar, el fallecimiento del que fuera presidente de la FBF, Carlos Chávez, aquejado por un cáncer de vejiga. Fue tan sañuda la manera en que fue acorralado que cuando se encontraba en una clínica en Brasil recibiendo tratamiento que en nuestro país no se lo podían ofrecer, uno de los fiscales intentó regresarlo al país porque se había fijado fecha para una audiencia en la que debía declarar. El 2 de agosto de 2018, Chávez murió en Sao Paulo. Tres años después, los acusados ya nombrados fueron absueltos de manera unánime por el Tribunal de Sentencia en lo Penal de Sucre. Para decirlo fácil y pronto,  fueron declarados inocentes.

Armando Canedo era el contador de la FBF. Se encargaba de pagos y cobros de la institución. Jorge Justiniano, representante del fútbol pandino, fue presidente de las asociaciones departamentales, y Pablo Salomón representaba a la Asociación Cruceña de Fútbol (ACF). Los tres sufrieron detenciones domiciliarias, mientras que Alberto Lozada, gerente de la Federación, estuvo recluído en Palmasola durante 36 meses con detención preventiva, penal en el que fue víctima de una golpiza que pudo haber acabado con su existencia.

Lozada tuvo que soportar, además, acusaciones sin sustento contra sus hijos y su esposa. Según el Ministerio Público, se habían llevado el dinero de la Federación hacia cuentas bancarias fuera del país, cuando era bien sabido por la dirigencia de la época que por sus relaciones empresariales, cuando las papas quemaban y no habían recursos, con su firma como garantía, accedía a préstamos para paliar las dificultades de los clubes necesitados de liquidez para cumplir con las planillas mensuales de sus jugadores.

Los indicios no eran indicios. El debido proceso fue pisoteado sistemáticamente al extremo de allanamientos policiales para secuestrar computadoras en la sede de la Avenida Libertador Bolívar de Cochabamba con la peregrina idea de que en ellas se encontarían datos sobre el supuesto robo a manos llenas de estos dirigentes que tuvieron que ingeniárselas para sobrevivir  durante estos seis años, soportando ese inmisericorde acoso como otra prueba más de que la justicia en Bolivia tarda demasiado en llegar.

 Los dirigentes opositores a las gestiones de Chávez al frente del ente federativo, advirtieron en él, un abierto prorroguismo que los sacó de las casillas. En efecto, el dirigente cruceño proveniente de las filas del club Oriente Petrolero consiguió un tercer mandato consecutivo en un accidentado congreso realizado en la ciudad de Trinidad con escenografía de contubernio entre sus enemigos y la mismísima Policía que gasificó la sede del encuentro a fin de impedir la realización del acto reeleccionario, dando lugar a uno de los episodios más burdos de los que tenga memoria el fútbol boliviano. A Chávez se le había aconsejado en determinado momento que renunciara al cargo. Tal cosa no sucedió y ya se sabe que la búsqueda de forzadas prorrogas en el poder conlleva el riesgo de consecuencias funestas.

Este muy ilustrativo ejemplo sirve para confirmar que ninguna  reforma judicial podrá funcionar si no se mira con profundidad quienes deben asumir los mandos del Ministerio Público y del Órgano Judicial. Las transformaciones estructurales pasan por mujeres, hombres y nombres. Cualquier otro camino es seguir ladrando a la luna.

       

Originalmente publicado en la columna Contragolpe de La Razón el sábado 23 de octubre

 

El golpe comenzó en Facebook

 

Si el Movimiento al Socialismo (MAS) no asume hasta ahora que el derrocamiento de Evo Morales se gestó, en primer lugar, desde las redes sociales y predominantemente desde Facebook, el único partido político con presencia absoluta en el territorio nacional está en serios problemas. Si el MAS y su institucionalidad gubernamental juegan todas sus opciones a la conformación de un ejército de guerreros digitales con cabezas de espadachines callejeros, significa que cree que se trata de un asunto de antiguos soldados y desconoce por completo la existencia del secretísimo algoritmo con el que opera ese nuevo amo del planeta llamado Mark Zuckerberg, más poderoso que por lo menos todos los presidentes de América Latina juntos.

La guerra por el affaire Gabriela Zapata el MAS comenzó a perderla en las redes, e insisto, principlamente en Facebook que en conexión con Instagram y Whats App ha amasado una megafortuna facilitada por tres mil millones de usuarios de los más diversos intereses, lucidamente acarrerados como rebaño y agrupados como activistas de una idea, un producto, una causa o un odio. Bien compara la especialista Natalia Zuazo (Los dueños de Internet, Debate, 2018) el misterioso algoritmo feisbuquero con la pócima secreta de la llamada gasesosa negra del Imperio que ha producido generaciones de adictos, no sabemos –nunca lo sabremos-- exactamente cómo y por qué. Lo que cuenta es que consumen Coca Cola con devoción religiosa.

Facebook se cayó el lunes 4 de octubre durante casi siete horas, desaparición de la red que le significó 6600 millones de dólares en pérdidas, mientras surgían detractores, ex empleados, futurólogos, teóricos de la conspiración y otras calidades de brujos para fustigar la existencia de una herramienta ya adherida a las pieles y a las emociones de quienes se sumergen en ella entre una y veinte horas al día. Cuánto más tiempo se navegue por las aguas que ofrece Zuckerberg, más se afianza esta nueva manera de construir una sociedad global en la que los nacionalismos funcionan como activadores de debates y afianzadores de miradas y peligrosos comportamientos fundamentalistas.

Ese es el contexto en el que se construyó un imaginario digitalizado que en lenguaje tuitero podría traducirse en hashtags: #Evomeharobadoelvoto. #Evodictador. #Evonocreeendios. Charles Arthur, otro experto en la materia, acaba de publicar “Social warning” (Calentamiento social) que valiéndose de un paralelismo con el concepto que compromete el calentamiento del planeta producto de la devastación medioambiental, analiza el socavamiento de las democracias del nuevo siglo con la utilización del perverso mecanismo carente de transparencia consolidado por Facebook y sobre el que sus cerebros y todos sus trabajadores están terminantemente prohibidos de hablar.

