¿Cuánto necesita Evo Morales de García Linera?

 

En uno de los últimos encuentros sostenidos en Buenos Aires entre el Presidente de Argentina, Alberto Fernández y el expresidente de Bolivia y jefe del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, quedó una frase relacionada con el acompañamiento que Alvaro García Linera demostró como Vicepresidente durante los catorce años en que Evo condujo al país a través de tres elecciones consecutivas ganadas con más del 50 por ciento de los votos. “Tengo una sana envidia por la lealtad del compañero que tienes” le dijo Alberto a Evo en noviembre de 2021.

García Linera dice siempre estar orgulloso del rol que significó ayudar a un presidente indígena para que su gestión fuera exitosa a partir de una agenda de transformaciones sociales y económicas que hicieron de Bolivia durante por lo menos cuatro gestiones, número uno en crecimiento económico de Sudamérica y para que ello sucediera quién manejo los hilos de la gestión pública con paciencia diaria y haciendo sistemático seguimiento de los principales temas de agenda, fue precisamente este segundo de a bordo con perfil de Primer Ministro, que le faciltaba a Evo desplazarse por todo el país, mientras el, desde su despacho en La Paz, dirigía acciones y concretaba tareas para que la maquinaria gubernamental funcionara sin obstáculos.

Los tiempos son otros, que obviedad, y hoy Evo es jefe partidario y principal representante de las federaciones de campesinos cocaleros del Chapare, situado en el subtrópico del departamento de Cochabamba, en pleno centro geográfico del país, mientras García Linera se encuentra dedicado a impartir cátedra y a ofrecer charlas, sobre todo en Buenos Aires, o a  través de Zoom, por ejemplo, para audiencias gestadas por Le Monde Diplomatique.

Mientras Evo Morales no deja de hacer política todos los días y a toda hora como jefe del MAS, García Linera desempeña un papel más ajustado al retiro de la actividad partidaria con prioridad en tareas académicas y en foros de debate sobre cómo estaría evolucionando la consolidación de una segunda ola progresista en América Latina con la llegada de Gabriel Boric a la presidencia de Chile y los probables triunfos de Lula Da Silva en Brasil y Gustavo Petro en Colombia, mientras en Bolivia, el país es presidido por el economista Luis Arce Catacora, considerado por el propio Evo Morales como su maestro en la materia.  

En las últimas semanas, Evo Morales ha denunciado un plan de la DEA en contubernio con oficiales de la Policía Boliviana para acusarlos a el y a algunos de sus compañeros, de narcotraficantes: La vieja historia de uno de los brazos vigilantes de la administración estadounidense en afanes para acabar con la carrera pública de Evo. A esto, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, ha contestado que en el país no hay injerencia alguna de la DEA. La prueba de ello se la podría encontrar en el apresamiento del ex comandante de la Fuerza Especial de la Lucha contra el Narcotráfico (FELCN), Maximiliano Dávila que fue detenido el pasado 22 de enero antes de que intentara huir del país, operativo que le impidió pasar la frontera hacia Argentina, donde muy probablemente la DEA le hubiera caído sin perder tiempo alguno. Dávila es acusado por el gobierno boliviano de proteger a una red narcotraficante.

Evo, según dichos de agudos observadores neutrales, pareciera haberse convertido en la cabeza de la oposición al gobierno del MAS, debido a la alarmante inacción de las formaciones políticas con representación parlamentaria como Comunidad Ciudadana (CC) de Carlos Mesa y Creemos de Luis Fernando Camacho, candidatos a la presidencia derrotados en las elecciones de 2020 y partícipes del golpe de Estado que provocó la caída de Evo en 2019. En ese contexto, los medios de comunicación alineados contra el MAS despliegan a diario esfuerzos por mostrar supuestas rupturas dentro el partido de gobierno, que ahora tendría tres cabezas: el jefe histórico Evo Morales, el presidente Arce y el Vicepresidente Choquehuanca, muy respaldado por el pueblo aymara que habita principalmente las provincias de La Paz. Lo cierto es que en términos prácticos, el único  partido político con influencia en todo el territorio boliviano sigue siendo el MAS y de ahí que se diga, no sin tufo irónico, que como la oposición prácticamente no existe, la única oposición al partido del gobierno puede brotar solamente del mismísimo Movimiento al Socialismo.

Con un contexto especulativo en el que manda el dice que dice, García Linera se encuentra distante de la política cotidiana y de la gestión gubernamental. En su última aparición pública,  producida a principios de marzo, para referirse al actual momento, el ex vicepresidente dice que Arce y Choquehuanca ejercen un liderazgo político y estatal, mientras que Evo continúna siendo un líder social. En esa oportunidad afirmó que si las internas no se manejan con coherencia podría producirse una “fragmentación de lo popular”.

En este nuevo escenario, alguien que conoce muy a fondo a Evo Morales comentó: “Evo está muy desordenado porque Alvaro no está cerca.” Si esto es así, ¿cuán lejos podría estar el que fuera su colaborador más cercano en los haceres gubernamentales? Lo cierto es que una cosa es el García Linera, hombre de Estado, y otra el académico alejado del poder, y en esa medida, como Evo no ha disminuido en lo más mínimo su animalidad política, no parece dispuesto a abandonar la batalla diaria expresando prevenciones contra la conspiración de la derecha, así como manifestando discrepancias por algunas formas de actuar y decisiones que se toman al interior del gobierno que preside su compañero Luis Arce Catacora,  con quién ha encarado tantas batallas por demostrar que el Estado puede ser eficiente y exitoso en el el manejo de la economía boliviana.

 

Originalmente publicado en Noticias de América Latina y El Caribe (NODAL) el 04 de abril

La quimera de Garcìa Márquez

 

En base a una ponencia de Gabriel García Márquez (La procuración de justicia: problemas, retos y perspectivas presentada en México), la revista española Cambio 16 (diciembre de 1993) tuvo la iniciativa de recoger firmas en apoyo a la legalización de las drogas. Algunos de los nombres de quienes se adscribieron a semejante movida hablan por sí sólos: Fernando Savater, Milton Friedman, Carlos Fuentes, Joan Manuel Serrat, Manuel Vásquez Montalban, Antonio Escohotado, Daniel Samper, Carmen Rico-Godoy, Carlos Monsivais, Mario Vargas Llosa. En la misma edición (Nº1150) de la revista para América figura una entrevista de alguien que se oponía a tan ambiciosa idea. Se trata de quién fuera Subsecretario de Defensa Social del Ministerio del Interior, Gonzalo Torrico, que ejercía como funcionario del gobierno de Jaime Paz Zamora, en representación del partido del Gral. Banzer, Acción Democrática Nacionalista (ADN). Dice Torrico, entre otras cosas “legalizar crearía gran adicción”.

La revista Cambio 16 asumió el texto de García Márquez que ya era Premio Nobel de Literatura como un “Manifiesto a favor de la Legalización de las Drogas” que en sus partes salientes dice: “La prohibición ha hecho más atractivo y fructífero el negocio de la droga y fomenta la criminalidad y la corrupción a todos los niveles. Sin embargo  los Estados Unidos se comportan como si no lo supieran. Colombia con sus escasos recursos y sus millares de muertos, ha exterminado numerosas bandas y sus cárceles están repletas de delincuentes de la droga. Por lo menos cuatro capos de los más grandes, están presos y el más grande de todos se encuentra acorralado.(Para cuando se publicó este material, Pablo Escóbar ya había muerto)/ En Estados Unidos, en cambio, se abastecen a diario y sin problemas 20 millones de adictos (en la actualidad la cifra bordea los 30 millones) lo cual sólo es posible con redes de comercialización y distribución internas muchísimo más grandes y eficientes./ Puestas así las cosas, la polémica sobre la droga no debería seguir atascada entre la guerra y la libertad, sino agarrar de una vez al toro por los cuernos y centrarse en los diversos modos posibles de administrar la legalización. Es decir, poner término a la guerra interesada, perniciosa e inútil que nos han impuesto los países consumidores y afrontar el problema de la droga en el mundo como un asunto primordial, de naturaleza ética y de carácter político que sólo puede definirse por un acuerdo universal con los Estados Unidos en primera línea./ Y por supuesto con compromisos serios de los países consumidores para con los países productores. Pues no sería justo , aunque si muy probable, que quienes sufrimos las consecuencias terribles de la guerra nos quedemos después sin los beneficios de la paz. Es decir que nos suceda lo que a Nicaragua, que en la guerra era la primera prioridad mundial y en la paz ha pasado a ser la última.”

A 29 años de tan grande iniciativa que por supuesto no prosperó en ningún sentido,  las cosas siguen exactamente igual. O peor. Las ficciones televisivas seriales han convertido a los narcotraficantes en los portaestandartes de la épica de moda. Trabajar en el narco significa el sueño de alcanzar poder y dinero transitando por la avenida más corta, cuando en términos generales significa autocondenarse a una vida de clandestinidad y sobresaltos, con la muerte acechando a toda hora. Está claro: Las políticas de lucha contra el narcotráfico sirven para tapar dos agujeros cuando en ese mismo instante se están abriendo seis en lugares próximos en los que se capturan narcotraficantes. Se trata de una guerra inútil, sin fin y que a estas alturas sirve para que algunos liberales contradictorios desde sus espacios periodísticos usen el tema para autocalificar a nuestro país en su calidad de productor de hoja de coca como un narcoestado y para estigmatizar al principal dirigente campesino que representa a las organizaciones de productores en la zona del Chapare como al “cocalero Morales.”

La lucha contra la producción y comercialización de las llamadas sustancias controladas continúa siendo en un entramado dispositivo de control político a cargo de los gobiernos estadounidenses, en el que además, sus propios combatientes suelen transgredir la delgada línea que los lleva a usufructuar de conexiones con los capos de la droga y de generar sistemas informativos dentro las fuerzas regulares represivas para ayudar a estos empresarios ilegales a tomar recaudos cada vez que un operativo es inminente.

Quienes siguen desgañitándose acerca de los países a los que periódicamente se pretende arrinconar por su calidad narco, no comprenden que este es un asunto que no pasa por la moral, sino por la compleja condición humana. Si algún día llegaramos a aceptar la iniciativa de García Márquez y los intelectuales que lo respaldaron en 1993, seguro que se trataría de una contribución para hacer de este planeta un lugar más habitable y menos absurdo.

