En el país de Anabel Angus y Unitel

 

En el primer año del tercer mandato de Evo Morales (2015), la televisión en Bolivia había cambiado, ante la reconfiguración política y social del país, desplazandosé hacia las plataformas del espectáculo y el entretenimiento en primer lugar, relegando a la información y al análisis de la actualidad noticiosa informativa a un segundo plano. Se trataba de una decisión estratégica en lo comercial y en lo político.

Considerábamos entonces que se había producido un cambio de prioridades de los medios de comunicación en Bolivia a partir de la puesta en vigencia de la nueve Constitución Política del Estado (CPE) validada en el referéndum del 25 de enero de 2009. A partir de ese momento, las fuerzas empresariales comunicacionales inscritas en la lógica del mercado, decidieron situarse en zonas en las que la política y el acontecer público nacional con altos niveles de conflictividad dejaran de ser de primer orden, para dar paso a una establecimiento de prioridades comerciales que tienen un primer elemento central en el entretenimiento y que en términos de producción y puesta en el aire audiovisuales pasa por franquicias de reality shows o programas de concursos que por ejemplo a Unitel, red nacional televisiva con más alto rating de entre todas las del espectro nacional, le permitió posicionarse lejos de aquella agenda que pasaba por la defensa intransigente de los intereses hacendales y terratenientes de las tierras bajas, dado que el gobierno nacional penetró en los sectores empresarial agroexportador y ganadero, rayandolés la cancha en la que quedaban separados los negocios de la política.

En la misma línea de lecto-escritura de la realidad boliviana, que la apropiada por la red de la familia Monasterios (Unitel) desde una lógica estrictamente mercantil y de fabricación de necesidades de consumo, la red UNO del grupo Kuljis emuló a su más inmediata competencia y decidió apostar también por el entretenimiento de los eventos concursables de danza y canto con marca internacional, emitiendo un inequívoco mensaje al poder político cuando decidió despedir a su principal conductor, Enrique Salazar (mayo de 2015), por haber irrespetado a la ministra de Comunicación, Marianela Paco, en el programa “Que no me pierda”. De esa manera lo periodístico noticioso terminaba siendo desterrado de las prioridades del medio y a cambio se entronizaba el show y el espectáculo como aspecto prioritario de su programación.

“No queremos pelear con el gobierno” era el mensaje de fondo por lo que se decidió un rumbo informativo levemente diferenciado entre las emisiones para el oriente y para el occidente del país, pero muy alejado del estilo crispado y radical con el que se había combatido a Evo Morales y a su gobierno hasta días previos al triunfo de Sí a la nueva constitución en las urnas. A partir de entonces, cesaría de manera casi terminante, la amplificación de los mensajes sesgados y tendenciosos contra el gobierno que fueron moneda corriente entre 2006 y 2008. Cesaría, en términos concretos, el concertado rol opositor de la televisión privada contra el gobierno, encabezado hasta entonces por Unitel con Ximena Antelo como mascarón de proa.

Unitel y la Red UNO, habían decidido poner el acento en ese precepto que dice que la televisión es en primer lugar un negocio y que más vale jugar a fortalecer la pauta publicitaria con anunciadores privados, renunciando a la radical línea opositora que había ejercido hasta 2008, cuando todavía las formaciones políticas alineadas detrás de los intereses de la clase dominante republicana, en lo político y en lo económico, creían que podían derrocar el proyecto político del MAS que ya llevaba más de una década de vigencia.

Como  ya no era posible continuar apostando a las encerronas de dirigentes indígenas y campesinos, para ser triturados en los sets televisivos preparados para excitar el morbo de las clases medias, las dos redes televisivas con mayor alcance en cuanto a señal y captura de audiencia, Unitel y Red UNO, ejecutaron una traslación de contenidos informativo noticiosos hacia la crónica roja y hacia la descripción superficial de los hechos que producen a diario la política y la economía.

Se trataba entonces de decisiones tácticas coyunturales, mientras el MAS continuara sellando su proyecto político hegemónico, de copamiento y control de las instancias públicas centrales y con tendencia a penetrar también las zonas autonomistas a través de los municipios en los que la resistencia política de una oposición desparramada e inconexa se presentaba débil y se encontraba desprovista de potencia para la lucha diaria en los intentos de socavar la construcción del proyecto nacional popular en vigencia.

Por eso puede resultar llamativo para quienes tienen práctica en el uso de la Memoria y el Archivo, que Unitel y la Red UNO nada tuvieran que ver con lo que el Ministro de la Presidencia de entonces, Juan Ramón Quintana, etiquetó como Cartel de la Mentira, a propósito de la instalación mediática del Caso Zapata como dispositivo informativo electoral que fue útil en el torpedeo manipulatorio del referéndum del 21F y que inscribió a una radioemisora (Erbol), una agencia de noticias (Anf) y a dos diarios (El Deber y Página Siete) como los presuntos socios promotores de una afinada red político mediática que habría influído significativamente en las decisiones del Soberano para que el No se impusiera por apenas dos puntos y fracción, neutralizando de esta manera el objetivo de buscar una nueva reelección para el binomio Morales-García Linera en las elecciones que se producirían en 2019 y consiguiendo una primera victoria significativa para la oposición en la última década en la comprensión de que como a Evo no se le puede ganar en las urnas, era imperativo eliminarlo del ruedo electoral a través de la voluntad popular, no importando si se ganaba por media nariz.

En ese nuevo momento comunicacional que vivió Bolivia, según la lectura estratégica y militar del Ministro Quintana, dos medios impresos y una radio de alcance nacional terminaron superando a la televisión en términos de influencia de opinión, cosa que hasta las elecciones de 2014 no había sucedido, debido a que se tenía asumido que los medios televisivos en primer lugar, casi a la par con las radioemisoras de alcance nacional –Erbol, Fides, Panamericana-, influían decisivamente en los criterios de las audiencias y potenciales electoras del país, quedando en lugar de incidencia menor en términos masivos, los diarios y las páginas web.

Para que esto fuera posible, la irrupción de las redes sociales fue fundamental porque una cuenta de Facebook o Twitter hace a cada ciudadan@ un periodista sin cartón académico, pero capaz de generar círculos de debate y opinión que se retroalimentan y que tenía, por ejemplo, en la Agencia de Noticias Fides (ANF), en los diarios Página Siete y El Deber, y en la red ERBOL (el “Cártel de la Mentira”), los traductores mediáticos de los contenidos políticos que a la oposición le interesaba masificar –viralizar en las redes—con el propósito de influir terminantemente en los criterios de esa misma clase media, por lo menos en una porción significativa y decisiva de ella a la hora del voto, que apostó a quebrar la democracia pactada y el canon neoliberal dominante en el país durante dos décadas (1985 – 2005) con la elección de un político –Evo Morales- con paradigma ideológico y visión de país opuestos a los esgrimidos por los hasta entonces actores intercambiables del neoliberalismo.

La televisión que ayudaría a hacer contrapeso a las grandes cadenas antigobierno, adquiridas por empresarios supuestamente sintonizados con el oficialismo –ATB y P.A.T.—no jugaron el rol paraestatal que se les atribuyó, utilizando como argumento el favorecimiento de la pauta publicitaria gubernamental a dichas televisoras. Se trata de canales de televisión que en algunos sentidos privilegiaron la agenda gubernamental y de la gestión pública en sus distintas expresiones, pero en su manejo general de programación de formas y contenidos, siguió respondiendo a una visión comercial en la que impera el sexismo, el entretenimiento frívolo sin contenidos ideológicos y el periodismo noticioso informativo “neutro”, tan “independiente” en forma y fondo como los medios que se proclaman defensores de un periodismo que rechaza los supuestos rasgos gubernamentales, autoritarios y violatorios de la libertad de expresión.

En la arena de los medios oficiales, de estructura propietaria estatal, Bolivia TV fue la televisora que acentuó su rol de transmisor en directo de los eventos gubernamentales masivos, con prioridad en la agenda presidencial de Evo Morales, y consolidó un perfil sesgado y unilateral, donde la pluralidad de voces era practicamente inexistente. Su fortaleza residía en su potente señal, ya que esta llega hasta donde el resto de las televisoras privadas no pueden, diseminando así el mensaje rutinario informativo del gobierno sin grandes matices y sin propensión alguna a la deliberación y a la confrontación de puntos de vista.

La incidencia de las estaciones televisivas con alcances parciales en lo nacional, y las locales departamentales, tiene otras características donde coexisten la publicidad estatal en sus distintas expresiones y la vinculada a la iniciativa privada de bienes y servicios. Destacaba por su enfoque apolítico Bolivisión, parte de una cadena de televisoras situadas en distintos países de América Latina, de propiedad mexicana; Radio Televisión Popular (RTP) con su misión-visión de “Comunidad de la vida”, donde lo originario y ancestral, emparentado con lo ecológico tienen importancia, lo mismo que el entretenimiento musical popular de las esferas cholas paceñas, mientras que en lo noticioso  presentaba un enfoque plural.

Con el panorama hasta aquí descrito tenemos que las redes televisivas de alcance nacional presentaban las siguientes características esquemáticas:

1.            Unitel y Red UNO. Prioridad: entretenimiento. Característica informativa dominante: Crónica roja. Información oficial y opositora como fuentes, tratadas de manera epidérmica, sin apuesta por líneas editoriales claras e ideológicamente identificables.

2.            ATB y P.A.T. Prioridad: entretenimiento. Característica informativa dominante: Agenda abierta con temáticas política, económica, social,  de seguridad, y deportes. Línea editorial tenue, privilegiando en algunos capítulos la agenda gubernamental y la gestión pública. Un par de programas con entrevistas fueron sus cartas, con acento oficialista y con agenda híbrida entremezclada, en que los temas de fondo quedaban tapados por los desfiles y concursos de belleza y el fútbol.

3.            Bolivia TV oficialista, sin matices. Util informativamente hablando, pero sin gran tratamiento periodístico por géneros y formatos. Muy unilateral, sesgada en su manejo de contenidos. Estigmatizada como medio al servicio de la imagen presidencial.

La prueba más rotunda de que la televisión dejó de ser trinchera opositora a ultranza del gobierno es que Evo Morales y Alvaro García Linera se pasearon por todas las estaciones televisivas participando en programas especiales durante la campaña por el Sí previa al referéndum del 21 de febrero de 2016.

