¿Por qué se enjuició a Jeanine Áñez por la vía ordinaria?

 

La tarde del miércoles 15 de junio, durante cinco horas, fue leída in extenso la sentencia que ordena diez años de privación de libertad contra la ex presidenta de facto, Jeanine Áñez, por resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, e incumplimiento de deberes, en el marco del proceso denominado “Golpe de Estado 2” promovido por el Senado, la Procuraduría General del Estado y el Ministerio de Gobierno, y dilucidado en el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz. A partir de ese momento, las partes tienen quince días para presentar apelaciones que consistirán, desde la parte acusadora, en la solicitud de ampliación de la condena a quince años y desde la defensa se pedirá la anulación del proceso con los argumentos de injerencia política y vicios de nulidad.

El título del proceso es sugestivo debido a que la pregunta lógica tiene que ver con los contenidos del proceso “Golpe de Estado 1” iniciado por la ex diputada del Movimiento al Socialismo (MAS), Lidia Paty, por sedición (delito recientemente eliminado del ordenamiento jurídico boliviano), conspiración y terrorismo contra Luis Fernando Camacho y otros autores, por entonces Presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, protagonista central de las movilizaciones producidas entre octubre y noviembre de 2019 para derrocar a Evo Morales y su gobierno.

La diferencia entre uno y otro proceso consiste en que como era prácticamente imposible conseguir los dos tercios de votos en la Asamblea Legislativa Plurinacional, debido a que el MAS cuenta con mayorías en las dos cámaras, pero sin en el control absoluto de las mismas, tramitar un juicio de privilegio o de responsabilidades hubiera significado un automático bloqueo por parte de las fuerzas opositoras Comunidad Ciudadana (CC) de Carlos Mesa y CREEMOS de Luis Fernando Camacho, en la actualidad, gobernador del departamento de Santa Cruz. En otras palabras, si se acudía sólo a esta opción, el enjuiciaminento a Jeanine Áñez no se hubiera producido, considerando que Mesa y Camacho fueron actores decisivos para el éxito del golpe. En pocas palabras, no se habría hecho justicia y nuevamente hubiera triunfado la impunidad.

Mientras el caso Golpe de Estado 1 avanza a paso lento, con la caraterística de la retardación de justicia que prevalece en Bolivia, el caso 2 se ha resuelto en 15 meses a partir del apresamiento de Áñez, producido en marzo de 2021 en su ciudad natal, Trinidad. El sustento jurídico del proceso para haberse procedido por la vía ordinaria consiste en que se presentaron una centena de pruebas en su contra que demuestran que entre el 10 y 12 noviembre, cuando era nada más que segunda vicepresidenta del Senado, cometió los delitos por los que ha sido sentenciada, para alcanzar la presidencia de la Cámara Alta primero y a continuación la Presidencia del Estado.

En el momento culminante en que se producía la sentencia contra Áñez, reapareció Diego García Sayán, Relator de Naciones Unidas para la Independencia de Abogados y Magistrados, que en su cuenta de twitter escribió: “Un tribunal de La Paz condenó a la expresidenta Jeanine Añez a 10 años de prisión/…/ pero tienen derecho a juicio de responsabilidades quienes hayan ejercido la presidencia, al margen de cómo surgió su mandato.” Las afirmaciones de Sayán provocaron la inmediata respuesta del jefe del MAS y ex presidente Evo Morales quién lo acusó de “ponerse del lado de los golpistas”.

García Sayán visitó Bolivia en febrero y adelantó el envío de recomendaciones para el funcionamiento de la justicia boliviana para el próximo mes de julio. Entre sus constataciones, el Relator, de nacionalidad peruana, y en su momento ministro de Justicia del gobierno de Alejandro Toledo, afirma que hay una crisis estructural en el funcionamiento de la justicia boliviana que exige reformas profundas y que se deben poner en práctica las recomendaciones hechas por el Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI) enviado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, precisamente organizado para investigar las graves violaciones a los derechos humanos y las muertes producidas por fuerzas militares en los días de instalación del gobierno de Áñez en noviembre de 2019.

Los dichos del Relator indujeron inmediatamente a que el jefe de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, pidiera la anulación del proceso por haberse gestado desde unos operadores de justicia “serviles”, mientras que desde el partido gobernante, el Movimiento al Socialismo (MAS) se tomó  la decisión de buscar el procesamiento de quienes alentaron la sucesión inconstitucional, entre los que se cuenta el propio Mesa, autor del soliviantamiento para la toma de tribunales departamentales electorales que derivaron en quemas de los mismos, en varias ciudades del país, el 21 de octubre de 2019, cuando gritó “fraude monumental!” y la Organización de Estados Americanos (OEA) a la cabeza de Luis Almagro, introdujo una auditoría, con el consentimiento del gobierno de Morales, a través de la que se comprobaron “irregularidades” en el proceso electoral, pero sin jamás llegar a demostrar de manera rotunda que se había producido un fraude.

Los abogados de la parte acusatoria que ha dado lugar a una sentencia histórica contra la presidenta de un gobierno producto de una sucesión inconstitucional o de un golpe de Estado que es en términos prácticos lo mismo, sostienen firmemente que no se juzgó a Áñez como presidenta, sino más bien como Senadora, y que a partir de sus actos político jurídicos ya en calidad de primera autoridad del país, efectivamente le corresponde someterse a un juicio de responsabilidades, para enfrentar, por ejemplo, el establecimiento de autorías por las muertes producidas en Sacaba-Huayllani, Senkata y El Pedregal bajo el paraguas del decreto 4078 emitido por la presidenta Áñez y sus ministros para darles carta blanca sin consecuencias penales a los militares de abrir fuego contra la población civil que en los  turbulentos días de noviembre de 2019 salió a las calles y a las carreteras de las zonas rurales para defender la permanencia de Evo Morales en el gobierno.

El caso “Golpe de Estado 2” ha dado lugar también al juzgamiento y condena de los comandantes de las Fuerzas Armadas, Gral. Williams Kalimán y de la Policía Boliviana, Gral. Yuri Calderón, con diez años de reclusión para cada uno de ellos. Kalimán “sugirió” a Evo Morales renunciar, y Calderón avaló los motines escalonados producidos en distintas ciudades del país en clara desobediencia al poder legítimamente constituído , acciones que completan el cuadro de irregularidades y contravenciones a las normas que señalan que las Fuerzas Armadas no deliberan políticamente según su Ley Orgánica y la Policía debe observar estricta obediencia al poder formal civil.

Originalmente publicado Noticias de América Latina y el Caribe (NODAL) el 17 de junio

La estrategia de la felicidad

 

He aprendido en mis cuarenta años de periodismo que la felicidad había estado ligada a la cultura de la estrategia, a la construcción de una manera de ser y de hacer, a la multiplicación de las tácticas para que podamos alcanzar ese bienestar que generalmente cuesta racionalizar y explicar.

La felicidad es un cúmulo de sensaciones discontínuas que examinadas a través de la memoria, nos certifican que alguna vez, algunas veces, llegamos a alcanzarla sin saber con certeza química y física por qué reímos a carcajadas o lloramos como expresión superlativa de plenitud.

El padre de mi estrategia de la felicidad se llama Johann Cruyff, el gran conductor de la selección holandesa que luego de haber jugado una soberbia Copa del Mundo en 1974, perdió la final con la siempre eficaz e implacable Alemania. Tenía 13 años y no admitía que quienes habían demostrado que el invento del fútbol total dirigido por Rinnus Michel merecían levantar el trofeo máximo terminaran derrotados. Fue entonces que descubrí lo mágico e incomparable del fútbol: No necesariamente el que juega mejor, el que ha construido la estrategia con vocación creativa, ilusión y talento, se lleva el triunfo, lo que significa que este juego es como la vida entera del ser humano en el sentido de que puede ser el mejor, pero sin dar por sentado que tal cosa es garantía de éxito.

Cuatro años antes, en el Azteca de México, el mejor fue el campeón. Brasil azotó a Italia 4 -1 con el jogo bonito aplastando el catenaccio. El juego ofensivo de la verde amarilla triturando al calculador contraataque azzuri, a la cabeza de Edson Arantes Do Nascimento, un fantasista en el dominio del balón, un genio que ya había jugado a sus tiernos 17 años el mundial del 58 en Suecia.

 Entre el talento afrobrasileño de Pelé y la inventiva cerebral del juego de conjunto encabezado por Cruyff, supe, sin tenerlo conceptualizado entonces, que para ser felices debíamos leer y escribir una vida repleta de entrenamientos entre lo personal y lo colectivo, y ya con 17 años, pude saber que en 1978, en plena dictadura militar sangrienta, César Luis Menotti llegaba por el camino trazado por Zagallo con Brasil, Michel con Holanda, pero sobre todo por Pelé y Johann Cruyff, y originariamente con la genética del Río de la Plata. Argentina le ganó a Holanda en la final que hizo de la Naranja Mecánica subcampeón del mundo por segunda vez consecutiva.

Décadas después, cuando se produjo la conexión holandesa catalana, cuando Cruyff pasó de ser ídolo blaugrana en el Camp Nou a estratega de los culés, la escuela de La Masía se preparaba para entregarle al planeta a esa santísima trinidad compuesta por Messi, Xavi e Iniesta: Messi era el hijo de Dios por todos los milagros que producía en los campos que visitaba, Xavi era el padre que repartía los panes en forma de balones para dibujar triangulaciones interminables en cada partido, e Iniesta, era el espíritu santo porque parecía invisible, pero en realidad estaba en todas partes, en todas las zonas del campo de juego.  Fueron por lo menos cinco años a la cabeza del mejor discípulo de la influencia futbolísitca holandesa, Pep Guardiola,  que pudimos ser felices sin solución de continuidad, cada sábado y domingo, y en tiempos de Champions League, cada martes y miércoles. Había llegado Messi desde Rosario, con la genética de DiStéfano y Maradona, el más grande militante de la izquierda futbolística de toda la historia que dividió su paso por la tierra entre sus proezas en la cancha y sus avatares bordeando la  tragedia y la muerte fuera de ella. Maradona fue el único Dios en la tierra que con virtudes y pecados, demostró que la divinidad también puede ser humana.

