Para quienes
suelen treparse a algún púlpito en el plan de ofrecer directrices sobre los
deberes del periodismo, es oportuno hacer notar que no todos juegan a la
dicotomía del fraude o golpe de Estado en estos tiempos postraumáticos de
interrupción de la democracia y autoritarismo de transición producida entre el
12 de noviembre de 2019 y el 7 de noviembre de 2020.
El 20 de octubre
de 2019 pudo haberse generado un fraude electoral y eso no quita que a
continuación, como producto de la indignación por aquél hecho, también
resultara posible optar por una salida inconstitucional luego de la renuncia
del presidente Evo Morales. Una vez producida la sucesión, sobre la que venimos
abundando en argumentos acerca de los motivos que nos llevan a afirmar que la
asunción de Jeanine Áñez estuvo caracterizada por la ilegalidad, el gobierno
que la ex senadora encabezó, disponía de todos los instrumentos, incluido el
año de ejercicio del poder, para encontrar pruebas reales e incontrastables
sobre el presunto fraude. No sucedió aquello. El informe vinculante de la OEA,
admitido en esos términos por el gobierno de Evo Morales, nunca llegó a
demostrar técnica y jurídicamente en qué consistió con precisión y detalle el
proceso fraudulento, esto es, en qué mesas electorales se habría producido, con
la manipulación de qué y cuántas actas para fraguar los resultados planeados a
la medida del binomio del MAS, y así sucesivamente para llegar a la conclusión
de cuántos votos o qué porcentajes fueron finalmente los registrados como fraudulentos.
En consecuencia,
lo que tenemos hoy siguen siendo consignas: “Fraude monumental” o “no fue golpe
fue fraude”, y otras frases de prosapia republicana, trasladadas a las redes
sociales con las que no se demuestra absolutamente nada. En cambio, sobre la
sucesión inconstitucional los datos verificables son cada vez más evidentes en
los planos político (Asamblea Legislativa), militar (sugerencia de renuncia y
movimientos de efectivos), policial (motines y represión callejera) y
ciudadano: Civiles “haciendo justicia” por mano propia como la Unión Juvenil
Cruceñista y la Resistencia Juvenil Cochala. Supongo que a eso, un personero de
la corporación de opinadores que publica a control remoto le llama “formidable
convergencia de fuerzas sociales e institucionales”.
Capturados el
pasado 3 de julio los comandantes de la Fuerza Aérea, Jorge Gonzalo Terceros y
de la Armada, Almirante Gonzalo Jarjuri, conviene recuperar algunos indicios
sobre la participación del primero en la administración de aeronaves militares
entre el 9 y el 12 de noviembre de 2019, días en los que Evo Morales dejó el
gobierno para ser sustituído por la Senadora Jeanine Áñez.
En la edición
del 20 de junio de esta serie periodística (Memoria y Archivo, Los senadores
que impusieron la presidencia de Jeanine Añez) publicamos la siguiente versión con respecto de los
contactos que mantenía Tuto Quiroga con el Comandante de la Fuerza Aérea, Jorge
Gonzalo Terceros: “Tuto Quiroga se encargó de comprometer al comandante de la
Fuerza Aérea, Gral. Jorge Gonzalo Terceros, para que tal condición (la salida
de Evo Morales del país), previa a
cualquier diálogo, se cumpliera. Las representantes del MAS que conversaron con
Quiroga entre el lunes 11 y el martes 12
(Salvatierra, Morales, Rivero), no sabían que cuando Evo Morales, Alvaro García
Linera y Gabriela Montaño aterrizaron en Chimoré (domingo 10 por la noche),
estaban siendo inicialmente conducidos a la zona militar del aeropuerto muy
probablemente para ser detenidos, decisión cambiada por el piloto de la nave
ante una advertencia hecha por García Linera que dijo que con la marea cocalera
que esperaba en la plataforma principal podía generarse una tragedia
espeluznante. Una vez en tierra, los ex mandatarios y la ex ministra de Salud fueron envueltos por
sus compañeros hasta ser internados monte adentro, donde policías y militares
no pudieran llegar para capturarlos.”