Este hilo crítico nos conduce a comprender cómo los pititas urdieron sus amarres en sus computadoras y en sus celulares. Cargaron las tintas persecutorias con instrucciones de horarios, direcciones y métodos de ataque para finalmente saltar desde sus mullidos sillones  giratorios hacia las calles donde comenzarían a traducir ese calentamiento social al que se refiere Arthur con lujo de detalles, en acciones de amenazas, amedrentamientos, ultimátums y vigilias en inmediaciones de los domicilios de los demonios masistas a los que había que cazar. A dos años de tales acontecimientos, las consecuencias de las acciones perpetradas entre octubre y noviembre de 2019 son terminantes y objetivas: El perfil del clasemediero, profesional o intelectual con militancia en el partido azul ha dejado de figurar en tareas de contraataque y contención. Como bien dice Marcelo Arequipa en su columna del pasado jueves, han desaparecido los mensajeros políticos mientras el ahora gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, ha pasado al frente con esa garra tan característica del falangismo que resistió al MNR del 52.  El facista tiene a miles que teclean por él.

No hay guerrero digital que funcione si no es con la dirección de expertos en marketing digital capaces de producir microtargeting, que por ejemplo le generó a la candidatura de Donald Trump (2016) 647 millones de menciones gratuitas en los medios equivalentes a 2600 millones de dólares. En otras palabras, si se trata de encarar en serio la guerra por redes es la hora del rigor y la alta calificación técnica porque con el entusiasmo militante ya no alcanza. Debe quedar meridianamente claro: Para lograr la renuncia de Evo Morales, todo comenzó en Facebook donde se fue gestando a fuego lento en el imaginario que Dios y la democracia no pueden pertenecerle en exclusividad a un caudillo autócrata. No importa cuan ciertas sea esto. Son creencias, y las creencias son verdades absolutas. Aunque sean mentiras.

Originalmente publicado en la columna Contragolpe del diario La Razón el 09 de octubre

Noviembre 2019: Inventario de una transición irregular y represiva

 

El 10 de noviembre de 2019, el intento de reproducción del poder a la cabeza de Evo Morales terminó de desmoronarse, como todo proceso forzado que se empeña en querer mostrar transparencia en decisiones vinculadas a veredictos inconstitucionales. El voluntarismo con el que el MAS participó de manera antirreglamentaria de las elecciones de octubre de 2019 condujo al país no a un gobierno de transición rutinario y enmarcado en obligaciones específicas de restitución de la voluntad popular para elegir un nuevo gobierno, sino a una presurosa y angurrienta toma del poder azotada por la pandemia, la represión militar y policial, también protagonizada por organizaciones civiles irregulares. El gobierno-bisagra se caracterizó además por contínuos actos de corrupción y en el orden simbólico e identitario, en la negación de la existencia del Estado Plurinacional por parte del Ejecutivo formalmente encabezado por Jeanine Áñez, pero fácticamente a cargo del Ministro de Gobierno, Arturo Murillo.

El actor fundamental de los acontecimientos producidos entre el 21 de octubre y el 12 de noviembre de 2019 como se ha podido examinar en esta serie periodística, Memoria y Archivo, que cerramos hoy en un primer ciclo, se llama Luis Fernando Camacho y es ahora gobernador electo del departamento de Santa Cruz. A la cabeza del Comité Cívico Pro Santa Cruz y de los cabildos callejeros organizados alrededor del Cristo Redentor, fueron su determinación y frontalidad en la búsqueda de la renuncia de Evo Morales, las que produjeron una suma de acciones táctico estratégicas --civiles, militares y policiales-- de desobediencia al orden constituido. Camacho está orgulloso de lo que hizo. Cada vez que se le pregunta por el tema, dice que el objetivo principal fue cumplido: Sacar del poder a un presidente que quería atornillarse en la silla para siempre.  Lo que el ahora jefe de la agrupación Creemos no podía calcular es en qué consistiría el gobierno transitorio. No imaginó que el oscuro y autoritario desempeño de Áñez y los suyos se convertiría en funcional al partido azul que desembocaría en el retorno del MAS al poder en el lapso de 361 días. No estaba en sus manos el manejo del gobierno, aunque en principio contara con actores que se cuadraban ante él (ministros de la Presidencia y Defensa, y presidencia de Entel) y por ello cuando se destapó el escándalo de lavado de dinero y sobreprecios para materiales antidisturbios que tiene privado de libertad a Murillo en Miami (mayo, 2021), Camacho dijo entonces que “la lucha del pueblo boliviano en 2019 fue traicionada por los viejos políticos que se apropiaron del poder” e incluso pidió su extradición y la de sus cómplices.

Así como Camacho está convencido de que el derrocamiento de Evo sienta un precedente para quienes se animen a violentar las decisiones ciudadanas en las urnas (referéndum de febrero de 2016), Jorge Tuto Quiroga y Oscar Ortíz también actuaron con claridad en la línea para conseguir el objetivo de sacar a Morales de la presidencia. El ex mandatario fue clave en tareas de coordinación para acelerar la salida del renunciado presidente fuera del país, y aunque para buscar el aplauso pitita le llamara “cobarde que solamente pensaba en escapar”, el criterio de Tuto era estratégico: Mantener a Morales en el país podía dar lugar a la imposibilidad de una exitosa instalación del gobierno transitorio que en términos “procedimentales” se produjo a través de un ardid pensado por su amigo y abogado de confianza, Luis Vásquez Villamor, que inventó el Ipso Facto basado en la sucesión a la que accedió el propio Tuto en 2001 para remplazar al Gral. Banzer, pero que no figura en la nueva Constitución Política del Estado y tampoco en el reglamento del Senado. A continuación les tocaba operar a los materializadores del artefacto de Vásquez Villamor en forma de comunicado institucional, el trío de senadores conformado por Jeanine Áñez, Oscar Ortíz y Arturo Murillo. De los tres,  quién controlaba en esos álgidos momentos los accesos al edificio de la Asamblea Legislativa con participación civil, militar y policial era Ortíz que el lunes 11 de noviembre había acompañado a Áñez en helicóptero militar para reunirse en un hotel de la Zona Sur de La Paz, con el que se constituyó en la encarnación de Banzer de la conspiración: Luis Fernando Camacho.

