¿Quién convenció
a Jeanine Áñez para que no se le pasara por la cabeza que su temeraria decisión
de asumir la presidencia del Estado no tendría consecuencias jurídico legales?
¿ Quién le hizo creer que su llegada al Palacio Quemado no le acarrearía con el
transcurso del tiempo las consecuencias que hoy está sufriendo? Hay dos
posibles respuestas: 1) Una sola persona con enorme capacidad persuasiva le aseguró
que estaba en la línea de la sucesión constitucional, cosa que ella, como
Senadora, tenía que saber que no era cierta. Esa misma persona pudo convencerla
que con el comunicado de prensa respaldado por la Declaración Constitucional 0003/01
del 31 de julio de 2001 que viabilizó legalmente la sucesión de Jorge “Tuto”
Quiroga al Gral. Hugo Banzer Suárez, se tenía la jurisprudencia necesaria. 2)
Un conjunto de actores políticos tenía claro que la segunda vicepresidencia del
Senado ejercida por Áñez la situaba como la posibilidad “más cercana” a la
legalidad para asumir la presidencia del Estado, como lo dijera en su momento
el ex Rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Waldo Albarracín, aunque
en los pasillos de la Asamblea Legislativa Plurinacional se sabía que quién se sentía
en capacidad y disposición para ser presidente era su colega Oscar Ortíz. “Cercano
a la legalidad” debe entenderse como ilegal.
Para que toda la
estructura político partidaria opositora al gobierno del MAS-IPSP pudiera
operar con éxito el derrocamiento de Evo Morales es imprescindible recordar que
entre las decisiones del líder del partido de gobierno y las del Tribunal
Supremo Electoral (TSE) se habían cometido dos garrafales errores, uno
estratégico y el otro táctico.
El error
estratégico consistió en la forzada habilitación de Evo Morales en noviembre de
2017 a través de la decisión del Tribunal Constitucional de considerar la
candidatura presidencial como un “derecho humano”, decisión cuatro años después
(agosto, 2021) rebatida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el
antecedente de un referéndum realizado el 21 de febrero de 2016 en el que la
ciudadanía se manifestó mayoritariamente en sentido de negar una tercera
repostulacion al entonces mandatario en las elecciones a escenificarse en 2019.
Conclusión: Si Evo Morales decidía no forzar su candidatura presidencial las
probabilidades de una conspiración golpista habrían quedado neutralizadas o por
lo menos pospuestas hasta nuevo aviso.
El error táctico, ya en el desarrollo de los comicios
del 20 de octubre de 2019, fue interrumpir la publicación de la Transmisión de
Resultados Electorales Preliminares (TREP), la noche de ese mismo 20 de octubre
hasta el 21 de octubre por la noche, lo que generó una rápida reacción de los observadores
internacionales, especialmente los de la Organización de Estados Americanos
(OEA) encabezados por el costarricense Manuel Gonzáles, quién sin ningún
elemento objetivo a su disposición se atrevió a rayar la cancha para generar el
clima propicio que desatara la indignación de una buena parte de la ciudadanía
convencida de que estaba en marcha un fraude electoral.
Gonzáles afirmó
que “la Misión de la OEA manifiesta su profunda preocupación y sorpresa por el
cambio drástico y difícil de justificar en la tendencia de los resultados
preliminares conocidos tras el cierre de las urnas”. Conclusión: “La mujer del
Cesar no sólo debe ser honrada, sino que también debe parecerlo” es la mejor
expresión para explicar que el conteo preliminar no oficial (TREP) a cargo del
Tribunal Supremo Electoral (TSE) no debió ser interrumpido en su publicación en
momento alguno, y de esa manera eludir los argumentos para que los adversarios
políticos de Evo Morales y el MAS-IPSP pasaran a operar durante tres semanas
–21 de octubre al 10 de noviembre de 2019—una estrategia que lograría
finalmente la renuncia de Evo, no sólo a ser candidato, sino a dejar la
presidencia del Estado dos meses antes de la conclusión formal de su mandato.