En su edición
del miércoles 7 de julio, producto de una entrevista concedida a la red Uno de
televisión, el diario El Deber apunta siete mentiras establecidas por Alvaro
García Linera con respecto de la declaración informativa ofrecida por el Gral.
Terceros al Fiscal Omar Mejillones ( 3 de julio, hs. 23:17) en calidad de
sindicado. Entre ellas figura la relacionada con nuestra versión periodística
que queda confirmada: “García Linera dijo que Terceros mintió al decir que se
reunió con Evo Morales el 10 de noviembre; también aseguró que el exjefe
militar ordenó guardar el avión presidencial para que no traslade a Morales de
El Alto a Chimoré y que, una vez en el Chapare, los hizo aterrizar en el hangar
militar y no en el aeropuerto. Opinó que su intención era detener al
exmandatario y al ex vicepresidente.” Esta información ya se conocía gracias a
una conversación sostenida en diciembre de 2019 en Buenos Aires con una fuente
confiable, ciudad en la que Evo Morales, en su calidad de refugiado político,
en entrevista ofrecida a la emisora televisiva C5N, el 15 de ese úlitmo mes del año, apuntó al Gral. Terceros como
“principal golpista”.
Leída con
detenimiento y detalle su declaración informativa ante la Fiscalía, es evidente
que el ex comandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) no fue preguntado por el
episodio del hangar militar de Chimoré. Habría sido interesante tener alguna
respuesta para comprobar hasta qué punto el ahora jubilado militar estaba
diciendo la verdad. Cuándo se le consultó si conocía a Jeanine Añez, a líderes
cívicos y a otros políticos fue tajante: “No conozco a nadie”. Pero cuando el
Fiscal, a continuación, requiere respuesta sobre si entre el 10 y el 12 de
noviembre de 2019 habló con Tuto Quiroga, dice textualmente: “No recuerdo
haberme comunicado con él”. Si se comparan ambas afirmaciones, la una es rotunda e indiscutible, mientras
que la otra es de esas en que para no mentir, se decide salir por la tangente,
pretextando olvido. Lo interesante de
esta parte de la conspiración que terminó con la caída de Evo Morales es que
Quiroga no desmintió autorizaciones de
vuelos y llamados por celular que el lunes 11 de noviembre se produjeron para
que una vez convenida la salida de Evo en avión mexicano, vía Paraguay, las
representantes masistas aceptaran sentarse a conversar en la Universidad
Católica por quienes fueron durante cuarenta y ocho horas dueños del destino
constitucional del país, sin sustento representativo y jurídico alguno, por
obra y gracia de la jerarquía eclesiástica que convocó a una primera reunión el
mismo domingo 10 de noviembre.
Para que no haya
ni la más mínima duda acerca de la
actuación de Tuto Quiroga, La Razón se encargó de recordárnoslo en su edición
digital del 7 de julio: “ Tras la dimisión del presidente Evo Morales, el
exmandatario Jorge Tuto Quiroga admitió, el 12 de noviembre de 2019, que
gestionó con autoridades de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) el vuelo del jefe
del MAS rumbo a México, donde estuvo asilado por un mes/…/ “A todos ustedes
quiero pedirles disculpas, que comprendan que ayer tuve que hacer algo que
nunca pensé que iba a tener que hacer, gestiones con la Fuerza Aérea Boliviana
para que el tirano salga de Bolivia, a fin de que pacifiquemos el país”,
comentó en un video que fue difundido en redes sociales, pero luego fue
retirado.”
En este
contexto, en mi columna Contragolpe del 5 de diciembre de 2020, afirmé lo
siguiente: “… decirle cobarde a Evo Morales por haber salido del país en noviembre
del año pasado, cuando fue él (Tuto) quien intercedió ante el Gral. Jorge
Terceros, comandante de la Fuerza Aérea, ya que del puñado de golpistas entre
los que por esas horas se movía /…/ era el más lúcido: “Si Evo Morales se queda
en el país, el nuevo gobierno no aguanta”, pensaba, por lo que era aconsejable
que se le diera el visto bueno para salir hacia México vía Paraguay.” Con este
significativo dato, quienes afirman que
el lunes 11 de noviembre, Evo y Alvaro todavía mandaban sobre las
Fuerzas Armadas, buscan vanamente desvirtuar los hechos conspirativos aquí
descritos.