Originalmente publicado el 09 de abril en la columna Contragolpe de La Razón

El movimiento de Kiro Russo

 

En otros tiempos se hubiera dicho que Elder Manani tiene la cara y el gesto de “un artillero de la Bueno Aires”, la interminable y populosa arteria de la ciudad en la que se cruzan la modernidad metropolitana y la ancestralidad aymara repleta de katus en la que sobreviven en el amontonamiento de talegos de papas y cebollas, esos condenados a cargar sobre sus espaldas desde tuberculos hasta muebles,  para descender, por ejemplo, la calle Los Andes, tosiendo y soportando humillaciones de las caseras que se burlan del aparapita siglo XXI y que se constituyen en comerciantes de orígenes étnicos parecidos pero ya con estatus de exitosas propietarias.

De su natal y minera Huanuni (“Viejo calavera”, 2016), Elder aparece tres años después incrustado a la mala en esa La Paz del estruendo marchista cada vez que los mineros se apoderan del luminoso centro de la ciudad.  Un par de explosiones de dinamita y una consigna  --“sangre de minero, semilla de guerrillero”—significan el apunte preciso y único para situar el contexto histórico político del que emerge este antihéroe proveniente de las entrañas de la mina y de los tugurios en los que aprende a alcoholizarse con puntualidad autodestructiva y a partir de este prolegómeno, Kiro Russo y su banda conformada por Pablo Paniagua en la fotografía y Miguel Llanque en la música, nos internan en un viaje tan infernal como alucinante hacia los recovecos de la ciudad pesadilla escondida detrás de la mentira político propagandística que la estereotipa con frivolidad turística como ciudad maravilla.

Elder había perdido a su padre en Huanuni y se dedica a chupar como descosido. Con un salto hacía la ciudad prometedora que es en realidad un espejismo, llega junto a sus compañeros Gallo y Gato con demandas por trabajo y salario, para terminar estampillado en cualquier antro, zaguán,  o callejuela registrada con los inigualables adobes de Comanche que resplandecen hasta el enceguecimiento. Desde los sonidos iniciales en que la película es profundamente audio, se va abriendo firme y segura hacia una iconografía de la ciudad andina en la que se puede conjeturar por intuición cómo leía sus poemas Jaime Sáenz masticando las palabras con los dientes amarillentos y el acento metálico, todo ello pronunciado por ese anciano y barbado curandero que dialoga con la naturaleza y que se autoidentifica como salvador de cuerpos y almas, paralelamente interceptado por un médico estudiado en universidad que rechaza las creencias y los rituales, y que dice que dolencias como las de Elder se curan a partir del diagnóstico científico.

“El gran movimiento” alude, sin proponerselo, a las dos expresiones político partidarias más importantes y determinantes de nuesta historia contemporánea, pero en esta nueva audacia de Russo, esto es solamente telón de fondo, porque sus decisiones creativas vuelven a pasar por la relación de la existencia en crisis de un personaje con el entorno que queda confundido en callejones clandestinizados en los que hay que inventar in extremis momentos para danzar entre luces de discoteca ochentera, sillas y mesas de lata o entre chiwiñas nocturnas cuando el mercado ya ha dejado de atender, y las cholas vendedoras se transforman en bailarinas HipHoperas con esos movimientos rítmicos liberadores que prescinden del folklore dominante y millonario.

En un momento clave, del protagonista convaleciente emerge una luz blanca y circular que podría leerse como un mensaje de “te vas a morír Elder” y que termina arremolinada con un plano de los trencitos subterráneos que transportan el mineral, condensación visual del sacrificio colectivo y el resquebrajamiento personalísimo, toda una lección de síntesis visual-audio para comprender el ajayu de la narración.

Entre el trabajo insalubre y el desenfreno del bebedor consuetudinario, el camino hacia el deterioro físico y hacia el coqueteo con la muerte se hace prematuro en este Elder como en tantos de sus compañeros y amigos, que aparece postrado con el torso desnudo cual si fuera un Cristo yacente que evoca pinturas y esculturas barrocas de la edad media, composición con las que queda constatada la riqueza de una historia que se ramifica en significaciones y simbolismos.

La película incomoda y aprisiona. Desafía a salir del apoltronamiento citadino plano y aburrido, para sumergirnos en una atmósfera tan ajena a la vida normal del  centro urbano, situada de espaldas a las periferies del tedio, el desempleo y el consumo de alcohol con militancia existencialista. No hay más nada que transcurrir, porque si algo hacen los personajes que van junto a Elder o detrás de él, es transcurrir comentando lo que les va pasando en el día a día, en climas que van desde el frío y descriptivo documental hasta la más riesgosa alusión onírica de una ciudad lúgubre, visualizada por una cámara capaz de poner en entredicho la indiferencia y la monotonía con la que sabe vivir el espectador desprevenido.

Originalmente publicado el 26 de marzo en Contragolpe de La Razón

Una defensora del pueblo

 

La consigna y la obsesión antimasista se han estrellado contra Nadia Cruz, la Defensora del Pueblo que debió asumir el cargo interinamente luego de la renuncia de David Tezanos Pinto hace algo más de tres años. Se la tacha sin argumentación ni pruebas a la mano, de alineada con el partido azul y de haberse convertido en alguien que ha hecho de la institución, un reducto para defender a los afines al nuevamente partido de gobierno que conoció el ejercicio del poder durante catorce años consecutivos.

La gestión de Cruz ha producido un extenso y pormenorizado informe defensorial que expone con notable rigor y apego a la veracidad de los hechos, lo sucedido en el peor año de este siglo que pudo vivir Bolivia en materia de violaciones a los derechos humanos, durante fines de 2019 y gran parte de 2020. Si se examina con detenimiento dicho documento, se comprobará que gran parte de sus contenidos coincide con lo hecho por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) enviado a nuestro país por la Comisión Interaramericana de Derechos Humanos (CIDH), pero como las maltrechas oposiciones privilegian el tirarle basura al MAS, descalifican la gestión de alguien que tiene trayectoria, conocimiento y compromiso en la gestión de defensa de los derechos humanos en el país.

A las puertas de un nuevo nombramiento en el cargo para la gestión 2022 – 2028, el escenario se presenta carnavalesco y anecdótico. Debe ser una broma que un converso como Manuel Morales Alvarez del mal llamado Comité Nacional de la Democracia (CONADE), aparato antimasista por sobre todas las cosas, pretenda considerarse habilitado para optar al cargo. No puede por requisitos. No debe porque jugó de manera sesgada y vergonzosa el papel de portavoz de Amparo Carvajal durante el gobierno de Áñez, mandamás de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, que entre varias de sus lamentables actuaciones,  calificó como “resistencia necesaria” a un grupo irregular violento como la Resistencia Juvenil Cochala que ya tiene a un sentenciado por asesinato de un periodista y a varios otros procesados por desmanes, violencia, racismo y discriminación producidos entre octubre y noviembre de 2019.

Bolivia necesita una Defensora del Pueblo. No un Defensor. Debe ser mujer porque en tiempos de desenfrenada violencia de género, el activismo feminista debe profundizar el rol decisivo que juega,  fortaleciendo su presencia en la administración de las instituciones estatales comprometidas por ley a luchar por los derechos ciudadanos en todas sus instancias. La Defensora del Pueblo no puede ser una militante del MAS, de Creemos o de Comunidad Ciudadana y por lo tanto tampoco una ex diputada o ex senadora que ejerció funciones con carnet partidario, según los requisitos en discusión para la selección de quienes cuenten con todas las credenciales de idoneidad y profesionalismo para ejercer al cargo.  Tampoco parece sensato pensar en feministas que en el extremo de un posicionamiento “anti sistema”, utilicen las armas de la violencia verbal patriarcal para combatir a machistas, feminicidas, violadores seriales y otras ramas que forman parte de la monstruosidad masculina.

La Defensora del Pueblo debe ser, en primer lugar, alguien con recorrido en el activismo y en la defensa cotidiana de los derechos humanos. Que conozca la problemática a fondo y que tenga en su espectro qué y cómo se debe gestionar la institución y para ello, como para ningún otra instancia de alta responsabilidad pública, la elección debiera hacerse por consenso, producto de la unanimidad en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Hacer lo otro, ajustando requisitos a la medida de la agenda política gubernamental, o a la de los intereses de las minorías parlamentarias, sería incurrir en tretas que inviabilizarían la elección. De la histeria, el griterío, el insulto y el jaloneo de diputados o senadores, hay que pasar a la mesa del razonamiento. El MAS debe ceder y por supuesto que sus oposiciones también.

El año 2016, Rogelio Mayta debió haber sido elegido Defensor del Pueblo, pero no sucedió porque se impusieron criterios que superaron la rigurosidad de la convocatoria. Que no suceda otra vez. Que en esta oportunidad llegue la mejor opción por compromiso, conocimiento, dedicación y credenciales de transparencia. Figuran algunas candidatas, de las que hay que descartar a Nadia Cruz que ha manifestado no ser de su interés el tema. En ese conjunto de mujeres que trabajan a diario en temática tan sensible, debiera estar la nueva Defensora del Pueblo. Se trata de personas que no necesitan vociferar en las calles para demostrar cuanto se puede trabajar en esta materia con conocimiento, probidad y sentido de oportunidad.

La Defensoría del Pueblo tiene como misión prioritaria defender a la ciudadanía común de los abusos que comete el Estado contra ella. En otras palabras, su tarea pasa, en gran medida, por una necesaria y permanete interpelación al poder, tan saludable para cualquier democracia.

Originalmente publicado en la columna Contragolpe de La Razón el 13 de marzo.

Bolivia: El Gral. Terceros, cerebro militar del golpe, a juicio por tráfico de armas

 

Si bien el Gral. Williams Kalimán, Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia, fungió como portavoz de la “sugerencia” de renuncia a Evo Morales en noviembre de 2019, se sabe que quién coordinaba los operativos político militares para consolidar la caída del entonces presidente, era el Gral. Gonzalo Terceros, Comandante de la Fuerza Aérea.