ANABELLE Y LA  TRANSICIÓN GUBERNAMENTAL

Resignada la televisión privada con altos índices de audiencia a que el MAS gobernaba el país demasiados años en el contexto de los períodos presidenciales bolivianos, Unitel fue perfeccionando sus estrategias de marketing y sofisticando sus puestas en escena, y para ello, la figura excluyente se llama Anabelle Angus, comunicadora social graduada con nota máxima de tésis, conductora de programas infantiles y juveniles en sus inicios, y estrella indiscutible de “Calle Siete” (franquicia originada en Televisión Nacional de Chile), un programa inscrito en la onda de los reality shows en que jóvenes mujeres y varones concursan por equipos, muestran sus destrezas psicomotrices y exhiben unos muy cincelados cuerpos de gimnasio.

Anabelle tiene más de un millón de seguidores en Facebook y 920 mil en Instagram. Debe ser la envidia de políticos y opinadores pretenciosos que tienen un 50% de seguidores falsos como si fueran verdaderos, muy lejos, por supuesto, de los acumulados por la exitosa Angus. Muchas chicas y chicos de las ciudades quisieran ser como ella: De gran porte, muy empática y carismática como animadora televisiva del show más visto de la televisión boliviana desde 2014 que continúa vigente. Suficiente con caminar por todos los puestos de las Siete Calles, la zona comercial más tradicional y popular de la Santa Cruz antigua para verificar que todos, en distintos tamaños y modelos de televisores, tienen sintonizado el programa de esta heroína que anima escaramuzas diarias de los equipos rojo y amarillo, condimentadas por esas recreaciones melodramáticas selladas por la competitividad y los celos. Sólo un milagro permitiría que alguna casera tuviera sintonizada otra estación televisiva.

Anabelle era la imagen indiscutida de Unitel, hasta que la estación número uno en audiencia nacional decidió convertirse en transitoria a la par de Jeanine Áñez presidenta. De hecho, la televisora fundada por el emenerrista y terrateniente Osvaldo “Pato”Monasterios (1926 – 2011), alguna vez senador cercano a Gonzalo Sánchez de Lozada, nos ha regalado un documento histórico fundamental con la senadora beniana anticipándonos el 10 de noviembre de 2019 que llegaría a La Paz a “asumir la presidencia que le correspondía” (Unitel, Trinidad) cuando todavía ni siquiera la había llamado por teléfono para ofrecerle el cargo el operador electoral de Carlos Mesa, según sus recientes declaraciones ante el Ministerio Público, ahora que se encuentra  procesada y con detención preventiva.

La transición de Jeanine Áñez fue acompañada fiel y puntillosamente por Unitel. Se convirtió en la Bolivia TV del golpismo, interrumpiendo su programación habitual para dar paso a cuanta noticia extra o de último momento surgiera “desde el lugar de los hechos”, con intensidad entre el 10 y el 20 de noviembre cuando Evo Morales se iba del poder y Jeanine llegaba gracias a la coordinación de esos que podrían considerarse los cuatro jinetes del apocalipsis boliviano: Tuto Quiroga, contraparte de la embajada de los EE.UU.; Gonzalo Terceros, comandante de la Fuerza Aérea; Óscar Ortíz, senador del Movimiento Demócrata Social (Demócratas) y Luis Fernando Camacho, presidente del Comité Cívico de Santa Cruz. 

No hay evidencias sobre si Anabelle Angus se adscribió o no a la causa pitita. A estas alturas parece un ejercicio irrelevante el intentar averiguarlo. Lo cierto es que con la catastrófica derrota electoral sufrida el 18 de octubre de 2020  por “los transitorios” como les llaman en la misma Santa Cruz, puede estar segura que otra vez vuelve a reinar en Unitel reinstalada a su zona de seguridad: “Calle Siete” y similares, entreteniendo a las audiencias bolivianas y otra vez prudentemente equidistante de la agenda informativa y noticiosa del país y sus alrededores.

Publicado el 25 de julio en La Razón como parte de la serie Memoria y Archivo

El disfraz del Embajador

 

El pasado 17 de marzo en su cuenta de twitter, el ex embajador de Jeanine Áñez ante la Unesco, Carlos Antonio Carrasco (@cochabambez) reprodujo una fotografía en la que figuran una señora vestida con pollera y sombrero de chola paceña y la otra con una falda negra bordada en la parte inferior y un sombrero blanco adornado con uno de esos hermosos textiles del norte de Potosí.  Las dos mujeres eran entrevistadas en un programa de la estatal Bolivia TV. En el twit de la Agencia Boliviana de Información (ABI) reproducido por Carrasco se lee: “Hermana de víctima de Senkata: Querían sacar los cuerpos de la iglesia para esconderlos” y para contextualizar su punto de vista, el ex diplomático residente en Francia escribe “Con sus disfraces parece carnaval”.

La despreciativa e indolente apreciación de Carrasco, lleva a aplicar el prisma que utiliza sobre estética a partir de valoraciones sobre indumentarias, para comprobar que éste doctor en ciencias políticas y dice que profesor en París, suele disfrazarse con pajarita, tipo de corbata que se anuda por delante en forma de lazo sin caídas, seguramente para seguir caminando por la vida enfermo de importancia como diría Xabier Azkargorta. Otra cosa es el diplomático español Inocencio “Chencho” Arias que viste ese tipo de adorno sobre el cuello de la camisa con liviandad y simpatía. sin ningún tipo de presunción sobre el que tiene incluso un libro autorreferencial: “Con pajarita y sin tapujos, De la superioridad moral de la izquierda a las ocurrencias de Trump y el problema nacional.” (Plaza & Janés, 2019).

Nada menos que el embajador en Misión Especial del golpismo ante la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura (Unesco) se burla del vestuario de dos mujeres bolivianas en el dramático contexto de las muertes de Senkata producidas por el gobierno al que este doctor representaba durante la transición de facto. Me puse a examinar su cuenta de twitter y encontré un conjunto de publicaciones que pintan de cuerpo entero al diplomático lambiscón, al hombre que aplaude a su Canciller, la señora Karen Longaric  y profiere insultos contra el MAS, sus personajes y alrededores, impropias de un experto en relaciones internacionales, entrenado con manuales de urbanidad y ponderación frente al prójimo. Sería orientador que leyera otro libro de Chencho Arias: “Yo siempre creí que los diplomáticos eran unos mamones” (2016).

“Con sus disfraces parece carnaval” es una frase que termina sellando la crueldad racista y el supremacismo ahora en boga con Jair Bolsonaro dirigiendo los destinos del Brasil en un contexto internacional en el que la lucha por los derechos de la diversidad humana sigue chocándose contra los muros del conservadurismo , la superioridad blanca y los brotes de organizaciones nazi fascistas. Así tuvimos que dos secretarios para asuntos hemisféricos del gobierno de los Estados Unidos (O`Reilly y Kozak) y la hija de Donald Trump, Ivanka, visitando al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, incidieron en el destino político de Bolivia entre julio y noviembre de 2019. Lo hicieron con ese espíritu imperial de control geopolítico de la región caracterizado por la injerencia y el tutelaje, en este caso contra el gobernante que condujo a Bolivia a lo que es hoy el Estado Plurinacional.

Desde embajadores traficantes de autos hasta contrabandistas de alfombras persas, Bolivia ha contado dominantemente con un servicio exterior aquejado por carencias de rigor profesional y de compromiso con los intereses del país. Nuestra Cancillería, ayer y hoy, están lejísimos de escuelas como  la brasileña de Itamaraty o la peruana de Torre Tagle donde los académicos para ejercer responsabilidades representativas más allá de las fronteras nacionales, constituyen carreras funcionarias con autonomía de quienes encabecen los gobierno de turno.

¿Un diplomático que se pavonea presentándose como representante de su Estado ante cinco países, incluída la de la Ciencia y la Cultura, --¡qué contrasentido!-- y que en el intento de ridiculizar a dos mujeres narrando sus tragedias familiares en televisión, desciende al subterráneo de la condición humana merecerá considerarse embajador? Supongo que sí para la señora Longaric, que encabezó una política exterior caracterizada por la vulneración de preceptos elementales como el del asilo político, el doctor Carrasco es todo un embajador,  disciplinado y cumplidor como ninguno.

Carrasco ha publicado un libro que titula “La última confesión de un libertino” que según reseñas es un autohomenaje relacionado con técnicas de persuasión. Según cualquier diccionario de castellano, libertino es quién actúa con libertad excesiva y abusiva. Releyendo su propio twit acerca de disfraces de carnaval, llegará a la conclusión que su libertinaje no es objeto de racismo y otras formas de discriminación.

Contragolpe, columna publicada en La Razón el 17 de julio

Aviones, helicópteros y la mala memoria del Gral. Terceros

 

Para quienes suelen treparse a algún púlpito en el plan de ofrecer directrices sobre los deberes del periodismo, es oportuno hacer notar que no todos juegan a la dicotomía del fraude o golpe de Estado en estos tiempos postraumáticos de interrupción de la democracia y autoritarismo de transición producida entre el 12 de noviembre de 2019 y el 7 de noviembre de 2020.

El 20 de octubre de 2019 pudo haberse generado un fraude electoral y eso no quita que a continuación, como producto de la indignación por aquél hecho, también resultara posible optar por una salida inconstitucional luego de la renuncia del presidente Evo Morales. Una vez producida la sucesión, sobre la que venimos abundando en argumentos acerca de los motivos que nos llevan a afirmar que la asunción de Jeanine Áñez estuvo caracterizada por la ilegalidad, el gobierno que la ex senadora encabezó, disponía de todos los instrumentos, incluido el año de ejercicio del poder, para encontrar pruebas reales e incontrastables sobre el presunto fraude. No sucedió aquello. El informe vinculante de la OEA, admitido en esos términos por el gobierno de Evo Morales, nunca llegó a demostrar técnica y jurídicamente en qué consistió con precisión y detalle el proceso fraudulento, esto es, en qué mesas electorales se habría producido, con la manipulación de qué y cuántas actas para fraguar los resultados planeados a la medida del binomio del MAS, y así sucesivamente para llegar a la conclusión de cuántos votos o qué porcentajes fueron finalmente los registrados como fraudulentos.

En consecuencia, lo que tenemos hoy siguen siendo consignas: “Fraude monumental” o “no fue golpe fue fraude”, y otras frases de prosapia republicana, trasladadas a las redes sociales con las que no se demuestra absolutamente nada. En cambio, sobre la sucesión inconstitucional los datos verificables son cada vez más evidentes en los planos político (Asamblea Legislativa), militar (sugerencia de renuncia y movimientos de efectivos), policial (motines y represión callejera) y ciudadano: Civiles “haciendo justicia” por mano propia como la Unión Juvenil Cruceñista y la Resistencia Juvenil Cochala. Supongo que a eso, un personero de la corporación de opinadores que publica a control remoto le llama “formidable convergencia de fuerzas sociales e institucionales”.