Llegó el tiempo en que estuve en condiciones de repasar todas las anteriores estrategias que había leído en forma de partidos de 90 minutos y también en forma de crónicas periodísticas firmadas por Juvenal (Julio César Pasquato) y por Eduardo Verona en la revista El Gráfico. Una vez almacenada tanta información en mi existencia sentipensante, pude llegar a la conclusión de que la estrategia de la felicidad se concentra hoy, con nombre y apellido en Lionel Messi, rosarino nacido en 1987 que no es el dios maradoniano, sino simplemente, un ser común y corriente en el  día a día y el más grande futbolista que ha producido este juego maravilloso e inexplicable por lo que produce en nuestras entrañas, desde sus raíces inglesas de fines del siglo XIX.

Messi es la estrategia de la felicidad. Nos cambia la planicie de la rutina. Contra los italianos le añadió la recuperación de balones en la salida del rival, con la entereza del laburante que quiere ganárselo todo a punta de esfuerzo, como si con su talento y su magia para generar juego ofensivo no fuera suficiente. Messi marca, quita, guapea para entregar una asistencia de gol, triangula con sus compañeros en medio metro cuadrado y celebra con todos, el maravilloso privilegio de jugar al fútbol, como sólo él lo sabe hacer.

Originalmente publicado el 04 de junio en la columna Contragolpe de La Razón

Max

 

A la segunda mitad de la década de los 80, cuando Bolivia forcejeaba por superar la hiperinflación de la UDP a través del llamado modelo de ajuste estructural, producto del Consenso de Washington que nos condujo a dos décadas de neoliberalismo, el gobierno estudiantil de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) estaba a cargo de la Unión Revolucionaria de Universitarios Socialistas (URUS) perteneciente al Partido Obrero Revolucionario (POR).

Erick Rojas y Ariel Román eran dirigentes de la Federación Universitaria Local (FUL) que conducían sus acciones por la ruta de las convicciones ideológicas y un activismo político que no admitía descansos. Por supuesto que no percibían salario alguno y cuando viajaban en representación del estamento estudiantil, estaban obligados a gastar lo mínimo indispensable y devolver lo que les sobraba de viáticos a los que tenían derecho hasta el último centavo. La férrea disciplina de URUS generó un mecanismo de severa austeridad para retornar la mayor parte de los montos que les eran asignados, a una cuenta bancaria por ellos mismos generada.

Es  cierto que muchos dirigentes permanecieron en sus cargos representativos superando la década de permanencia en la universidad, pero esto tiene parte de su explicación en las contínuas suspensiones de actividades académicas determinadas por las dictaduras militares. Así se entiende que en aquél tiempo se prolongaran permanencias más allá del promedio que debería permitir una carrera hacia el egreso y la licenciatura.

Como el URUS-POR era considerado por la población conservadora, la extrema izquierda que por las noches se reunía con el demonio, se atacaba a sus dirigentes endilgándoles la etiqueta de vividores de la universidad, de activistas que en realidad no estudiaban y se encontraban ahí para agitar el país en busca de la dictadura del proletariado y del gobierno obrero campesino. Si entonces se estigmatizaba de esa manera a los Rojas y Román, ¿qué podríamos decir en la actualidad de este Max Mendoza, vinculado a Nueva Fuerza Republicana (NFR), luego al MAS y luego al gobierno de facto de Jeanine Áñez?

Mendoza es la personificación de unas insultantes irregularidades en el sistema universitario boliviano que según un conocedor de cómo funciona éste, tiene su inicio con la asignación de recursos a las dirigencias estudiantiles a partir del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). En otras palabras, queda en la nostalgia la vieja dirigencia de izquierda con todos sus matices partidarios, e ingresa en el escenario una modalidad de gestión en el contexto del gobierno paritario docente estudiantil que distorsiona el sentido de existencia de una institución que tiene como misión, generar formación académica, calificación profesional, tareas investigativas científicas y producción de pensamiento en todas sus disciplinas, incluída, por supuesto, la actividad político partidaria que hoy nos exhibe una universidad boliviana corrupta en la que ha desaparecido el debate político ideológico, aunque el antimasismo paranoico insista en que esto es producto de haber teñido de azul una institución que utiliza la sacrosanta Autonomía como una tapadera de fechorías.

Una reyerta en la Universidad Tomás Frías de Potosí, con cuatro estudiantes fallecidas, abrió las compuertas para descubrir una turbia administración estudiantil de recursos que trasladada a La Paz, tiene en Álvaro Quelali como principal ejecutivo de la FUL con 4.2 millones de bolivianos de presupuesto para la gestión 2022 y dos vehículos motorizados a su disposición, con el record de 20 años de permanencia, habiendo circulado por varias carreras, de una de la cuales ya habría egresado. Entre Max que tiene 52 años y no quiere egresar de la Universidad y Álvaro en las mismas, tiene que haber una relación de hermandad eterna.

Resulta sencillo y utilitario diagnosticar la crisis a partir de la espectacularización de los perfiles biográficos de dirigentes como Mendoza y Quelali, pero lo cierto y estructural es que la educación superior institucionalmente administrada  por el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) exige una profunda reforma desde sus cimientos que con Autonomía en mano, se hace inexpugnable e inmune frente al Estado. Hace mucho que las universidades públicas se han convertido en reductos en las que hay demasiada mugre escondida, con  varios rectores que en sus mandatos decidieron hacer de sus cargos, catapultas para promocionar sus figuras hacia el escenario político nacional.  La vocación académica de la que llegaban precedidos, quedó relegada a un segundo plano, pues de lo que se trataba era de pactar con los diferentes estamentos para sobrevivir con comodidad y presentándole batalla al MAS que con su gobierno generó las millonadas (IDH) con las que hoy día se manejan las federaciones universitarias con personajes de la catadura de Max Mendoza y Alvaro Quelali.

Originalmente publicado el 21 de mayo en la columna Contragolpe de La Razón

Aymara francés

 

Cuando alguna vez me preguntaron si pertenezco a algún pueblo indígena de Bolivia respondí: Aymara francés. Parece una broma para salir del paso, pero basé mi respuesta en una lección que el antropólogo Xabier Albó me transmitió en 2007, basada en el concepto de autoidentificación y que significa que uno es lo que quiere ser, aunque mi ocurrencia no forme parte de las categorías contempladas en un censo nacional de población y vivienda.

En buenas cuentas soy aymara francés porque se me viene en gana. Porque tengo una relación socio cultural esencial con los andinos originarios de la actual Bolivia desde mi nacimiento y porque tengo antepasados por el lado materno que de ninguna manera tenían sangre azul para decepción de mis parientes reaccionarios y con ínfulas de copetudos a quienes alguna vez les dije en franca provocación que seguramente los breteles de los que somos descendientes eran panaderos, obreros o campesinos de la campiña francesa, y que a mí de Francia me interesó siempre Mayo del 68, así como películas de la “Nouvelle Vague”, sobre todo las de Truffaut y el cerebro futbolístico del francés argelino Zinedine Zidane.

Considero irrelevante que mi condición mestiza no figure en la boleta censal. Y esto sencillamente porque hay conceptos universales implícitos en nuestra vida diaria. Si, en cambio, creo fundamental que los bolivianos originarios, esos que hacen de nuestro país una plurinación única, reafirmen sus orígenes pre coloniales y pre republicanos, porque si existe un elemento que nos hace diferentes frente al mundo, en el mejor sentido de lo que significa ser diferente, es el marcado por el hecho de que nuestros pueblos indígenas inscriben las características y rasgos etnico ancestrales de la historia de la cultura indoamericana en lo que es el país como República y ahora en primer lugar como Estado Plurinacional.

Mestizas y mestizos que quieren estampar su condición en la boleta censal se encuentran atrapados en un proceso subconciente de negación de los otros y las otras. De los indios. De los bolivianos de Omasuyos, de los bolivianos de Guarayos, de los bolivianos de Chiquitos, de los bolivianos del Chaco, de los bolivianos de Tarabuco…y así podría seguir hasta que el número de caracteres para este texto, me diga que tengo que cortar por límite de espacio. Ese dispositivo ideológico está magistralmente explicado en “El espejismo del mestizaje” (2005) de Javier Sanjinés, doctor en literatura y docente de la norteamericana universidad de Michigan que señala:  “En Bolivia, el paradigma del mestizaje no es más que el discurso letrado de las clases altas, cuyo propósito es justificar la dominación continuada del sector de los mestizo-criollos que asumieron el poder después de la Revolución Nacional de 1952”. Así de claro, contundente y terminante.

En el contexto de desmontaje en profundidad de Sanjinés, me provocaría vergüenza sugerir que por ser mestizo, se me facilite la posibilidad de marcar tal “cualidad” en el cuestionario del censo. Sucede que este asunto pasa por una fobia ideológica y racializadora que consiste en rechazar de manera visceral todo lo que huela a proyecto masista. Con el interregno del golpe de Estado de 2019, el proceso político e ideológico que se fortaleció a partir de la agenda de octubre de 2003, ya lleva quince años, tiempo en que las nuevas matrices estatales han facilitado la emergencia de nuevas referencias sociales y de participación política. Los mestizos que contribuyeron a sacar a Evo de la presidencia, vuelven a proferir alaridos porque fue otro espejismo el pretender que el partido azul desapareciera, y con el, todas las tareas multidisciplinarias y transversales relacionadas con la nueva agenda que aplastó al neoliberalismo más cuadrado y esquemático que dominó al país entre 1985 y 2005.