Con el propósito de salir liberado por condena mínima (tres años de cárcel), Terceros ha recuperado la memoria de manera súbita, acogiéndose a un juicio abreviado en el que ha admitido su complicidad y culpabilidad por resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes e incumplimiento de deberes. De esta manera, junto al que fuera comandante de la Naval, Almirante Gonzalo Jarjury, Terceros tramita afanosamente su mandamiento de libertad, probablemente sin tener todavía conciencia del  nuevo lío  judicial que le espera:  Apenas transponga las puertas del Penal de Palmasola de Santa Cruz de la Sierra, tendrá que enfrentar el juicio que acaba de instaurarle el ministerio de Gobierno por tráfico de armas con la Argentina entonces gobernada por Mauricio Macri.

En julio de 2021 Terceros fue detenido y declaraba no recordar nada, cuando es sabido que trató de evitar que Evo Morales y su vicepresidente, Alvaro García Linera, ya renunciados, abordaran el avión presidencial que debía trasladarlos de La Paz hasta Chimoré donde lo esperaban campesinos cocaleros dispuestos a protegerlo. Al no lograr impedir la partida del avión, Terceros instruyó que la nave, una vez aterrizada en el subtrópico de Cochabamba, se dirigiera al hangar militar, lo que generó una indignada reacción de Morales y García Linera que lograron finalmente descender en la plataforma principal del aeropuerto.

El siguiente capítulo protagonizado por Terceros estuvo relacionado con la autorización para que el avión enviado por el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, saliera del espacio aéreo boliviano. También saboteó la partida de la nave que en principio debía hacer escala en Lima para cargar combustible y que finalmente cambió de dirección hacia Asunción, gracias a gestiones que facilitaron que el presidente Mario Abdo instruyera la llegada de Evo Morales, ya protegido por el asilo político, previa a su traslado a Ciudad de México.

Las actuaciones de Terceros fueron determinantes para la consolidación de la presidencia de facto de Jeanine Áñez, a quién le facilitó el helicóptero para que aterrizara en el Colegio Militar de La Paz, junto a su colega senador Oscar Ortíz, con el objetivo de reunirse el lunes 11 de noviembre de 2019 con Luis Fernando Camacho, presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz que se encontraba en la sede de gobierno una vez conseguido el objetivo de la dimisión de Morales en gran medida fogoneado por el ahora gobernador cruceño que fue el primero en pedir la renuncia de Evo.  En ese clima enrarecido, mientras Áñez se reunía con Camacho, Terceros comandaba las operaciones de sobrevuelos rasantes de aviones de combate T-33 sobre localidades de La Paz y Oruro que amedrentaban a pobladores civiles, la mayoría de ellos opuestos a la salida de Evo del gobierno.

Fue Jorge “Tuto” Quiroga, heredero político del dictador Banzer, quién declaró publicamente que estaba encargado de  realizar gestiones con Terceros:  “A todos ustedes quiero pedirles disculpas, que comprendan que ayer tuve que hacer algo que nunca pensé que iba a tener que hacer, gestiones con la Fuerza Aérea Boliviana para que el tirano salga de Bolivia, a fin de que pacifiquemos el país”, comentó en un video que fue difundido en redes sociales, que luego fue retirado. En otras palabras, la línea directa entre Quiroga y Terceros fue crucial debido a que la permanencia de Evo en Bolivia implicaba para los conspiradores una espiral de convulsión social que haría muy dificultoso el éxito del golpe.

El Gral. Gonzalo Terceros es el principal jefe militar del golpe en Bolivia y no como muchos creen el Comandante en Jefe Williams Kalimán. En su acusación formal contra el ex Comandante de la Fuerza Aérea, y contra el Comandante de la Policía, Gral Yuri Calderón, el Ministerio de Gobierno pregunta: “¿Cómo un comandante de la Fuerza Aérea encargado de asegurar la Soberanía y Defensa del espacio aéreo nacional conforme el Art 59 inciso a de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas envió un pedido de armamento y luego un agradecimiento oficial a otro país?¿ Qué otras operaciones se realizaron en el Transporte Aéreo Militar (TAM) y en el hangar de los Diablos Negros además de la descubierta por los testigos que transportaron los agentes químicos y armamento que bajaron el avión FIC ATC 006 C 130 argentino la madrugada del 13 de noviembre de 2019?¿ Cuánto armamento letal fue transportado por la tropa militar extranjera realmente? ¿En qué momento se realizó toda esa articulación perfecta entre Bolivia y Argentina para que el avión FIC ATC 006 C 130 llegue cargado en la madrugada del 13 de noviembre de 2019 apenas horas después de la autoproclamación como presidenta de Bolivia de Jeanine Añez Chávez?”

El fallo judicial en el juicio abreviado recientemente librado, ha sido extremadamente generoso con el Gral. Terceros. Al habérselo sentenciado con tres años de cárcel, el ordenamiento jurídico boliviano le permite quedar en libertad, pero como la actuación de este militar tiene varias aristas en el derrocamiento de Evo Morales, ahora debe comparecer nuevamente ante la justicia por haber entablado una relación irregular de penetración de municiones y efectivos militares argentinos (alacranes), vulnerando los procedimientos consignados en la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (LOFA). Terceros, como todos sus camaradas del Alto Mando de entonces están siendo procesados por haber desconocido el poder civil constituído que dio lugar a un gobierno de facto que en casi un año de ejercicio, produjo masacres como las de Sacaba  y Senkata y estropeó la economía boliviana utilizando la cortina de humo de la pandemia que castiga a todo el planeta.

Originalmente publicado en Noticias de América Latina y el Caribe (NODAL) el 27 de febrero.

 

La porfía de Página Miente

 

El dizque periodismo que practica el diario Página Miente es una mezcla de caviar con nachos. Confunde la velocidad con el tocino, y cree haber descubierto la fórmula para descomponer la cuadratura del ciclo. Su problema es profundo y ético porque se maneja por referencias morales  --no soporta saberse parte del golpismo de 2019—y en ese transcurrir salta de consigna en consigna para trampear a la hora de pretender exponer los hechos.

Página Miente no admite que le emponchen formar parte de un cartel que distorsiona la materia básica de la que se nutre el periodismo consistente en acontecimientos y hechos verificables en la realidad. Su atrincheramiento pasa por la formidable conclusión de que como Evo Morales renunció, lo del golpe de Estado es una patraña, una posverdad. Ni los trituradores de teclados con los que cuenta se lo creen, pero insiste porque necesita encontrar un detergente lava conciencia que no existe. Lo uno no tiene nada que ver con lo otro. Evo pudo haber renunciado y hasta pensar que una sucesión inconstitucional le serviría para atenuar su salida del gobierno en calidad de víctima,  producto de su forzada candidatura violatoria del resultado de un referéndum, y eso nada tiene que ver con la forma en que se operó la llegada de Jeanine Áñez a la presidencia del Estado.

El periodismo boliviano, lo mismo que los actores políticos con la justicia, debería firmar un gran acuerdo gremial desprovisto de filtros ideológicos y líneas editoriales en defensa radical e incondicional de los derechos humanos en un país tantas veces aplastado por la violencia política y las masacres, pero gran parte de el, enquistado en estructuras empresariales devotas del capital transnacional, del saqueo y la injerencia, prefiere mirar para otro lado y defender lo indefendible: Las resoluciones contrarias a la Constitución para instalar un gobierno, que por si fuera poco, hizo de la transición un enorme campo de juego para la represión policial-militar,  la corrupción, el matonaje y la extorsión judicial.

Página Miente es heredero sentimental del golpismo banzerista de 1971. Tiene en su ser ideológico una visión entre reaccionaria y neoliberal de la política y de la economía, y desde estas matrices puede comprenderse que pretenda subestimar a su puñado de lectores, diciendo que como Evo renunció “voluntariamente” no hay tal golpe. Consideración tan peregrina como esta no es un razonamiento. Es un artefacto barato y deleznable. Para llegar a la silla presidencial, Áñez no pasó por la recomposición previa de la directiva del Senado, en primer lugar, y menos se encontraba en la línea de sucesión en su calidad de segunda vicepresidenta. Al no haberse tratado formalmente las renuncias de Morales, García Linera, Salvatierra y Borda, al no haberse instalado las sesiones de la Cámara Alta primero y de la Asamblea después, los asaltantes del poder –la propia Áñez instrumentada por sus colegas Ortíz y Murillo-- se pasaron por encima la normativa para agarrar al vuelo un comunicado del Tribunal Constitucional aludiendo a la sucesión de 2001  --Jorge Quiroga sucediendo a Banzer-- como antecedente y con la que el Doctor Luis Vásquez Villamor, amigo abogado de Tuto, fabricó el embuste del Ipsofacto con el que se pretendió embaucar a todo el país. La realidad, los hechos, es decir el  periodismo apegado a la verdad histórica, demuestran que no lo logró, que un comunicado no puede ser el sustento  para la elección del presidente de un Estado, con prescindencia de sus instancias y procedimientos institucionales señalados por norma. Tomaduras de pelo como esa, sólo pueden funcionar en una película neocolonialista sobre alguna república bananera de los 60.

Si Página Miente prefiere, no le llamaremos Golpe de Estado. Dejemoslo en sucesión inconstitucional y en consecuencia, en gobierno de facto, que relativizó sus acciones y pretendió  ataviarse de democrático con el alargamiento de mandatos de senadores y diputados hasta que se realizaran nuevas elecciones, luego de anuladas las de 2019. Si las cosas no se tornaron peores fue porque algunas voces sensatas evitaron que funcionara el plan de la proscripción del MAS del ordenamiento electoral boliviano, interceptado por quienes estaban concientes de que semejante intento abría las compuertas de la guerra civil.

La insistencia en un fraude nunca demostrado técnica y juridicamente, y en la defenestración no del candidato Morales, sino del Presidente Morales (su mandato debía concluir en enero de 2020) dió lugar a la interrupción de la democracia plena que sólo es tal con todos los órganos del Estados legal y legítimamente constituídos. Periodistas como el que escribe, tienen documentados los hechos a través de un trabajo de veinticuatro meses. Desafío a Página Miente y a cuantos medios quieran, juntos o por separado, a debatir publicamente las características de la estructuración del gobierno de Áñez.

 ¿Qué parte de sucesión in-cons-ti-tu-cio-nal no quiere entender Página Miente y similares para que se la expliquemos una y mil veces?

Originalmente publicado en la columna Contragolpe de La Razón el 26 de febrero.