En síntesis, Camacho, Quiroga, Ortíz y la propia Áñez actuaron a cara descubierta, cada uno a su estilo. El primero, gritón y desafiante rodeado de guardaespaldas extranjeros, el segundo muy estructurado y preciso en sus actuaciones, el tercero con el sigilo de la discreción y la que sería presidenta transitoria efectuando una declaración ante la red Unitel el domingo 10 al final de la tarde desde Trinidad que anticipaba su llegada a la presidencia, y cuando todavía continuaba como segunda vicepresidenta del Senado, reuniéndose con curas católicos y embajadores, propiciadores de las reuniones en la Universidad Católica, usurpando el despacho de la Presidencia de la Cámara Alta. También Arturo Murillo y Marco Pumari, presidente del Comité Cívico Potosinista, como indiscutidos protagonistas del derrocamiento, fueron de frente contra Evo y el MAS manejandosé bajo el mismo registro de los principales operadores de la conspiración con acciones de hecho caracterizadas por la violencia callejera, y más adelante por las masacres de Sacaba y Senkata, perpetradas contra adeptos a Evo Morales que rechazaban rotundamente su defenestración, que quedaron debidamente registradas en el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) enviado a Bolivia por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Hay una segunda fila de personajes de esta conspiración que tiene como al más visible de sus actores de reparto a Carlos Mesa, el candidato presidencial de Comunidad Ciudadana (CC) que utilizando la disparatada decisión tomada por el Tribunal Electoral de interrumpir el conteo rápido no oficial de votos el mismo 20 de octubre de 2019, grito “fraude monumental” e instigó a la sociedad civil a acudir a los tribunales departamentales que derivaron en incendios y episodios vandálicos. El mismo Mesa, cuando se producían las reuniones del 11 y 12 de noviembre moderadas por la Conferencia Episcopal presidida por Monseñor Eugenio Scarpellini, había decidido desconocer el artículo 169 de la Constitución acerca de la sucesión constitucional, oponiéndose a que “alguien del MAS, asuma el gobierno transitorio”. En la misma línea secundaria intervino Samuel Doria Medina, el que refirió el Plan B a las representantes del MAS en las reuniones de la Católica ( Salvatierra, Rivero, Teresa Morales) que consistía en “Áñez presidenta.” Dicho sea de paso, Doria Medina escribió en su cuenta twitter hace siete días “La Razón publica un artículo  (El día en que el banzerismo derrocó a Evo Morales) lleno de imprecisiones y falsificaciones (no argumenta cuáles serían estas) para defender su posición política a costa de la honra de las personas (lo escrito en dicho artículo lleva mi firma, compromete mi criterio y visión, y no necesariamente la de este diario). Se dice por ejemplo,  mintiendo, que traje a un periodista español al país. Pura retórica “golpista” sin asidero de la realidad”. En el artículo aludido por Doria Medina no hay alusión alguna contra “la honra de las personas”, y con respecto del “periodista español” el texto señala: “La armonía ideológica que se había logrado, contaba incluso con la participación de un exmirista como Samuel Doria Medina que ayudaría a un pseudoperiodista español de apellido Entrambasaguas en su ingreso a Bolivia como operador de persecuciones mediáticas contra dirigentes del MAS…” Si trajo o no Doria Medina a Entrambasaguas resulta un asunto menor. Lo cierto es que hay fotografías sobre sus encuentros públicos en los que se advierte que congeniaron de maravilla --armonía ideológica—que entre otras actividades, dió lugar a una entrevista que el español le hiciera el 25 de enero de 2020 y que el jefe de la extinta Unidad Nacional (UN) anunciaba: “A las 18:00 estaré en la Utepsa (Universidad Tecnológica Privada de Santa Cruz) en el seminario político para ser entrevistado, con público, por el periodista Alejandro Entrambasaguas sobre: Crisis, Transición y nuevo ciclo.” Muy en ese conocido estilo de mirar para otro lado cuando se lo sindica de ciertas responsabilidades en la conspiración de octubre-noviembre de 2019 –“a mi me llamó Héctor Arce para participar de las reuniones de la Católica”—es necesario recordar que Doria Medina es el propiciador del ingreso de Arturo Murillo a la actividad política como diputado de Unidad Nacional (elecciones de 2005). Y para completar su hoja de vida, queda también para el registro que fuentes confiables aseveran que Samuel ofreció acompañar a Carlos Mesa como candidato a la vicepresidencia. La respuesta inmediata fue no. Pocos días después, quién lo visitó en su oficina para ofrecerle acompañar en binomio a Jeanine Áñez fue nada menos que su criatura política, el mismísimo Arturo Murillo. De ahí en más ya sabemos lo que sucedió, Samuel sumaría un contraste más en su dilatada trayectoria de derrotas políticas, cuando las encuestas le informaban que la candidatura de Jeanine se había desplomado y tocaba emprender la retirada, otro factor que contribuyó al regreso del MAS al poder con nuevos actores en el binomio electoral.

Bolivia, como el resto del mundo, tuvo que someterse a las cuarentenas rígidas como resultado de la llegada del corona virus que puso en emergencia a un precario sistema de salud pública. Comenzaron los contagios y se empezaron a producir muertos como resultado de la pandemia. El gobierno de Áñez concedió un bono de 500bs. que con el nombre de Universal beneficiaba a ciudadanos y ciudadanas sin fuente laboral y sin renta estatal alguna, utilizando el mismo argumento que los gobiernos del MAS, para hacer del rentismo una fuente de alivio a las carencias económicas de muchas familias en el país. Paralelamente, grupos de fiscales actuaban arrinconando a ex trabajadores del Estado a los que se acusaba de hechos de corrupción o a los que se les armaba casos con el propósito de extorsionarlos. Si en el gobierno de Evo hubo persecuciones políticas, en el de Áñez se pasó de una persecución selectiva y muy puntual, a la caza indiscriminada de masistas y no masistas, reducidos a las categorías de hordas, sediciosos, narcotraficantes y delincuentes, todo esto en medio de una caótica y opaca gestión institucional con compras de respiradores con sobreprecios que nunca funcionaron y barbijos con costos multiplicados en ocho a diez veces más que lo señalado por sus precios reales.

VIGILIAS

La persecución practicada por el Ministerio de Gobierno y un aparato de fiscales, se había extendido a la sociedad civil. Ciudadanos y ciudadanas de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, decidieron organizarse para instalar sus pititas en vigilias retribuidas con comida chatarra, con cercanía a viviendas de quienes pudieran haber pensado en ponerse a buen recaudo. Tal cosa sucedió con el apartamento del ex ministro de Gobierno Carlos Romero en Sopocachi y con la residencia de la Embajada de México en La Paz en La Rinconada, Zona Sur, donde se encontraban refugiados ex personeros de alto nivel del depuesto gobierno de Evo Morales. Algo parecido, pero con altos niveles de violencia se suscitó en Vinto, Cochabamba, cuando la Resistencia Juvenil Cochala decidió agredir y humillar públicamente a su alcaldesa Patricia Arce,  así como la Unión Juvenil Cruceñista desencadenó persecuciones desenfrenadas y capturas de militantes del MAS y a quienes aparentaban serlo en Montero y en Yapacaní. En todos estos casos, la Policía que se había amotinado contra el gobierno de Evo Morales, fue permisiva en unos casos y cómplice en otros para instaurar un sistema de interrogatorios en los que además de obligar a los detenidos a incriminar a quienes habrían sido sus jefes, se agredía físicamente y en los casos de varias mujeres, incluso sexualmente, tal como el mismo informe del GIEI lo subraya.