Capturados el pasado 3 de julio los comandantes de la Fuerza Aérea, Jorge Gonzalo Terceros y de la Armada, Almirante Gonzalo Jarjuri, conviene recuperar algunos indicios sobre la participación del primero en la administración de aeronaves militares entre el 9 y el 12 de noviembre de 2019, días en los que Evo Morales dejó el gobierno para ser sustituído por la Senadora Jeanine Áñez.

En la edición del 20 de junio de esta serie periodística (Memoria y Archivo, Los senadores que impusieron la presidencia de Jeanine Añez) publicamos la  siguiente versión con respecto de los contactos que mantenía Tuto Quiroga con el Comandante de la Fuerza Aérea, Jorge Gonzalo Terceros: “Tuto Quiroga se encargó de comprometer al comandante de la Fuerza Aérea, Gral. Jorge Gonzalo Terceros, para que tal condición (la salida de Evo Morales del  país), previa a cualquier diálogo, se cumpliera. Las representantes del MAS que conversaron con Quiroga entre el  lunes 11 y el martes 12 (Salvatierra, Morales, Rivero), no sabían que cuando Evo Morales, Alvaro García Linera y Gabriela Montaño aterrizaron en Chimoré (domingo 10 por la noche), estaban siendo inicialmente conducidos a la zona militar del aeropuerto muy probablemente para ser detenidos, decisión cambiada por el piloto de la nave ante una advertencia hecha por García Linera que dijo que con la marea cocalera que esperaba en la plataforma principal podía generarse una tragedia espeluznante. Una vez en tierra, los ex mandatarios y  la ex ministra de Salud fueron envueltos por sus compañeros hasta ser internados monte adentro, donde policías y militares no pudieran llegar para capturarlos.”

En su edición del miércoles 7 de julio, producto de una entrevista concedida a la red Uno de televisión, el diario El Deber apunta siete mentiras establecidas por Alvaro García Linera con respecto de la declaración informativa ofrecida por el Gral. Terceros al Fiscal Omar Mejillones ( 3 de julio, hs. 23:17) en calidad de sindicado. Entre ellas figura la relacionada con nuestra versión periodística que queda confirmada: “García Linera dijo que Terceros mintió al decir que se reunió con Evo Morales el 10 de noviembre; también aseguró que el exjefe militar ordenó guardar el avión presidencial para que no traslade a Morales de El Alto a Chimoré y que, una vez en el Chapare, los hizo aterrizar en el hangar militar y no en el aeropuerto. Opinó que su intención era detener al exmandatario y al ex vicepresidente.” Esta información ya se conocía gracias a una conversación sostenida en diciembre de 2019 en Buenos Aires con una fuente confiable, ciudad en la que Evo Morales, en su calidad de refugiado político, en entrevista ofrecida a la emisora televisiva C5N, el 15 de ese úlitmo  mes del año, apuntó al Gral. Terceros como “principal golpista”.

Leída con detenimiento y detalle su declaración informativa ante la Fiscalía, es evidente que el ex comandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) no fue preguntado por el episodio del hangar militar de Chimoré. Habría sido interesante tener alguna respuesta para comprobar hasta qué punto el ahora jubilado militar estaba diciendo la verdad. Cuándo se le consultó si conocía a Jeanine Añez, a líderes cívicos y a otros políticos fue tajante: “No conozco a nadie”. Pero cuando el Fiscal, a continuación, requiere respuesta sobre si entre el 10 y el 12 de noviembre de 2019 habló con Tuto Quiroga, dice textualmente: “No recuerdo haberme comunicado con él”. Si se comparan ambas afirmaciones,  la una es rotunda e indiscutible, mientras que la otra es de esas en que para no mentir, se decide salir por la tangente, pretextando olvido.  Lo interesante de esta parte de la conspiración que terminó con la caída de Evo Morales es que Quiroga no desmintió  autorizaciones de vuelos y llamados por celular que el lunes 11 de noviembre se produjeron para que una vez convenida la salida de Evo en avión mexicano, vía Paraguay, las representantes masistas aceptaran sentarse a conversar en la Universidad Católica por quienes fueron durante cuarenta y ocho horas dueños del destino constitucional del país, sin sustento representativo y jurídico alguno, por obra y gracia de la jerarquía eclesiástica que convocó a una primera reunión el mismo domingo 10 de noviembre.

Para que no haya ni la más mínima duda  acerca de la actuación de Tuto Quiroga, La Razón se encargó de recordárnoslo en su edición digital del 7 de julio: “ Tras la dimisión del presidente Evo Morales, el exmandatario Jorge Tuto Quiroga admitió, el 12 de noviembre de 2019, que gestionó con autoridades de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) el vuelo del jefe del MAS rumbo a México, donde estuvo asilado por un mes/…/ “A todos ustedes quiero pedirles disculpas, que comprendan que ayer tuve que hacer algo que nunca pensé que iba a tener que hacer, gestiones con la Fuerza Aérea Boliviana para que el tirano salga de Bolivia, a fin de que pacifiquemos el país”, comentó en un video que fue difundido en redes sociales, pero luego fue retirado.”

En este contexto, en mi columna Contragolpe del 5 de diciembre de 2020, afirmé lo siguiente: “… decirle cobarde a Evo Morales por haber salido del país en noviembre del año pasado, cuando fue él (Tuto) quien intercedió ante el Gral. Jorge Terceros, comandante de la Fuerza Aérea, ya que del puñado de golpistas entre los que por esas horas se movía /…/ era el más lúcido: “Si Evo Morales se queda en el país, el nuevo gobierno no aguanta”, pensaba, por lo que era aconsejable que se le diera el visto bueno para salir hacia México vía Paraguay.” Con este significativo dato, quienes afirman que  el lunes 11 de noviembre, Evo y Alvaro todavía mandaban sobre las Fuerzas Armadas, buscan vanamente desvirtuar los hechos conspirativos aquí descritos.

Dice Terceros que sólo estuvo para la foto en la conferencia de prensa ofrecida por el Gral. Williams Kalimán cuando “sugirió” a Evo Morales renunciar. En otras palabras se trataba, según su declaración  jurada, casi de un convidado de piedra, ante lo que cabría preguntarle: ¿Quién autorizó los vuelos de los aviones T-33 el 9 de noviembre sobre Achacachi y Viacha? ¿Quién ordenó los vuelos rasantes sobre La Paz de los aviones K-8 el 11 de noviembre en plan de amedrentamiento? La respuesta a esta última pregunta la dio el propio Kalimán a radio Fides en diciembre de 2019: Él mismo junto a sus comandantes. Sigamos. ¿Quién facilitó el helicóptero H425 Z-9 Harbin para que Jeanine Añez y Oscar Ortíz pudieran llegar hasta el Colegio Militar de Ejército de La Paz el lunes 11 de noviembre, a objeto de reunirse minutos después con Luis Fernando Camacho que los esperaba en el hotel Casa Grande? Se sabe que ese mismo helicóptero, el H425 es el que se utilizó para disparar sobre la población civil en Senkata el martes 19 de noviembre.  Estas preguntas llevan a una conclusión incontrastable: Había una coordinación civil militar que facilitaba tareas y en ese contexto encaja perfectamente el rol jugado por el padre de Camacho (José Luis) que se habría acercado a militares y policías “para que no salieran a reprimir al pueblo” o dicho de otro modo, para que se insubordinaran violando la Ley Órgánica de las Fuerzas Armadas contra su Capitán General, Evo Morales.

Los comandantes de los regimientos Calama, Ingavi, Bolívar, Bilbao la Vieja, Lanza, Ayacucho y del Batallón Vidaurre decidieron no intervenir en la crisis porque consideraban peligrosísimo entrar en acción sin un panorama con órdenes expresas. En ese contexto es el mismo Terceros quién declaró ante el Ministerio Público que el Gral. Grover Rojas increpó a Kalimán pidiendolé que “ordene que salgan a los militares para defender al pueblo”, a lo que el Comandante en Jefe respondió “que pueblo vamos a defender, porque los dos que se están enfrentando son el pueblo.” Este panorama deja en claro las tensiones instaladas entre comandantes y Estado Mayor, estructura de la que formaba parte el Gral. Rojas, el Gral. Luis Fernando Valverde (con detención preventiva por los hechos de Senkata desde el 1 de abril) y el Gral. Sergio Orellana que sucedería en el Comando en Jefe a Kalimán, una vez consolidada la presidencia de Áñez. En la actualidad, Orellana, el “desaparecido en acción” en noviembre de 2020, se encontraría en algún lugar de Colombia debidamente camuflado por los habitantes de alguna ciudad populosa.

LABERINTO MEDIÁTICO

En los últimos quince días, el brazo mediático que jugó un rol determinante de consolidación del gobierno de Jeanine Áñez patalea duro y parejo en el frenético intento de querer tapar el sol con un dedo. Quiere instalar la idea de que Evo pretendía incendiar La Paz con dos mil personas. Que García Linera dijo que quince mil campesinos generarían un baño de sangre si no permitían el despegue del avión hacia México. Que Evo debe declarar ante la Fiscalía por pirómano. Que la Iglesia Católica les ofreció la presidencia a una senadora y a una diputada del MAS. Que esto. Que aquello. Y lo de más allá. Es decir, convirtiendo el ejercicio periodístico en un manojo de conjeturas, del dice que dice, cuando las verdades materiales de lo acontecido se encuentran en los hechos consumados, no en las suposiciones o en las interpretaciones forzadas de los colaboracionistas del golpe o de los analistas de manual. Será por la insosteniblidad de sus pretendidos argumentos que varios de ellos dejaron de redactar esos penosos panegíricos en forma de columnas de opinión y emprendieron la retirada, una vez recuperada la democracia a través del voto popular.

EL FACTOR CIVIL

Los militares no iban a tomar el poder, aunque a Luis Fernando Camacho una junta civil militar le pareciera la mejor fórmula. Una decisión de semejante vuelo significaba un golpe al estilo de los años 70, por lo que había que maquillar con un delgado revestimiento “lo más cercano a la constitución”, la resolución final luego de conseguido el derrocamiento de Evo Morales. En ese contexto, el jugador decisivo se llama Oscar Ortíz Antelo, Senador del Movimiento Demócrata Social (MDS), que preguntó a Adriana Salvatierra y Susana Rivero el martes 12 de noviembre “¿qué hacen ustedes aquí? (Universidad Católica) Esto hay que resolverlo en la Asamblea.” Se sabe que en las reuniones auspiciadas por curas y embajadores, Ortíz ni se sentó en la mesa. No abrió la boca. Su discreción era estratégica.