Dice Terceros
que sólo estuvo para la foto en la conferencia de prensa ofrecida por el Gral.
Williams Kalimán cuando “sugirió” a Evo Morales renunciar. En otras palabras se
trataba, según su declaración jurada,
casi de un convidado de piedra, ante lo que cabría preguntarle: ¿Quién autorizó
los vuelos de los aviones T-33 el 9 de noviembre sobre Achacachi y Viacha? ¿Quién
ordenó los vuelos rasantes sobre La Paz de los aviones K-8 el 11 de noviembre
en plan de amedrentamiento? La respuesta a esta última pregunta la dio el
propio Kalimán a radio Fides en diciembre de 2019: Él mismo junto a sus
comandantes. Sigamos. ¿Quién facilitó el helicóptero H425 Z-9 Harbin para que
Jeanine Añez y Oscar Ortíz pudieran llegar hasta el Colegio Militar de Ejército
de La Paz el lunes 11 de noviembre, a objeto de reunirse minutos después con
Luis Fernando Camacho que los esperaba en el hotel Casa Grande? Se sabe que ese
mismo helicóptero, el H425 es el que se utilizó para disparar sobre la
población civil en Senkata el martes 19 de noviembre. Estas preguntas llevan a una conclusión
incontrastable: Había una coordinación civil militar que facilitaba tareas y en
ese contexto encaja perfectamente el rol jugado por el padre de Camacho (José
Luis) que se habría acercado a militares y policías “para que no salieran a
reprimir al pueblo” o dicho de otro modo, para que se insubordinaran violando
la Ley Órgánica de las Fuerzas Armadas contra su Capitán General, Evo Morales.
Los comandantes
de los regimientos Calama, Ingavi, Bolívar, Bilbao la Vieja, Lanza, Ayacucho y
del Batallón Vidaurre decidieron no intervenir en la crisis porque consideraban
peligrosísimo entrar en acción sin un panorama con órdenes expresas. En ese
contexto es el mismo Terceros quién declaró ante el Ministerio Público que el
Gral. Grover Rojas increpó a Kalimán pidiendolé que “ordene que salgan a los
militares para defender al pueblo”, a lo que el Comandante en Jefe respondió
“que pueblo vamos a defender, porque los dos que se están enfrentando son el
pueblo.” Este panorama deja en claro las tensiones instaladas entre comandantes
y Estado Mayor, estructura de la que formaba parte el Gral. Rojas, el Gral.
Luis Fernando Valverde (con detención preventiva por los hechos de Senkata
desde el 1 de abril) y el Gral. Sergio Orellana que sucedería en el Comando en
Jefe a Kalimán, una vez consolidada la presidencia de Áñez. En la actualidad,
Orellana, el “desaparecido en acción” en noviembre de 2020, se encontraría en
algún lugar de Colombia debidamente camuflado por los habitantes de alguna
ciudad populosa.
LABERINTO MEDIÁTICO
En los últimos
quince días, el brazo mediático que jugó un rol determinante de consolidación
del gobierno de Jeanine Áñez patalea duro y parejo en el frenético intento de
querer tapar el sol con un dedo. Quiere instalar la idea de que Evo pretendía
incendiar La Paz con dos mil personas. Que García Linera dijo que quince mil
campesinos generarían un baño de sangre si no permitían el despegue del avión
hacia México. Que Evo debe declarar ante la Fiscalía por pirómano. Que la
Iglesia Católica les ofreció la presidencia a una senadora y a una diputada del
MAS. Que esto. Que aquello. Y lo de más allá. Es decir, convirtiendo el
ejercicio periodístico en un manojo de conjeturas, del dice que dice, cuando
las verdades materiales de lo acontecido se encuentran en los hechos
consumados, no en las suposiciones o en las interpretaciones forzadas de los
colaboracionistas del golpe o de los analistas de manual. Será por la
insosteniblidad de sus pretendidos argumentos que varios de ellos dejaron de
redactar esos penosos panegíricos en forma de columnas de opinión y emprendieron
la retirada, una vez recuperada la democracia a través del voto popular.