A Jeanine Áñez
que se encontraba en Trinidad, Beni, la
contactaron por celular desde una reunión celebrada en instalaciones de la
Universidad Católica Boliviana de La Paz, con Monseñor Eugenio Scarpellini,
Obispo de la ciudad de El Alto, como
anfitrión, lo que evidencia, en primer lugar, cómo la Conferencia Episcopal
Boliviana (CEB) había dado lugar a que la Iglesia Catóica asumiera un rol
político partidario en el desarrollo de la crisis política que derivaría en
crisis de Estado. Fue a partir de ese llamado que se consumó la decisión de
quién llegaría a suceder en el cargo a Evo Morales. A Scarpellini lo
acompañaron en dichas oportunidades, el líder
de la CEB, Aurelio Pesoa; el Obispo Auxiliar de El Alto, Giovani Arana; el
Secretario Adjunto, José Fuentes, y Juan Carlos Nuñez de la Fundación Jubileo,
quienes posteriormente serían recibidos por Áñez en el despacho de la
Presidencia del Senado, cuando todavía ni siquiera se había producido la puesta
en escena de su doble “autoproclamación” como Presidenta de la Cámara Alta y
Presidenta del Estado .
Utilizo a
continuación la información acerca de las reuniones realizadas en la
Universidad Católica para graficar roles y responsabilidades de quienes
convirtieron una sala de reuniones de un recinto académico en una sala de
guerra política para definir el destino de las elecciones del 20 de octubre que
finalmente serían anuladas y objeto de una auditoría a cargo de expertos
enviados por la Organización de Estados Americanos (OEA), procedimiento
aceptado por Evo Morales y operativizado por sus entonces Ministro de
Relaciones Exteriores, Diego Pari y de Justicia, Héctor Arce Zaconeta.
Los operadores
políticos que propiciaron la asunción de Áñez a la Presidencia de Bolivia les
comunicaron a tres representantes del Movimiento al Socialismo (MAS) que
estuvieron presentes en las reuniones de la Católica –la Presidenta del Senado,
Adriana Salvatierra; la Presidenta en ejercicio de la Cámara de Diputados,
Susana Rivero; y la directora de la Unidad de Investigaciones Financieras
(UIF), Teresa Morales—que prácticamente las decisiones habían sido tomadas, y
que con la venia o no del MAS-IPSP serían ejecutadas.
En honor a la
verdad es absolutamente falso como declararan en marzo de 2021 representantes
de la Iglesia Católica, que lo que allí se había decidido fue en concertación
con las representantes masistas en dichas reuniones en las que el embajador de
la Unión Europea (UE), León de la Torre, jugó un papel de coordinador
trasladandolas desde la residencia de la Embajada de México donde se
encontraban refugiadas, hasta la Universidad Católica.
Debido a que Salvatierra, Rivero y Morales
estuvieron en esas decisivas reuniones, posteriormente el país tuvo la
posibilidad de acceder a la información de cómo jugaron sus cartas todos los
golpistas que se dieron cita para definir qué sucedería con el país y con el
supuesto “fraude electoral” que estaba por terminar con el gobierno del
MAS-IPSP.
Las reuniones
realizadas en la Universidad Católica Boliviana (UCB) entre el 10 y el 12 de
noviembre fueron decisivas para que a continuación se consumara la imposición
de la banda presidencial a Jeanine Áñez. Conviene detallar el quién es quién de
dichas reuniones para dejar registrado que todos los actores allí reunidos para
ejecutar el derrocamiento de Evo Morales tienen como denominador común el haber
formado parte o tener alguna relación con candidaturas y partidos
gubernamentales que fueron parte de la llamada democracia pactada vigente en
Bolivia entre 1985 y 2005 y con políticos y militares producto de las
dictaduras de los 60 y 70.