La corrupción invisible

 

Los ítems fantasmas de la Alcaldía de Santa Cruz, el sobreprecio del vertedero municipal de esa ciudad, el chapucero intento de compra de ambulancias de la Gobernación de Potosí, la otorgación de detenciones domiciliarias a monstruos masculinos que violan y asesinan, a cargo de jueces protegidos por el mismísimo Consejo de la Magistratura, el mal uso de un despacho  departamental para armar una farra impresentable que bien podía organizarse en algún domicilio particular, los pedidos de porcentajes para cualquier tipo de trámite en municipios de distintos lugares del país y  una lista inacabable de dispositivos surgidos de la viveza criolla, ponen en evidencia cuán torpes han sido los autores de  todos estos dislates de utilización de lo institucional para beneficio privado, concepto principal de corrupción en el ejercicio del servicio público.

Ángelica Sosa, ex alcaldesa de Santa Cruz de la Sierra; Jhonny Mamani, gobernador de Potosí y Gonzalo Alcón, ex presidente del Consejo de la Magistratura han ingresado en la galería de los funcionarios públicos que han tenido la capacidad de dejar todas las huellas digitales posibles acerca de conductas y acciones reñidas con la honestidad y la transparencia. El de Sosa es el único caso de las figuras opositoras al MAS a la que no le han desplegado la cortina de la persecución política que es la estratagema para tapar delitos en supuesta defensa de la democracia y la libertad. Es decir, no puede ser una perseguida política porque los escandalosos indicios informan que se trata de alguien que amasó mucho dinero corrompiendo el funcionamiento del municipio cruceño.

Sosa, Mamani, Alcón y muchísimos otros están fritos. Hay papeles desarchivados  del desván de una despechada señora, hay evidencias de cuentas bancarias, hay personajes de distintos tamaños que han sido descubiertos en sus conexiones y que armaron aparatos para su beneficio y que por supuesto sólo pueden funcionar con los engranajes de las burocracias, las firmas autorizadas, y los vistos buenos de funcionarios intermedios. Los mejores ejemplos de esto son los hermanos Parada que hasta por apariencia física resultan gemelos. Está claro: Tuvieron oficio y años de ejercicio para generar dineros para trabajadores que nunca trabajaron y a los que se les daba mendrugos de pan a cambio del uso de sus identidades.

Los hasta aquí descritos, digamos que van dejando evidencias a cada paso que dan y por eso terminan presos, prófugos y alguno más astuto consiguiendo refugio político fuera del país, pero si hay corruptos a los que hay que reconocerles sagacidad para aprovechar sus circunstanciales cargos en la gestión pública, son esos que no dejan una sola hilacha en el trayecto y a los que no se puede acusar de absolutamente nada porque no  hay rastro alguno que pueda incriminarlos. “Esos son los elegidos” dirían Les Luthiers.

El que dice que no hay crímen perfecto en lo concerniente al ejercicio de un cargo por elección democrática, designación meritocrática o peguismo partidario está equivocado por desinformación o porque más conviene no husmear en sitios peligrosos que pueden generar consecuencias funestas. Vayamos a un ejemplo de cómo funciona la corrupción invisible: Compra de plantines para adornar plazas y jardineras de una ciudad. El proyecto tiene un precio de un millón de bolivianos. Hay que licitar y adjudicar de entre tres propuestas. Gana la mejor por precio y calidad. No hay sobreprecio. No hay gastos adicionales. No hay reprogramación financiera del costo original porque hay cumplimiento en los plazos de entrega. Pero resulta que el precio real “entre nos”, es de solamente 700 mil bolivianos, información que nunca llega a saberse porque contratante y contratado han gestado un acuerdo de palabra. Un acuerdo secretísimo por supuesto. Dicho y hecho, la empresa termina el trabajo, cobra el millón y transfiere “a terceros” 300 mil bolivianos. El nombre de la autoridad no aparece por ninguna parte, no hay una firma que lo incrimine, su “comisión” es entregada en efectivo (los maletines de siempre) o se deposita en cuentas de palos blancos. Esa autoridad o funcionario se ha aprovechado del cargo para embolsar un monto, producto de su poder de decisión. ¿Hay delito? ¿Dónde? ¿Y las pruebas? Sin ellas no se puede acusar a nadie. Los silenciosos “acuerdos de caballeros” no forman parte de código penal alguno.

Para completar el cuadro, la autoridad o funcionario que actúa de esta manera, sin dejar vestigio alguno de sus habilidades, toma previsiones para no caer en el redil de la legitimación de las ganancias ilícitas y para ello, todos los bienes adquiridos y  las cuentas bancarias locales e internacionales se encuentran a nombre de terceros, los mismos u otros que embolsaron los 300 mil bolivianos.  Son unos verdaderos perfeccionistas en la consumación de actos de corrupción de gran estilo y de los que nunca nos enteraremos.

Originalmente publicado en la columna Contragolpe de La Razón el 12 de febrero.

La pobreza intelectual de la derecha

 

Nunca antes la derecha boliviana había sido tan escuálida en ideas y en formulaciones programáticas para el país desde el regreso a la democracia en 1982. Basta recordar que fue precisamente el banzerismo el que introdujo al economista de Harvard Jeffrey Sachs en Bolivia para escribir y desplegar el 21060, decreto con el que funcionaria la economía boliviana durante dos décadas y que contó con ejecutantes que sabían hacer su trabajo en función de sus intereses de clase: El propio Banzer, Paz Estenssoro, Sánchez Lozada e incluso Paz Zamora que terminó absorvido por el neoliberalismo luego de sus años de militancia en la izquierda con influencia social demócrata europea.

Desde el día en que Evo Morales ganó por primera vez la presidencia, quedó sellado el colapso de un sistema de partidos que quedó agotado, producto de las nunca satisfechas demandas ciudadanas durante  esos veinte años de políticas económicas en los que mandaba el mercado, la fuga de capitales y el achicamiento del Estado. Durante todo ese tiempo las organizaciones sociales resistieron despidos masivos, gasolinazos y otras medidas de “ajuste estructural” hasta que tradujeron sus largas luchas en una participación electoral que situó por primera vez en la historia a un dirigente sindical en el gobierno. No lo había podido lograr Juan Lechín en los 60, y grandes dirigentes de formación socialista y comunista habían sido expulsados del firmamento político boliviano con encarcelamientos (Irineo Pimentel, Federico Escóbar de la Federación de Mineros) y asesinatos como el de Marcelo Quiroga Santa Cruz en 1980.

Cuando en Bolivia mandaba la derecha en el poder tutelada desde el norte imperial, combinando esfuerzos e ideas con un nacionalismo revolucionario culipandero como el que manejaron a su antojo según conveniencias de coyuntura, Paz Estenssoro y Siles Zuazo, una Bolivia paralela siguió soportando políticas represivas de acallamiento, suavizadas con el retorno a la democracia si se las compara con la policía secreta y los campos de concentración de Claudio San Román durante el período revolucionario del 52, y las prácticas represivas de terrorismo de Estado a cargo de las dictaduras militares.

Una larga e incansable lucha de resistencia durante el republicanismo neocolonial se desarrollaba en esa Bolivia paralela a la que se le prestaba una atención secundaria en las esferas informativas oficiales de las ciudades hasta que se instaló una nueva configuración de las prácticas políticas y del ejercicio del poder con un instrumento que hoy día no puede pensar su funcionamiento sin la interpelación, los reclamos y los pedidos de ajuste de sus organizaciones colectivas expresadas en primer lugar en el Pacto de Unidad que hace un par de semanas se sentó en una reunión con el presidente y el vicepresidente del Estado para hacerle conocer sus criterios con respecto del equipo de ministros con el que el gobierno funciona desde hace casi quince meses.

No conocemos otro país en que los colectivos organizados de campesinos, indígenas, mujeres, obreros y una significativa diversidad gremial tiene hoy la posibilidad de pedirle cuentas al poder político de manera directa, de demandar espacios de decisión, naturalmente con resultados desiguales entre la eficiencia de éxito y la burocratización que puede conducir a la corrupción, pero que se ha convertido en la estructura participativa de un Estado que ha  recuperado su tamaño e incidencia en la vida del país y que  tiene enfrente a esa derecha que obsesionada con la desaparición del MAS, ha logrado vaciarse completamente de contenidos propios, privándonos de un juego político en el que la alternativa sea parte fundamental del debate y no esa postura reactiva que está exclusivamente dedicada a referirse a lo que pasa o deja de pasar en la estructura masista.

Cuando se produjo el triunfo de Arce-Choquehuanca el 18 de octubre de 2020, me apresuré a predecir un regreso a la democracia de pactos, a la búsqueda de consensos para la toma de decisiones en materia de políticas públicas. Me equivoqué de cabo a rabo porque ninguna de las dos formaciones opositoras con presencia parlamentaria tienen perfil para convertirse en verdaderas fuerzas con discurso alternativo al nacional popular que sostiene el MAS desde su llegada al poder que ya se acerca a las dos décadas de vigencia con la breve y devastadora interrupción del golpe de Estado de 2019.

El llamado modelo cruceño debería ser una referencia central para construir un discurso altenativo al MAS, pero la coyuntura lo tiene prisionero en una guerra interna de acusaciones y contra acusaciones donde campea la corrupción institucional como nunca antes había sucedido. Mientras Santa Cruz no supere el resquebrajamiento de su gobernación y su principal municipio atestados de corruptos con distintas especialidades se hace difícil establecer una interlocución que permita instalar una mesa plural acerca del destino del país.

Originalmente publicado en la columna Contragolpe del diario La Razón el 29 de enero.

 

 

La próxima vez será guerra civil

 

La pesadilla de un gobierno de transición inconstitucional y represivo se acabó en Bolivia el 8 de noviembre de 2020 cuando Luis Arce y David Choquehuanca comenzaron a reconducir el estado de derecho, producto de su apabullante triunfo con un 55 por ciento de los votos que les permitió acceder a la presidencia y a la vicepresidencia del Estado Plurinacional en primera vuelta, con una aplastante diferencia de 27 por ciento sobre la segunda fórmula más votada, la de Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana (CC).

El Movimiento al Socialismo (MAS) gobierna Bolivia hace catorce meses con un presidente de perfil discreto y resolutivo combatiendo el Covid-19 con una alta cobertura de vacunación que ya llega a los niños de cinco años y generando las condiciones para la recuperación de la economía que se  tiene previsto llegue este 2022 a un crecimiento aproximado de 5 por ciento.