Hay un caso reciente que termina siendo paradigmático en materia de persecución y violencia política. Es el  protagonizado por Roger Revuelta de la Resistencia Juvenil Cochala que ha sido condenado a doce años y seis meses de cárcel por tentativa de homicidio contra el periodista Adair Pinto, que recibió tres puñaladas por haber denunciado actos de corrupción cometidos por el gobierno de Áñez. Si hay una historia de conducta paraestatal es esta. Podrían preocuparse por conocerla a fondo (“Periodista se salvó de la muerte a manos de un miembro de la Resistencia Juvenil Cochala”, La Razón, 28 de agosto de 2021), quienes intentaron utilizar el término para criminalizar a medios de comunicación supuestamente afines al MAS, esos que de tanto fustigar de paraestatales a medios de supuesta identificación con el partido azul, terminaron convirtiéndose en verdaderos agentes –paraestatales—de persecución política y mediática.

Hay documentos con estatus multilateral y de organizaciones académicas estadounidenses y europeas que han permitido en las últimas semanas, establecer conclusiones objetivas y concluyentes: La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho oficialmente que el derecho a la reelección no puede ser conceptuado como derecho humano, por lo que la candidatura de Evo Morales, basada en ese argumento, no era procedente. La auditoría practicada por la Organización de Estados Americanos (OEA), ampliamente cuestionada por el MAS y contrastada con otros estudios, sirvió para que las elecciones de  octubre de 2019 fueran anuladas, pero no para demostrar categóricamente los alcances precisos del supuesto fraude electoral. El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) manejó dos coordenadas fundamentales: La primera, coyuntural, dice que en el gobierno de Jeanine Áñéz se perpetraron masacres y se violaron sistemáticamente los derechos humanos. La segunda, estructural, apunta a que el sistema judicial boliviano está penetrado por la corrupción, la lentitud y la cooptación política, y recomienda una gigantesca tarea de reformas que debiera implicar la incorporación de nuevos actores. El llamado telefónico de un ministro a un fiscal o a un juez para apretar a un adversario que interfiere en sus planes debiera ser una rarísima excepción y no la regla.

En caso de que a Jeanine Áñez le sea otorgada una detención domiciliaria y en el mejor de los casos libertad irrestricta para defenderse, la ex presidenta deberá estar conciente de una posible condena que la obligaría a quedar privada de libertad ya no unos meses de manera preventiva, sino varios años, por algunos o todos los delitos por los que ha sido imputada. Acerca del falso debate sobre si lo que se produjo en noviembre de 2019 fue fraude electoral o golpe de Estado, debe quedar claro que un fraude queda plenamente demostrado, como es el caso del  que se produjera en 1978 con la candidatura del Gral. Juan Pereda Asbún por la Unión Nacionalista del Pueblo (UNP), cuando aparececieron 50 mil votos que superaban el número de inscritos para votar. Sobre si hubo o no Golpe de Estado, el hecho objetivo es que se violó la línea sucesoria estipulada por la Constitución y a ello se suman elementos sobre la inobservancia del procedimiento camaral para convertir en presidenta a Áñez, sin el establecimiento de una sesión formal del Senado y sin la elección de una nueva directiva, requisito previo a la designación presidencial tal como sucediera en las transiciones de Tuto Quiroga (2001), Carlos Mesa (2003) y Eduardo Rodríguez Veltzé (2005), quienes juraron al cargo conforme a ley, en el hemiciclo parlamentario.

La fotografía de la coyuntura no podía ser más patética: Los mismos que respaldaron el derrocamiento de Evo Morales en noviembre de 2019, salen a protestar en defensa de los derechos de Áñez, quién en su gobierno vulneró derechos a diestra y siniestra: Curas católicos, políticos golpistas, candidatos perdedores, y activistas de derechos humanos VIP. Mientras tanto, la Organización de Estados Americanos (OEA) dirigida por Luis Almagro no se inmuta ante los reclamos bolivianos por la injerencia y las distorsiones generadas en un país enrarecido por una crisis de Estado que debe superarse, en primer de los lugares, con el respeto innegociable de la voluntad ciudadana expresada libremente en las urnas, sin pataleos de última hora tocando puertas de cuarteles para fabricar una nueva aventura civil militar, tal como sucedió luego del triunfo de Luis Arce y David Choquehuanca en octubre de 2020, a cargo de los grupos más reaccionarios y fascistoides, a los que tragedias como las de Sacaba y Senkata no les provocan ni el más mínimo de los remordimientos.

Originalmente publicado en el diario La Razón el domingo 5 de septiembre como parte de la serie Memoria y Archivo

Comunistas

Hace algunos días, luego de superar una intervención quirúrgica de colon, el Papa Francisco declaró que lo habían tachado de comunista. Tan temeraria calificación fue respondida con la astucia de un buen jesuita: “Yo hago lo que creo que debo hacer”. Revisando el archivo encontré una declaración del entonces vicepresidente Alvaro García Linera (2017) a través de la que se autodefinió como “comunista, guerrillero y conspirador, así me voy a morír”. Tan desafiantes declaraciones terminan costándoles caro a quienes abrazan las ideas del progresismo, la igualdad social y la inclusión democrática y que para pesadilla de los neoliberales de los 90, han sido representados por exitosos gobiernos populistas que han gestionado con astucia y eficacia las políticas económicas, por ejemplo, de Bolivia (Morales), Ecuador (Correa), Brasil (Lula) y Uruguay (Mujica-Vásquez).

Hasta la llegada del MAS al poder, la izquierda tenía como último referente a la hiperinflacionaria e inepta UDP del 82 – 85 de Siles Zuazo, pero el día en que esa otra izquierda nacional con visión de lo multiétnico boliviano empezó a obtener resultados nunca vistos en la redistribución del ingreso que permitieron salir de la pobreza extrema a miles de bolivianos como nunca antes había sucedido, las cosas empezaron a  tornarse peligrosas, en la medida en que el nuevo marketing político aplicado por los representantes de las corporaciones transnacionales y los capitales privados criollos, decidió que se necesitaba trabajar en el sistema de creencias del ciudadano y ya no más en las plataformas de los programas de gobierno en todas las materias de la gestión pública.