Acciones legales constitucionales se programan para encajar la categoría mestizo en el próximo censo. Los promotores de esta emotiva iniciativa quieren ser más que lo que representa el MAS. Quieren demostrar que la mayoría nacional es mestiza y no están dispuestas y dispuestos a aceptar la existencia de unas mayorías nacionales que forman parte de otro espectro, el relacionado con el campo popular en el que se mueve la Bolivia ahora visibilizada y participativa que continúa emergiendo progresivamente. Ya que no pueden ganar elecciones desde 2005, por lo menos quieren ganar a través del conteo en el nuevo censo. Parece ser una manera de mitigar penas y de negarse una vez más, a comprender de que está hecho el entramado país en el que vivimos.

Originalmente publicado el 07 de mayo en la columna Contragolpe de La Razón

El lado B del progresismo

 

Morír con detención preventiva prolongada por siete años tiene que indignar. Le ha sucedido a Marco Antonio Aramayo que en su calidad de administrador del Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (FONDIOC), cargó sobre su humanidad con todo el desbarajuste estructural producido en una entidad en la que campeó el desorden, el prebendalismo, la ineficiencia y la corrupción. Muchos de los dirigentes que recibieron apreciables montos de dinero, originalmente previstos para proyectos en sus comunidades, aprovecharon sus estatus y convirtieron al FONDIOC en la expresión del otro lado del progresismo, ese que está vinculado a la vulneración de los postulados de las transformaciones relacionadas con el llamado Vivir Bien. Si, Vivir Bien, en exclusividad para una rosca, mientras quienes debían aspirar a mejores condiciones, sus hermanos y hermanas de a pie, ni siquiera se enteraron de la descomunal impostura que decidieron protagonizar y que lastima la esencia de la “Revolución democrática y cultural”.

Hay que abominar al izquierdismo tendencioso que mira al imperialismo, al fascismo, a las iglesias fundamentalistas, y a otras formas de amenaza planetaria, como las únicas explicaciones y justificaciones que dan lugar a la desigualdad, al agravamiento de la pobreza, y a la superlativización de las grandes  fortunas concentradas en pocas manos.  No es creíble la democracia de Daniel Ortega en Nicaragua, y tampoco  lo son los corruptos que cometieron desmanes con PDVSA en Venezuela. Otra cosa es creer en los nicaragüenses y en los venezolanos que combaten el viejo orden, desde la autenticidad de la calle, desde los ideales que no se negocian con el FMI, el Banco Mundial y la OTAN.

Aramayo murió asediado por la infamia, por la utilización desalmada que se hizo de sus responsabilidades funcionarias, para concentrar solamente en el, toda la mugre que significó el manejo del que debió ser modelo institucional económico social de emancipación honrando el sentido de equidad con el que Evo Morales encabezó la agenda de Octubre (2003), consistente en la Asamblea Constituyente, la generación de inclusión social a partir de los preceptos de la nueva Carta Magna y la nacionalización de los hidrocarburos. Nada de eso sucedió con el FONDIOC, porque se desfiguró en una agencia de favorecimiento de nefastos intermediadores sindicales, en uso abusivo de la representación de pueblos y naciones indígenas originarias campesinas.

Apenas vislumbró que la carga pesada de las responsabilidades administrativas y consecuentemente penales de sus actos, recaería casi exclusivamente sobre sus espaldas,  Aramayo debió dar un paso al costado. Debió decir “no pondré mi firma en documento alguno que luego me conduzca a la cárcel”. Ya se sabe de sobra que resultaba fácil y utilitario endosarle un manejo irregular sistemático que le desgració la vida hasta conducirlo a la muerte, resultado de las penurias soportadas bajo un régimen penitenciario que es la expresión más putrefacta de un sistema judicial que hace aguas por todas partes, que funciona descontrolado y no aparece hasta ahora un equipo de pensantes que empiece a enderezar las cosas, considerando, en primer lugar, que una reforma profunda pasa por una visión transversal que debe contemplar la educación, la formación académica y el entrenamiento concienzudo en materia de servicio público, y no por las vociferaciones de iluminados que juegan a espadachines salvadores.

El lado B del progresismo le hace el juego a la corrupción y a la amenaza del retorno al viejo orden. El FONDIOC pasó a formar parte de ese lado B y a continuación viene lo más  nauseabundo: Los adalides del neoliberalismo, los ladrones de cuello blanco, los vividores de la democracia pactada, los que venden apartamentos a policías de dudosa reputación evadiendo impuestos, los que negociaron para beneficio propio nuestros recursos naturales durante décadas, utilizan a Marco Antonio Aramayo como a un  héroe. Manosean su nombre para embarrar al MAS, a los operadores de justicia y al ministerio público con ruines propósitos de descalificación de un proceso que es bastante más grande y complejo que el desastroso manejo de este fondo que ha llevado a la tumba a este pobre  señor, para tristeza inconsolable de sus familiares.

“La estrategia de la izquierda es no robar” dijo alguna vez el gran Pepe Mujica. En otras palabras, el progresismo, los instrumentos políticos para la liberación de nuestros pueblos, terminan pareciendosé a las oscuras corporaciones transnacionales, cuando quedan atrapados por la codicia y por el individualismo que enajena. Es la manera más fácil de hacerle el juego al establishment del primer mundo porque cedieron ante la frívola manera de acceder a Don Dinero a través del ejercicio del poder. Esos no son progresistas. Esos no son de izquierda. Son los impostores que hacen trizas los sueños de los que de verdad creen en las utopías del bien común.

Originalmente publicado el 23 de abril en la columna Contragolpe de La Razón

 

¿Cuánto necesita Evo Morales de García Linera?

 

En uno de los últimos encuentros sostenidos en Buenos Aires entre el Presidente de Argentina, Alberto Fernández y el expresidente de Bolivia y jefe del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, quedó una frase relacionada con el acompañamiento que Alvaro García Linera demostró como Vicepresidente durante los catorce años en que Evo condujo al país a través de tres elecciones consecutivas ganadas con más del 50 por ciento de los votos. “Tengo una sana envidia por la lealtad del compañero que tienes” le dijo Alberto a Evo en noviembre de 2021.

García Linera dice siempre estar orgulloso del rol que significó ayudar a un presidente indígena para que su gestión fuera exitosa a partir de una agenda de transformaciones sociales y económicas que hicieron de Bolivia durante por lo menos cuatro gestiones, número uno en crecimiento económico de Sudamérica y para que ello sucediera quién manejo los hilos de la gestión pública con paciencia diaria y haciendo sistemático seguimiento de los principales temas de agenda, fue precisamente este segundo de a bordo con perfil de Primer Ministro, que le faciltaba a Evo desplazarse por todo el país, mientras el, desde su despacho en La Paz, dirigía acciones y concretaba tareas para que la maquinaria gubernamental funcionara sin obstáculos.

Los tiempos son otros, que obviedad, y hoy Evo es jefe partidario y principal representante de las federaciones de campesinos cocaleros del Chapare, situado en el subtrópico del departamento de Cochabamba, en pleno centro geográfico del país, mientras García Linera se encuentra dedicado a impartir cátedra y a ofrecer charlas, sobre todo en Buenos Aires, o a  través de Zoom, por ejemplo, para audiencias gestadas por Le Monde Diplomatique.

Mientras Evo Morales no deja de hacer política todos los días y a toda hora como jefe del MAS, García Linera desempeña un papel más ajustado al retiro de la actividad partidaria con prioridad en tareas académicas y en foros de debate sobre cómo estaría evolucionando la consolidación de una segunda ola progresista en América Latina con la llegada de Gabriel Boric a la presidencia de Chile y los probables triunfos de Lula Da Silva en Brasil y Gustavo Petro en Colombia, mientras en Bolivia, el país es presidido por el economista Luis Arce Catacora, considerado por el propio Evo Morales como su maestro en la materia.  

En las últimas semanas, Evo Morales ha denunciado un plan de la DEA en contubernio con oficiales de la Policía Boliviana para acusarlos a el y a algunos de sus compañeros, de narcotraficantes: La vieja historia de uno de los brazos vigilantes de la administración estadounidense en afanes para acabar con la carrera pública de Evo. A esto, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, ha contestado que en el país no hay injerencia alguna de la DEA. La prueba de ello se la podría encontrar en el apresamiento del ex comandante de la Fuerza Especial de la Lucha contra el Narcotráfico (FELCN), Maximiliano Dávila que fue detenido el pasado 22 de enero antes de que intentara huir del país, operativo que le impidió pasar la frontera hacia Argentina, donde muy probablemente la DEA le hubiera caído sin perder tiempo alguno. Dávila es acusado por el gobierno boliviano de proteger a una red narcotraficante.

Evo, según dichos de agudos observadores neutrales, pareciera haberse convertido en la cabeza de la oposición al gobierno del MAS, debido a la alarmante inacción de las formaciones políticas con representación parlamentaria como Comunidad Ciudadana (CC) de Carlos Mesa y Creemos de Luis Fernando Camacho, candidatos a la presidencia derrotados en las elecciones de 2020 y partícipes del golpe de Estado que provocó la caída de Evo en 2019. En ese contexto, los medios de comunicación alineados contra el MAS despliegan a diario esfuerzos por mostrar supuestas rupturas dentro el partido de gobierno, que ahora tendría tres cabezas: el jefe histórico Evo Morales, el presidente Arce y el Vicepresidente Choquehuanca, muy respaldado por el pueblo aymara que habita principalmente las provincias de La Paz. Lo cierto es que en términos prácticos, el único  partido político con influencia en todo el territorio boliviano sigue siendo el MAS y de ahí que se diga, no sin tufo irónico, que como la oposición prácticamente no existe, la única oposición al partido del gobierno puede brotar solamente del mismísimo Movimiento al Socialismo.