Luis Fernando
Camacho, presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz no estuvo en las reuniones
de la Católica, pero envío a su abogado de confianza Jerjes Justiniano (hijo),
quién fungió de moderador de las discusiones. Camacho tuvo una objetiva
actuación político militar callejera durante los 21 días en que se paralizó el
país, a través de la movilización de activistas en Santa Cruz de la Sierra que
bloquearon calles y avenidas, y suspendieron actividades laborales con el
objetivo de buscar la renuncia a la presidencia de Evo Morales. Camacho es hijo
de José Luis “Papi” Camacho, quién había sido en los años 90, presidente de la
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), pero 20 años antes participó
en el golpe de Estado que hizo dictador al entonces Cnl. Hugo Banzer Suárez.
Por confesión
registrada en celulares a gente de su confianza (27 de diciembre de 2019) y que
luego saltó a las redes sociodigitales y a los medios de comunicación, Camacho
que llevó una carta hasta la Casa Grande del Pueblo pidiendo la renuncia de
Morales en el momento de mayor tensión, días previos al derrocamiento, dijo en
tal oportunidad que fue su padre el que convenció a policías y militares para
ponerse de su lado con el fin de que la conspiración alcanzara los resultados
previstos. En otro libro (“Democracia interrumpida, gobierno de facto y crisis
de Estado en Bolivia”, dos ediciones, 2021 y 2024) este periodista ha escrito
que Camacho se erigió en el macho alfa del golpe de Estado encabezando
bloqueos, marchas y cabilidos alrededor del Cristo Redentor de la avenida
Banzer (hoy Monseñor Rivero) y que con la estrategia de la llamada “Revolución
de colores” basada en la combinación estratégica del activísimo en las redes y
la agitación callejera logró consolidar la caída del MAS.
Jerjes
Justiniano, que representaba a Camacho en las reuniones de la Católica, fue
nombrado por la presidenta Áñez, Ministro de la Presidencia, cargo al que se
vió obligado a renunciar a los veinte días de haber asumido, (02 de diciembre
de 2019) por su involucramiento en el caso “La Manada”, en el que había asumido
defensa de uno de los cinco autores de un caso de violación grupal contra una
joven de 18 años en Santa Cruz de la Sierra y en el que quiso gravitar haciendo
uso de su flamante poder político.
Carlos Mesa
Gisbert, candidato presidencial por Comunidad Ciudadana (CC) podría
considerarse como un perjudicado por el golpe de Estado, debido a que la
anulación de los comicios del 20 de octubre, impidió como en principio se
pensaba, llegar a una segunda vuelta en el entendido de que Evo Morales como
primero en las preferencias no habría logrado la diferencia mínima del 10 por
ciento sobre su inmediato seguidor para obtener el triunfo en primera vuelta. Si
en lugar de anular dichos comicios se pensaba en la imposición de una segunda
vuelta, Mesa tenía altas probabilidades de conseguir el triunfo, considerando
que Morales no superaba el 50 por ciento de los votos (habría logrado el 47 por
ciento) como lo consiguió en todos los procesos electorales en los que triunfó desde
2005.
En una
inocultable fijación contra el MAS-IPSP, Mesa declaro en el momento más
caliente de la crisis que ningún parlamentario del partido de gobierno debía
sustituir a Morales en un explícito desconocimiento a la Constitución que
señala que en la sucesión presidencial, el elegido o elegida debe surgir de la
bancada mayoritaria como lo disponen la propia Constitución a partir de su
artículo 169 y de los reglamentos camarales.
Más tarde, cuando
Jeanine Áñez decidió pasar de presidenta transitoria a candidata presidencial
(enero de 2020), Mesa dijo que esa candidatura impediría a Áñez ser una buena
presidenta. Al respecto la ex presidenta declaró el 4 de junio de 2021 ante una
Comisión de Fiscales en el juicio “Golpe de Estado 2”: “Jeanine Áñez acaba de vincular a Carlos Mesa con su sucesión y develar
que éste impidió que Adriana Salvatierra u otros senadores del MAS asuman el
poder en noviembre de 2019. Entonces, el expresidente se convirtió en el factor
clave de la transición” (diario La Razón).
