Aproximadamente a las seis de la
tarde del domingo del 10 de noviembre de 2019, en la residencia de la Embajada
de México situada en la exclusiva Rinconada de la ciudad de La Paz llegó, vía
celular, un mensaje que confirmaba las renuncias de Evo Morales y Alvaro García
Linera a la presidencia y vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia.
El mensaje era taxativo, pues se trataba de una instrucción que no admitía
debate: Los representantes parlamentarios del MAS en la línea sucesoria
constitucional debían renunciar a sus cargos para que no se produjeran dudas
acerca de las características conspirativas y golpistas con la que se estaba
operando la sucesión presidencial.
En tal escenario, Evo Morales y
Carlos Mesa coincidían, por motivaciones obviamente opuestas, en que Adriana
Salvatierra no debía asumir la presidencia del Estado. El argumento de
preservar la vida de Evo era una prioridad y por ello, el lunes 11 de noviembre
en reunión realizada en la Universidad Católica con los articuladores de la
anulación de las elecciones y la renuncia de Morales, a fin de acelerar los
acontecimientos, se trataba en primer lugar de generar las condiciones para la
salida de Bolivia de los ex mandatarios, sanos y salvos. La violencia, los
secuestros, las quemas de viviendas de parlamentarios y dirigentes, las ordenes
de detención policial contra dirigentes masistas, pero sobre todo contra
quienes formaban parte de la línea sucesoria constitucional eran objeto de una
gran manipulación mediática para generar la versión de una pretendida --¡y
heroica!-- gesta civil.
Tuto Quiroga se encargó de comprometer al
comandante de la Fuerza Aérea, Gral Jorge Gonzalo Terceros, para que tal condición,
previa a cualquier diálogo, se cumpliera. Las representantes del MAS que
conversaron con Quiroga entre el lunes
11 y el martes 12, no sabían que cuando Morales, García Linera y Gabriela
Montaño aterrizaron en Chimoré (domingo 10 por la noche), estaban siendo
inicialmente conducidos a la zona militar del aeropuerto muy probablemente para
ser detenidos, decisión cambiada por el piloto de la nave ante una advertencia
hecha por García Linera que dijo que con la marea cocalera que esperaba en la
plataforma principal podía generarse una
tragedia espeluznante. Una vez en tierra, los ex mandatarios y la ex ministra de Salud fueron envueltos por
sus compañeros hasta ser internados monte adentro, donde policías y militares
no pudieran llegar para capturarlos.
Para Evo Morales el golpe se
tornaba en la estrategia perfecta, el hecho político que borraría casi
mágicamente la ira que provocó violar la voluntad ciudadana del referéndum del
21 de febrero de 2016. Para los instauradores de la versión del fraude era la
oportunidad de expulsar al MAS del poder y para siempre, y es ahí donde encaja
la declaración de Mesa del mismo domingo 10: Salvatierra o cualquier otro
masista, no debían acceder a la sucesión presidencial, lo que en otras palabras
significaba violar el artículo 169 de la Constitución y el Reglamento de la
Cámara de Senadores que exige la composición de la directiva con los representantes
de la bancada mayoritaria en la presidencia y en la primera vicepresidencia.
Mesa actuaba movido por la bronca de la derrota. En su fuero
interno sabía que había perdido en las urnas y la estratagema en sociedad con
los observadores de la OEA enviados por Luis Almagro era armar un escenario
insoportable: Los masistas, no contentos con haber escamoteado el resultado del
21F a través de una figura forzada por el Tribunal Constitucional --ser
reeligible como derecho humano--, pretendían imponer un triunfo viciado de
nulidad, del que hasta el día de hoy, dicho sea de paso, no se tienen pruebas
fehacientes e irrefutables. A partir de ese momento, a Evo le empezaba a
funcionar la instalación de la matriz del golpe de Estado, cosa que
probablemente no hubiera sucedido si Mesa, Camacho, y compañía, optaban por
política con la cabeza y no con el hígado, orientando su estrategia a que el
MAS asumiera la sucesión según el precepto constitucional para someterlo a un
desgaste final con la convocatoria a elecciones en noventa días y en ese breve
lapso, lograr que la victoria contra Evo se diera en las urnas, legítima e
irreversible, frente a otro binomio azul.