Así que hoy ser comunista parece que podría resultar peor que cuando uno lo era en tiempos de las dictaduras militares de los 70 – 80, aunque el comunismo haya quedado superado hace por lo menos tres décadas. De eso saben, y mucho, Donald Trump, Jair Bolsonaro, Vox en España y aquí, Luis Fernando Camacho, el hijo espiritual del dictador Banzer, perteneciente a la extrema derecha civil militar. Hoy el ciudadano que no crea en Dios, en la tradición familiar, en la propiedad privada, en la libertad pregonada por las iglesias antiaborto y pro vida, en la heterosexualidad como única opción en que la reproducción de la especie y el placer se encuentran embutidos en la misma bolsa y el que no se adscriba a este modelo humano y ciudadano, puede ser pasible a persecuciones de consecuencias sangrientas y terminales.

Para decirlo desde los estigmas y los pecados: No serás comunista. No defenderás el aborto, aunque la mujer de turno haya sido víctima de una violación o de un embarazo no deseado. No nacionalizarás nada, porque eso es para comisarios que administran el Estado a través de policías de control político. No serás gay. No serás lesbiana. No serás chica trans. Y por supuesto que si se aspira a una ciudadanía modélica, no serás masiburro, no izarás la bandera de colores ajedrezada y si pasas cerca a los blancoides del Comité Cívico Pro Santa Cruz, tendrás que aceptar que su presidente prehistórico, Rómulo Calvo, te de la espalda y el culo y a continuación gire 90 grados para desinfectar el ambiente con alcohol medicinal, a segundos de haber desfilado por allí, esos collas mugrosos que aman el autoritarismo de Evo y aceptan esa que ellos llaman persecución política, cuando se trata de perseguir judicialmente a los golpistas, a los masacradores de Sacaba y Senkata, o a los facinerosos de la Resistencia Juvenil Cochala que acuchilló a un periodista y que tan entusiatamente defiende un ex jefe de la Juventud Comunista de los 80 y ex viceministro de Evo Morales, descendiente del lúcido Sergio Almaraz.  

Hay que preguntarles a los estrategas. Lo saben muy bien. Para combatir al pueblo organizado, hay que tacharlo de comunista, autoritario, dedicado a la  persecución política, que te va a quitar tu casa, se hará un pícnic con tu libertad, sustituirá tus símbolos republicanos y no te dejará leer la Biblia. Hay que tacharlos de castrochavistas que quieren una Bolivia como Cuba y Venezuela. Ya quisiéramos una educación y una salud como las que administran ellos o unas políticas de equidad de género como las alentadas y cristalizadas por los gobiernos de Hugo Chávez. En ese sentido sería muy bueno imitar las decisiones que históricamente se fueron tomando en La Habana y en Caracas, así como los cubanos y venezolanos quisieran una economía muy capitalista y pragmática, pero administrada desde el Estado, como la que manejó Luis Arce Catacora durante más de una década.  

Así que estamos prevenidos. Si no quieres que te saquen fotos sin permiso en un aeropuerto, si no quieres que te amenacen en la sucursal de un banco, si no quieres que te persigan y te disparen porque llevas una wiphala…no seamos comunistas, ni siquiera lo aparentemos, porque ahora sí está muy claro que podemos morír en el intento: No somos lo que somos. Somos lo que creen.

Originalmente publicado en la columna Contragolpe del diario La Razón el 25 de septiembre

Tiempos perversos

 

Todo fluía en Bolivia con los códigos instalados por la democracia pactada, hasta que los pactos y su sistema de partidos terminaron en astillas cuando el Movimiento al Socialismo – Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos (MAS – IPSP) produjo en 2005 la primera victoria electoral por mayoría absoluta que inauguraba el tiempo de la irrupción de todos los actores sociales que hasta entonces eran ciudadanos solamente en breves lapsos de legalización y legitimación de candidatos y candidatas pertenecientes al Estado monocultural, al pensamiento económico único y excluyente, neoliberal de arriba a abajo, y a la utilización de lo indígena y campesino como ornamento para atraer el turismo receptivo o para la funcionalidad casi esclavizante de la producción de alimentos que pudiera satisfacer las necesidades de las urbes civilizadas, acostumbradas a la subordinación de todas las expresiones étnicas originarias a tareas menores, sin incidencia alguna en la determinación de las políticas públicas y en el destino del país.

Cuando aymaras, quechuas, guaraníes y todos los bolivianos originarios de las  tierras bajas comenzaron a ser visualizados en las coberturas televisivas, pero sobre todo a partir de la Asamblea Constituyente (2006 – 2009), es decir, cuando los indios comenzaron a sentar presencia en todas las instancias de la vida pública, la siempre apoltronada clase media sintió que se rompía ese orden cotidiano en el que los Mamani, Quispe o Tomichá empezaban a opinar y a intervenir sobre su presencia en el mundo, a partir de una fuerte presencia étnico geográfica que terminó haciendo de Bolivia un Estado Plurinacional a partir de febrero de 2009.

Un presidente de orígenes indígenas, un canciller y un ministro de educación, aymaras, y así sucesivamente, representantes, hombres y mujeres de la plurinación, empezaban a marcar las pautas de la visibilización del país escondido, hasta entonces enterrado en sus saberes ancestrales sólo útiles para la arqueología y la antropología, lo que produjo el hartazgo y el pretexto ideales cuando Evo Morales decidió desconocer un referéndum con el propósito de ser candidato por cuarta vez consecutiva, craso error finalmente neutralizado con la anulación de las elecciones de 2019, pero que hoy día sigue siendo coartada para unas prácticas sectarias con dosis concentradas de odio y de impotencia ante un nuevo tiempo político en el que el MAS – IPSP supo demostrar que había otro camino en la búsqueda del tamaño exacto de lo estatal para una vida más equitativa e incluyente de la sociedad.