Mesa, ex
vicepresidente y sucesor en la presidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada en 2003
estuvo acompañado por Carlos Alarcón y Ricardo Paz en las reuniones de la
Católica. Alarcón había sido candidato vicepresidencial para las elecciones de
2002 haciendo binomio con el abogado René Blattmann, ministro de Justicia de
Sánchez de Lozada (1993 – 1997) en representación del Movimiento Ciudadano para
el Cambio, obteniendo el décimo lugar con el 0.63 por ciento de los votos, en
tanto que Ricardo Paz formó parte de la cúpula de Conciencia de Patria
(CONDEPA), fundada por el comunicador y músico Carlos Palenque Avilés en 1988, partido
que dejó de existir el año 2002.
Otro ex
vicepresidente, y también sucesor presidencial, Jorge “Tuto” Quiroga”, se
constituyó sin representación formal alguna, en articulador de la salida de Evo
Morales del gobierno y del país. Su larga relación con la Embajada de los
Estados Unidos y su coordinación con el entonces Comandante de la Fuerza Aérea
Boliviana (FAB), Gral. Gonzalo Terceros, fueron determinantes durante los días
en que el golpe fue consumado. Quiroga tenía claro que si Evo permanecía en el
país, la situación podía agravarse hasta niveles incontrolables de violencia,
por lo que fue el primer interesado en facilitar el exilio del Presidente
renunciante junto al Vicepresidente Alvaro García Linera y a la Ministra de
Salud, Gabriela Montaño. En la actualidad, Quiroga tacha de cobarde a Morales
por haber “huído del país”.
“Tuto” Quiroga
que le abrió la puerta a Jeanine Áñez en 2006 para que fuera asambleísta de la
Constituyente en representación de su agrupación ciudadana, Poder Democrático y
Social (PODEMOS) fue nombrado representante internacional del gobierno de Áñez
para explicar fuera del país, en la OEA, en el Mercosur y ante medios de
comunicación internacionales, lo
acontecido en octubre-noviembre de 2019,
cargo al que renunció el 08 de enero de 2020. Más adelante, Quiroga
consideraría su candidatura presidencial para las elecciones de octubre de
2020, de la que finalmente se bajó porque los números le eran adversos: Según
una encuesta llegaba apenas a un uno por ciento de las preferencias ciudadanas.
El que fuera
vicepresidente del Gral. Banzer, jugó un papel fundamental para el éxito de la
conspiración civil, eclesial, militar y policial contra el gobierno del
MAS-IPSP. “Tuto” Quiroga concurrió a las reuniones de la Universidad Católica junto
a su mano derecha, el abogado Luis
Vásquez Villamor que había sido el primer Alcalde de la ciudad de El Alto por
el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) elegido por voto popular en
1987, y que más adelante ocuparía el Ministerio de Justicia (2001) y la
presidencia de la Cámara de Diputados (2002) que a 17 años de haber tramado y
ejecutado la expulsión del diputado Evo Morales de la Cámara, se encontraba con
la posibilidad de volver a expulsarlo, esta vez de la Presidencia del Estado.
Vásquez es el estratega de la figura del ipso
facto para que Áñez se hiciera presidenta del Estado.
Samuel Doria
Medina es el “metepata” al que se le salió lo del “Plan B” en tono de
advertencia dirigido a Salvatierra, Rivero y Morales en una de las reuniones
realizadas en la Universidad Católica, poniendo en evidencia que ya todo estaba
cocinado para que Jeanine Áñez asumiera la presidencia. Empresario cementero
hasta hace algunos años y ahora inmobiliario y agente autorizado de una transnacional
de trash food, Doria Medina ha jugado
un papel bastante más notorio del que le otorgan los medios de comunicación con
respecto de su actuación para el derrocamiento de Evo Morales. Para quienes no
lo saben, fue el ahora propietario del rascacielos más alto de La Paz, el
Greentower, quién invitó a participar en política a Arturo Murillo en su
partido Unidad Nacional (UN), al que años más tarde apodaría el “Bolas” y que
sería el Ministro de Gobierno, dueño y señor del poder durante la presidencia
de Áñez.
