La caraqueña

 

Nilo Soruco es el autor del himno boliviano de los exiliados y perseguidos políticos. “La exiliada” es su título original, pero como fue compuesta en la capital venezolana por el cantautor tarijeño, forzado a salir del país por la dictadura de Banzer, se la conoce popularmente como “La caraqueña”, que se convirtió en el testimonio del extrañamiento a la patria, obligados por el anticomunismo de los 70. Dirigentes políticos de izquierda, sindicales, universitarios, artistas progresistas, tuvieron que dejar el territorio nacional,  huyendo de los regímenes represivos de Barrientos, Banzer y García Meza en los que el Terrorismo de Estado se convirtió en práctica cotidiana.

Las nuevas generaciones que no conocen de guitarreadas y cánticos contra los milicos autoritarios y fascistoides de los 70-80, no saben que en el 196 aniversario de la independencia boliviana, el presidente Luis Arce Catacora cantó “La caraqueña” junto a Savia Andina cambiando el “ya la pagarán no llores prenda pronto volveré” por el “ya la pagarán fachos de mierda…” tal como se acostumbraba a entonarla en tiempos universitarios. Se trata en realidad de la versión combativa contra el autoritarismo, que supimos cantar a voz en cuello en esos tiempos. Era algo así como una catarsis frente a la conculcación del estado de derecho y a las violaciones a los derechos humanos de la época. La liberación nacional tuvo mucho que ver entonces con la creatividad y los textos de nuestros músicos y poetas.

La persecución, la tortura, la desaparición forzada y el asesinato político caracterizaron las actuaciones de esos militares y paramilitares, fachos de mierda, como bien dice la gran canción de Nilo y para desgracia de nuestra hoy plurinacional Bolivia, las botas y las charreteras se apoderaron nuevamente de calles, plazas y carreteras durante el oprobioso 2019-2020 de un gobierno que debió ser exclusivamente de transición hacia nuevas elecciones y se distorsionó por obra y gracia de quienes lo concibieron, pero fundamentalmente de los que lo mal gestionaron, convirtiendoló en una combinación de acciones propias de policía política y de asaltos de diversas magnitudes a las arcas del Estado.

Debiera provocarles algo de vergüenza, pero para ellos es más importante el autoconvencimiento de que no  hubo golpe, de que no son golpistas. Que lo único que sucedió fue un fraude electoral y que a continuación se abrieron las compuertas hacia la liberación de la tiranía encabezada por Evo Morales. Son impresionantes por el cuero duro con el que declaran a diario. Nada más observando los hechos con un mínimo de acuciosidad se comprueba que el supuesto fraude no fue jamás debidamente investigado por quienes debieran haber sido los primeros interesados en demostrarlo. Una vez más se durmieron en sus laureles subestimando a las masas bolivianas, despreciando su capacidad de movilización y de protesta. Creyeron que la mesa estaba servida para quienes en ese momento se llenaban los bolsillos con negociados de distintos calibres y  para los que canturreaban con soberbia su próxima llegada al gobierno poniendo fin a la era del MAS-IPSP.

“La caraqueña” de Nilo Soruco ya lleva casi medio siglo de existencia y el Presidente Arce Catacora cometió un gran acierto en volverla a cantar como se debe, minutos después de que recordara en su discurso pronunciado en el nuevo hemiciclo de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que fue gracias al bloqueo nacional de caminos y a la huelga general movilizada e indefinida determinada por el Pacto de Unidad y  la Central Obrera Boliviana (COB) en agosto de 2020, que finalmente llegáramos a las elecciones presidenciales del 18 de octubre que acabaron con esa nefasta transición promovida por candidatos perdedores, senadores, curas católicos, embajadores y asesores tirasacos, expertos en alabanzas diarias a sueldo.