Con un contexto especulativo en el que manda el dice que dice, García Linera se encuentra distante de la política cotidiana y de la gestión gubernamental. En su última aparición pública,  producida a principios de marzo, para referirse al actual momento, el ex vicepresidente dice que Arce y Choquehuanca ejercen un liderazgo político y estatal, mientras que Evo continúna siendo un líder social. En esa oportunidad afirmó que si las internas no se manejan con coherencia podría producirse una “fragmentación de lo popular”.

En este nuevo escenario, alguien que conoce muy a fondo a Evo Morales comentó: “Evo está muy desordenado porque Alvaro no está cerca.” Si esto es así, ¿cuán lejos podría estar el que fuera su colaborador más cercano en los haceres gubernamentales? Lo cierto es que una cosa es el García Linera, hombre de Estado, y otra el académico alejado del poder, y en esa medida, como Evo no ha disminuido en lo más mínimo su animalidad política, no parece dispuesto a abandonar la batalla diaria expresando prevenciones contra la conspiración de la derecha, así como manifestando discrepancias por algunas formas de actuar y decisiones que se toman al interior del gobierno que preside su compañero Luis Arce Catacora,  con quién ha encarado tantas batallas por demostrar que el Estado puede ser eficiente y exitoso en el el manejo de la economía boliviana.

 

Originalmente publicado en Noticias de América Latina y El Caribe (NODAL) el 04 de abril

La quimera de Garcìa Márquez

 

En base a una ponencia de Gabriel García Márquez (La procuración de justicia: problemas, retos y perspectivas presentada en México), la revista española Cambio 16 (diciembre de 1993) tuvo la iniciativa de recoger firmas en apoyo a la legalización de las drogas. Algunos de los nombres de quienes se adscribieron a semejante movida hablan por sí sólos: Fernando Savater, Milton Friedman, Carlos Fuentes, Joan Manuel Serrat, Manuel Vásquez Montalban, Antonio Escohotado, Daniel Samper, Carmen Rico-Godoy, Carlos Monsivais, Mario Vargas Llosa. En la misma edición (Nº1150) de la revista para América figura una entrevista de alguien que se oponía a tan ambiciosa idea. Se trata de quién fuera Subsecretario de Defensa Social del Ministerio del Interior, Gonzalo Torrico, que ejercía como funcionario del gobierno de Jaime Paz Zamora, en representación del partido del Gral. Banzer, Acción Democrática Nacionalista (ADN). Dice Torrico, entre otras cosas “legalizar crearía gran adicción”.

La revista Cambio 16 asumió el texto de García Márquez que ya era Premio Nobel de Literatura como un “Manifiesto a favor de la Legalización de las Drogas” que en sus partes salientes dice: “La prohibición ha hecho más atractivo y fructífero el negocio de la droga y fomenta la criminalidad y la corrupción a todos los niveles. Sin embargo  los Estados Unidos se comportan como si no lo supieran. Colombia con sus escasos recursos y sus millares de muertos, ha exterminado numerosas bandas y sus cárceles están repletas de delincuentes de la droga. Por lo menos cuatro capos de los más grandes, están presos y el más grande de todos se encuentra acorralado.(Para cuando se publicó este material, Pablo Escóbar ya había muerto)/ En Estados Unidos, en cambio, se abastecen a diario y sin problemas 20 millones de adictos (en la actualidad la cifra bordea los 30 millones) lo cual sólo es posible con redes de comercialización y distribución internas muchísimo más grandes y eficientes./ Puestas así las cosas, la polémica sobre la droga no debería seguir atascada entre la guerra y la libertad, sino agarrar de una vez al toro por los cuernos y centrarse en los diversos modos posibles de administrar la legalización. Es decir, poner término a la guerra interesada, perniciosa e inútil que nos han impuesto los países consumidores y afrontar el problema de la droga en el mundo como un asunto primordial, de naturaleza ética y de carácter político que sólo puede definirse por un acuerdo universal con los Estados Unidos en primera línea./ Y por supuesto con compromisos serios de los países consumidores para con los países productores. Pues no sería justo , aunque si muy probable, que quienes sufrimos las consecuencias terribles de la guerra nos quedemos después sin los beneficios de la paz. Es decir que nos suceda lo que a Nicaragua, que en la guerra era la primera prioridad mundial y en la paz ha pasado a ser la última.”

A 29 años de tan grande iniciativa que por supuesto no prosperó en ningún sentido,  las cosas siguen exactamente igual. O peor. Las ficciones televisivas seriales han convertido a los narcotraficantes en los portaestandartes de la épica de moda. Trabajar en el narco significa el sueño de alcanzar poder y dinero transitando por la avenida más corta, cuando en términos generales significa autocondenarse a una vida de clandestinidad y sobresaltos, con la muerte acechando a toda hora. Está claro: Las políticas de lucha contra el narcotráfico sirven para tapar dos agujeros cuando en ese mismo instante se están abriendo seis en lugares próximos en los que se capturan narcotraficantes. Se trata de una guerra inútil, sin fin y que a estas alturas sirve para que algunos liberales contradictorios desde sus espacios periodísticos usen el tema para autocalificar a nuestro país en su calidad de productor de hoja de coca como un narcoestado y para estigmatizar al principal dirigente campesino que representa a las organizaciones de productores en la zona del Chapare como al “cocalero Morales.”

La lucha contra la producción y comercialización de las llamadas sustancias controladas continúa siendo en un entramado dispositivo de control político a cargo de los gobiernos estadounidenses, en el que además, sus propios combatientes suelen transgredir la delgada línea que los lleva a usufructuar de conexiones con los capos de la droga y de generar sistemas informativos dentro las fuerzas regulares represivas para ayudar a estos empresarios ilegales a tomar recaudos cada vez que un operativo es inminente.

Quienes siguen desgañitándose acerca de los países a los que periódicamente se pretende arrinconar por su calidad narco, no comprenden que este es un asunto que no pasa por la moral, sino por la compleja condición humana. Si algún día llegaramos a aceptar la iniciativa de García Márquez y los intelectuales que lo respaldaron en 1993, seguro que se trataría de una contribución para hacer de este planeta un lugar más habitable y menos absurdo.

Originalmente publicado el 09 de abril en la columna Contragolpe de La Razón

El movimiento de Kiro Russo

 

En otros tiempos se hubiera dicho que Elder Manani tiene la cara y el gesto de “un artillero de la Bueno Aires”, la interminable y populosa arteria de la ciudad en la que se cruzan la modernidad metropolitana y la ancestralidad aymara repleta de katus en la que sobreviven en el amontonamiento de talegos de papas y cebollas, esos condenados a cargar sobre sus espaldas desde tuberculos hasta muebles,  para descender, por ejemplo, la calle Los Andes, tosiendo y soportando humillaciones de las caseras que se burlan del aparapita siglo XXI y que se constituyen en comerciantes de orígenes étnicos parecidos pero ya con estatus de exitosas propietarias.

De su natal y minera Huanuni (“Viejo calavera”, 2016), Elder aparece tres años después incrustado a la mala en esa La Paz del estruendo marchista cada vez que los mineros se apoderan del luminoso centro de la ciudad.  Un par de explosiones de dinamita y una consigna  --“sangre de minero, semilla de guerrillero”—significan el apunte preciso y único para situar el contexto histórico político del que emerge este antihéroe proveniente de las entrañas de la mina y de los tugurios en los que aprende a alcoholizarse con puntualidad autodestructiva y a partir de este prolegómeno, Kiro Russo y su banda conformada por Pablo Paniagua en la fotografía y Miguel Llanque en la música, nos internan en un viaje tan infernal como alucinante hacia los recovecos de la ciudad pesadilla escondida detrás de la mentira político propagandística que la estereotipa con frivolidad turística como ciudad maravilla.

Elder había perdido a su padre en Huanuni y se dedica a chupar como descosido. Con un salto hacía la ciudad prometedora que es en realidad un espejismo, llega junto a sus compañeros Gallo y Gato con demandas por trabajo y salario, para terminar estampillado en cualquier antro, zaguán,  o callejuela registrada con los inigualables adobes de Comanche que resplandecen hasta el enceguecimiento. Desde los sonidos iniciales en que la película es profundamente audio, se va abriendo firme y segura hacia una iconografía de la ciudad andina en la que se puede conjeturar por intuición cómo leía sus poemas Jaime Sáenz masticando las palabras con los dientes amarillentos y el acento metálico, todo ello pronunciado por ese anciano y barbado curandero que dialoga con la naturaleza y que se autoidentifica como salvador de cuerpos y almas, paralelamente interceptado por un médico estudiado en universidad que rechaza las creencias y los rituales, y que dice que dolencias como las de Elder se curan a partir del diagnóstico científico.

“El gran movimiento” alude, sin proponerselo, a las dos expresiones político partidarias más importantes y determinantes de nuesta historia contemporánea, pero en esta nueva audacia de Russo, esto es solamente telón de fondo, porque sus decisiones creativas vuelven a pasar por la relación de la existencia en crisis de un personaje con el entorno que queda confundido en callejones clandestinizados en los que hay que inventar in extremis momentos para danzar entre luces de discoteca ochentera, sillas y mesas de lata o entre chiwiñas nocturnas cuando el mercado ya ha dejado de atender, y las cholas vendedoras se transforman en bailarinas HipHoperas con esos movimientos rítmicos liberadores que prescinden del folklore dominante y millonario.

En un momento clave, del protagonista convaleciente emerge una luz blanca y circular que podría leerse como un mensaje de “te vas a morír Elder” y que termina arremolinada con un plano de los trencitos subterráneos que transportan el mineral, condensación visual del sacrificio colectivo y el resquebrajamiento personalísimo, toda una lección de síntesis visual-audio para comprender el ajayu de la narración.