¿Quién pregunta hoy por Ortíz? Nadie. Puede darse el lujo de tomar café con el editor de un diario cruceño a media mañana de un día cualquiera en un café del Tercer Anillo. Puede escribir y publicar sobre la ausencia de Estado en el diario paceño de la derecha, cuando es bien sabido que quién condujo todo el operativo en el Senado para colgarle la banda presidencial a Jeanine Áñez sin posesión en la Asamblea, fue él, con el acompañamiento de su colega y entonces amigo Arturo Murillo, quién pasaría al frente de las acciones gubernamentales a partir del 13 de noviembre cuando fue posesionado como Ministro de Gobierno.

Ortíz acompañó en helicóptero militar a Jeanine para aterrizar en Irpavi (Colegio Militar de Ejército) y reunirse con Camacho, el macho alfa de la revuelta cívica pitita. Lo suyo era el razonamiento con vistas a quitarle la personería jurídica al MAS, pero eso hubiera sido encaminado si Áñez no se tragaba la versión de que el plan de su colega era generar un par de movidas en el Senado, para remplazarla poco tiempo después en la presidencia, intriga a cargo del Murillismo, que impuso el estilo atrabiliario y represivo que le significó un desgaste que permitió la recuperación de la musculatura masista. En buenas cuentas, Ortíz tenía un proyecto político, y Murillo un proyecto personal –por eso está preso en Miami, ya se sabe con detalle—que terminó siendo funcional a los intereses del partido azul.

Ortíz continuó como Senador, probablemente barajando posibilidades acerca de su influencia en el gobierno transitorio hasta que la pandemia trastocó los planes de la propia presidenta y de su mano derecha que sin pudor le corregía al oído frente a cámaras, y que obligaron a la reorientación gubernamental, al extremo de que el propio Ortíz quedó fuera de combate aquejado por la enfermedad que lo postró durante aproximadamente un mes. Cuando estuvo listo para volver, Murillo ya se había consolidado como el Taita del poder y las ambiciones ideológicas y estructurales de Ortíz habían quedado en el canasto. Todo se había reducido a perseguir, encarcelar y extorsionar a masistas y a quienes lo parecieran, de hacer negocios con barbijos, respiradores, gases lacrimógenos, y con lo que se pudiera, al punto que el Senador cruceño terminó destituido del cargo de Ministro de Economía por la presidenta a la que él había encumbrado a la silla, al declararse contrario a la privatización la empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba (ELFEC), gestión en la que por supuesto, también mandaba Murillo. Los esfuerzos civiles y militares terminaron desembocando en una desatrosa transición que terminó con el regreso del MAS al gobierno, más temprano de lo previsto, producto de una suma de atropellos y atrocidades.

Publicada en La Razón el 11 de julio como parta de la serie Memoria y Archivo.

 

Noviembre 2019: La transición que partió a Bolivia por el eje

 

¿Alguién preguntó por la vida y el paradero del entonces primer Vicepresidente de la Cámara de Senadores, Rubén Medinacelli Ortíz? ¿Se sabe exactamente en qué momento y en qué circunstancias decidió desaparecer luego de la renuncia de Evo Morales a la presidencia en la tarde del 10 de noviembre de 2019? Pareciera que a Medinacelli se lo hubiera tragado la tierra. Se sabe que la línea de sucesión presidencial según el artículo 169 de la CPE fue acosada y amedrentada, no sólo en las personas de la Presidenta del Senado, del Presidente y la primera Vicepresidenta de Diputados, sino que fue extendida a sus familiares: La casa del padre de Adriana Salvatierra en Santa Cruz de la Sierra, el hermano de Victor Borda amenazado de muerte en Potosí, la casa de la madre de Susana Rivero en Trinidad. Todo estaba perfectamente planificado: Ninguno de los legalmente habilitados para instalar plenos camarales y generar decisiones en la Asamblea Legislativa Plurinacional, estaría en condiciones de hacerlo porque la triple vigilancia y persecución con acciones sincronizadas –civiles, militares, policías- tenía el  objetivo principal de lograr que el MAS quedara desplazado del gobierno por la fuerza.

Lo que sucedió entre el 10 y el 12 de noviembre de 2019 fue el rompimiento del poder constituido, activado por la expresión más rabiosa de la clase media urbana adscrita a una visión conservadora y étnicamente excluyente de país de la que tengamos memoria en las últimas décadas, que sacada de quicio por el prorroguismo de Evo Morales, decidió adoptar durante tres semanas lo que las organizaciones sociales bolivianas conformadas por indígenas, campesinos y obreros, utilizaron historicamente como métodos de protesta: Bloqueos y movilizaciones callejeras,  de manera que esa clase media urbana “apolítica” ampliara su radio de acción desde las redes sociales hacia los espacios públicos de los nueve departamentos de Bolivia para impugnar un fraude electoral hasta hoy no demostrado, reclamando en principio un desempate en segunda vuelta, pidiendo a continuación la anulación del acto eleccionario y finalmente presionando para que Evo Morales dimitiera a la Presidencia del Estado.

No sería presidenta del Estado Plurinacional, Adriana Salvatierra. Amedrentada por civiles, militares y policías e instruida por Evo Morales, tomó la decisión de renunciar a la presidencia del Senado. ¿Rubén Medinacelli? No se sabe, no responde. Victor Borda tampoco: Si no renunciaba y osaba aparecer por la plaza Murillo, la vida de su hermano corría peligro: El asunto estaba en manos del Comité Cívico de Potosí a la cabeza de Marco Pumari. Ojo que ninguna de las dimisiones fue formalmente tratada y aceptada porque las cámaras se vieron imposibilitadas de instalar sesiones entre el 10 y el 12 de noviembre. Susana Rivero, en cambio, se negó a renunciar y quedaba como presidenta en ejercio de la Cámara Baja. Estuvo en la Embajada de México desde el 10 de noviembre hasta la tarde del 13, día en que fue a la Cámara de Diputados, y asediada por uniformados en el hemiciclo, recompuso la directiva que a partir de ese momento presidía Sergio Choque y se marchó para dejar formalmente su diputación, recién el 6 de enero de 2020.

Neutralizada la línea sucesoria legalmente habilitada por los dos tercios con los que el MAS controlaba las dos cámaras, los ya conocidos y varias veces nombrados, usurpadores de la institucionalidad democrática –Mesa, Tuto Quiroga, Camacho, Doria Medina, Ortíz, la jerarquía eclesiástica, tres embajadores, dos ex defensores del Pueblo, Albarracín y Villena (+)--, consensuaron en la Universidad Católica de La Paz la promoción de Jeanine Áñez a la silla presidencial que un cuarteto de senadores pertenecientes a la minoritaria bancada de Demócratas, se encargó de materializar: La propia Áñez, Oscar Ortíz, Arturo Murillo y algo más atrás Yerko Nuñez se valieron de la figura constitucional con la que accedió a la presidencia Tuto Quiroga en 2001 –que sí se encontraba en la línea sucesoria en su condición de Vicepresidente—y de un comunicado institucional sin valor vinculante emitido por el Tribunal Supremo Electoral sustentando la figura del ipso facto, basada en el antecedente de Quiroga remplazando a Banzer.

Para desembocar en la ilegal posesión de Áñez en el viejo Palacio de Gobierno, sin haber sido elegida formalmente por nadie, se desencadenaron una serie de hechos que en exactamente tres semanas derivaron en la caída de Evo Morales, operados desde afuera por la OEA, el Departamento de Estado norteamericano, la Unión Europea y la Embajada de Brasil, y desde dentro del país a través de una concertación civil, policial, militar y eclesiástica que envalentonó a los civiles que con trastos domésticos y unas cuerdas improvisadas a las que Evo Morales bautizara despectivamente como “pititas”, supieron paralizar el tráfico vehicular alterando la cotidianidad con gran contundencia, endemoniados porque el mismo Morales habría osado instruir que no se abasteciera de alimentos a los centros urbanos del país. ¿Cómo? ¡Sacrilegio! ¿Los campesinos que cultivan la tierra, los que le dan de comer a señoras, señores, señoritas, señoritos, jailones y no jailones se atreverían a dejar de servir a los estupendos habitantes con pedigree familiar,  con 4x4 a la puerta, y viajes a Camboriú o a Miami? Los trabajadores de la tierra nunca habían llegado a extremos de soportar amenazas de grueso calibre y en esta oportunidad tampoco sucedería. Los campesinos y los indios tuvieron siempre la obligación de procurar todo lo necesario para las zonas de confort.

De la protesta callejera, de los cabildos en el Cristo Redentor de la Monseñor Rivero en Santa Cruz de la Sierra repletos de plegarias y la Biblia en el atril de Luis Fernando Camacho, de los bloqueos con amarres y cuatro gatos por esquina bien distribuidos por todas las zonas de La Paz y el resto de las ciudades capitales, los pititas pasaron al frente, indignados y temerosos porque “la indiada” amenazaba con descolgarse de los cerros desde Pampahasi para saquear e incendiar casas. Efectivamente sucedió que las “hordas masistas”, así calificadas por Arturo Murillo, cometieron, por ejemplo, desmanes como el producido en el Chapare donde campesinos cocaleros quemaron el Victoria Resort, --hotel propiedad de Murillo--, quién al día siguiente del atentado sufrido (11 de noviembre), informó que el edificio quedó reducido a cenizas y tuvo que esconder a sus familiares a fin de evitar consecuencias funestas. Cosa parecida sucedió con la casa del Rector de la UMSA y miembro del CONADE, Waldo Albarracin, y la presentadora de televisión Casimira Lema. ¿Eran efectivamente militantes del hasta ese momento partido de gobierno los que actuaron vandálicamente? ¿O se trataba de una confusa mezcla de actores provenientes del lumpen junto a sectores desesperados porque su presidente estaba siendo derrocado?

Los pititas tenían como guardaespaldas a policías y militares que cambiaron de dirección en sus tareas de sofocamiento de los desordenes y la violencia que decidieron vulnerar sus  roles constitucionales que les impiden la deliberación pública y la no intervención en los asuntos políticos del Estado: Le pidieron la renuncia a su Capitán General, el Presidente del Estado. Los pititas verdes, amarillos, azules y rojos fueron protegidos para arremeter, golpear, pintarrajearle todo el cuerpo y poner de  rodillas a la Alcaldesa de Vinto, Cochabamba, Patricia Arce. Lo hizo la Resistencia Juvenil Cochala que perpetró este acto de violencia cargado de simbolismo racista pisoteando la whipala para convertirla en un trapo mugroso.