No son 14 los años que una izquierda nacional con fuerte acento identitatario de sus expresiones étnico culturales gobierna Bolivia. Ya son 15, sin contar la interrupción de facto cometida por Jeanine Áñez y su banda, que nada más necesitaron once meses para demostrar cómo se puede retroceder al país excluyente de ayer, desde los erróneos enfoques de qué hacer con la economía hasta las prácticas más execrables de conculcación de las libertades ciudadanas. Ya son 15 los años que en Bolivia manda el Estado sobre el Mercado, y cuando la gestión Arce-Choquehuanca concluya, serán 19, con la posibilidad de que se extiendan a 24, si los números de la economía y la búsqueda de mejores niveles de calidad de vida convencen a la ciudadanía.

Los agentes opositores con auspicios internacionales, multi y bilaterales, creyeron que el proyecto político de las organizaciones sociales moriría con Evo. Resulta que no, y por ello tenemos un mapa de la conspiración cotidiana basado en el racismo y en la discriminación neocolonial que señala como inadmisible que los indios estén mandando en varias zonas de Bolivia, como sucede por ejemplo con los gobernadores Santos Quispe en La Paz, Johny Mamani en Potosí o Damián Condori en Chuquisaca.

En ese contexto, los desplazados actores de la política tradicional, muchos de ellos progresistas de los 70 y 80, han mutado y se han hecho conversos hacia la derecha. Por eso vivimos tiempos perversos por obsesividad contra la figura de Evo y el masismo , y contamos con personajes como Amparo Carvajal en la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), indebidamente prorrogada en sus funciones, que reconoce en la Resistencia Juvenil Cochala, a una “resistencia necesaria”. El sacerdote Julio Tumiri, fundador de la Asamblea, debe estar revolcándose en su tumba por tan aberrante reconocimiento a un grupo paramilitar que generó violencia racista en 2019.

La Carvajal es la representación paradigmática de quién se acomoda a los nuevos tiempos. Es la mejor expresión de la conversión de la defensa de los derechos humanos hacia territorios de exclusividad para privilegiados por su color de piel y estatus social, en el caso de Jeanine Áñez, violadora de esos mismos derechos por los que ahora se retuerce en su reclusión por considerarse estupenda e intocable. La perversidad racista, como se puede comprobar, ha llegado hasta extremos nauseabundos y por si fuera poco aplaudidos por tantos reaccionarios y reaccionarias que habitan Bolivia, que por si acaso, no son pocos y están siempre dispuestos a volver a la carga.

Originalmente publicado en la columna Contragolpe del diario La Razón el 11 de septiembre

El día en que el banzerismo derrocó a Evo Morales

 

Los admiradores del mítico Victor Paz Estenssoro, líder de la Revolución de 1952 y cuatro veces presidente de la República, ya deberán resignarse ante las evidencias históricas que dan cuenta de la impronta del General Hugo Banzer Suárez en la política boliviana del último medio siglo. El día en que el Doctor Paz decidió apoyar el golpe de agosto de 1971 (98 muertos, medio millar de heridos) hipotecó para siempre al Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) que se fragmentó en varios “emenerres” y cabó su tumba que lo tiene como cadáver insepulto desde 2003, año en que Goni se derrumbó por sus crasos errores de apreciación sobre un país que estaba a punto de cambiar. El principal propiciador de la nacionalización de las minas, la reforma agraria, la reforma educativa y la instalación del voto universal, que había renunciado a la presidencia en 1964, producto de la conspiración de su Vicepresidente, el Gral. René Barrientos Ortuño, regresaba del  exilio de Lima para subordinar a su partido al militarismo bien conectado con el poder hegemónico imperial. Dicho y hecho, una vez que las Fuerzas Armadas se consolidaron en el poder, en 1974, Banzer luego de haber utilizado a movimientistas y falangistas para pasarle un barniz de legitimidad a su dictadura,  se deshizo de ellos, para armar un gabinete exclusivo de generales, coroneles, almirantes y contraalmirantes.

A partir de entonces Banzer no dejó de ser más importante y decisivo en la agenda política boliviana que Paz Estenssoro. Tan evidente fue la visión estratégica del dictador de los 70, que en 1985 se acercó nuevamente al MNR, ya en igualdad de condiciones partidarias al  haber fundado Acción Democrática Nacionalista (ADN) en 1979. Banzer había pasado de su septenio autoritario con terrorismo de Estado incluido, al escenario democrático en el que a través del Pacto por la Democracia se recomponía su relación con el MNR pazestenssorista, ofreciendolé apoyo desde el parlamento, sin condicionamientos, y valiéndose de los contactos de un par de tecnócratas de su partido para facilitar la llegada al país del economista de la Universidad de Harvard, Jeffrey Sachs, encargado de escribir los lineamientos inaugurales del neoliberalismo que adquirió carta de ciudadanía con el decreto 21060 que rigió la política económica boliviana durante veinte años. De esta manera, el MNR, la ADN, el empresariado privado y las fuerzas militares sometidas al poder civil democrático, iniciaban un nuevo ciclo en la historia de Bolivia.

PACTO

Banzer había combinado el aceite con el vinagre, amigando al MNR con sus antiguas víctimas de la Falange Socialista Boliviana (FSB) que en pacto civil militar se repartieron el primer gabinete de ministros el 21 de agosto de 1971. Veintidos años más tarde, el mismo General asoció a su ADN con quienes fueran activistas en la clandestinidad que lo combatieron, encabezados por Jaime Paz Zamora del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) poniéndole la firma al Acuerdo Patriótico (AP) entre 1989 y 1993. Dos conciliaciones partidarias de apariencia imposible fueron gestadas por este militar, único en América Latina entre sus camaradas del Plan Cóndor, por haber sido capaz de regresar al poder por la puerta democrática: Sólo en Bolivia podía suceder semejante cosa, dice el lugar común. Banzer se metió al bolsillo a Paz Estenssoro en 1971, se lo sacó de encima en 1974 y se abuenó con él en 1985. En buenas cuentas, hizo lo que le dió la gana con quién alguna vez definiera el poder como un maravilloso instrumento. También lo hizo con los miristas de Paz Zamora, a quienes persiguió en su dictadura por comunistas que querían “sustituír la gloriosa tricolor por el trapo rojo con la hoz y el martillo” para en 1989, a través de un impensado acuerdo entre la derecha y la izquierda con perfil social demócrata (ADN-MIR), sacar otra vez de en medio al cerrándole el paso a la presidencia a Gonzalo Sánchez de Lozada que había ganado las elecciones de ese año.