Mesa, Doria Medina, Ortíz, Jerjes
Justiniano representando a Luis Fernando Camacho, Tuto Quiroga y sus
“facilitadores” hicieron todo lo contrario. Decidieron y actuaron de acuerdo a
lo que el MAS necesitaba para recomponerse en el lapso que al final se extendió
por casi un año, aunque el precio en vidas humanas terminará siendo irreparable.
Primero con Evo viajando entre México, Buenos Aires y La Habana en plan víctima
internacional, recibido con honores y gestos de admiración por los presidentes
Andrés Manuel López Obrador y Alberto Fernández. Segundo, intensificando una
campaña sobre la ilegalidad/ilegitimidad de la presidencia asumida por Jeanine
Áñez que facilitó aún más las cosas cuando fue proclamada candidata (Alianza
Juntos) con el propio Mesa afirmando que con su intempestiva decisión, se
podría pensar que efectivamente su gobierno era producto de un golpe de Estado.
Evo decidió que Salvatierra no
asumiera la presidencia del Estado para cuadricular como golpistas a quienes
forzaron su renuncia. Mesa se hizo el despistado con la sucesión
constitucional, convencido de que el MAS quedaría afuera del poder sin opciones
de retorno. El tiempo transcurrido nos informa que la sagacidad del cocalero
bloqueador de carreteras terminó imponiéndose a la ilustración desangelada del
candidato de Comunidad Ciudadana, perfectamente mal asesorado. La sucesión que
se produjo fue un garabato producido en tres reuniones –la primera sin
representantes del MAS-- auspiciadas por curas, embajadores de la derecha
internacional y un par de ex defensores del Pueblo en las que las
representantes del MAS –Salvatierra, Rivero, Morales—se limitaron a decir que
no podían actuar sin consultar previamente a sus bancadas. Aguantaron y dieron
la cara frente a unos mediadores con la camiseta opositora bien puesta bajo la
dirección de Monseñor Eugenio Scarpellini, secundado por el embajador de la
Unión Europea, León de la Torre.
Los hechos quedaron a la vista de
la ciudadanía. Los negociadores , --los expertos en derecho penal, los
llamarían instigadores-- armaron las condiciones para una sucesión trucha,
usando un comunicado de prensa del Tribunal Constitucional que seguramente era
“lo más cercano a la Constitución” según Waldo Albarracín, --el Ipso facto pensado por Luis Vásquez
Villamor-- poniendo en entredicho su transparencia como abogado con experiencia
en derechos humanos, pues bien sabe que no hay un instrumento legal
intepretativo para determinar, en este caso, la sucesión constitucional que
llega solamente hasta el presidente de la Cámara de Diputados, y de ninguna manera
a una segunda vicepresidencia por minoría del Senado, tal como aconteció con
Jeanine Áñez, por más que otros abogados de dilatada trayectoria pública, para
comenzar el propio Vásquez Villamor, argumentaran el “derecho prevalente
(evitar un supuesto vacío de poder), porque fue imposible lograr el quórum con
la bancada oficialista por su falta de voluntad”, una falsedad que la propia
Adriana Salvatierra se ha encargado de desmentir en entrevista con la directora
de La Razón, Claudia Benavente (Piedra, papel y tinta 17 de junio de 2021) .
Los negociadores o instigadores
de la inconstitucionalidad llegaron hasta las puertas del Senado que el 12 de
noviembre fueron cerradas por Oscar Ortíz, Arturo Murillo y Jeanine Añez para
cocinar la materialización de la sucesión: 1. El Senador Ortíz acompaña en
helicóptero a la Senadora Jeanine Añez a una reunión con Luis Fernando Camacho.