Antes de que el 15 y 19 de noviembre se produjeran las tragedias de Senkata, El Pedregal y Sacaba, la Unión Juvenil Cruceñista , consecuente con su muy conocido accionar racista y discriminador, acorraló a ciudadanos y ciudadanas en Yapacaní y en Montero que terminaron encarcelados y torturados sin que a varios de ellos se les pudiera haber comprobado vinculación alguna con el Movimiento al Socialismo (MAS). Era, como se dice popularmente, “gente que pasaba por ahí”. El pasado viernes 18 de junio, este periodista tuvo la posibilidad de participar en una reunión producida en La Paz con las víctimas de las violaciones a los Derechos Humanos en las mencionadas localidades cruceñas, personas de muy limitada condición económica, hace más de un año desempleadas. En dicho encuentro se registraron 45 testimonios de hombres y mujeres, muy jóvenes todos ellos, que todavía no han sido sobreseídos por acusaciones nunca demostradas por el ministerio público. La crueldad y los comportamientos extorsivos de efectivos policiales les provocaron estancias infernales en los recintos penitenciarios en los que fueron recluidos. A fin de evitar la espectacularización de un evento como éste, dramático en su dimensión humana, de los que suele aprovecharse el amarillismo periodístico, no hubo convocatoria a los medios de comunicación. Las conclusiones de dicha mesa informativa dejaron clara la urgencia de una solución judicial para otorgar libertad irrestricta a estos ciudadanos criminalizados por militar en el partido azul o tener una relación con él, como si se tratara de un delito en sí mismo.  Sería bueno preguntarle a Jeanine Áñez y a los suyos, a Amparo Carvajal de DD.HH., al CONADE, a la Iglesia Católica, y a todos quienes facilitaron la presidencia transitoria ilegal, si esto es o no persecución política, si estas son o no violaciones sistemáticas a los derechos ciudadanos.

La Bolivia pitita, en su legítimo afán de reclamar por su voto del 21F de 2016, desconocido por el Tribunal Constitucional el 28 de noviembre de 2017, fue desplegando una serie de movimientos que pasaron de la retórica agresiva a las acciones de hecho. Los pititas verdes fueron los ambientalistas de ocasión que armaron una campaña en redes sociales demonizando como antiecológico y depredador de la naturaleza al gobierno del MAS por los incendios en la Chiquitania. Los pititas amarillos tecleaban desquiciados y producían memes en sus redes contra Venezuela, Cuba, el socialismo del siglo XXI, los cocaleros narcotraficantes, y los populistas corruptos. Los pititas azules andaban desencantados porque habían votado --¡dos veces!—por Evo y habían quedado decepcionados por su obsesión de eternización en el poder. Y los pititas rojos eran los parapoliciales y paramilitares dispuestos a mancharse las manos de sangre si era necesario para hacer justicia contra esos “masistas de mierda”, idólatras de su lider.

Los pititas de cualquier color sólo sabían a quién sacar del gobierno. No tenían idea de a quién se podía poner constitucionalmente. Su ceguera político ciudadana se verificaba en vigilias organizadas al ingreso de la zona de la Rinconada donde se encuentra la Embajada de México, o al frente del edificio de apartamentos en el que habitaba el Ministro de Gobierno, Carlos Romero, o en las puertas de medios de comunicación como la televisión estatal, y en el trajinar diario en las calles en el que si aparecía alguna cara que no fuera de su agrado, se instalaba el acoso verbal y la amenaza. Podría contarlo la chofer del pseudoperiodista Entrambasaguas, alguna vez dedicada a la producción audiovisual. O también la persona que repartía vales de comida chatarra por tantas horas de sacrificio para los vigilantes  con la misión de evitar las “fugas” de Héctor Arce, Juan Ramón Quintana, Javier Zabaleta o Vilma Alanoca de la residencia de la Embajadora de México, María Teresa Mercado.

¿Transición democrática? ¿Gesta heroica contra la dictadura? ¿Reivindicación del Estado de Derecho? No. Instalación de un gobierno de derecha cívico policial militar, autoritario, persecutor, extorsivo, torturador y asesino. Esos fueron los resultados con que quedaron retribuídos los pititas por su unción cívica. Con un gobierno que malversó sus sueños y que los condujo a mascullar, 363 días después de las anuladas elecciones de 2019, otra aplastante derrota. Habían ganado el referéndum del 21 de febrero de 2016, habían tumbado a Evo Morales el 10 de noviembre de 2019 y terminaron estruendosamente derrotados el 18 de octubre de 2021 ya sin la coartada de Evo queriendo ser presidente para siempre.

Bolivia vivió un año de patetismo entre 2019 y 2020. La clase media movilizada, ansiosa por ver al “indio” expulsado del gobierno,  terminó convirtiéndose en la facilitadora de un ahondamiento de lo que podría llamarse la grieta boliviana. Los militares volvieron a ser nombrados milicos golpistas como sucedía en los 70-80. Los policías ahora son estigmatizados como “motines” por haberse revelado contra el gobierno constitucional. Y los pititas, vivieron un espejismo de esperanza con su “¿quién se wrinde? nadie se wrinde”.  “¿Evo de nuevo?” Ya no, como consuelo, aunque su partido sea otra vez el que gobierna Bolivia a través de otro de esos triunfos electorales al que ya fue imposible tachar de fraudulento. Aunque volvieran a tocar las puertas de los cuarteles. Aunque pidieran al organismo electoral evitar la posesión de Luis Arce Catacora. El precio ha sido nuevamente muy alto en vidas humanas, con un gobierno autoritario especializado en destrozos, capturado por un puñado de vividores que luego de asaltar el poder, comenzaron a asaltar las arcas del Estado con desenfreno.

El 15 de agosto de 2020 Jeanine Áñez afirmó que pacificó al país dos veces. Que en ese momento se trataba de salvar vidas en la lucha contra la Covid-19. Que era necesario combatir la violencia del MAS que impedía el transporte de oxígeno por las carreteras. Vistos los acontecimientos en este primer semestre de 2021, no  hay argumentos que puedan sostener esa pretendida pacificación. Se lo han desmentido, con el destape de tramas de corrupción y de represión política, los mismos que la animaron a asumir la presidencia a sabiendas que a la larga, tan temeraria decisión tendría consecuencias jurídico constitucionales. Quedan unas cuantas pititas blancas  esperanzadas con un cambio político por fuera de la opción del MAS. Áñez, su entorno y los negociadores de la transición trucha, les hicieron astillas las ilusiones.

Publicado en La Razón como parte de la serie Memoria y Archivo el 04 de julio

Extrañando a Ana María Campero

 

Recuerdo siempre que Ana María Romero de Campero (1941 – 2010), que llevaba el apellido de su esposo porque le daba la gana, no por vieja usanza social, me llamaba “enfant terrible” en aquellos tiempos en los que dirigía el diario católico Presencia (1989) y yo era feliz escribiendo crítica de cine y televisión. Me distinguió con semejante sobrenombre que recuerdo con orgullo.  La principal enseñanza que recogí de ella está resumida en la frase “es mucho más difícil describir que opinar”, lección de periodismo que tengo presente a diario.

Ana María fue Ministra de Informaciones del breve gobierno de Wálter Guevara Arce, depuesto por el golpe de estado encabezado  por el Cnl. Alberto Natusch Busch que derivó en la Masacre de Todos Santos (1979). Antes había sido corresponsal de la agencia alemana de noticias (DPA) y más tarde entre 1998 y 2004, primera Defensora del Pueblo de la República, encarando una gestión hasta ahora no superada por quienes la sucedieron.

Si Ana María, que en 2009 por algún profundo motivo decidió ser senadora por el Movimiento al Socialismo (MAS), siguiera entre nosotros,  habría sido una pieza fundamental en la  dilucidación de la crisis de octubre-noviembre de 2019 que derivó en violaciones sistemáticas a los derechos humanos en el gobierno de Áñez-Murillo-Ortíz. Basta recordar el rol decisivo que jugó en octubre de 2003 cuando el enajenado Carlos Sánchez Berzaín quería convencer al presidente Sánchez de Lozada que con doscientos muertos se arreglaba el asunto y se podía continuar gobernando desde Santa Cruz de la Sierra, en tiempos en que la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) luchaba por los más débiles y vulnerables en sus derechos ciudadanos, entre ellos el de la libertad de pensamiento político.

Unir es la fundación que dirigió Ana María imbuída de esa misión humana que se traduce en la construcción de una cultura de paz. Estaba convencida, honrando el  nombre de la organización que condujo con sabiduría, que todos los caminos debían llevarnos siempre a las mesas de negociaciones para encontrar consensos mínimos, de perfeccionamiento de la democracia para una convivencia auténticamente pacífica, pero en primer lugar participativa y sin exclusiones.   

Flora Guzmán, licenciada en Enfermería del hospital Alfonso Gumucio Reyes de Montero fue perseguida y golpeada por militantes de la Unión Juvenil Cuceñista en noviembre de 2019. En el testimonio que ofreció hace un par de semanas, Guzmán narró que efectivos policiales habían matado a un joven, que hubo represión con móviles racistas y que fue encarcelada porque “los masistas somos una sarna para la derecha”.  Esta profesional de la salud vivía tranquila y estable, percibiendo un buen salario hasta que producto del golpe de Estado se quedó sin trabajo. “Ahora voy casa por casa como una mendiga buscando  pacientes a medir glicemia, tengo a mis hijos destrozados” nos dijo. Ella, como otras veinte personas, relataron sus experiencias  cargadas de persecución, encarcelamientos indebidos y torturas en Yapacaní, Santa Fe y San Carlos del departamento de Santa Cruz. Como si no fuera suficiente, les robaron el poco dinero que tenían y quedaban obligados a pagarles a los vigilantes hasta el ingreso de bolsas de pan. Así de extrema e indignante se manifestó la miseria humana de persecutores y carceleros. Dice Jeanine Áñez que se siente perseguida política. Parece que su amigo Arturo y su aliado inicial, Luis Fernando Camacho, no le contaron ni la enésima parte de lo que su transitorio gobierno de facto hizo con gente tan humilde y desprotegida a través de unos desalmados operadores civiles y policiales.

Luego de soportar semejante paliza emocional el viernes 18 de julio, volví a recordar que Ana María se preocupaba por la ciudadanía, pero fundamentalmente se ocupaba de atender las injusticias y los atropellos haciendo que la Defensoría demandara al Estado por atentar contra los derechos de ciudadanos comunes. De haber estado aquí, ella misma hubiera generado las acciones indispensables para que esta gente maltratada, vejada, obtuviera el sobreseimiento necesario para comenzar a reconstruir la vida.