EL FACTOR CIVIL
Los militares no
iban a tomar el poder, aunque a Luis Fernando Camacho una junta civil militar
le pareciera la mejor fórmula. Una decisión de semejante vuelo significaba un
golpe al estilo de los años 70, por lo que había que maquillar con un delgado
revestimiento “lo más cercano a la constitución”, la resolución final luego de
conseguido el derrocamiento de Evo Morales. En ese contexto, el jugador
decisivo se llama Oscar Ortíz Antelo, Senador del Movimiento Demócrata Social (MDS),
que preguntó a Adriana Salvatierra y Susana Rivero el martes 12 de noviembre “¿qué
hacen ustedes aquí? (Universidad Católica) Esto hay que resolverlo en la
Asamblea.” Se sabe que en las reuniones auspiciadas por curas y embajadores,
Ortíz ni se sentó en la mesa. No abrió la boca. Su discreción era estratégica.
¿Quién pregunta
hoy por Ortíz? Nadie. Puede darse el lujo de tomar café con el editor de un
diario cruceño a media mañana de un día cualquiera en un café del Tercer Anillo.
Puede escribir y publicar sobre la ausencia de Estado en el diario paceño de la
derecha, cuando es bien sabido que quién condujo todo el operativo en el Senado
para colgarle la banda presidencial a Jeanine Áñez sin posesión en la Asamblea,
fue él, con el acompañamiento de su colega y entonces amigo Arturo Murillo,
quién pasaría al frente de las acciones gubernamentales a partir del 13 de
noviembre cuando fue posesionado como Ministro de Gobierno.
Ortíz acompañó
en helicóptero militar a Jeanine para aterrizar en Irpavi (Colegio Militar de
Ejército) y reunirse con Camacho, el macho alfa de la revuelta cívica pitita.
Lo suyo era el razonamiento con vistas a quitarle la personería jurídica al
MAS, pero eso hubiera sido encaminado si Áñez no se tragaba la versión de que el
plan de su colega era generar un par de movidas en el Senado, para remplazarla
poco tiempo después en la presidencia, intriga a cargo del Murillismo, que
impuso el estilo atrabiliario y represivo que le significó un desgaste que
permitió la recuperación de la musculatura masista. En buenas cuentas, Ortíz
tenía un proyecto político, y Murillo un proyecto personal –por eso está preso
en Miami, ya se sabe con detalle—que terminó siendo funcional a los intereses
del partido azul.
Ortíz continuó
como Senador, probablemente barajando posibilidades acerca de su influencia en
el gobierno transitorio hasta que la pandemia trastocó los planes de la propia
presidenta y de su mano derecha que sin pudor le corregía al oído frente a
cámaras, y que obligaron a la reorientación gubernamental, al extremo de que el
propio Ortíz quedó fuera de combate aquejado por la enfermedad que lo postró
durante aproximadamente un mes. Cuando estuvo listo para volver, Murillo ya se
había consolidado como el Taita del poder y las ambiciones ideológicas y
estructurales de Ortíz habían quedado en el canasto. Todo se había reducido a
perseguir, encarcelar y extorsionar a masistas y a quienes lo parecieran, de
hacer negocios con barbijos, respiradores, gases lacrimógenos, y con lo que se
pudiera, al punto que el Senador cruceño terminó destituido del cargo de
Ministro de Economía por la presidenta a la que él había encumbrado a la silla,
al declararse contrario a la privatización la empresa de Luz y Fuerza Eléctrica
Cochabamba (ELFEC), gestión en la que por supuesto, también mandaba Murillo.
Los esfuerzos civiles y militares terminaron desembocando en una desatrosa
transición que terminó con el regreso del MAS al gobierno, más temprano de lo
previsto, producto de una suma de atropellos y atrocidades.
Publicada en La Razón el 11 de julio como parta de la serie Memoria y Archivo.
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