Entre el trabajo insalubre y el desenfreno del bebedor consuetudinario, el camino hacia el deterioro físico y hacia el coqueteo con la muerte se hace prematuro en este Elder como en tantos de sus compañeros y amigos, que aparece postrado con el torso desnudo cual si fuera un Cristo yacente que evoca pinturas y esculturas barrocas de la edad media, composición con las que queda constatada la riqueza de una historia que se ramifica en significaciones y simbolismos.

La película incomoda y aprisiona. Desafía a salir del apoltronamiento citadino plano y aburrido, para sumergirnos en una atmósfera tan ajena a la vida normal del  centro urbano, situada de espaldas a las periferies del tedio, el desempleo y el consumo de alcohol con militancia existencialista. No hay más nada que transcurrir, porque si algo hacen los personajes que van junto a Elder o detrás de él, es transcurrir comentando lo que les va pasando en el día a día, en climas que van desde el frío y descriptivo documental hasta la más riesgosa alusión onírica de una ciudad lúgubre, visualizada por una cámara capaz de poner en entredicho la indiferencia y la monotonía con la que sabe vivir el espectador desprevenido.

Originalmente publicado el 26 de marzo en Contragolpe de La Razón

Una defensora del pueblo

 

La consigna y la obsesión antimasista se han estrellado contra Nadia Cruz, la Defensora del Pueblo que debió asumir el cargo interinamente luego de la renuncia de David Tezanos Pinto hace algo más de tres años. Se la tacha sin argumentación ni pruebas a la mano, de alineada con el partido azul y de haberse convertido en alguien que ha hecho de la institución, un reducto para defender a los afines al nuevamente partido de gobierno que conoció el ejercicio del poder durante catorce años consecutivos.

La gestión de Cruz ha producido un extenso y pormenorizado informe defensorial que expone con notable rigor y apego a la veracidad de los hechos, lo sucedido en el peor año de este siglo que pudo vivir Bolivia en materia de violaciones a los derechos humanos, durante fines de 2019 y gran parte de 2020. Si se examina con detenimiento dicho documento, se comprobará que gran parte de sus contenidos coincide con lo hecho por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) enviado a nuestro país por la Comisión Interaramericana de Derechos Humanos (CIDH), pero como las maltrechas oposiciones privilegian el tirarle basura al MAS, descalifican la gestión de alguien que tiene trayectoria, conocimiento y compromiso en la gestión de defensa de los derechos humanos en el país.

A las puertas de un nuevo nombramiento en el cargo para la gestión 2022 – 2028, el escenario se presenta carnavalesco y anecdótico. Debe ser una broma que un converso como Manuel Morales Alvarez del mal llamado Comité Nacional de la Democracia (CONADE), aparato antimasista por sobre todas las cosas, pretenda considerarse habilitado para optar al cargo. No puede por requisitos. No debe porque jugó de manera sesgada y vergonzosa el papel de portavoz de Amparo Carvajal durante el gobierno de Áñez, mandamás de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, que entre varias de sus lamentables actuaciones,  calificó como “resistencia necesaria” a un grupo irregular violento como la Resistencia Juvenil Cochala que ya tiene a un sentenciado por asesinato de un periodista y a varios otros procesados por desmanes, violencia, racismo y discriminación producidos entre octubre y noviembre de 2019.

Bolivia necesita una Defensora del Pueblo. No un Defensor. Debe ser mujer porque en tiempos de desenfrenada violencia de género, el activismo feminista debe profundizar el rol decisivo que juega,  fortaleciendo su presencia en la administración de las instituciones estatales comprometidas por ley a luchar por los derechos ciudadanos en todas sus instancias. La Defensora del Pueblo no puede ser una militante del MAS, de Creemos o de Comunidad Ciudadana y por lo tanto tampoco una ex diputada o ex senadora que ejerció funciones con carnet partidario, según los requisitos en discusión para la selección de quienes cuenten con todas las credenciales de idoneidad y profesionalismo para ejercer al cargo.  Tampoco parece sensato pensar en feministas que en el extremo de un posicionamiento “anti sistema”, utilicen las armas de la violencia verbal patriarcal para combatir a machistas, feminicidas, violadores seriales y otras ramas que forman parte de la monstruosidad masculina.

La Defensora del Pueblo debe ser, en primer lugar, alguien con recorrido en el activismo y en la defensa cotidiana de los derechos humanos. Que conozca la problemática a fondo y que tenga en su espectro qué y cómo se debe gestionar la institución y para ello, como para ningún otra instancia de alta responsabilidad pública, la elección debiera hacerse por consenso, producto de la unanimidad en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Hacer lo otro, ajustando requisitos a la medida de la agenda política gubernamental, o a la de los intereses de las minorías parlamentarias, sería incurrir en tretas que inviabilizarían la elección. De la histeria, el griterío, el insulto y el jaloneo de diputados o senadores, hay que pasar a la mesa del razonamiento. El MAS debe ceder y por supuesto que sus oposiciones también.

El año 2016, Rogelio Mayta debió haber sido elegido Defensor del Pueblo, pero no sucedió porque se impusieron criterios que superaron la rigurosidad de la convocatoria. Que no suceda otra vez. Que en esta oportunidad llegue la mejor opción por compromiso, conocimiento, dedicación y credenciales de transparencia. Figuran algunas candidatas, de las que hay que descartar a Nadia Cruz que ha manifestado no ser de su interés el tema. En ese conjunto de mujeres que trabajan a diario en temática tan sensible, debiera estar la nueva Defensora del Pueblo. Se trata de personas que no necesitan vociferar en las calles para demostrar cuanto se puede trabajar en esta materia con conocimiento, probidad y sentido de oportunidad.

La Defensoría del Pueblo tiene como misión prioritaria defender a la ciudadanía común de los abusos que comete el Estado contra ella. En otras palabras, su tarea pasa, en gran medida, por una necesaria y permanete interpelación al poder, tan saludable para cualquier democracia.

Originalmente publicado en la columna Contragolpe de La Razón el 13 de marzo.

Bolivia: El Gral. Terceros, cerebro militar del golpe, a juicio por tráfico de armas

 

Si bien el Gral. Williams Kalimán, Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia, fungió como portavoz de la “sugerencia” de renuncia a Evo Morales en noviembre de 2019, se sabe que quién coordinaba los operativos político militares para consolidar la caída del entonces presidente, era el Gral. Gonzalo Terceros, Comandante de la Fuerza Aérea.

Con el propósito de salir liberado por condena mínima (tres años de cárcel), Terceros ha recuperado la memoria de manera súbita, acogiéndose a un juicio abreviado en el que ha admitido su complicidad y culpabilidad por resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes e incumplimiento de deberes. De esta manera, junto al que fuera comandante de la Naval, Almirante Gonzalo Jarjury, Terceros tramita afanosamente su mandamiento de libertad, probablemente sin tener todavía conciencia del  nuevo lío  judicial que le espera:  Apenas transponga las puertas del Penal de Palmasola de Santa Cruz de la Sierra, tendrá que enfrentar el juicio que acaba de instaurarle el ministerio de Gobierno por tráfico de armas con la Argentina entonces gobernada por Mauricio Macri.

En julio de 2021 Terceros fue detenido y declaraba no recordar nada, cuando es sabido que trató de evitar que Evo Morales y su vicepresidente, Alvaro García Linera, ya renunciados, abordaran el avión presidencial que debía trasladarlos de La Paz hasta Chimoré donde lo esperaban campesinos cocaleros dispuestos a protegerlo. Al no lograr impedir la partida del avión, Terceros instruyó que la nave, una vez aterrizada en el subtrópico de Cochabamba, se dirigiera al hangar militar, lo que generó una indignada reacción de Morales y García Linera que lograron finalmente descender en la plataforma principal del aeropuerto.

El siguiente capítulo protagonizado por Terceros estuvo relacionado con la autorización para que el avión enviado por el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, saliera del espacio aéreo boliviano. También saboteó la partida de la nave que en principio debía hacer escala en Lima para cargar combustible y que finalmente cambió de dirección hacia Asunción, gracias a gestiones que facilitaron que el presidente Mario Abdo instruyera la llegada de Evo Morales, ya protegido por el asilo político, previa a su traslado a Ciudad de México.

Las actuaciones de Terceros fueron determinantes para la consolidación de la presidencia de facto de Jeanine Áñez, a quién le facilitó el helicóptero para que aterrizara en el Colegio Militar de La Paz, junto a su colega senador Oscar Ortíz, con el objetivo de reunirse el lunes 11 de noviembre de 2019 con Luis Fernando Camacho, presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz que se encontraba en la sede de gobierno una vez conseguido el objetivo de la dimisión de Morales en gran medida fogoneado por el ahora gobernador cruceño que fue el primero en pedir la renuncia de Evo.  En ese clima enrarecido, mientras Áñez se reunía con Camacho, Terceros comandaba las operaciones de sobrevuelos rasantes de aviones de combate T-33 sobre localidades de La Paz y Oruro que amedrentaban a pobladores civiles, la mayoría de ellos opuestos a la salida de Evo del gobierno.

Fue Jorge “Tuto” Quiroga, heredero político del dictador Banzer, quién declaró publicamente que estaba encargado de  realizar gestiones con Terceros:  “A todos ustedes quiero pedirles disculpas, que comprendan que ayer tuve que hacer algo que nunca pensé que iba a tener que hacer, gestiones con la Fuerza Aérea Boliviana para que el tirano salga de Bolivia, a fin de que pacifiquemos el país”, comentó en un video que fue difundido en redes sociales, que luego fue retirado. En otras palabras, la línea directa entre Quiroga y Terceros fue crucial debido a que la permanencia de Evo en Bolivia implicaba para los conspiradores una espiral de convulsión social que haría muy dificultoso el éxito del golpe.