Nos falta Ana María Romero de Campero para recuperar la prioridad que significa la defensa intransigente e innegociable de los Derechos Humanos. A la Defensoría actual parecen no alcanzarle las manos para atender todos los casos, y  la Asamblea de Derechos Humanos está a cargo de una religiosa que se llama Desamparo de apellido Carvajal que en algún momento decidió desconectarse del pueblo humilde, lo mismo que el oprobioso Comité Nacional de la Democracia (CONADE), políticamente utilizado por los ex defensores del Pueblo, Waldo Albarracín y Rolando Villena (+). Las dos instituciones dejaron de defender los valores democráticos de la sociedad, para convertirse en artefactos políticos opositores al MAS.

Extrañé a Ana María el día que escuché tan desgarradores testimonios y a las que no les alcanza con el consuelo. Voy a seguir extrañándola “por su esperanza interminable” como escribió alguna vez la inmensa María Elena Walsh.

Contragolpe, columna publicada en La Razón el 02 de julio

 

 

Evo Morales y el aparato mediático antimasista

 

Rafael Ramírez es el nombre del periodista del diario La Prensa que el 10 de diciembre de 2008 en un acto realizado en el Palacio de Gobierno fue apercibido por el presidente Evo Morales, indignado por un titular que decía “Evo negoció luz verde con los contrabandistas dos meses antes” y que estaba relacionado con un incidente producido en el departamento de Pando en el que supuestamente, el gobierno había sido  permisivo con el paso de treinta y tres camiones que transportaban mercadería ilegal.  El maltrato dispensado a Ramírez duró aproximadamente cinco minutos, con el presidente de la República expulsando del acto al  periodista, luego de que éste intentara responder.

El descrito es seguramente el incidente más desagradable que haya podido producirse con periodistas durante las tres presidencias de Morales y el Movimiento al Socialismo (MAS). En aquella oportunidad el  primer mandatario le exigió al responsable de la cobertura en la plaza Murillo que probara sus aseveraciones, cuando lo conducente hubiera sido pedir explicaciones al director del medio, si acaso estaban fundadas en un reclamo argumentado. Pudo más, sin embargo, como en otras ocasiones, la irritación de Evo que a partir de ese comportamiento desató protestas que trascendieron los límites nacionales. 

Ocho años después, un enfoque internacional se refería en los siguientes términos al resquebrajamiento de las relaciones gubernamentales con medios de comunicación: “El ambiente en el que trabajan los periodistas bolivianos se ha deteriorado considerablemente desde el inicio del año: acusaciones públicas, intimidaciones, amenazas de procesos judiciales… Reporteros Sin Fronteras (RSF) denuncia los intentos de las autoridades de perjudicar al gremio periodístico y apoya a los periodistas perseguidos en el país/…/ El 19 de mayo de 2016, ante los miembros de la Asamblea Legislativa de Bolivia, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, acusó a la Agencia de Noticias Fides (ANF), así como a los diarios Erbol, El Deber y Página Siete de formar parte de un “cártel de la mentira”. El ministro hizo esta impactante declaración cuando fue interpelado por los parlamentarios sobre el presunto tráfico de influencias en el que estaría implicada la expareja del presidente Evo Morales/…/Según Quintana, se trata de un escándalo mediático para desestabilizar al país.”

En marzo de 2016, la edición digital de Datos Política afirmaba que “Evo mantiene tensa relación con la prensa independiente”:  "Pollos de granja", "vuvuzelas", "agentes de inteligencia" o del imperio, "cobardes" y "narcotraficante" son algunos adjetivos con los  que el presidente Evo Morales calificó a los periodistas desde que ingresó al poder en 2006/…/La relación  entre el Presidente y los periodistas ha sido muy difícil, muy tensa desde el inicio", aseguró el responsable de la web de El Deber, Carlos Morales, quien afirmó que el Primer Mandatario  afirmó varias veces que los medios  son  sus principales enemigos políticos/... /"Los medios de comunicación son mi principal oposición", repitió  con insistencia  Morales desde que llegó a Palacio de Gobierno hasta hoy/…/El Jefe de Estado dijo una vez que el 80% de los medios  estaba en manos de los opositores, por lo que decidió cambiar esa situación /…/Pese a que la relación entre los medios de comunicación y Morales sigue áspera, el Gobierno siempre negó una persecución, debido a que deja que se publique  en su contra y se respalda en que no hay periodistas encarcelados.”

Según la misma Datos Política, las relaciones entre Evo Morales y los medios internacionales son parecidas: "El corresponsal de CNN (en Bolivia) es narcotraficante", dijo Morales en su intervención en Venezuela, al recordar los tres años del deceso del presidente de ese país Hugo Chávez. La  cadena internacional rechazó la acusación de Morales porque su corresponsal es una mujer y calificó de peligrosas las declaraciones del gobernante boliviano/…/El presentador y periodista de la misma cadena, Ismael Cala, no se salvó de Morales. "Cobarde, agente del imperio y prófugo de la Revolución Cubana",  dijo Morales de Cala,  cuando el Jefe de Estado canceló horas antes una entrevista con CNN en agosto de 2013/…/ En septiembre de 2010, Evo intentó que  la corresponsal de  BBC Mundo y NTN 24 TV, Mery Vaca, respondiera sobre un comentario racista. "Aquí dice que soy un cruce de llama con Lucifer. ¿Eso es o no racismo?", dijo Evo. Vaca se limitó a decir que no le correspondía a ella responder.”

Lo que Reporteros sin Fronteras y Datos Polìtica no consignan en sus enfoques tiene que ver con una relación saturada de cortocircuitos, pero que fue siempre de ida y vuelta, y para documentar esta aseveración, examinemos cómo Evo Morales se convirtió en el Presidente más vilipendiado por medios de comunicación, periodistas y opinadores en la historia contemporánea de los asuntos públicos bolivianos. Cabe recordar que los años 2008 y 2009 fueron cruciales para el país que se encontraba en proceso de aprobar en las urnas una nueva Constitución Política del Estado. En ese contexto,  varios sectores de la oposición política, incluida la oposición mediática, propietaria de la mayoría de periódicos, radios y canales de televisión del país, montaron una virulenta campaña personalizada en la figura presidencial:

Portada diario El Mundo, Santa Cruz de la Sierra, 17 de marzo de 2008:

(Titular a propósito del encuentro entre el presidente Evo Morales y el futbolista argentino Diego Armando Maradona en alusión a la temática coca-cocaína) :“Evo exporta Diego Consume”.

Arturo Mendivil, Radio Oriental, Santa Cruz de la Sierra, 28 de abril de 2008:

Comentario: “Que pasaría si tenemos un colla hijo de puta, un colla hijo de puta, que dice, que nosotros estamos construyendo la separación de Bolivia,…… esos engendros de llama y piedra......nos han tenido agarraos de los huevos estos collas malditos. ¡Carajooo! Ya está de buen tamaño que estos collas infelices, malditos crean que aquí la juventud es mierda. Nuestra juventud es mucho más altanera y llenas de ansias de superación y no como la raza de los collas que solamente buscan la teta del Estado o buscan la coca o buscan la cocaína o buscan el atraco. Esa la diferencia entre collas y cambas.”

 

 

 

Portada diario El Mundo, Santa Cruz de la Sierra, 17 de agosto de 2008:

“Excelentísimo asesino Presidente de los Bolivianos”: Rubén Costas, Prefecto (luego Gobernador) del Departamento de Santa Cruz.

Jorge Melgar, revista informativa en Canal 18, "Televisión del Norte", en Riberalta-Beni, Septiembre-octubre, 2008:

Comentario:“ Odio esa raza maldita esta, (muestra dedo anular) no va a poder este (Evo Morales) indio analfabeto ignorante. Pero creo que se está acercando la hora de que él sea liquidado físicamente, me refiero a Evo Morales, Álvaro García Linera, El Ministro de Gobierno Rada, el Ministro de la Presidencia, Juan Ramo Quintana….No pisa más el indio maldito esta región.”

Diario La Razón, La Paz, columna de Humberto Vacaflor, 26 de octubre de 2008, acusa al Presidente de ser asesino, narcotraficante y de tener un afeminado Vicepresidente:

“Nosotros, los sucios periodistas, no hemos pedido a las Fuerzas Armadas que usen a sus oficiales como terroristas para atacar un medio de comunicación. En cambio, el Presidente lo hizo al ordenar que dos de los oficiales del Ejército que están a cargo de su seguridad vayan a matar bolivianos en Yacuiba el 21 de junio pasado. El anterior presidente que usó a las Fuerzas Armadas para atacar medios de comunicación y afectar a la democracia fue Luis García Meza, el anterior presidente acusado de ser narcotraficante”/…/“Nosotros, los sucios periodistas, no hemos hecho comentarios sobre las dudas que tiene la gente acerca de los hijos del Presidente, que sólo se prestan a aparecer cuando hay una campaña proselitista en que se quiere demostrar que a Morales le gustan las mujeres. Ni se ha hecho comentario alguno sobre todo lo que se dice acerca de su también afeminado vicepresidente”.

Carlos Valverde, marzo de 2009, Cadena “A” de televisión, programa “Sin Letra Chica”, comentario:

No pues don Evo un poquingo más, un poquingo más ya la tiene la inteligencia en palacio hágala llegar a su oficina presidente ( )  lo que ha dicho es una sandez, hágame el favor, puta madre, lo vamos a dejar pasar por alto, no pues/…/ Presidente usted no piensa y lo que dice es mentira. Yo no voy a poner inextenso la triste declaración del presidente de la República (Evo Morales) rodeado o mas bien compadecido por Chávez (Hugo)  que tiene la malacrianza  de tratarlo como a un muchacho de mierda a Evo Morales,  tanto cambiaste viejo, tanto cambiaste  por una pega?, tanto cambiaste por una pega pendejo?. Ay pelotudo, pelotudo público, en la misma estupidez yo no he visto a un hombre que cometa tantas estupideces  juntas vaya a uno a saber porque, saltando mientras baila, debe tener una cosa en el culo que le estorba porque no puede quedarse quieto vaya uno a saber cuales serán sus gustos eso es problema de él, (Evo Morales).