¿Los militares operativizando el cambio de mando presidencial? Si. Los mismos
que le sugirieron a Evo Morales renunciar. 2. El Senador Murillo reconoce ante
un funcionario del Senado que lo que van a perpetrar es inconstitucional, pero
que hay legitimidad conseguida con las movilizaciones callejeras. 3. Jeanine
Añez recibe a la jerarquía de la Iglesia Católica en el despacho de la
Presidencia del Senado, oficina de la que dispone sin pedir permiso cuando
todavía ni siquiera se había armado el sainete con el que se la habilita como
presidenta de la Cámara Alta. 4. No hay registro de instalación de sesión de la
Cámara en que se elige presidenta del Senado a Añez, ni siquiera una sin
quorum. Lo que se produce es nada más que un simulacro. 5. El Senador Ortíz
controla los accesos al edificio de la Asamblea Legislativa Plrurinacional con
pititas, policías y miitares. Salvatierra y Rivero, presidenta en ejercicio de
la Cámara de Diputados,, son impedidas de ingresar a la Plaza Murillo por los
uniformados (miércoles 13 por la tarde), uno de los cuáles zamarronea a la
presidenta del Senado y amaga con llevársela detenida, incidente que no tiene
registro audiovisual, o que si existe fue cuidadosamente archivado por los
medios afines a la conspiración senatorial. 6. El Senador potosino Edwin
Rodríguez, que en su momento formara binomio por los Demócratas junto a su
colega Ortíz, y renunció a su candidatura para apoyar entre líneas a Mesa, es sustituído por su suplente sin justificación
alguna. Él manifiesta que había entablado negociaciones con senadores del MAS
para recomponer la directiva de la Cámara. 7. Los senadores del MAS, Omar Aguilar,
Efraín Chambi y Eva Copa establecen trato fluído y contínuo con su ex colega
Senador Murillo que el 13 de noviembre jura como Ministro de Gobierno. Conforme
se va consolidando el régimen de facto, Copa elude comunicarse con Evo Morales
que en ese momento ya se encontraba en Ciudad de México en calidad de asilado
político.
El gobierno del virus
El 24 de enero de 2020 Jeanine
Añez ya no era sólo presidenta transitoria de facto. Se convirtió en candidata
para las elecciones que serían dos veces pospuestas con el pretexto del “estado
de excepción” al que nos somete la invasión del coronavirus. Sus colegas
senadores recibieron datos de una encuesta que la apuntaban como la opción de
la unidad para enfrentar al MAS. Se emocionaron de tal manera con la posibilidad,
que creyeron tocar el cielo con las manos y en ese exacerbado estado de ánimo
gobernaron operativizando tareas, que ahora se develan: 1. Decreto que libera
de responsabilidades penales a militares ante la inminencia de la represión y
masacre en Sacaba-Huayllani, Senkata y El Pedregal. 2. Combate a la pandemia
con la compra irregular de unos respiradores que nunca funcionaron. 3. Combate
a “sediciosos” y “terroristas” con gases lacrimógenos que también se compran a
través de un business armado entre
Murillo y sus amigos de juventud expertos en la materia, prófugos de la
justicia paraguaya, entre otros datos de prontuario. 4.Criminalización,
persecución, apresamiento, detenciones domiciliarias, detenciones en centros
médicos, extorsiones concertadas entre el poder político y fiscales, torturas,
conjunto de acciones represivas contra ex autoridades, dirigentes sociales,
empresarios y ex funcionarios gubernamentales de la última administración de
Evo Morales. 5. Puesta en funcionamiento de un aparato persecutor mediático
(Unitel, Brújula digital, Página Siete y un largo etcétera) con participación
de civiles que hacen vigilias en puertas de domicilios particulares a cambio de
vales para hamburguesas. 6. Permisividad con organizaciones irregulares como la Resistencia Juvenil Cochala que
siembran el terror en la zona sur de la ciudad. En resumidas cuentas,
violaciones a los derechos humanos a la orden del día. ¿Y la presidenta de la
Asamblea Permanente, Amparo Carvajal? Bien gracias. Sigue en el cargo.