En 1995 entrevisté al Gral. Banzer en su oficina de la calle Hermanos Manchego (Fundemos) y en el piso 10 del edificio Gloria de avenida Arce, apartamento en el que residía en La Paz. En las dos entrevistas me hizo un par de revelaciones que explican su dimensión: “Decidí romper las negociaciones con Sánchez de Lozada para definir la presidencia de la República porque me ofreció dinero a cambio de mi respaldo. Me ofendió de tal manera que nunca más quise saber de él. Creyó que con su fortuna todo era posible y conmigo se equivocó, por eso al final nos sentamos a conversar con el MIR y decidimos apoyar a Jaime que había sido tercero en las elecciones para que asumiera la presidencia.” En el segundo encuentro le pregunté si era cierto que le había sacado la pistola a Max Fernández, el empresario cervecero, jefe de Unidad Cívica Solidaridad (UCS): “Lo encañoné porque había ofendido mi honor en una nota periodística, lo conminé a que se retractara exactamente en el mismo espacio y con la misma extensión en el mismo medio de comunicación”. Estas confesiones que forman parte de varias de las confidencias que Banzer me hizo, nos permiten, a veinte años de su muerte, extraer conclusiones acerca del temperamento y la determinación de este militar nacido en Concepción, Santa Cruz, bien entrenado por la Escuela de las Américas en tiempos de la guerra fría contra ese enemigo interno, el comunismo, que tenía su epicentro en Moscú y su satélite latinoamericano y caribeño en La Habana.

Banzer hizo posible el Pacto por la Democracia en 1985 y generó el Acuerdo Patriótico en 1989. Y para completar su protagonismo en la construcción del Estado de Derecho en el país, fabricó una Megacoalición para su presidencia democrática (1997 – 2002) en la que entraron como en una bolsa de gatos, además del MIR de Paz Zamora – Oscar Eid, la UCS ya entonces comandada por Johny Fernández luego de la muerte de su padre Max, Conciencia de Patria (CONDEPA) de Carlos Palenque, Nueva Fuerza Republicana (NFR) de Manfred Reyes Villa y hasta el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI) del que en sus orígenes fuera jefe del maoísta Partido Comunista Marxista Leninista (PCML), Oscar Zamora Medinacelli, quién había sido su candidato a la vicepresidencia en las elecciones de 1989. En su obsesión por pasar a la historia como un auténtico demócrata, Banzer pactó con ángeles y demonios de los 80 y los 90, con excepción de Sanchez de Lozada, y su legado sigue vigente tal como pudo comprobarse de manera rotunda en el golpe de Estado que llevó a la presidencia a Jeanine Áñez el 12 de noviembre de 2019.

Las operaciones psicológicas de la derecha boliviana tuvieron éxito indiscutible con la instalación de matrices del miedo que conducen a la conspiración como extrema necesidad de sobrevivencia: “Nosotros o los indios”. Así tenemos que Evo Morales es un comunista. Evo Morales nos va a quitar nuestras casas y eliminará la propiedad privada. Evo Morales hará de nuestros hijos, unos ateos al abolir la religión católica. Evo Morales quiere que Bolivia sea como Cuba y Venezuela. De esta manera la acumulación de tensiones y el odio al indio, convertido y funcionalizado en campesino desde la Revolución del 52, que gobernaba Bolivia desde 2006, se hacía cada vez más evidente hasta que llegó el 28 de noviembre de 2017, día en el que el Tribunal Constitucional habilitó una nueva candidatura con un argumento recientemente rebatido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, decisión que sirvió para cuajar la idea fuerza clave que exigió dos años de trabajo conspirativo: Evo Morales --a título de derecho humano a una nueva reelección-- quiere eternizarse en el poder.

Plenamente posicionada la imagen de un autoritario y prorroguista ante la clase media urbana “apolítica”, Evo Morales creyó que podía capear aguas turbulentas hasta conseguir un nuevo triunfo en octubre de 2019. No cayó en cuenta, y menos sus asesores en contrainteligencia, que al haber enfatizado un discurso antiimperalista y antinorteamericano durante sus tres mandatos consecutivos, efectivamente quedaba demostrado que era un comunista, cuando el comunismo como modelo político-económico en los hechos de la geopolítica mundial había dejado de existir. De esta manera, el banzerismo empezó a funcionar con toda su carga ideológica, y sus matrices culturales de pacto entre civiles, militares y policías, para dar lugar al  derrocamiento del primero gobierno popular con identidad indígena y campesina que había tenido Bolivia desde 1825.

MOTOR

El poder del espíritu del Gral. Banzer fue el nervio motor para que la conspiración fuera exitosa. Tuto Quiroga, su ex vicepresidente, coordinaba la salida de Evo Morales de Bolivia con el Comandante de la Fuerza Aérea, Gonzalo Terceros. Oscar Ortíz que había sido subsecretario en su gobierno democrático (1997-2002), operaba desde el Senado con gran éxito una sucesión presidencial inconstitucional. Desde Santa Cruz, el gobernador Rubén Costas, compañero de Banzer en la fraternidad Los Tauras, hizo de su aparente pasividad personal un arma de control de la capital cruceña en esos días en que no volaba ni una mosca sin el  permiso del Comité Cívico. Luis Fernando Camacho, sin tener profunda conciencia de que el banzerismo podía ser hereditario, uso a su papá, falangista armado en el golpe del 71, para transar con militares y policías que “se pusieran al lado del pueblo”, entendiéndose por pueblo en dicho contexto, al ciudadano movilizado con la tricolor, católico, anticomunista, odiador del indio, nada que ver con el nacionalismo popular de los inicios de Paz Estenssoro en los 50, que en gran medida fue heredado por el Movimiento al Socialismo (MAS) que es nacionalista revolucionario antes que comunista o socialista, aunque el discurso antiyanqui confunda.

Los pocos falangistas de los 70 que quedan, sus hijos y hasta nietos, los militares de esa misma generación, empresarios, agroindustriales y ganaderos, y hasta la sociedad civil a través de grupos de choque como la Unión Juvenil Cruceñista fundada en 1957 por el que fuera ministro de Salud de la dictadura banzerista, otro falangista, Carlos Valverde Barbery, ingresaron en una especie de máquina del tiempo, para que 48 años después de llamar “revolución” al Golpe de Estado, Luis Fernando Camacho, presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, fuera portador de la herencia del Frente Popular Nacionalista (FPN)  --militares, movimientistas y falangistas, autores del golpe del 71-- para derrocar a Evo Morales de la presidencia, recibiendo además el apoyo de la OEA, la jerarquía católica y de embajadores como el de la Unión Europea, el franquista León de la Torre. La armonía ideológica que se había logrado, contaba incluso con la participación de un ex mirista como Samuel Doria Medina que ayudaría a un pseudoperiodista español de apellido Entrambasaguas en su ingreso a Bolivia como operador de persecuciones mediáticas contra dirigentes del MAS, tal como lo había hecho en Madrid, acosando a Pablo Iglesias, entonces líder del izquierdista Unidas Podemos. Y como actor de reparto completaba el cuadro, el nostálgico pazestenssorista Carlos D. Mesa Gisbert, ex vicepresidente del MNR de Sánchez de Lozada, que sin otra prueba que una interrupción de un conteo no oficial de votos, instaló la matriz “fraude” para iniciar el tramo final de la conspiración.