La creatividad artística resulta tantas veces premonitoria en la historia de los pueblos. “La caraqueña” de Nilo Soruco es una rotunda prueba de ello. Quienes tuvieron que salir de Bolivia entre noviembre-diciembre, escapando de la persecución emprendida por el gobierno de Jeanine Áñez, seguramente podrán hacer suya esta letra que forma parte de nuestra historia política y de luchas sociales: Nadie le pondrá murallas a nuestra verdad/ Nunca el mal duró cien años ni hubo pueblo que resista/Ya la pagarán, no llores prenda  (fachos de mierda), pronto volveré. 

Los medios de comunicación que publicaron el “cambio de letra” de “La caraqueña” a cargo del Presidente Arce, demuestran no conocer la historia contemporánea de Bolivia. No saben que el primer orgulloso de cantarla con el “no llores prenda” o el “fachos de mierda” es ese inolvidable y querido maestro chapaco, Nilo Soruco, autor de esta y muchas otras inolvidables cuecas que fornan parte de nuestro acervo musical.

Originalmente publicado en la columna Contragolpe del diario La Razón el 14 de agosto

El tiempo en Bolivia gira ahora a la izquierda

 

Dicen los militantes del orden establecido que ahora el reloj del edificio histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional gira al revés. ¿Por qué deberíamos aceptar que las manecillas de la hora y los minutos deben siempre girar a la derecha, como si se tratara de una verdad única? ¿Por qué, si ahora giran a la izquierda desde junio de 2014, estarían dando vuelta de manera incorrecta, contraviniendo convenciones universales? Este asunto comenzó a relativizarse cuando aparecieron los relojes digitales con los cuáles aprender la hora en el primero de primaria dejó de ser una necesidad ineludible, en tanto las manecillas fueron sustituídas por los números concretos de horas, minutos y hasta segundos. A partir de entonces, los relojes clásicos con horero y minutero se convirtieron en exquisiteces preferidas por espíritus clásicos en los que predomina el respeto por el pasado occidental y eurocéntrico y por las tradiciones mundanas de las grandes urbes.

Fue el ahora Vicepresidente David Choquehuanca el que expuso las razones por las que tenemos el reloj de la plaza Murillo de La Paz, girando por siniestra, considerando que siniestra significa mano izquierda y no otra cosa, como los fanáticos de las películas de terror creen. En aquél tiempo, Choquehuanca era el Canciller del Estado Plurinacional de Bolivia y argumentó decisión tan fundamental afirmando que había que ser desobedientes y creativos para tener éste que se llama Reloj del Sur, considerando que en nuestro hemisferio la sombra se mueve hacia el otro lado –no al revés como dicen los que creen que toda la vida en tiempo y espacio deber ir por derecha—tal como lo hace la sombra de los relojes solares como bien apunta Marc Redondo en Meteored (Tiempo.com).

Han transcurrido siete años de la instalación de este reloj, que dicho sea de paso, implica la visibilización de una mirada ideológica distinta, la de los pueblos del llamado Abya Yala, nombre de nuestro continente según los indígenas gunas de Panamá y Colombia que significa “tierra en plena madurez” o “tierra de sangre vital” y que se opone al nombre de América debido a que el navegante Américo Vespusio, tripulante de la travesía de Colón, fue el primero en avistar esta parte del mundo en 1492, arribando del otro lado del charco.

Cuando nuestro tiempo empezó a girar hacia la izquierda según el reloj del primer órgano institucional de la democracia que dejó de llamarse Parlamento o Congreso, para convertirse en Asamblea Legislativa Plurinacional, empezaban a germinar ideas con respecto de la sustitución de los palacios y las casonas de instituciones públicas que caracterizaron al Estado colonial republicano y eso se puede comprobar ahora, cuando observamos desde distintas zonas de La Paz, dos edificios de 22 y 29 pisos construidos en lo que fueron los garajes del Palacio de Gobierno con salida por la calle Ayacucho y del antiguo Parlamento, con puerta hacia la calle Colón, cuadra entre las calles Ballivián y Comercio.