Los números de la economía sudamericana dicen que Bolivia es el país con más baja tasa de inflación del continente durante 2021, con 0.90 por ciento y si esta cifra se la compara con el 224 por ciento alcanzado por Venezuela y el 45 por ciento en Argentina, significa que la apreciación de la moneda boliviana manteniendo precio fijo por dólar estadounidense hace ya más de una década, es signo de que en el país las variables de la economía se encuentran bajo control y permiten pensar que no hay motivos para una crisis intempestiva a pesar de cuánto ha jugado la pandemia en contra de los agentes económicos formales e informales.

Mientras tanto, en el ámbito político, a dos semanas de recordarse la creación del Estado Plurinacional ( 22 de enero de 2009) producto de un referéndum con el que se modificó la Constitución Política del Estado (60 por ciento de aprobación), los sectores opositores al gobierno siguen más pendientes de lo que le sucede internamente al partido de gobierno, que lo que puedan proponerle al país alternativamente. En este contexto, Bolivia se encuentra en la temporada de especulaciones sobre cambios de ministros con críticas genéricas de Evo Morales a dignatarios nombrados por el presidente Arce “que no defienden al presidente, están preocupados por cuidar su imagen personal y se autodefinen como técnicos y no políticos”.

El pasado mes de noviembre, el gobierno abrogó la ley 1386 contra la legitimación de ganacias ilícitas, luego de un paro de nueve días promovido por el Comité Cívico Pro Santa Cruz, presidido por Rómulo Calvo, alfil del gobernador Luis Fernando Camacho, protagonista principal del derrocamiento de Evo Morales en noviembre de 2019. El paro, muy similar en características al de los veintiún días que desembocaron en el golpe de 2019,  se produjo casi exclusivamente en el oriente del país, más precisamente en la ciudad capital Santa Cruz de la Sierra y estaba basado en el argumento de que se trataba de un cuerpo legal con características de persecución y control político contra los ciudadanos que al gobierno le interesaría neutralizar según necesidades de coyuntura.

A partir de ese momento, con el retroceso gubernamental en la puesta en práctica de esta ley, el presidente Arce que en sus discursos del 6 de agosto (aniversario de la fundación del país) y 8 de noviembre (aniversario del primer año de gobierno) había fustigado sin concesiones a los autores del golpe de Estado, decidió bajar los decibeles de sus ataques y prueba de ello son reuniones que él mismo se encargó de convocar a gobernadores y alcaldes para concertar alcances de competencias sobre la ley del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 2021 – 2025. Ese acercamiento, en el que muchos gobernantes subnacionales opositores participaron, sirvió para distender los ánimos que ahora se encuentran sujetos a la nueva ola de contagios por Covid-19 que ha dado lugar a una alarma colectiva que ha desatado concurrencias masivas a los puntos de vacunación como no había ocurrido durante 2021.

La realidad boliviana, sin embargo, es siempre más compleja que sus coyunturas que en términos de políticas económicas se han manejado con racionalidad y coherencia durante los catorce años que le tocó gobernar a Evo Morales, y que ahora continúa como presidente su ex ministro de Economía que sobre políticas públicas ha adquirido una gran experiencia.  Esa complejidad pasa por el malestar que genera la nueva oleada progresista que se está produciendo en el continente con las llegadas de  Pedro Castillo a la presidencia del Perú, Xiomara Castro  a la de Honduras y  Gabriel  Boric a la de Chile . Si a ellas se suma a los gobiernos de Bolivia, Argentina, México, Cuba, Venezuela, Nicaragua y el probable triunfo de Lula en Brasil, nuevamente los espectros del fundamentalismo evangélico y fascista del continente emprenderán campañas de desestabilización apelando a su conocimiento y experiencia en materia de instalación de noticias falsas en las redes sociales para trabajar, como muy bien saben hacerlo, en el sistema de creencias de las clases medias “apolíticas”.

Como bien se sabe, la capacidad de injerencia para desatar la caída de Evo en Bolivia pasó por una acción concertada en la que intervinieron la OEA de Luis Almagro, la Unión Europea, las Embajadas de los Estados Unidos y Brasil, y la Iglesia Católica. De esa realidad, las organizaciones sociales afines al gobierno boliviano, como nunca empoderadas en su larga historia de despojos de recursos naturales, golpes de Estado y masacres, están plenemante concientes y por ello presionan para que se enjuicie y condene a Jeanine Áñez cuanto antes, y a quienes fueron parte de la defenestración, políticos ex candidatos a la presidencia, militares y policías. Áñez está recluida con detención preventiva desde marzo del pasado año, su ministro de Gobierno, Arturo Murillo, encarcelado en Miami por compra ventas irregulares de material disuasivo represivo, mientras Luis Fernando Camacho quedó legitimado por su elección como gobernador de Santa Cruz, y Oscar Ortíz que ya no habla más de política fue nombrado Rector de la Universidad Católica en el departamento cruceño: Su filiación en el Opus Dei parece haberlo convertido en un intocable al que solamente se convocó a declarar una sola vez ante el ministerio público por el golpe de 2019 y a partir de ese momento un manto de impunidad lo protege.

Hay otros actores importantes como Carlos Mesa, el dos veces derrotado candidato opositor, inicial instigador de la toma de sedes departamentales electorales que desataron el golpe, o Samuel Doria Medina, empresario ahora dedicado a terminar una rascacielos de cuarenta pisos en la zona residencial de La Paz. El primero usa el twitter para referirse a temas de agenda y el segundo, lo mismo que Ortíz, prácticamente ha dejado de hablar de política en escenarios públicos, luego de haber sido el candidato a la vicepresidencia de Jeanine Áñez que finalmente renunció a su postulación, debido a su desastrosa gestión como presidenta de transición.

La derecha boliviana, las clases medias que repudian la emergencia de las clases subalternas, que desprecian el proyecto nacional popular de las organizaciones de trabajadores indígenas, campesinos y obreros, se quedaron sin coartada, esa que se usó para sacar a Evo del poder: “Quiere eternizarse en la presidencia, quiere reelegirse cuantas veces le venga en gana.” Al haberse extinguido la causa del golpe de 2019 hoy ya no hay pretextos, en tanto el MAS ha regresado al poder y que fundamentalmente desde el Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos (IPSP) ha aprendido que hay que tomar previsiones ante el surgimiento de cualquier nuevo aventurerismo y que por lo tanto daría lugar ya no a un embate unilateral reaccionario sino, a una respuesta contundente que abriría el escenario para una guerra civil en el que un baño de sangre marcaría de manera brutal y descarnada la existencia de esas dos bolivias, la auténtica originaria y combatiente por su autodeterminación, frente a la conservadora, que sigue actuando como si los indios autoidentificados en 36 pueblos y naciones, fueran nada más sus pongos, sus mulas de carga, que están nada más para servirles y obedecerles por los siglos de los siglos. Esa realidad ha cambiado radicalmente en el país, pero los sectores acomodados, cargados de racismo y menosprecio, no están dispuestos a enterarse.

Originalmente publicado en Noticias de América Latina y el Caribe (NODAL) el 08 de enero.

Miedo

 

Se equivoca el opinador Valverde Bravo cuando dice “ya nos conocen, por eso nos tienen miedo”y a continuación destaca los atributos del llamado modelo cruceño frente al histórico andinocentrismo del que el departamento más extenso de Bolivia ha sido víctima durante la historia republicana. Se equivoca porque el miedo no es a esa visión predominantemente regional que podría catapultar a Santa Cruz hacia la cosmopolitanización de su cultura, su identidad, y para el gusto de los empresarios agroexportadores y ganaderos a su empuje emprendedor.

Si ese modelo cruceño estuviera transversalizado por una vocación redistributiva del excedente que puede generar con su variedad productiva seguramente estaríamos hablando de un desarrollo distinto, más equitativo y pensado a partir de un juego de palabras que podría servir como gran desafío: Hay que bolivianizar Santa Cruz y hay que cruceñizar Bolivia, esto es, desprejuiciar al conservadurismo cruceño sobre la Bolivia “colla” y hacerle comprender a la Bolivia occidental “anticamba”, que los cruceños son tan cruceños y tan bolivianos como cualquier potosino o paceño.

El opinador se equivoca porque no es el temor a una manera de pensar acerca del lugar en el mundo que debe ocupar la cruceñidad o a sus capacidades competitivas el que podría generar algún miedo. Lo que provoca de Santa Cruz hasta escalofríos, es que se trata del departamento sede del fascismo, allá donde el Coronel/General Hugo Banzer Suárez supo construir desde su septenio dictatorial (1971 – 1978) un modelo político que sigue influyendo en el acontecer nacional de manera decisiva tal como sucedió con el derrocamiento de Evo Morales, protagonizado por un puñado de banzeristas que en distintos grados e intensidades mantuvo ligazones con el militar concepcioneño: Tuto su vicepresidente; Ortíz su subsecretario; Costas su compañero en la fraternidad Los Tauras y Camacho, hijo de un empresario falangista que participó en el golpe de 1971. 

No es miedo al modelo cruceño visto desde la economía y la competitivdad productiva entonces, es miedo a quienes reducen a categoría de bestias humanas a los indios de las alturas cordilleranas. Es miedo a los que bajan en plan patotero la bandera indígena constitucionalizada luego de ser izada en un aniversario cívico. Es miedo a las “ordas” paramilitares de la Unión Juvenil Cruceñista fundada por el padre del opinador, Carlos Valverde Barbery en 1957, militante de la Falange Socialista Boliviana (FSB) y ex ministro de Salud de la dictadura de Banzer que alguna vez declarara ser camba y no sentirse boliviano. Es miedo a esos facinerosos protegidos por militares y policías que corretearon masistas para hacerlos apresar ilegalmente en Montero los días del golpe de Estado de 2019, por el sólo hecho de militar en el partido instrumento de las organizaciones sociales que han luchado por la autodeterminación y la soberanía a lo largo de la historia.