El Gral. Gonzalo Terceros es el principal jefe militar del golpe en Bolivia y no como muchos creen el Comandante en Jefe Williams Kalimán. En su acusación formal contra el ex Comandante de la Fuerza Aérea, y contra el Comandante de la Policía, Gral Yuri Calderón, el Ministerio de Gobierno pregunta: “¿Cómo un comandante de la Fuerza Aérea encargado de asegurar la Soberanía y Defensa del espacio aéreo nacional conforme el Art 59 inciso a de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas envió un pedido de armamento y luego un agradecimiento oficial a otro país?¿ Qué otras operaciones se realizaron en el Transporte Aéreo Militar (TAM) y en el hangar de los Diablos Negros además de la descubierta por los testigos que transportaron los agentes químicos y armamento que bajaron el avión FIC ATC 006 C 130 argentino la madrugada del 13 de noviembre de 2019?¿ Cuánto armamento letal fue transportado por la tropa militar extranjera realmente? ¿En qué momento se realizó toda esa articulación perfecta entre Bolivia y Argentina para que el avión FIC ATC 006 C 130 llegue cargado en la madrugada del 13 de noviembre de 2019 apenas horas después de la autoproclamación como presidenta de Bolivia de Jeanine Añez Chávez?”

El fallo judicial en el juicio abreviado recientemente librado, ha sido extremadamente generoso con el Gral. Terceros. Al habérselo sentenciado con tres años de cárcel, el ordenamiento jurídico boliviano le permite quedar en libertad, pero como la actuación de este militar tiene varias aristas en el derrocamiento de Evo Morales, ahora debe comparecer nuevamente ante la justicia por haber entablado una relación irregular de penetración de municiones y efectivos militares argentinos (alacranes), vulnerando los procedimientos consignados en la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (LOFA). Terceros, como todos sus camaradas del Alto Mando de entonces están siendo procesados por haber desconocido el poder civil constituído que dio lugar a un gobierno de facto que en casi un año de ejercicio, produjo masacres como las de Sacaba  y Senkata y estropeó la economía boliviana utilizando la cortina de humo de la pandemia que castiga a todo el planeta.

Originalmente publicado en Noticias de América Latina y el Caribe (NODAL) el 27 de febrero.

 

La porfía de Página Miente

 

El dizque periodismo que practica el diario Página Miente es una mezcla de caviar con nachos. Confunde la velocidad con el tocino, y cree haber descubierto la fórmula para descomponer la cuadratura del ciclo. Su problema es profundo y ético porque se maneja por referencias morales  --no soporta saberse parte del golpismo de 2019—y en ese transcurrir salta de consigna en consigna para trampear a la hora de pretender exponer los hechos.

Página Miente no admite que le emponchen formar parte de un cartel que distorsiona la materia básica de la que se nutre el periodismo consistente en acontecimientos y hechos verificables en la realidad. Su atrincheramiento pasa por la formidable conclusión de que como Evo Morales renunció, lo del golpe de Estado es una patraña, una posverdad. Ni los trituradores de teclados con los que cuenta se lo creen, pero insiste porque necesita encontrar un detergente lava conciencia que no existe. Lo uno no tiene nada que ver con lo otro. Evo pudo haber renunciado y hasta pensar que una sucesión inconstitucional le serviría para atenuar su salida del gobierno en calidad de víctima,  producto de su forzada candidatura violatoria del resultado de un referéndum, y eso nada tiene que ver con la forma en que se operó la llegada de Jeanine Áñez a la presidencia del Estado.

El periodismo boliviano, lo mismo que los actores políticos con la justicia, debería firmar un gran acuerdo gremial desprovisto de filtros ideológicos y líneas editoriales en defensa radical e incondicional de los derechos humanos en un país tantas veces aplastado por la violencia política y las masacres, pero gran parte de el, enquistado en estructuras empresariales devotas del capital transnacional, del saqueo y la injerencia, prefiere mirar para otro lado y defender lo indefendible: Las resoluciones contrarias a la Constitución para instalar un gobierno, que por si fuera poco, hizo de la transición un enorme campo de juego para la represión policial-militar,  la corrupción, el matonaje y la extorsión judicial.

Página Miente es heredero sentimental del golpismo banzerista de 1971. Tiene en su ser ideológico una visión entre reaccionaria y neoliberal de la política y de la economía, y desde estas matrices puede comprenderse que pretenda subestimar a su puñado de lectores, diciendo que como Evo renunció “voluntariamente” no hay tal golpe. Consideración tan peregrina como esta no es un razonamiento. Es un artefacto barato y deleznable. Para llegar a la silla presidencial, Áñez no pasó por la recomposición previa de la directiva del Senado, en primer lugar, y menos se encontraba en la línea de sucesión en su calidad de segunda vicepresidenta. Al no haberse tratado formalmente las renuncias de Morales, García Linera, Salvatierra y Borda, al no haberse instalado las sesiones de la Cámara Alta primero y de la Asamblea después, los asaltantes del poder –la propia Áñez instrumentada por sus colegas Ortíz y Murillo-- se pasaron por encima la normativa para agarrar al vuelo un comunicado del Tribunal Constitucional aludiendo a la sucesión de 2001  --Jorge Quiroga sucediendo a Banzer-- como antecedente y con la que el Doctor Luis Vásquez Villamor, amigo abogado de Tuto, fabricó el embuste del Ipsofacto con el que se pretendió embaucar a todo el país. La realidad, los hechos, es decir el  periodismo apegado a la verdad histórica, demuestran que no lo logró, que un comunicado no puede ser el sustento  para la elección del presidente de un Estado, con prescindencia de sus instancias y procedimientos institucionales señalados por norma. Tomaduras de pelo como esa, sólo pueden funcionar en una película neocolonialista sobre alguna república bananera de los 60.

Si Página Miente prefiere, no le llamaremos Golpe de Estado. Dejemoslo en sucesión inconstitucional y en consecuencia, en gobierno de facto, que relativizó sus acciones y pretendió  ataviarse de democrático con el alargamiento de mandatos de senadores y diputados hasta que se realizaran nuevas elecciones, luego de anuladas las de 2019. Si las cosas no se tornaron peores fue porque algunas voces sensatas evitaron que funcionara el plan de la proscripción del MAS del ordenamiento electoral boliviano, interceptado por quienes estaban concientes de que semejante intento abría las compuertas de la guerra civil.

La insistencia en un fraude nunca demostrado técnica y juridicamente, y en la defenestración no del candidato Morales, sino del Presidente Morales (su mandato debía concluir en enero de 2020) dió lugar a la interrupción de la democracia plena que sólo es tal con todos los órganos del Estados legal y legítimamente constituídos. Periodistas como el que escribe, tienen documentados los hechos a través de un trabajo de veinticuatro meses. Desafío a Página Miente y a cuantos medios quieran, juntos o por separado, a debatir publicamente las características de la estructuración del gobierno de Áñez.

 ¿Qué parte de sucesión in-cons-ti-tu-cio-nal no quiere entender Página Miente y similares para que se la expliquemos una y mil veces?

Originalmente publicado en la columna Contragolpe de La Razón el 26 de febrero.

La corrupción invisible

 

Los ítems fantasmas de la Alcaldía de Santa Cruz, el sobreprecio del vertedero municipal de esa ciudad, el chapucero intento de compra de ambulancias de la Gobernación de Potosí, la otorgación de detenciones domiciliarias a monstruos masculinos que violan y asesinan, a cargo de jueces protegidos por el mismísimo Consejo de la Magistratura, el mal uso de un despacho  departamental para armar una farra impresentable que bien podía organizarse en algún domicilio particular, los pedidos de porcentajes para cualquier tipo de trámite en municipios de distintos lugares del país y  una lista inacabable de dispositivos surgidos de la viveza criolla, ponen en evidencia cuán torpes han sido los autores de  todos estos dislates de utilización de lo institucional para beneficio privado, concepto principal de corrupción en el ejercicio del servicio público.

Ángelica Sosa, ex alcaldesa de Santa Cruz de la Sierra; Jhonny Mamani, gobernador de Potosí y Gonzalo Alcón, ex presidente del Consejo de la Magistratura han ingresado en la galería de los funcionarios públicos que han tenido la capacidad de dejar todas las huellas digitales posibles acerca de conductas y acciones reñidas con la honestidad y la transparencia. El de Sosa es el único caso de las figuras opositoras al MAS a la que no le han desplegado la cortina de la persecución política que es la estratagema para tapar delitos en supuesta defensa de la democracia y la libertad. Es decir, no puede ser una perseguida política porque los escandalosos indicios informan que se trata de alguien que amasó mucho dinero corrompiendo el funcionamiento del municipio cruceño.

Sosa, Mamani, Alcón y muchísimos otros están fritos. Hay papeles desarchivados  del desván de una despechada señora, hay evidencias de cuentas bancarias, hay personajes de distintos tamaños que han sido descubiertos en sus conexiones y que armaron aparatos para su beneficio y que por supuesto sólo pueden funcionar con los engranajes de las burocracias, las firmas autorizadas, y los vistos buenos de funcionarios intermedios. Los mejores ejemplos de esto son los hermanos Parada que hasta por apariencia física resultan gemelos. Está claro: Tuvieron oficio y años de ejercicio para generar dineros para trabajadores que nunca trabajaron y a los que se les daba mendrugos de pan a cambio del uso de sus identidades.

Los hasta aquí descritos, digamos que van dejando evidencias a cada paso que dan y por eso terminan presos, prófugos y alguno más astuto consiguiendo refugio político fuera del país, pero si hay corruptos a los que hay que reconocerles sagacidad para aprovechar sus circunstanciales cargos en la gestión pública, son esos que no dejan una sola hilacha en el trayecto y a los que no se puede acusar de absolutamente nada porque no  hay rastro alguno que pueda incriminarlos. “Esos son los elegidos” dirían Les Luthiers.