En 2018 se produjo  la inauguración de una nueva estructura para el funcionamiento de las oficinas de la Presidencia del Estado Plurinacional. Se trata de un edificio que a distancia se percibe como un gigantesco monolito de concreto, acero y ventanas polarizadas, con incrustaciones de la iconografía de los pueblos indígenas de tierras altas y bajas. El concepto de Palacio, habitado desde tiempos remotos por gobernantes provenientes de familias reales –reyes, príncipes, etc.—y que mantuvo su nombre en las repúblicas modernas fue sustituído en Bolivia por el de Casa Grande, una torre como le llamarían los arquitectos, que no es más ni menos que una caja rectangular que cobija al personal burocrático de la presidencia del Estado y de cinco ministerios que dejaron de pagar alquileres a privados para convertirse en propietarios de sus espacios horizontales de trabajo.

La Casa Grande del Pueblo no es otra cosa que un convencional edificio de oficinas, aunque en su momento la primera ministra de Comunicación del gobierno de Jeanine Áñez, Roxana Lizárraga, hubiera intentado montar la idea de que se trataba de un lugar repleto de lujos innecesarios, exponiendo mediaticamente con ánimo morboso, las sabanas del apartamento asignado al Presidente del Estado. Quienes en su momento calificaron la obra como un despilfarro y hasta se atrevieron a proponer que se convirtiera en un hospital público, todavía no comprenden que en un casco urbano histórico hace varias décadas destrozado por la construcción de edificios colindantes con las antiguas edificaciones –el edificio Arco Iris enfrente de la Villa de París, calles Comercio esquina Socabaya, por ejemplo—el gobierno decidió resignificar a una pieza de antigüedad el neoclásico Palacio Quemado con escalinata de marmól imperial y pilastras dóricas, jónicas y corintias, espejos biselados, moblaje Luis XVI bañado con pan de oro,  sillones rococó, tapices de Beauvais,  tapices bermellón crema y rosa, y cortinaje verde esmeralda en el Salón de los Espejos.

El Palacio de Gobierno inaugurado en 1853 por Manuel Isidoro Belzu y en el que fue muerto por un riflero y se vivara a continuación a Mariano Melgarejo, fue diseñado por José Nuñez del Prado  y remodelado en los gobiernos de Ismael Montes (1913) y en el de Bautista Saavedra (1923) para celebrar el centenario de la fundación de la República. En él también fueron asesinados los presidentes Agustín Morales (1872) a manos de un sobrino suyo y Gualberto Villarroel (1946), al que se arrojó del balcón principal hacia la calle, para luego colgarlo en la farola de enfrente, situada a pocos metros del llamado Kilómetro Cero de la Plaza Murillo.

Tiene mucha historia el Palacio y entre los datos que casi nadie conoce, figura la eliminación de un mural de Miguel Alandia Pantoja que el dictador René Barrientos, mandó a retirar por contener alusiones explícitas y contrarias a las actuaciones de las Fuerzas Armadas en tiempos posteriores a la Revolución de 1952. Algunos años más tarde, en el gobierno de Jaime Paz Zamora se recuperaron sus colores interiores originales crema y pardo, en el de Jorge Tuto Quiroga se blindaron las ventanas del despacho presidencial  y en el de Carlos Mesa se recuperó parte de la decoración de 1923. El año 2019, cuando en un arrebato de nostalgia y retorno simbólico a la vieja República, Jeanine Áñez decidió no utilizar el despacho de la novísima Casa Grande, la Unesco ya le había otorgado  el Escudo Azul, creado en 1954, distinción orientada a proteger bienes culturales.  El episodio más legendario, nunca plenamente confirmado, se habría producido el 2 de agosto de 1938, en este que ahora exhibe la calidad de museo y alberga a algún ente estatal cuando el presidente Germán Busch le habría propinado al escritor Alcides Arguedas unas cuantas bofetadas, hasta hacerle sangrar los pómulos, reprochándole su “Pueblo enfermo”. Dice también la leyenda que en el Palacio se pueden escuchar llantos nocturnos y de madrugada de espíritu que datan del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX.