Ese miedo pasa por las masacres que se han producido desde 1921 en Bolivia. A los contubernios cívico militares en los que en 2019 se añadieron motines policiales. Cuando Valverde define a los movimientos sociales como “militantes para gubernamentales” pone en evidencia su representatividad como escribidor de la Bolivia reaccionaria. Como si la Federación de Mineros, la COB, la CSUTCB, las Bartolinas y todos los gremios de obreros y campesinos de Bolivia estuvieran conformados por unos autómatas sin pensamiento y sin conciencia de clase, sin historia y sin participación en las luchas de un país caracterizado por las masacres, los desmembramientos territoriales y los saqueos a nuestros recursos naturales.  Esa es la Bolivia que desprecian por casi ignorancia total los camachistas orgullosos de un modelo con trampa: En lo que siempre les convino, el “modelo cruceño” se ha servido de papá Estado con sus operadores en el poder.

El banzerismo fue tan poderoso que fagocitó al MNR. Con gran lucidez Banzer supo manejar su relación con Paz Estenssoro que primero tuvo a un vicepresidente militar que le dio una patada en el culo (Barrientos, 1964), luego apoyó al Coronel junto a la Falange en el golpe del 71 para recibir otra patada en el culo en 1974 y terminó su carrera respaldado por ese Coronel que ya era General con el Pacto por la Democracia en 1985.

Para superar ese facismo anticomunista en tiempos en que se acabó el comunismo, es decir, para superar el miedo a los golpes de Estado, al autoritarismo y a las violaciones de los derechos humanos, los bolivianos de Santa Cruz y de cualquier otro departamento del país, debemos dejar los prejuicios en la puerta de ingreso y empezar a conversar para contarnos quienes somos. Como hicieron los empresarios de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) que se abrazaron en junio de 2021 con los Ponchos Rojos en Achacachi. Era una escena inconcebible para los racistas y facistoides de siempre:  Cambas emponchados y con lluchus y aymaras con sombreros de saó.

Originalmente publicado en la columna Contragolpe del diario La Razón de La Paz el 15 de enero.

 

Democracia interrumpida

 

Como un cortocircuito que daña la provisión de energía eléctrica a una casa o a un barrio, así fue el gobierno transitorio de Jeanine Áñez con las consecuencias que ya todos conocemos: En lugar de administrar gubernamentalmente el paso hacia una nueva elección de manera expedita, decidió posponer la realización de nuevos comicios lo más que se pudiera hasta que esa dilación se convirtió en la mejor arma de rearticulación del Movimiento al Socialismo (MAS) que con el bloqueo de carreteras de agosto (2020) y una campaña muy presencial de su binomio Arce-Choquehuanca, a pesar de la pandemia, tuvo al partido-instrumento liderizado por Evo Morales de regreso al Ejecutivo, más pronto que tarde a través de la voluntad popular expresada en las urnas.

Terminamos 2021 y comenzamos 2022 en el proceso de superación del trauma colectivo que generó ese gobierno del virus, en el que una enfermedad de escala planetaria y altamente contagiosa se ha convertido en metáfora expresiva del último brutal autoritarismo soportado por nuestra Bolivia históricamente caracterizada por la expoliación de sus recursos naturales, la explotación de sus mayorías proletarias y campesinas, la violencia política en todas sus expresiones, desde la psicológica hasta la masacre como método de acallamiento a los de abajo, aquellos que hasta hoy siguen empeñados en creer posible un país con identidades varias y autodeterminación a pesar de tantos terratenientes, empresarios, militares, policías, embajadores con instrucciones injerencistas y curas católicos que a lo largo de la República-Estado Plurinacional supieron ponerse de acuerdo para proscribir las voces mayoritarias y silenciarlas hasta la eliminación física cuando fuera necesario como  ha sucedido con por lo menos una docena de masacres perpetradas en Bolivia entre 1921 y 2019.

Transitando ya la tercera década del siglo XXI me ha quedado grabada la desoladora constatación de que la nueva configuración de las clases medias citadinas, los nuevos estímulos multisensoriales con los que funciona a diario, el surgimiento de una extrema derecha provista de anzuelos religiosos para atrapar a sus desprevenidos seguidores del mundo popular, han dado lugar a una terminante insensibilización con respecto de los derechos humanos y de las muertes de ciudadanos como producto represivo político de vigilancia y control social para que los revoltosos no osen pensar nuevamente en catapultar a algún representante suyo hacia las instancias del poder político.

En ese contexto, el ejercicio periodístico al que decidí apostar desde diciembre de 2019 ha desembocado en la publicación de “Democracia interrumpida, crisis de Estado y gobierno de facto en Bolivia”. Se trata de un libro en el que se registra una historiación de la violencia política y de las masacres a lo largo de nuestra historia, así como de las noticias, las lectoescrituras de los acontecimientos y los reportajes sobre hechos y personajes que caracterizaron el derrocamiento del gobierno de Evo Morales y al gobierno transitorio que encapsuló al país en una suerte de compendio de las peores expresiones que en su momento definieron el perfil represivo de la Revolución de 1952,  las dictaduras militares de los 70-80, el perfeccionamiento de un aparato extorsivo a través del ministerio público e instancias judiciales, y el montaje de un aparato diseñado para armar negocios de distintos calibres que dieron lugar a una corrupción galopante. Investigando, escribiendo, comparando datos, constatando versiones de difícil verificación he logrado espantar a los espectros de la muerte y a sus secuaces y a los ladrones de cuello blanco que ahora gritan cínicamente ¡persecución política!.

No tengo otra cosa que palabras de agradecimiento para Pedro Brieger, periodista y sociólogo argentino, director de Noticias de América Latina y el Caribe (NODAL), y Claudia Benavente, directora de La Razón, por haber creído en mi trabajo y haberlo sostenido durante estos últimos dos años con gran convicción. Debo mencionar, además, a Miguel Gómez, jefe de redacción de La Razón y a Alvaro Cuellar, editor del CIS, por haber leído y editado todos los textos con rigurosidad profesional.

 “Democracia interrumpida” consta de cinco partes que será publicado por el Centro de Investigaciones Sociales (CIS) de la Vicepresidencia del Estado, y es producto, en primer lugar, de la elaboración y edición de productos periodísticos que ha tenido lugar en estos medios de comunicación digitales e impresos en los que he podido expresarme a mis anchas, impugnando desde la recolección de los datos y las lecturas de las conductas públicas de sus protagonistas, lo que fue un gobierno del que sus personeros ahora reclaman debido proceso y respeto a sus derechos, esos que ellos violaron sistemáticamente enceguecidos por una criminalización que terminó convirtiéndose en su tumba política.

Originalmente publicado en la columna Contragolpe del diario La Razón de La Paz el 01 de enero.

El presidente discreto

 

No sabemos si Juan Basilio Catacora, revolucionario ahorcado de la Junta Tuitiva de la revolución de Julio de 1809 en La Paz es antepasado de Luis Arce, pero de lo que ya no  hay dudas es de su filiación ideológica que pasa por el Partido Socialista 1 fundado por Marcelo Quiroga Santa Cruz y su compromiso como mentor y ministro de Economía de Evo Morales con el proceso político institucional que ha dado lugar al salto cualitativo de Bolivia a su condición de Estado Plurinacional.

Cuando era ministro de Economía y Finanzas Públicas, Arce Catacora, luego de sus extenuantes jornadas de trabajo, llegaba a casa y se quedaba en el escritorio para leer las últimas publicaciones especializadas en su materia, esa en la que estuvo empeñado en generar políticas públicas basadas en el potenciamiento del mercado interno, la equidad y la redistribución de los recursos,  y las condiciones para que Bolivia fuera país sudamericano número uno en crecimiento durante por lo menos cuatro años consecutivos.

En un debate que tuve el privilegio de moderar (Televisión Boliviana) en pleno desarrollo de la Asamblea Constituyente, “Luchito” le dio una lección a Samuel Doria Medina. Lo hizo con la tranquilidad de siempre, sin alterarse y exponiendo datos y argumentos. Ese Arce ministro jugaba basquetbol los fines de semana en una cancha cualquiera de Achumani (Zona Sur, La Paz) con los chicos del barrio, bailaba caporales y morenada con gran solvencia, y era capaz de convertirse en alma de la fiesta, además, por su agudo sentido del humor, y también se  daba tiempo alguna vez para jugar paleta en algún frontón de Miraflores.

Un cáncer de riñón lo alejó del ministerio en 2017 y con tratamiento oportuno y disciplina pudo superarlo hasta llegar a la candidatura presidencial de 2020 en la que con un equipo de atentos asesores azotó a los prepotentes y sabelotodos estrategas de campaña de las tiendas opositoras, esos que se pavoneaban con sofisticados conocimientos de marketing político y fueron derrotados por una campaña sustentada en algo así como una sociología de la cotidianidad, allá donde vale más compartir una charangueada y un vaso de chicha que discursear desde Zoom.

El Presidente Arce no quiere estar hasta en la sopa de los ciudadanos. No le interesa que transmitan en vivo todos sus actos y sus eventuales encuentros deportivos. Es decir, prefiere dejar respirar a los bolivianos su día a día sin cargosear y sin incurrir en saturantes apariciones mediáticas. Eso sí, tiene spots televisivos y gigantografías en calles y plazas poniendolé la firma a su gestión. Que le quede claro a la corporación gagá de opinadores de diarios conservadores: Es él quién gobierna, aunque Evo llame muchas veces al día o se tome la licencia de contactar directamente con algunos ministros.

Y como para que quede clara la consolidación de los niveles de aceptación y popularidad presidencial, una última encuesta ha producido los siguientes resultados de imagen positiva y muy positiva: Luis Arce 40%. David Choquehuanca 29%. Andrónico Rodríguez 27%. Luis Fernando Camacho 26%. Manfred Reyes Villa 24%. Evo Morales 23%. Carlos Mesa 23%. Seguramente los agoreros de la inminente implosión masista quedarán contrariados con semejantes datos, sencillos de comprender en tanto Arce Catacora  tiene un capital de credibilidad acumulado en quince años como mandamás de la economía nacional y da señales de eficiencia y compromiso en materia de cobertura en la vacunación contra el corona virus.

En los discursos del 6 de agosto y del 8 de noviembre (aniversario patrio y primer año de su gestión) sus adversarios de Comunidad Ciudadana y Creemos, chillaban, insultaban, se desgañitaban, mientras Arce Catacora avanzaba imperturbable en la exposición de sus argumentos. Nada lo distraía, ni los peores modales de senadores y diputados opositores, y no le tembló la voz cuando tuvo que decir las cosas por su nombre: golpe de Estado y golpistas, para que les quede grabada en la memoria la forma en que derrocaron a Evo Morales dos años atrás.