Fue el mismo
Doria Medina que sello acuerdo seguramente con la mediación de Oscar Ortíz, la
alianza con el Movimiento Demócrata Social (MDS) del gobernador Rubén Costas.
No será casual por ello, que Doria Medina hiciera nombrar en la Vicecancillería
a quién ese momento era uno de sus asesores, Manuel Suárez Ávila, que en
realidad fue puesto allí para, a través de encuestas coordinadas con el
propietaro del diario Página Siete, Raúl Garafulic Lehm, medir la popularidad de Áñez con el objetivo
de hacerla candidata presidencial. “¿Y si fuera ella?” era la pregunta que
surgió de Doria Medina y sus cercanos, Murillo y Ortíz, autores operativos en
la Asamblea Legislativa Plurinacional de
la autoproclamación de Áñez primero como Presidenta del Senado y pocos minutos
después como Presidenta del Estado.
Samuel Doria
Medina fue anunciado como candidato a la Vicepresidencia del Estado, cuando
Jeanine Áñez pasó de presidenta que debía permanecer en el cargo
transitoriamente durante tres meses, a candidata presidencial. En 2021 muy
suelto de cuerpo declaró publicamente: “Yo no estuve en el gobierno de Jeanine
Áñez”.
A las decisiones
tomadas en la Universidad Católica Boliviana le siguieron las acciones
desarrolladas en la Asamblea Legislativa Plruinacional en la que los senadores
Oscar Ortíz y Arturo Murillo comandaron un operativo en el que primero se
impidió el ingreso de los asambleístas del MAS-IPSP y luego, cuando los
cordones de seguridad conformados por “pititas” (1), policías y militares
lograron evitar que las mismas Adriana Salvatierra, presidenta del Senado y
Susana Rivero, presidenta en ejercicio de Diputados, pudieran pasar del
edificio que fuera propiedad del Banco Minero en el que se encuentran comisiones
parlamentarias, (calle Comercio esquina Colón) a la Asamblea Legislativa. En un
forcejeo con efectivos militares, Rivero evitó que uniformados del Ejército se
llevaran detenida a Salvatierra, mientras en esos momentos se preparaba la
“posesión” de Añez como Presidenta: No hay imágenes de medios y redes sociales
acerca de este incidente.
El que fuera
senador potosino por el Movimiento de Organizaciones Populares (MOP), Edwin
Rodríguez contó en el programa radiofónico “Al límite” de radio Illimani-Patria
Nueva (20 de marzo de 2021) que había quedado abierta la posibilidad para que
el 12 de noviembre de 2019, a través de un acuerdo con la mayoritaria bancada
del MAS-IPSP pudiera asumir la presidencia del Senado y de ese modo dar paso a la
sucesión constitucional una vez renunciados Evo Morales, Alvaro García Linera,
Adriana Salvatierra y Victor Borda. Se
debe recordar que Rodríguez era candidato vicepresidencial formando binomio con
Oscar Ortíz por la alianza Bolivia dice No, y este decidió renunciar a la
misma, convencido de que para ganarle a Evo era necesaria la unidad a través de
una sola candidatura. Con la agilidad
que exigía el momento, se hicieron los trámites para habilitar como senadora a
Reyna Isabel Villca Huayllani, suplente de Rodríguez, quién en su momento le
pidiera al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump que invadiera Bolivia.
La indebida inhabilitación de Rodríguez le impidió el ingreso en la Asamblea
Legislativa, lo mismo que había sucedido con senadores y diputados del
MAS-IPSP.
En uno de los
pasillos de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Aldo Camacho, responsable de
Comunicación del Senado tuvo la templanza para encarar al Senador Arturo
Murillo, al que le dijo que lo que estaban a punto de consumar era ilegal.
Murillo respondió terminantemente: “Sabemos que es ilegal, pero tenemos el
apoyo de la calle”.
Originalmente publicado en Animal Político de La Razón el 23 de noviembre de 2024