Aviones de combate sobrevolaban rasantes en El Alto o en Challapata, lo mismo que sucediera con Laikakota en La Paz el 71. Y días después como en el septenio del banzerato, masacres en Sacaba-Huayllani y Senkata, para eliminar masistas ondeando whipalas tal como sucedió en Tolata y Epizana en 1974, arremetiendo contra indígenas quechuas a los que se condenó por subversivos. “Si encuentran un comunista, mátenlo, yo me hago responsable” dijo Banzer en esa trágica oportunidad que ofrecía recompensa por la caza de estos revoltosos, que en la actualidad formarían parte de las “hordas masistas” criminalizadas por un aventajado alumno de los métodos represivos de las dictaduras militares, el ministro de la muerte, Arturo Murillo.

Los dilemas ideológicos acerca de una Bolivia neoliberal, nacional popular, nacionalista revolucionaria o de izquierda nacional, excluyen del análisis al militarismo desarrollista y capitalista de Estado en dictadura y del neoliberalismo en democracia con el que el Gral. Hugo Banzer Suárez se manejó como actor decisivo de la política boliviana. Fue presidente de facto, iniciador de los pactos partidarios en 1985 y en 1989, apoyando a Paz Estenssoro y a Paz Zamora y en reciprocidad, éste último respaldó su presidencia democrática iniciada en 1997 con algo más del 20% de la votación cuando el presidente era elegido de entre los tres primeros en el Parlamento Nacional.

Banzer evitó en 1971 que un soviet boliviano se consolidara con la Asamblea del Pueblo que otro histórico del MNR, fundador en 1963 del Partido Revolucionario de Izquierda Nacional (PRIN) el legendario Secretario Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Lechín Oquendo, dirigía con la venia de ese otro General de Ejército, Juan José Torres Gonzáles, que presidía el país, y que el 2 de junio de 1976 fuera asesinado bajo las coordenadas del Plan Cóndor, cinco años después de haber sido derrocado por su camarada del Ejército, el en ese momento Coronel Banzer. Aquellos episodios caracterizados por la violencia política y la eliminación del enemigo me provocaron la siguiente pregunta: ¿Cuál era el objetivo del Gral. Terceros de ordenar que el avión en el que Evo Morales aterrizaba en Chimoré fuera llevado al hangar militar del aeropuerto el 10 de noviembre de 2019?

Los fascistas de los 70 y los fascistoides del nuevo siglo han establecido conexiones que forman parte de una manera de hacer política. Cuando no es por el camino de la formalidad democrática de acuerdo a sus conveniencias y a las exigencias de sus estructuras de poder, queda el recurso de la fuerza y del trastocamiento de las obligaciones institucionales en democracia. Así tenemos un país con médicos que hacen paros como arma desestabilizadora. Curas católicos que arman reuniones paralelas a la formalidad democrática para definir el destino de la presidencia del Estado. Embajadores que meten sus narices hasta en las habitaciones de los refugiados políticos tal como lo hacía el de la Unión Europea, León de la Torre, en la residencia de la embajada de México entre el 11 y 12 de noviembre de 2019. Conversos e impostores disfrazados de defensores de los Derechos Humanos que aborrecen a los “izquierdos humanos” y por eso nada más defienden a Jeanine Áñez y hacen silencio acerca de los masacrados y humillados, aymaras y quechuas, de Sacaba-Huayllani y Senkata.

LEGADO

Este es el legado que Banzer le ha dejado a Bolivia. Luchar contra los enemigos y ponerles la etiqueta que convenga a cada coyuntura para sacarlos de en medio. Lo que el General ya no sabe es que las indias y los indios bolivianos aprendieron a ganar elecciones. Superaron el miedo a que uno de los suyos, iletrado, sin estudios universitarios, pero con gran capacidad de conducción sindical,  pudiera ser presidente del país “para gobernarnos a nosotros mismos” como ha afirmado recién el vicepresidente David Choquehuanca. Lo que el dictador de los 70 tampoco puede ya saber, pero sus herederos sí, es que los instrumentos político sindicales de las mayorías bolivianas han funcionado catorce años con un gobierno que demostró que era posible ser pragmáticos --“nosotros hablamos y negociamos con todos”, me dijo alguna vez el ex vicepresidente Alvaro García Linera—pero con sujeción a la identidad plural de un Estado que ahora tiene visibilizados a todos sus actores étnicos, fundamentalmente a aquellos que hasta hace dos décadas, se avergonzaban por sus  apellidos y ahora los llevan con orgullo pronunciándolos a voz en cuello.

Incluido el golpe del que fuera su ministro de Asuntos Campesinos y Agropecuarios, Gral. Alberto Natusch Busch en 1979 contra Guevara Arce, otra vez, con la complicidad del MNR --Bedregal Gutiérrrez – Fellman Velarde con Paz Estenssoro por detrás-- que derivara en la Masacre de Todos Santos, Hugo Banzer Suárez pasó de la brutalidad de las dictaduras militares, con la suya como la más importante por duración y posicionamiento ideológico, a los pactos en democracia para regresar al poder “por las buenas”. Pero la historia lo enseña, cuando un indio campesino desbodediente es capaz de obsesionarse con el ejercicio presidencial, hay siempre la posibilidad de arrebatarselo a la mala, tal como sucedió en 1971 cuando los obreros comunistas y trotskistas pretendían consolidarse como factor poder.  Sin la salvadora presencia de Banzer o su nefasto legado, según desde donde se lo mire, el país de los últimos cincuenta años no podríacomprenderse si no se lee con rigurosidad crítica el trayecto de este General nacido en un pueblo chiquitano, al que los cruceños que saben de historia, le llaman el pueblo de los gatillos fáciles.

Originalmente publicado en La Razón el domingo 29 de agosto como parte de la serie Memoria y Archivo