Arce Catacora, uno de los pocos ex ministros de Evo que obtuvo el salvoconducto de la Cancillería encabezada por la arbitraria Karen Longaric, se vió obligado a transitar por una ruta del infierno para llegar al aeropuerto y poder partir hacia México, país que le concedió el asilo político. Fue la embajadora María Teresa Mercado quién lo acompañó hasta la puerta del avión, luego de agresiones verbales y conatos de captura de parte de policías que recibían instrucciones del ministro de la muerte, Arturo Murillo. Arce jamás hizo de su riesgosa situación una bandera personal para promocionarse. Se trata de un hombre que ha hecho de la discreción un estilo. Prudente y de perfil bajo, sabe cuándo debe hablar, pero sobre todo tiene muy claro cuándo y dónde no debe estar. Es por ahí que podría explicarse la popularidad que por lo hoy lo sitúa en el podio del escenario político boliviano.

Originalmente publicado en la columna Contragolpe de La Razón el sábado 18 de diciembre

Los fantasmas de Santa Cruz

 

La vegetación húmeda y frondosa –“el monte” que le llaman los cambas que viven en el campo—nos remite invariablemente a los cuentos y a las novelas del gran Gabriel García Márquez, aquél que hizo del clima y del calentamiento global, epicentro de sus fantásticas historias sobre patriarcas, coroneles, terratenientes, putas tristes y abuelas desalmadas. Hay que haber vivido en la profunda Chiquitania o en el Norte Integrado para empaparse de esa Bolivia con 37 a 40 grados de temperatura, y saber de que van estos otros bolivianos a quienes se mira de desde las alturas cordilleranas, tantas veces con el desdén y menosprecio de ese andinocentrismo demodé.

Hace como una década se hablaba en el Beni de carreteras fantasmas, esto es, de proyectos de infraestructura vial por los que un puñado de pícaros cobraban puntualmente sin entregar jamás medio kilómetro de obra, pero ahora resulta que lo fantasmal cobra vida –y fortuna mal habida—en la oficina de recursos humanos del municipio de Santa Cruz de la Sierra en la que un señor al que le dicen Tony y apellida Parada, en su calidad de mandamás, habría fabricado ochocientas pegas para ciudadanos y ciudadanas que no existen, pero que cobraban salarios puntualmente cada fin de mes durante la gestión de Percy Fernández – Angélica Sosa.

No hay peor negligencia que la de no cerrar como se debe una historia matrimonial y por ello, el señor Parada debe estar lamentandosé haber terminado de mala manera con Valeria Rodríguez, quién en una mezcla de despecho y sed de justicia habría encontrado profusa documentación en algún lugar secrerto de su casa, a lo “Breaking bad”, en la que su ex guardó papeles que lo señalarían como autor de una maquinaria de cobrar dinero a nombre de ochocientas personas inexistentes, durante por lo menos cuatro a cinco años.

Hay que suponer que esta no es la Santa Cruz y la Bolivia federal que quiere Luis Fernando Camacho, aunque tampoco debería ser esa que convierte a un comité cívico en un ente supraestatal que organiza el tráfico vehicular y el de personas cada vez que se decide un paro al estilo golpista de noviembre de 2019.  Y tampoco será la Santa Cruz y la Bolivia federal ideales, la que le franquea las posibildades a un médico de apellido Amelunge de reabrir una clínica de nombre Santa María, utilizando la figura de su padre muerto, otro verdadero escándalo del macondiano departamento más grande del país.

Santa Cruz es una tierra de oportunidades y hospitalidades, realidad indiscutible, aunque sobre todo  la hospitalidad que pasa por el costumbrismo sea más generosa con el blancoide de “buena familia”. Pero es también el lugar en el que el pragmatismo ha roto la barrera del pudor para incursionar en ciertas actividades y eso también se lo debemos al banzerismo, desde el que la actividad del narcotráfico no sólo generó nuevas fortunas, sino también, nuevos arquetipos del heroísmo popular traducidos en hospitales, plazas y escuelas para olvidadas poblaciones rurales a las que el Estado boliviano jamás tuvo la intención de llegar.

Hay una palabra que se usa en Santa Cruz y no en otros lugares del país: Meleador. Define a la persona que a través de las malas artes, la corrupción o el simple robo consigue bienestar material en desmedro de personas e instituciones de las que se aprovecha circunstancialmente para obtener un beneficio a costa de la desgracia ajena, en el caso de Tony Parada, del municipio cruceño y en el del Doctor Amulenge, pisoteando la tumba de su padre Que Dios lo Tenga en su Gloria, ya que hay una efervescencia por la Biblia y la palabra de Dios en la tierra de Rómulo que casi seguro volvería a matar a Remo si este osara resucitar para disputarle las coordenadas y los límites de la ciudad de los anillos.

Como para que la historia quede felizmente completada, el Fiscal de Distrito de Santa Cruz, Roger Mariaca, ha designado a Mauricio Toro Flores, Fiscal anticorrupción para que investigue la trama, con el antecedente de haber rechazado en principio la denuncia  de la señora Rodríguez. ¿Quién es este Fiscal? Nada menos que un ex funcionario municipal cuando ejercía funciones la señorona del pueblo, Ángelica Sosa, a la que el legendario Percy le profesaba una fe ciega.  Debe ser una broma dirán muchos horrorizados y la respuesta es no, porque así se manejan justicias e injusticias en la tierra de Melchor Pinto Parada.

Las propiedades conmutativa, asociativa y distributiva de las matemáticas nos enseñan que las formas en que se sumen y multipliquen los números pueden ser variadas, pero que los resultados conducirán necesariamente al mismo lugar. Sirva este paralelismo para comprender la corrupción como sistema, aquél que puede verse liberado de equilibrios y contrapesos en caso de que un modelo estatal federal elimine del espectro al último gran vigilante, el eslabón todavía en condiciones de combatir meleadores: El Estado central.

Originalmente publicado en la columna Contragolpe de La Razón el 04 de diciembre.

Izquierdos humanos

 

La abrumadora mayoría de los caídos entre octubre y noviembre de 2019, perecieron baleados por militares y policías. Si Jeanine Áñez hubiera interceptado los ímpetus represivos para cometer las masacres de Sacaba-Huayllani y Senkata, probablemente su cuadro jurídico no sería tan comprometedor y no la tendría situada muy cerca de una sentencia condenatoria que según expertos bordearía una década de privación de libertad. Si el camino no hubiera sido el del ensañamiento persecutor y criminalizador incluso el tema de su irregular e inconstitucional llegada al poder podría ser objeto de cierta condescendencia judicial.

El problema central de la discusión política en Bolivia es que los derechos humanos de muertos, heridos, detenidos, perseguidos y extorsionados por fiscales luego del golpe de Estado, se convirtieron en izquierdos humanos, en tanto los autores de ese bodrio al que sus gestores llaman gobierno de transición, padecen de disonancia cognitiva que consiste en el choque de dos creencias, y por ello los derechos humanos en Bolivia fueron convertidos en izquierdos, es decir en derechos para ciudadanos de segunda, esos que no  tienen familiares con capacidad de pago para un aviso necrológico en algún diario y por lo tanto no son merecedores de un tratamiento prioritario en los estrados judiciales. El ejemplo más ilustrativo es el del jefe de CC, Carlos Mesa: De acuerdo a los valores inculcados por sus padres, insignes intelectuales, el respeto por la vida y las convicciones políticas no pasa por la militancia partidaria, pero como el ex candidato profesa un obsesivo rencor contra el MAS (es feo perder por paliza), entonces opta por el silencio y mirar para otro lado. Conclusión:  Vale más el rencor antievista que las convicciones humanitarias.

La disonancia cognitiva se manifiesta en la premeditada decisión de no referirse a los hechos luctuosos desatados a los pocos días en que Áñez – Murillo – Ortíz capturaron el poder. Ninguno de los actores de ese huachafo cambio de gobierno se refiere al dolor y la tragedia que se produjeron apenas lograron consolidar la sustitución de Evo Morales en la presidencia y esto alcanza a candidatos, abogados y asesores de campaña, dirigentes cívicos, embajadores, mandos militares y policiales, activistas paramilitares y parapoliciales, amigos de la embajada de los Estados Unidos y jerarquía católica.

En este contexto, las movilizaciones producidas en Santa Cruz y en Potosí que derivaron en un paro de características similares al  gestado en  octubre-noviembre de 2019 sirvieron, por añadidura a la búsqueda de la abrogación de la ley 1386, como maniobra distractiva para que el país no se enfocara en recordaciones y homenajes a los muertos y a las víctimas de una persecución judicial que todavía tiene consecuencias en quienes las padecieron. De esta manera vamos pasando de largo este noviembre de 2021 sin espacios y tiempos para evaluar como es debido el desastre gubernamental con el que se combatió el prorroguismo de un candidato-presidente.

 

El dilema fraude/golpe, en consecuencia, pasa a un segundo plano cuando somos testigos de la muerte de esos nadies que ejercían precisamente lo que se llama derecho a la protesta por la manera en que su líder fue defenestrado, ese derecho que ahora se reivindica como incuestionable por las formaciones políticas y cívicas opositoras al gobierno de Arce Catacora. Nadie quería volar la planta de Senkata y en el puente de Huayllani se abrió fuego contra unos manifestantes armados de palos y piedras. Eso es lo terrible e inadmisible de lo hecho por el gobierno de Áñez que creyó ciegamente en sus ministros Arturo Murillo y Fernando López.

La corporación gagá de opinadores principalmente atrincherados en rabiosos diarios y ediciones digtitales antimasistas, gran parte los responsables del tráfico informativo radiofónico, los presentadores de programas televisivos con dotes de maestros de ceremonias, los opinadores en redes sociales y alguna prensa transnacional hegemónica, no dirán jamás una palabra acerca de las atrocidades cometidas durante el régimen de facto al que ellos le llaman “gobierno de transición para la pacificación” que consistió en eliminar físicamente a aymaras y quechuas, perseguir “masistas” en Montero o en Yapacani, o plantar detenciones preventivas que todavía tienen consecuencias de espanto: Siguen sin llegar los sobreseimientos para las víctimas de un sin número de delitos nunca cometidos.