“Paraestatales” e “independientes”

Autonombrarse periodista “independiente” y estigmatizar a la competencia como “paraestatal”, le valió al periodismo antimasista el contraataque furibundo del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana que calificó como “Cártel de la mentira” a cuatro medios que sostuvieron diariamente la trama Gabriela Zapata-CAMC que terminaría incidiendo en el resultado del referéndum que el 21 de febrero de 2016 le dijo No a una nueva repostulación a Evo Morales.

En realidad, el término paraestatal le fue útil a su inventor, Raúl Peñaranda, para diferenciar a los medios supuestamente favorecidos con la torta publicitaria del gobierno de los que se encontraban en la vereda de enfrente, es decir en la del activismo que de independiente sólo tiene el nombre, ya que sus tareas exhibían un barniz periodístico para encubrir operaciones de activismo político asesorado por agencias norteamericanas , aspecto que fue notorio cuando el mismo ex director de Página Siete se dedicó a acosar, adoptando el papel de un fiscal obsesivo, a medios como ATB y La Razón durante el gobierno de facto  presidido por Jeanine Añez, secundado por Rafael Archondo que fuera embajador del gobierno de Evo Morales en Naciones Unidas.

No hubo ni hay medios paraestatales en Bolivia y tampoco medios independientes y eso se puede corrobar con las pautas publicitarias otorgadas por los gobiernos de Evo Morales a medios contrarios a la línea oficialista, --sobre todo televisivos--  y de la misma manera se puede constatar que con un elemental análisis de contenidos, estaciones televisivas como P.A.T. y ATB jugaron al pluralismo en unas ocasiones y al equilibrismo informativo en otros. Lo cierto es que con todos estos antecedentes acumulados a lo largo de catorce años, la mayor parte de los medios masivos tradicionales –radioemisoras, canales de televisión, diarios—han explicitado líneas informativas y de opinión abiertamente antimasistas, poniendo en evidencia que la cantaleta sobre la existencia de un periodismo independiente es nada más que una impostura con bases pretendidamente principistas.

En la actualidad Evo Morales ya no es presidente de Bolivia, pero los medios que se encargaron de montar campañas sistemáticas contra su figura y su gobierno no han variado un ápice sus políticas editoriales, informativas y de opinión, ahora desplegando una ansiosa agenda diaria para querer despejar dudas acerca de si el gobierno de Jeanine Añez fue o no, producto de un golpe de Estado. Independientemente de ello, muy poco, casi nada, estos medios se han referido al carácter autoritario y violatorio de los derechos humanos que caracterizó el régimen dominado en acciones y decisiones por personajes como Arturo Murillo, ministro de Gobierno y Oscar Ortíz, Senador y luego ministro de dos carteras que terminó destituido por Jeanine Áñez el 28 de septiembre de 2020.

Puesta en escena, noviembre de 2019

Las clases medias urbanas a las que Evo Morales calificó despectivamente de pititas estallaron de ira porque al escamoteo del referéndum del 21F de 2016 se añadía ahora un presunto fraude sustentado en la suspensión del conteo preliminar no oficial a cargo del Tribunal Supremo Electoral.  En tal escenario, las movilizaciones civiles iniciadas el 21 de octubre desembocaron en motines policiales y en una toma de posición de las Fuerzas Armadas que se convirtieron en los brazos represivos de un pretendido levantamiento popular contra el prorroguismo y el presunto robo electoral a cargo del Movimiento al Socialismo (MAS) en favor de su jefe supremo.

Con la renuncia de Evo Morales por la tarde del domingo 10 de noviembre de 2019, comenzó a funcionar una maquinaria mediática inaugurada con el anuncio de Jeanine Áñez a través de la red televisiva Unitel desde la ciudad de Trinidad, en sentido de que le tocaba asumir la presidencia del Estado en su condición de segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores, salida definida por fuera de la institucionalidad democrática del país.

¿ Qué hacían representantes de la Conferencia Episcopal, tres embajadores, dos ex defensores del pueblo, el presidente de una fundación católica, dos candidatos, el  jefe de un partido que no participó en elecciones, un amigo de la embajada de Estados Unidos ex-presidente del país, su asesor abogado y otro abogado más representando al Comité Cívico de Santa Cruz, decidiendo los destinos de Bolivia, superponiéndose a la Asamblea Legislativa Plurinacional y prescindiendo de la Defensoría del Pueblo en momento de la extrema convulsión y violencia que soportaba Bolivia? Respuesta: Se ponían de acuerdo para que la senadora Áñez asumiera el mando del país y buscaban los mecanismos con apariencia constitucional para que así sucediera. 

La coyuntura nos dice que el sentimiento de culpa de Página Siete es descomunal. Si el presidente de su directorio, Raúl Garafulic Lehm prefiere, monumental, como  le gustaría decir al candidato al que su diario respaldó en las campañas de 2019 y 2020, con la generación de encuestas que lo ayudaran. Resulta que la realidad superó los groseros márgenes de error de dichos estudios de opinión, especialmente los relacionados con el triunfo del binomio masista Arce-Choquehuanca, y para querer justificar sus acciones, utilizan tendenciosamente las actuaciones de Adriana Salvatierra, Susana Rivero y Teresa Morales, que fueron las testigos clave de una sucesión presidencial precipitada, chapucera e ilegal.  De no haber estado presentes ellas para constatar que todo ya estaba decidido y que sólo restaba operar el asalto al  poder en el Senado, Unitel, Página Siete y todos los medios alineados con la defenestración de Morales, estarían cómodos sin la necesidad de fabricar aclaraciones que lo único que hacen es oscurecer aún más los penosos intentos de defender lo indefendible.

A partir de ese 10 de noviembre de 2019, la estructura mediática opositora al MAS insiste en instalar un relato insostenible desde la rigurosidad de los hechos. Para eso publicó dos bodrios en forma de libros carentes de la mirada serena y rigurosa que sólo permite el transcurso de un tiempo razonable. Es comprensible, a Garafulic debe incomodarle que le llamen golpista. Nada mas le falta el intento de querer demostrarnos que el de Banzer en 1971 tampoco fue un Golpe de Estado.

Publicado el 27 de junio en La Razón como parte de la serie Memoria y Archivo

 

Los senadores que impusieron la presidencia de Jeanine Áñez

 

Aproximadamente a las seis de la tarde del domingo del 10 de noviembre de 2019, en la residencia de la Embajada de México situada en la exclusiva Rinconada de la ciudad de La Paz llegó, vía celular, un mensaje que confirmaba las renuncias de Evo Morales y Alvaro García Linera a la presidencia y vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. El mensaje era taxativo, pues se trataba de una instrucción que no admitía debate: Los representantes parlamentarios del MAS en la línea sucesoria constitucional debían renunciar a sus cargos para que no se produjeran dudas acerca de las características conspirativas y golpistas con la que se estaba operando la sucesión presidencial.

En tal escenario, Evo Morales y Carlos Mesa coincidían, por motivaciones obviamente opuestas, en que Adriana Salvatierra no debía asumir la presidencia del Estado. El argumento de preservar la vida de Evo era una prioridad y por ello, el lunes 11 de noviembre en reunión realizada en la Universidad Católica con los articuladores de la anulación de las elecciones y la renuncia de Morales, a fin de acelerar los acontecimientos, se trataba en primer lugar de generar las condiciones para la salida de Bolivia de los ex mandatarios, sanos y salvos. La violencia, los secuestros, las quemas de viviendas de parlamentarios y dirigentes, las ordenes de detención policial contra dirigentes masistas, pero sobre todo contra quienes formaban parte de la línea sucesoria constitucional eran objeto de una gran manipulación mediática para generar la versión de una pretendida --¡y heroica!-- gesta civil.

 Tuto Quiroga se encargó de comprometer al comandante de la Fuerza Aérea, Gral Jorge Gonzalo Terceros, para que tal condición, previa a cualquier diálogo, se cumpliera. Las representantes del MAS que conversaron con Quiroga entre el  lunes 11 y el martes 12, no sabían que cuando Morales, García Linera y Gabriela Montaño aterrizaron en Chimoré (domingo 10 por la noche), estaban siendo inicialmente conducidos a la zona militar del aeropuerto muy probablemente para ser detenidos, decisión cambiada por el piloto de la nave ante una advertencia hecha por García Linera que dijo que con la marea cocalera que esperaba en la plataforma principal podía generarse una  tragedia espeluznante. Una vez en tierra, los ex mandatarios y  la ex ministra de Salud fueron envueltos por sus compañeros hasta ser internados monte adentro, donde policías y militares no pudieran llegar para capturarlos.

Para Evo Morales el golpe se tornaba en la estrategia perfecta, el hecho político que borraría casi mágicamente la ira que provocó violar la voluntad ciudadana del referéndum del 21 de febrero de 2016. Para los instauradores de la versión del fraude era la oportunidad de expulsar al MAS del poder y para siempre, y es ahí donde encaja la declaración de Mesa del mismo domingo 10: Salvatierra o cualquier otro masista, no debían acceder a la sucesión presidencial, lo que en otras palabras significaba violar el artículo 169 de la Constitución y el Reglamento de la Cámara de Senadores que exige la composición de la directiva con los representantes de la bancada mayoritaria en la presidencia y en la primera vicepresidencia.

Mesa actuaba movido  por la bronca de la derrota. En su fuero interno sabía que había perdido en las urnas y la estratagema en sociedad con los observadores de la OEA enviados por Luis Almagro era armar un escenario insoportable: Los masistas, no contentos con haber escamoteado el resultado del 21F a través de una figura forzada por el Tribunal Constitucional --ser reeligible como derecho humano--, pretendían imponer un triunfo viciado de nulidad, del que hasta el día de hoy, dicho sea de paso, no se tienen pruebas fehacientes e irrefutables. A partir de ese momento, a Evo le empezaba a funcionar la instalación de la matriz del golpe de Estado, cosa que probablemente no hubiera sucedido si Mesa, Camacho, y compañía, optaban por política con la cabeza y no con el hígado, orientando su estrategia a que el MAS asumiera la sucesión según el precepto constitucional para someterlo a un desgaste final con la convocatoria a elecciones en noventa días y en ese breve lapso, lograr que la victoria contra Evo se diera en las urnas, legítima e irreversible, frente a otro binomio azul.

Mesa, Doria Medina, Ortíz, Jerjes Justiniano representando a Luis Fernando Camacho, Tuto Quiroga y sus “facilitadores” hicieron todo lo contrario. Decidieron y actuaron de acuerdo a lo que el MAS necesitaba para recomponerse en el lapso que al final se extendió por casi un año, aunque el precio en vidas humanas terminará siendo irreparable. Primero con Evo viajando entre México, Buenos Aires y La Habana en plan víctima internacional, recibido con honores y gestos de admiración por los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Alberto Fernández. Segundo, intensificando una campaña sobre la ilegalidad/ilegitimidad de la presidencia asumida por Jeanine Áñez que facilitó aún más las cosas cuando fue proclamada candidata (Alianza Juntos) con el propio Mesa afirmando que con su intempestiva decisión, se podría pensar que efectivamente su gobierno era producto de un golpe de Estado.