El que dice que no hay crímen perfecto en lo concerniente al ejercicio de un cargo por elección democrática, designación meritocrática o peguismo partidario está equivocado por desinformación o porque más conviene no husmear en sitios peligrosos que pueden generar consecuencias funestas. Vayamos a un ejemplo de cómo funciona la corrupción invisible: Compra de plantines para adornar plazas y jardineras de una ciudad. El proyecto tiene un precio de un millón de bolivianos. Hay que licitar y adjudicar de entre tres propuestas. Gana la mejor por precio y calidad. No hay sobreprecio. No hay gastos adicionales. No hay reprogramación financiera del costo original porque hay cumplimiento en los plazos de entrega. Pero resulta que el precio real “entre nos”, es de solamente 700 mil bolivianos, información que nunca llega a saberse porque contratante y contratado han gestado un acuerdo de palabra. Un acuerdo secretísimo por supuesto. Dicho y hecho, la empresa termina el trabajo, cobra el millón y transfiere “a terceros” 300 mil bolivianos. El nombre de la autoridad no aparece por ninguna parte, no hay una firma que lo incrimine, su “comisión” es entregada en efectivo (los maletines de siempre) o se deposita en cuentas de palos blancos. Esa autoridad o funcionario se ha aprovechado del cargo para embolsar un monto, producto de su poder de decisión. ¿Hay delito? ¿Dónde? ¿Y las pruebas? Sin ellas no se puede acusar a nadie. Los silenciosos “acuerdos de caballeros” no forman parte de código penal alguno.

Para completar el cuadro, la autoridad o funcionario que actúa de esta manera, sin dejar vestigio alguno de sus habilidades, toma previsiones para no caer en el redil de la legitimación de las ganancias ilícitas y para ello, todos los bienes adquiridos y  las cuentas bancarias locales e internacionales se encuentran a nombre de terceros, los mismos u otros que embolsaron los 300 mil bolivianos.  Son unos verdaderos perfeccionistas en la consumación de actos de corrupción de gran estilo y de los que nunca nos enteraremos.

Originalmente publicado en la columna Contragolpe de La Razón el 12 de febrero.

La pobreza intelectual de la derecha

 

Nunca antes la derecha boliviana había sido tan escuálida en ideas y en formulaciones programáticas para el país desde el regreso a la democracia en 1982. Basta recordar que fue precisamente el banzerismo el que introdujo al economista de Harvard Jeffrey Sachs en Bolivia para escribir y desplegar el 21060, decreto con el que funcionaria la economía boliviana durante dos décadas y que contó con ejecutantes que sabían hacer su trabajo en función de sus intereses de clase: El propio Banzer, Paz Estenssoro, Sánchez Lozada e incluso Paz Zamora que terminó absorvido por el neoliberalismo luego de sus años de militancia en la izquierda con influencia social demócrata europea.

Desde el día en que Evo Morales ganó por primera vez la presidencia, quedó sellado el colapso de un sistema de partidos que quedó agotado, producto de las nunca satisfechas demandas ciudadanas durante  esos veinte años de políticas económicas en los que mandaba el mercado, la fuga de capitales y el achicamiento del Estado. Durante todo ese tiempo las organizaciones sociales resistieron despidos masivos, gasolinazos y otras medidas de “ajuste estructural” hasta que tradujeron sus largas luchas en una participación electoral que situó por primera vez en la historia a un dirigente sindical en el gobierno. No lo había podido lograr Juan Lechín en los 60, y grandes dirigentes de formación socialista y comunista habían sido expulsados del firmamento político boliviano con encarcelamientos (Irineo Pimentel, Federico Escóbar de la Federación de Mineros) y asesinatos como el de Marcelo Quiroga Santa Cruz en 1980.

Cuando en Bolivia mandaba la derecha en el poder tutelada desde el norte imperial, combinando esfuerzos e ideas con un nacionalismo revolucionario culipandero como el que manejaron a su antojo según conveniencias de coyuntura, Paz Estenssoro y Siles Zuazo, una Bolivia paralela siguió soportando políticas represivas de acallamiento, suavizadas con el retorno a la democracia si se las compara con la policía secreta y los campos de concentración de Claudio San Román durante el período revolucionario del 52, y las prácticas represivas de terrorismo de Estado a cargo de las dictaduras militares.

Una larga e incansable lucha de resistencia durante el republicanismo neocolonial se desarrollaba en esa Bolivia paralela a la que se le prestaba una atención secundaria en las esferas informativas oficiales de las ciudades hasta que se instaló una nueva configuración de las prácticas políticas y del ejercicio del poder con un instrumento que hoy día no puede pensar su funcionamiento sin la interpelación, los reclamos y los pedidos de ajuste de sus organizaciones colectivas expresadas en primer lugar en el Pacto de Unidad que hace un par de semanas se sentó en una reunión con el presidente y el vicepresidente del Estado para hacerle conocer sus criterios con respecto del equipo de ministros con el que el gobierno funciona desde hace casi quince meses.

No conocemos otro país en que los colectivos organizados de campesinos, indígenas, mujeres, obreros y una significativa diversidad gremial tiene hoy la posibilidad de pedirle cuentas al poder político de manera directa, de demandar espacios de decisión, naturalmente con resultados desiguales entre la eficiencia de éxito y la burocratización que puede conducir a la corrupción, pero que se ha convertido en la estructura participativa de un Estado que ha  recuperado su tamaño e incidencia en la vida del país y que  tiene enfrente a esa derecha que obsesionada con la desaparición del MAS, ha logrado vaciarse completamente de contenidos propios, privándonos de un juego político en el que la alternativa sea parte fundamental del debate y no esa postura reactiva que está exclusivamente dedicada a referirse a lo que pasa o deja de pasar en la estructura masista.

Cuando se produjo el triunfo de Arce-Choquehuanca el 18 de octubre de 2020, me apresuré a predecir un regreso a la democracia de pactos, a la búsqueda de consensos para la toma de decisiones en materia de políticas públicas. Me equivoqué de cabo a rabo porque ninguna de las dos formaciones opositoras con presencia parlamentaria tienen perfil para convertirse en verdaderas fuerzas con discurso alternativo al nacional popular que sostiene el MAS desde su llegada al poder que ya se acerca a las dos décadas de vigencia con la breve y devastadora interrupción del golpe de Estado de 2019.

El llamado modelo cruceño debería ser una referencia central para construir un discurso altenativo al MAS, pero la coyuntura lo tiene prisionero en una guerra interna de acusaciones y contra acusaciones donde campea la corrupción institucional como nunca antes había sucedido. Mientras Santa Cruz no supere el resquebrajamiento de su gobernación y su principal municipio atestados de corruptos con distintas especialidades se hace difícil establecer una interlocución que permita instalar una mesa plural acerca del destino del país.

Originalmente publicado en la columna Contragolpe del diario La Razón el 29 de enero.

 

 

La próxima vez será guerra civil

 

La pesadilla de un gobierno de transición inconstitucional y represivo se acabó en Bolivia el 8 de noviembre de 2020 cuando Luis Arce y David Choquehuanca comenzaron a reconducir el estado de derecho, producto de su apabullante triunfo con un 55 por ciento de los votos que les permitió acceder a la presidencia y a la vicepresidencia del Estado Plurinacional en primera vuelta, con una aplastante diferencia de 27 por ciento sobre la segunda fórmula más votada, la de Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana (CC).

El Movimiento al Socialismo (MAS) gobierna Bolivia hace catorce meses con un presidente de perfil discreto y resolutivo combatiendo el Covid-19 con una alta cobertura de vacunación que ya llega a los niños de cinco años y generando las condiciones para la recuperación de la economía que se  tiene previsto llegue este 2022 a un crecimiento aproximado de 5 por ciento.

Los números de la economía sudamericana dicen que Bolivia es el país con más baja tasa de inflación del continente durante 2021, con 0.90 por ciento y si esta cifra se la compara con el 224 por ciento alcanzado por Venezuela y el 45 por ciento en Argentina, significa que la apreciación de la moneda boliviana manteniendo precio fijo por dólar estadounidense hace ya más de una década, es signo de que en el país las variables de la economía se encuentran bajo control y permiten pensar que no hay motivos para una crisis intempestiva a pesar de cuánto ha jugado la pandemia en contra de los agentes económicos formales e informales.

Mientras tanto, en el ámbito político, a dos semanas de recordarse la creación del Estado Plurinacional ( 22 de enero de 2009) producto de un referéndum con el que se modificó la Constitución Política del Estado (60 por ciento de aprobación), los sectores opositores al gobierno siguen más pendientes de lo que le sucede internamente al partido de gobierno, que lo que puedan proponerle al país alternativamente. En este contexto, Bolivia se encuentra en la temporada de especulaciones sobre cambios de ministros con críticas genéricas de Evo Morales a dignatarios nombrados por el presidente Arce “que no defienden al presidente, están preocupados por cuidar su imagen personal y se autodefinen como técnicos y no políticos”.

El pasado mes de noviembre, el gobierno abrogó la ley 1386 contra la legitimación de ganacias ilícitas, luego de un paro de nueve días promovido por el Comité Cívico Pro Santa Cruz, presidido por Rómulo Calvo, alfil del gobernador Luis Fernando Camacho, protagonista principal del derrocamiento de Evo Morales en noviembre de 2019. El paro, muy similar en características al de los veintiún días que desembocaron en el golpe de 2019,  se produjo casi exclusivamente en el oriente del país, más precisamente en la ciudad capital Santa Cruz de la Sierra y estaba basado en el argumento de que se trataba de un cuerpo legal con características de persecución y control político contra los ciudadanos que al gobierno le interesaría neutralizar según necesidades de coyuntura.