Hacia los seis meses de su
ejercicio, el de Áñez se consolidó como un gobierno virulento en el literal
sentido de la palabra. Murillo amenazaba, reprimía y giraba de cacería por todo
el el país. Ortíz, continuó como Senador hasta que en junio se contagió de Covid-19
ya como ministro de Desarrollo Productivo, que lo dejó fuera de combate por
aproximadamente un mes para regresar directamente en julio a ocupar la cartera
de Economía y Finanzas Públicas. Ortíz estaba en todas y en el show televisivo
de estos días no figura. Parece haber quedado convenientemente escondido,
perdiéndose de vista su rol como negociador en las reuniones de la Universidad
Católica y como parte del equipo de Senadores junto al propio Murillo, Áñez y
Yerko Nuñez de una sucesión en que una parte del partido de Rubén Costas, los verdes del Movimiento Demócrata Social
(MDS), es decir ellos mismos, tomaron el control del gobierno.
Una vez capturado y consolidado
el nuevo poder, los senadores Ortíz, Murillo y Nuñez, según diversas versiones
periodísticas, efectuaron declaraciones públicas vinculadas a aprietes contra
empresarios sindicados por afinidad al MAS, que sufrieron presiones y
extorsiones judiciales, y de otros negocios vinculados al diésel y a la
gasolina.
Borrar del mapa político a Evo Morales
Luis Fernando Camacho, protegido
por un aparato de expertos guardaespaldas extranjeros durante los veintiún días
de la crisis de 2019, hijo de un empresario al que se vincula al paramilitarismo
del golpe de Banzer en 1971, es de convicciones anticomunistas, lo mismo que
Tuto Quiroga y Oscar Ortíz, de acuerdo al
manual de las dictaduras militares de los 70. Al igual que Mesa y Doria
Medina coinciden en que era hora de eliminar del sistema político a Evo
Morales, un nacionalista de izquierda, defensor de la soberanía de los recursos
naturales, y de ninguna manera un socialista o comunista como lo pudieron haber
sido Fidel Castro y el Che Guevara. Ese enceguecimiento caracterizado por una
equivocada lectura sobre su perfil ideológico, los llevó a actuar de manera precipitada y sin
horizonte estratégico. No preveyeron que a Murillo y a su aparato no les
interesaba el país, ni proyecto político alguno. Solamente llegaron a tomar el
poder para hacer unos cuantos negocios groseros que les pudieran asegurar el
futuro cuando estos quedaran fuera de la actividad pública.
El Plan B era Jeanine Presidenta.
Sí o sí. Habría que corregir al autor de la frase, Samuel Doria Medina, en
sentido de que ese fue desde un principio el plan A de representantes
políticos, Iglesia Católica y Unión Europea. Y para su ejecución armaron una
figura pretendidamente jurídica en forma de comunicado institucional que no se
sostiene constitucionalmente. Los participantes de las reuniones de la
Universidad Católica fueron los negociadores del golpismo. Los senadores Ortíz,
Murillo, Áñez, y un poco más atrás Nuñez, son los autores de la consumación de
los hechos. Un golpe de Estado es la toma ilegal del poder, más específicamente
de la presidencia de un país, y eso es lo que sucedió entre el 10 y el 12 de
noviembre de 2019.
Jeanine Áñez ha sido la víctima propiciatoria de este plan
alocado, producto de la ansiedad y un grado de improvisación de gravísimas
consecuencias para Bolivia. El golpe, a la larga, fue funcional al MAS. Regresó
al poder luego de un paréntesis de un año con un contundente triunfo en las
elecciones del 18 de octubre de 2020, sin que se necesitara al insustituible
Evo en la papeleta. El precio más alto de este atentado contra la institucionalidad
democrática es el de la masacre de 38
ciudadanos, cuyas familias hasta ahora no encuentran justicia.
Publicado en La Razón el 20 de junio como parte de la serie Memoria y Archivo
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