Derechos humanos son los de la pobre Jeanine Áñez. Esos son verdaderos derechos humanos defendidos a capa y bastón por Amparo Carvajal, la prorroguista mandamás de la Asamblea Permanente fundada por Julio Tumiri que debe estarse revolcando en el más allá de cómo semejante institución ha sido malversada por ella y su guardaespaldas, Manuel Morales, del también malversado CONADE. Los otros son Izquierdos Humanos, esos de menor categoría que corresponden a los desheredados de la tierra.

Originalmente publicado en la columna Contragolpe de La Razón el 20 de noviembre

La coartada del golpe/fraude

 

Desde el momento en que el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo informó acerca de un plan para ejecutar un magnicidio contra el presidente Luis Arce Catacora (19 de octubre), los temerarios a la cabeza del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, bajaron los perfiles públicos ostensiblemente. Las voces que hasta ese momento asediaban al gobierno por el finalmente desestimado proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, pero sobre todo las que mantuvieron a Bolivia entretenida en el esmerado afán de la falsa contraposición entre fraude y golpe, hicieron silencio, al punto que hoy por Comunidad Ciudadana (CC) su jefe nacional, Carlos Mesa se limita a tuitear, aunque a la hora de poner la cabeza en la almohada debe recordar su protagonismo en la opereta de la sucesión inconstitucional de Jeanine Áñéz.

A las oposiciones al Movimiento al Socialismo (MAS) se les acabó la coartada sobre la eternización de Evo Morales en el poder. El momento en que se anularon las elecciones del 20 de octubre de 2019 y se produjo la renuncia de los primeros mandatarios se había terminado la aventura “la reelección es un derecho humano”. Esa era la idea-fuerza con la cual se pretendió bañar de legitimidad la conspiración civil-militar-eclesial que depuso no al candidato Morales, sino al presidente Morales, lográndose que no sólo renunciara a seguir postulándose a la presidencia, sino que se le arrebatara el derecho a concluir su mandato constitucional previsto para el 22 de enero de 2020.

Dados los nefastos resultados de lo que fue el gobierno transitorio a la cabeza de Áñez y considerando los grados de compromiso y responsabilidad de los actores que propiciaron la transición espuria, era necesario activar una maniobra distractiva que desviara la atención del recuento y el análisis de lo que fue un gobierno sistemático violador de los derechos humanos, de naturaleza violenta, represesiva y además corrupta, y para eso ha servido a lo largo y ancho de 2021 utilizar el “fue fraude, no fue golpe” a fin de eludir astutamente el involucramiento de grupos de choque, candidatos adversarios del MAS, generales y coroneles, curas y embajadores con un gobierno que no sólo vulneró el estado de derecho, sino que tuvo la habilidad de hacerlo retrotrayéndonos a las prácticas persecutorias y represivas de las dictaduras militares de los 70 en América Latina, con el añadido del funcionamiento de un aparato extorsivo puesto en vigencia desde algunos lugares de la justicia y del ministerio público.  

El primer año del gobierno de Arce-Choquehuanca ha estado dominado por una discusión sin sentido, por un debate que se ha convertido en la perfecta excusa para no hablar de lo medular de un gobierno que hizo de la transición un asalto a la estructura de poder adaptándola a la codicia de su principal protagonista, el ministro de la muerte, Arturo Murillo, a la vocación militarista de su ministro de Defensa, Fernando López, a la persecución financiera escondida debajo las sotanas del Opus Dei a cargo de Oscar Ortíz, y a la inconmensurable combinación de ingenuidad y rencor de Jeanine Áñez, que hoy reclama respeto a sus derechos, esos mismos que ella decidió pulverizar con decretos como el 4078 que habilitaban licencias a las Fuerzas Armadas para matar en Sacaba y en Senkata.

De la coartada sobre el desconocimiento a los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016, se produjo un salto con garrocha hacia la coartada del “fraude no golpe”. Con ese artilugio se evidenció la descarada astucia de eludir referirse a los negociados repletos de indicios que comprometen a la ex presidenta Áñez y a varios de los que fueron sus ministros. Con ese señuelo se inauguraron Derechos Humanos VIP versus Derechos Humanos plebeyos de los que no se dijo una sola palabra desde escenarios paraestatales del gobierno transitorio como el CONADE en los que se defendió abiertamente a la Resistencia Juvenil Cochala con la participación de la republicana española Amparo Carvajal, que más parece hoy una vieja militante de la dictadura franquista.

Cautelosas ante el descubrimiento de un posible caso Terrorismo 3, las oposiciones de la derecha boliviana saltan de coartada en coartada para mantener vigencia. Se niegan a intentar estudiar e incorporar en su comprensión del país a la Bolivia popular ahora prevenida ante cualquier nuevo brote desestabilizador de la democracia. Es más fácil inventar trampas a instalarse en escenarios mediáticos y de redes sociales que les son afines, que una lecto escritura de un proyecto político alternativo.

La nueva coartada ya está en marcha. Y para intentar su instalación figuran los comités cívicos a la cabeza del Pro Santa Cruz que dice que el autoritarismo del MAS prepara una batería de leyes para controlar el Estado de arriba abajo, de izquierda a derecha, a través de la siempre destemplada vocería ejercida por su mandamás Rómulo Calvo.

Originalmente publicado en la columna Contragolpe de La Razón el sábado 06 de noviembre

Cuando la persecución llegó al fútbol

 

Por lo menos dos pares de manos negras decidieron en 2015 manchar la pelota en Bolivia, 14 años después de que Diego Armando Maradona advirtiera en su mensaje de despedida de las canchas (noviembre, 2001) que en el fútbol todo podía permitirse, menos ensuciar el esférico que le da vida y sentido y que desata pasiones diarias en todo el planeta. Nunca sabremos con precisión de quiénes recibió instrucciones el entonces Fiscal General, Ramiro Guerrero, que encargó a su Fiscal Superior, Iván Montellano, supervisar las acusaciones contra Carlos Chávez (+), Alberto Lozada, Jorge Justiniano, Pablo Salomón, y Armando Canedo por legitimación de ganancias ilícitas, organización criminal, estafa agravada, uso indebido de influencias y beneficios en razón del cargo. 

No hubo debido proceso en contra de estos dirigentes del fútbol boliviano que para comenzar fueron víctimas de una incorrecta aplicación de la ley, en tanto el uso indebido de influencias y los beneficios en razón del cargo, son delitos exclusivamente inherentes a la función pública y bajo ningún punto de vista, a personas dependientes de entes privados como la Federación Boliviana de Fútbol (FBF). Tampoco era aplicable la figura de la organización criminal, ya que los estatutos del ente matriz del fútbol boliviano fueron aprobados en su instancia superior que es el Congreso, por lo que hasta parece que se tratara de una broma de mal gusto: Robarse a si mismos.

El desenlace de esta seguidilla de atropellos contra estos ciudadanos fue, en primer lugar, el fallecimiento del que fuera presidente de la FBF, Carlos Chávez, aquejado por un cáncer de vejiga. Fue tan sañuda la manera en que fue acorralado que cuando se encontraba en una clínica en Brasil recibiendo tratamiento que en nuestro país no se lo podían ofrecer, uno de los fiscales intentó regresarlo al país porque se había fijado fecha para una audiencia en la que debía declarar. El 2 de agosto de 2018, Chávez murió en Sao Paulo. Tres años después, los acusados ya nombrados fueron absueltos de manera unánime por el Tribunal de Sentencia en lo Penal de Sucre. Para decirlo fácil y pronto,  fueron declarados inocentes.

Armando Canedo era el contador de la FBF. Se encargaba de pagos y cobros de la institución. Jorge Justiniano, representante del fútbol pandino, fue presidente de las asociaciones departamentales, y Pablo Salomón representaba a la Asociación Cruceña de Fútbol (ACF). Los tres sufrieron detenciones domiciliarias, mientras que Alberto Lozada, gerente de la Federación, estuvo recluído en Palmasola durante 36 meses con detención preventiva, penal en el que fue víctima de una golpiza que pudo haber acabado con su existencia.

Lozada tuvo que soportar, además, acusaciones sin sustento contra sus hijos y su esposa. Según el Ministerio Público, se habían llevado el dinero de la Federación hacia cuentas bancarias fuera del país, cuando era bien sabido por la dirigencia de la época que por sus relaciones empresariales, cuando las papas quemaban y no habían recursos, con su firma como garantía, accedía a préstamos para paliar las dificultades de los clubes necesitados de liquidez para cumplir con las planillas mensuales de sus jugadores.

Los indicios no eran indicios. El debido proceso fue pisoteado sistemáticamente al extremo de allanamientos policiales para secuestrar computadoras en la sede de la Avenida Libertador Bolívar de Cochabamba con la peregrina idea de que en ellas se encontarían datos sobre el supuesto robo a manos llenas de estos dirigentes que tuvieron que ingeniárselas para sobrevivir  durante estos seis años, soportando ese inmisericorde acoso como otra prueba más de que la justicia en Bolivia tarda demasiado en llegar.

 Los dirigentes opositores a las gestiones de Chávez al frente del ente federativo, advirtieron en él, un abierto prorroguismo que los sacó de las casillas. En efecto, el dirigente cruceño proveniente de las filas del club Oriente Petrolero consiguió un tercer mandato consecutivo en un accidentado congreso realizado en la ciudad de Trinidad con escenografía de contubernio entre sus enemigos y la mismísima Policía que gasificó la sede del encuentro a fin de impedir la realización del acto reeleccionario, dando lugar a uno de los episodios más burdos de los que tenga memoria el fútbol boliviano. A Chávez se le había aconsejado en determinado momento que renunciara al cargo. Tal cosa no sucedió y ya se sabe que la búsqueda de forzadas prorrogas en el poder conlleva el riesgo de consecuencias funestas.

Este muy ilustrativo ejemplo sirve para confirmar que ninguna  reforma judicial podrá funcionar si no se mira con profundidad quienes deben asumir los mandos del Ministerio Público y del Órgano Judicial. Las transformaciones estructurales pasan por mujeres, hombres y nombres. Cualquier otro camino es seguir ladrando a la luna.

       

Originalmente publicado en la columna Contragolpe de La Razón el sábado 23 de octubre