Evo decidió que Salvatierra no asumiera la presidencia del Estado para cuadricular como golpistas a quienes forzaron su renuncia. Mesa se hizo el despistado con la sucesión constitucional, convencido de que el MAS quedaría afuera del poder sin opciones de retorno. El tiempo transcurrido nos informa que la sagacidad del cocalero bloqueador de carreteras terminó imponiéndose a la ilustración desangelada del candidato de Comunidad Ciudadana, perfectamente mal asesorado. La sucesión que se produjo fue un garabato producido en tres reuniones –la primera sin representantes del MAS-- auspiciadas por curas, embajadores de la derecha internacional y un par de ex defensores del Pueblo en las que las representantes del MAS –Salvatierra, Rivero, Morales—se limitaron a decir que no podían actuar sin consultar previamente a sus bancadas. Aguantaron y dieron la cara frente a unos mediadores con la camiseta opositora bien puesta bajo la dirección de Monseñor Eugenio Scarpellini, secundado por el embajador de la Unión Europea, León de la Torre.

Los hechos quedaron a la vista de la ciudadanía. Los negociadores , --los expertos en derecho penal, los llamarían instigadores-- armaron las condiciones para una sucesión trucha, usando un comunicado de prensa del Tribunal Constitucional que seguramente era “lo más cercano a la Constitución” según Waldo Albarracín, --el Ipso facto pensado por Luis Vásquez Villamor-- poniendo en entredicho su transparencia como abogado con experiencia en derechos humanos, pues bien sabe que no hay un instrumento legal intepretativo para determinar, en este caso, la sucesión constitucional que llega solamente hasta el presidente de la Cámara de Diputados, y de ninguna manera a una segunda vicepresidencia por minoría del Senado, tal como aconteció con Jeanine Áñez, por más que otros abogados de dilatada trayectoria pública, para comenzar el propio Vásquez Villamor, argumentaran el “derecho prevalente (evitar un supuesto vacío de poder), porque fue imposible lograr el quórum con la bancada oficialista por su falta de voluntad”, una falsedad que la propia Adriana Salvatierra se ha encargado de desmentir en entrevista con la directora de La Razón, Claudia Benavente (Piedra, papel y tinta 17 de junio de 2021) .

Los negociadores o instigadores de la inconstitucionalidad llegaron hasta las puertas del Senado que el 12 de noviembre fueron cerradas por Oscar Ortíz, Arturo Murillo y Jeanine Añez para cocinar la materialización de la sucesión: 1. El Senador Ortíz acompaña en helicóptero a la Senadora Jeanine Añez a una reunión con Luis Fernando Camacho. ¿Los militares operativizando el cambio de mando presidencial? Si. Los mismos que le sugirieron a Evo Morales renunciar. 2. El Senador Murillo reconoce ante un funcionario del Senado que lo que van a perpetrar es inconstitucional, pero que hay legitimidad conseguida con las movilizaciones callejeras. 3. Jeanine Añez recibe a la jerarquía de la Iglesia Católica en el despacho de la Presidencia del Senado, oficina de la que dispone sin pedir permiso cuando todavía ni siquiera se había armado el sainete con el que se la habilita como presidenta de la Cámara Alta. 4. No hay registro de instalación de sesión de la Cámara en que se elige presidenta del Senado a Añez, ni siquiera una sin quorum. Lo que se produce es nada más que un simulacro. 5. El Senador Ortíz controla los accesos al edificio de la Asamblea Legislativa Plrurinacional con pititas, policías y miitares. Salvatierra y Rivero, presidenta en ejercicio de la Cámara de Diputados,, son impedidas de ingresar a la Plaza Murillo por los uniformados (miércoles 13 por la tarde), uno de los cuáles zamarronea a la presidenta del Senado y amaga con llevársela detenida, incidente que no tiene registro audiovisual, o que si existe fue cuidadosamente archivado por los medios afines a la conspiración senatorial. 6. El Senador potosino Edwin Rodríguez, que en su momento formara binomio por los Demócratas junto a su colega Ortíz, y renunció a su candidatura para apoyar entre líneas a Mesa,  es sustituído por su suplente sin justificación alguna. Él manifiesta que había entablado negociaciones con senadores del MAS para recomponer la directiva de la Cámara. 7. Los senadores del MAS, Omar Aguilar, Efraín Chambi y Eva Copa establecen trato fluído y contínuo con su ex colega Senador Murillo que el 13 de noviembre jura como Ministro de Gobierno. Conforme se va consolidando el régimen de facto, Copa elude comunicarse con Evo Morales que en ese momento ya se encontraba en Ciudad de México en calidad de asilado político.  

El gobierno del virus

El 24 de enero de 2020 Jeanine Añez ya no era sólo presidenta transitoria de facto. Se convirtió en candidata para las elecciones que serían dos veces pospuestas con el pretexto del “estado de excepción” al que nos somete la invasión del coronavirus. Sus colegas senadores recibieron datos de una encuesta que la apuntaban como la opción de la unidad para enfrentar al MAS. Se emocionaron de tal manera con la posibilidad, que creyeron tocar el cielo con las manos y en ese exacerbado estado de ánimo gobernaron operativizando tareas, que ahora se develan: 1. Decreto que libera de responsabilidades penales a militares ante la inminencia de la represión y masacre en Sacaba-Huayllani, Senkata y El Pedregal. 2. Combate a la pandemia con la compra irregular de unos respiradores que nunca funcionaron. 3. Combate a “sediciosos” y “terroristas” con gases lacrimógenos que también se compran a través de un business armado entre Murillo y sus amigos de juventud expertos en la materia, prófugos de la justicia paraguaya, entre otros datos de prontuario. 4.Criminalización, persecución, apresamiento, detenciones domiciliarias, detenciones en centros médicos, extorsiones concertadas entre el poder político y fiscales, torturas, conjunto de acciones represivas contra ex autoridades, dirigentes sociales, empresarios y ex funcionarios gubernamentales de la última administración de Evo Morales. 5. Puesta en funcionamiento de un aparato persecutor mediático (Unitel, Brújula digital, Página Siete y un largo etcétera) con participación de civiles que hacen vigilias en puertas de domicilios particulares a cambio de vales para hamburguesas. 6. Permisividad con organizaciones irregulares  como la Resistencia Juvenil Cochala que siembran el terror en la zona sur de la ciudad. En resumidas cuentas, violaciones a los derechos humanos a la orden del día. ¿Y la presidenta de la Asamblea Permanente, Amparo Carvajal? Bien gracias. Sigue en el cargo.

Hacia los seis meses de su ejercicio, el de Áñez se consolidó como un gobierno virulento en el literal sentido de la palabra. Murillo amenazaba, reprimía y giraba de cacería por todo el el país. Ortíz, continuó como Senador hasta que en junio se contagió de Covid-19 ya como ministro de Desarrollo Productivo, que lo dejó fuera de combate por aproximadamente un mes para regresar directamente en julio a ocupar la cartera de Economía y Finanzas Públicas. Ortíz estaba en todas y en el show televisivo de estos días no figura. Parece haber quedado convenientemente escondido, perdiéndose de vista su rol como negociador en las reuniones de la Universidad Católica y como parte del equipo de Senadores junto al propio Murillo, Áñez y Yerko Nuñez de una sucesión en que una parte del partido de Rubén Costas,  los verdes del Movimiento Demócrata Social (MDS), es decir ellos mismos, tomaron el control del gobierno.

Una vez capturado y consolidado el nuevo poder, los senadores Ortíz, Murillo y Nuñez, según diversas versiones periodísticas, efectuaron declaraciones públicas vinculadas a aprietes contra empresarios sindicados por afinidad al MAS, que sufrieron presiones y extorsiones judiciales, y de otros negocios vinculados al diésel y a la gasolina.

Borrar del mapa político a Evo Morales

Luis Fernando Camacho, protegido por un aparato de expertos guardaespaldas extranjeros durante los veintiún días de la crisis de 2019, hijo de un empresario al que se vincula al paramilitarismo del golpe de Banzer en 1971, es de convicciones anticomunistas, lo mismo que Tuto Quiroga y Oscar Ortíz, de acuerdo al  manual de las dictaduras militares de los 70. Al igual que Mesa y Doria Medina coinciden en que era hora de eliminar del sistema político a Evo Morales, un nacionalista de izquierda,  defensor de la soberanía de los recursos naturales, y de ninguna manera un socialista o comunista como lo pudieron haber sido Fidel Castro y el Che Guevara. Ese enceguecimiento caracterizado por una equivocada lectura sobre su perfil ideológico,  los llevó a actuar de manera precipitada y sin horizonte estratégico. No preveyeron que a Murillo y a su aparato no les interesaba el país, ni proyecto político alguno. Solamente llegaron a tomar el poder para hacer unos cuantos negocios groseros que les pudieran asegurar el futuro cuando estos quedaran fuera de la actividad pública.

El Plan B era Jeanine Presidenta. Sí o sí. Habría que corregir al autor de la frase, Samuel Doria Medina, en sentido de que ese fue desde un principio el plan A de representantes políticos, Iglesia Católica y Unión Europea. Y para su ejecución armaron una figura pretendidamente jurídica en forma de comunicado institucional que no se sostiene constitucionalmente. Los participantes de las reuniones de la Universidad Católica fueron los negociadores del golpismo. Los senadores Ortíz, Murillo, Áñez, y un poco más atrás Nuñez, son los autores de la consumación de los hechos. Un golpe de Estado es la toma ilegal del poder, más específicamente de la presidencia de un país, y eso es lo que sucedió entre el 10 y el 12 de noviembre de 2019.

Jeanine Áñez ha sido  la víctima propiciatoria de este plan alocado, producto de la ansiedad y un grado de improvisación de gravísimas consecuencias para Bolivia. El golpe, a la larga, fue funcional al MAS. Regresó al poder luego de un paréntesis de un año con un contundente triunfo en las elecciones del 18 de octubre de 2020, sin que se necesitara al insustituible Evo en la papeleta. El precio más alto de este atentado contra la institucionalidad democrática es el de la masacre de  38 ciudadanos, cuyas familias hasta ahora no encuentran justicia.

Publicado en La Razón el 20 de junio como parte de la serie Memoria y Archivo