A partir de ese momento, con el retroceso gubernamental en la puesta en práctica de esta ley, el presidente Arce que en sus discursos del 6 de agosto (aniversario de la fundación del país) y 8 de noviembre (aniversario del primer año de gobierno) había fustigado sin concesiones a los autores del golpe de Estado, decidió bajar los decibeles de sus ataques y prueba de ello son reuniones que él mismo se encargó de convocar a gobernadores y alcaldes para concertar alcances de competencias sobre la ley del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 2021 – 2025. Ese acercamiento, en el que muchos gobernantes subnacionales opositores participaron, sirvió para distender los ánimos que ahora se encuentran sujetos a la nueva ola de contagios por Covid-19 que ha dado lugar a una alarma colectiva que ha desatado concurrencias masivas a los puntos de vacunación como no había ocurrido durante 2021.

La realidad boliviana, sin embargo, es siempre más compleja que sus coyunturas que en términos de políticas económicas se han manejado con racionalidad y coherencia durante los catorce años que le tocó gobernar a Evo Morales, y que ahora continúa como presidente su ex ministro de Economía que sobre políticas públicas ha adquirido una gran experiencia.  Esa complejidad pasa por el malestar que genera la nueva oleada progresista que se está produciendo en el continente con las llegadas de  Pedro Castillo a la presidencia del Perú, Xiomara Castro  a la de Honduras y  Gabriel  Boric a la de Chile . Si a ellas se suma a los gobiernos de Bolivia, Argentina, México, Cuba, Venezuela, Nicaragua y el probable triunfo de Lula en Brasil, nuevamente los espectros del fundamentalismo evangélico y fascista del continente emprenderán campañas de desestabilización apelando a su conocimiento y experiencia en materia de instalación de noticias falsas en las redes sociales para trabajar, como muy bien saben hacerlo, en el sistema de creencias de las clases medias “apolíticas”.

Como bien se sabe, la capacidad de injerencia para desatar la caída de Evo en Bolivia pasó por una acción concertada en la que intervinieron la OEA de Luis Almagro, la Unión Europea, las Embajadas de los Estados Unidos y Brasil, y la Iglesia Católica. De esa realidad, las organizaciones sociales afines al gobierno boliviano, como nunca empoderadas en su larga historia de despojos de recursos naturales, golpes de Estado y masacres, están plenemante concientes y por ello presionan para que se enjuicie y condene a Jeanine Áñez cuanto antes, y a quienes fueron parte de la defenestración, políticos ex candidatos a la presidencia, militares y policías. Áñez está recluida con detención preventiva desde marzo del pasado año, su ministro de Gobierno, Arturo Murillo, encarcelado en Miami por compra ventas irregulares de material disuasivo represivo, mientras Luis Fernando Camacho quedó legitimado por su elección como gobernador de Santa Cruz, y Oscar Ortíz que ya no habla más de política fue nombrado Rector de la Universidad Católica en el departamento cruceño: Su filiación en el Opus Dei parece haberlo convertido en un intocable al que solamente se convocó a declarar una sola vez ante el ministerio público por el golpe de 2019 y a partir de ese momento un manto de impunidad lo protege.

Hay otros actores importantes como Carlos Mesa, el dos veces derrotado candidato opositor, inicial instigador de la toma de sedes departamentales electorales que desataron el golpe, o Samuel Doria Medina, empresario ahora dedicado a terminar una rascacielos de cuarenta pisos en la zona residencial de La Paz. El primero usa el twitter para referirse a temas de agenda y el segundo, lo mismo que Ortíz, prácticamente ha dejado de hablar de política en escenarios públicos, luego de haber sido el candidato a la vicepresidencia de Jeanine Áñez que finalmente renunció a su postulación, debido a su desastrosa gestión como presidenta de transición.

La derecha boliviana, las clases medias que repudian la emergencia de las clases subalternas, que desprecian el proyecto nacional popular de las organizaciones de trabajadores indígenas, campesinos y obreros, se quedaron sin coartada, esa que se usó para sacar a Evo del poder: “Quiere eternizarse en la presidencia, quiere reelegirse cuantas veces le venga en gana.” Al haberse extinguido la causa del golpe de 2019 hoy ya no hay pretextos, en tanto el MAS ha regresado al poder y que fundamentalmente desde el Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos (IPSP) ha aprendido que hay que tomar previsiones ante el surgimiento de cualquier nuevo aventurerismo y que por lo tanto daría lugar ya no a un embate unilateral reaccionario sino, a una respuesta contundente que abriría el escenario para una guerra civil en el que un baño de sangre marcaría de manera brutal y descarnada la existencia de esas dos bolivias, la auténtica originaria y combatiente por su autodeterminación, frente a la conservadora, que sigue actuando como si los indios autoidentificados en 36 pueblos y naciones, fueran nada más sus pongos, sus mulas de carga, que están nada más para servirles y obedecerles por los siglos de los siglos. Esa realidad ha cambiado radicalmente en el país, pero los sectores acomodados, cargados de racismo y menosprecio, no están dispuestos a enterarse.

Originalmente publicado en Noticias de América Latina y el Caribe (NODAL) el 08 de enero.

Miedo

 

Se equivoca el opinador Valverde Bravo cuando dice “ya nos conocen, por eso nos tienen miedo”y a continuación destaca los atributos del llamado modelo cruceño frente al histórico andinocentrismo del que el departamento más extenso de Bolivia ha sido víctima durante la historia republicana. Se equivoca porque el miedo no es a esa visión predominantemente regional que podría catapultar a Santa Cruz hacia la cosmopolitanización de su cultura, su identidad, y para el gusto de los empresarios agroexportadores y ganaderos a su empuje emprendedor.

Si ese modelo cruceño estuviera transversalizado por una vocación redistributiva del excedente que puede generar con su variedad productiva seguramente estaríamos hablando de un desarrollo distinto, más equitativo y pensado a partir de un juego de palabras que podría servir como gran desafío: Hay que bolivianizar Santa Cruz y hay que cruceñizar Bolivia, esto es, desprejuiciar al conservadurismo cruceño sobre la Bolivia “colla” y hacerle comprender a la Bolivia occidental “anticamba”, que los cruceños son tan cruceños y tan bolivianos como cualquier potosino o paceño.

El opinador se equivoca porque no es el temor a una manera de pensar acerca del lugar en el mundo que debe ocupar la cruceñidad o a sus capacidades competitivas el que podría generar algún miedo. Lo que provoca de Santa Cruz hasta escalofríos, es que se trata del departamento sede del fascismo, allá donde el Coronel/General Hugo Banzer Suárez supo construir desde su septenio dictatorial (1971 – 1978) un modelo político que sigue influyendo en el acontecer nacional de manera decisiva tal como sucedió con el derrocamiento de Evo Morales, protagonizado por un puñado de banzeristas que en distintos grados e intensidades mantuvo ligazones con el militar concepcioneño: Tuto su vicepresidente; Ortíz su subsecretario; Costas su compañero en la fraternidad Los Tauras y Camacho, hijo de un empresario falangista que participó en el golpe de 1971. 

No es miedo al modelo cruceño visto desde la economía y la competitivdad productiva entonces, es miedo a quienes reducen a categoría de bestias humanas a los indios de las alturas cordilleranas. Es miedo a los que bajan en plan patotero la bandera indígena constitucionalizada luego de ser izada en un aniversario cívico. Es miedo a las “ordas” paramilitares de la Unión Juvenil Cruceñista fundada por el padre del opinador, Carlos Valverde Barbery en 1957, militante de la Falange Socialista Boliviana (FSB) y ex ministro de Salud de la dictadura de Banzer que alguna vez declarara ser camba y no sentirse boliviano. Es miedo a esos facinerosos protegidos por militares y policías que corretearon masistas para hacerlos apresar ilegalmente en Montero los días del golpe de Estado de 2019, por el sólo hecho de militar en el partido instrumento de las organizaciones sociales que han luchado por la autodeterminación y la soberanía a lo largo de la historia.

Ese miedo pasa por las masacres que se han producido desde 1921 en Bolivia. A los contubernios cívico militares en los que en 2019 se añadieron motines policiales. Cuando Valverde define a los movimientos sociales como “militantes para gubernamentales” pone en evidencia su representatividad como escribidor de la Bolivia reaccionaria. Como si la Federación de Mineros, la COB, la CSUTCB, las Bartolinas y todos los gremios de obreros y campesinos de Bolivia estuvieran conformados por unos autómatas sin pensamiento y sin conciencia de clase, sin historia y sin participación en las luchas de un país caracterizado por las masacres, los desmembramientos territoriales y los saqueos a nuestros recursos naturales.  Esa es la Bolivia que desprecian por casi ignorancia total los camachistas orgullosos de un modelo con trampa: En lo que siempre les convino, el “modelo cruceño” se ha servido de papá Estado con sus operadores en el poder.

El banzerismo fue tan poderoso que fagocitó al MNR. Con gran lucidez Banzer supo manejar su relación con Paz Estenssoro que primero tuvo a un vicepresidente militar que le dio una patada en el culo (Barrientos, 1964), luego apoyó al Coronel junto a la Falange en el golpe del 71 para recibir otra patada en el culo en 1974 y terminó su carrera respaldado por ese Coronel que ya era General con el Pacto por la Democracia en 1985.

Para superar ese facismo anticomunista en tiempos en que se acabó el comunismo, es decir, para superar el miedo a los golpes de Estado, al autoritarismo y a las violaciones de los derechos humanos, los bolivianos de Santa Cruz y de cualquier otro departamento del país, debemos dejar los prejuicios en la puerta de ingreso y empezar a conversar para contarnos quienes somos. Como hicieron los empresarios de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) que se abrazaron en junio de 2021 con los Ponchos Rojos en Achacachi. Era una escena inconcebible para los racistas y facistoides de siempre:  Cambas emponchados y con lluchus y aymaras con sombreros de saó.

Originalmente publicado en la columna Contragolpe del diario La Razón de La Paz el 15 de enero.