Horrible. Un adefesio. Un despilfarro. Rompe con la armonía arquitectónica de lugar tan histórico y fundacional de Bolivia. Esas y otras críticas le han llovido a la Casa Grande que tiene ahora debajo al Palacio que cobijó un último acto antidemocrático en su salón de los Espejos: La irregular posesión e investidura de Jeanine Áñez que recibió la banda presidencial de parte de oficiales militares. Lo cierto es que el Palacio de tantos episodios, desde su primera versión construida por manos indígenas y que comenzara a ser edificado en 1559 ha cedido paso a una Casa Grande que mirada interiormente tiene formas arquitectónicas inspiradas en Tiahuanacu en concordancia con su fachada y características exteriores.

La  que fuera propiedad original de la Compañía de Jesús (sacerdotes jesuitas) construida en honor de la Vírgen de Loreto en 1852, y en 1830 se convirtió en un salón de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), y que finalmente diera lugar a la construcción del Palacio Legislativo durante la presidencia de José Manuel Pando, luego de la guerra federal  inaugurada en 1905, dejará de ser el recinto de senadores y diputados que conforman la Asamblea Legislativa Plurinacional que funcionará en el nuevo edificio con estructura antisísmica con salas de sesiones para las dos cámaras, así como con un hemiciclo específico para interpelaciones a autoridades provenientes de otros órganos del Estado.

El también neoclásico edificio histórico del parlamento boliviano diseñado por el arquitecto
Antonio Camponovo, que fuera cerrado durante las dictaduras militares y reabierto para la puesta en funcionamiento de la Asamblea Popular convocada por la Central Obrera Boliviana (COB) en1971, durante la presidencia del Gral. Juan José Tórres Gonzáles, con el liderazgo de Juan Lechín Oquendo y el Partido Comunista de Bolivia (PCB), se convertirá en la vieja expresión simbólica de una vida institucional democrática atiborrada de altibajos y que con la recuperación del Estado de Derecho en 1982, nos permitió escuchar a memorables oradores como Marcelo Quiroga Santa Cruz por el Partido Socialista -1 y a astutos moderadores como Wálter Guevara Arce, presidiendo el Senado.

Con el tiempo girando hacia la izquierda, la Casa Grande sustituyendo al Palacio Quemado, y el nuevo edificio remplazando al viejo Palacio Legislativo, el Movimiento al Socialismo (MAS) ha cambiado la Plaza Murillo y sus inmediaciones en quince años. Evo Morales y Alvaro García Linera inauguraron la Casa Grande del Pueblo en 2018. Luis Arce y David Choquehuanca harán lo mismo con la flamante Asamblea Legislativa Plurinacional este 2021, mientras todos quienes ejercieron y todavía mantienen roles desde las oposiciones partidarias deben resignarse a que estas transformaciones de fuerte simbolismo, expresan un nuevo tiempo y un nuevo espacio en una Bolivia que ya sólo podrá recordar como parte de un pasado superado, por ejemplo la gran casona donde se encuentra el colegio San Calixto, en la manzana conformada por las calles, Genaro Sanjinés, Indaburo Pichincha y avenida Armentia, y fuera propiedad del Mariscal Andrés de Santa Cruz, o el Museo Nacional de Arte y la Villa de Paris, propiedad del descuartizador de Tupac Katari, Francisco Tadeo Diez de Medina, Alcalde Ordinario de la ciudad de La Paz.

A la Casa Grande del Pueblo, la nueva edificación de la Asamblea Legislativa Plurinacional que le han significado al Estado una erogación de aproximadamente 100 millones de dólares, hay que sumar el nuevo edificio del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, situado en la esquina de la avenida Mariscal Santa Cruz y calle Loayza, el segundo edificio de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) que se encuentra al lado del Ministerio de Justicia en la avenida 16 de Julio (El Prado) y la nueva sede de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) entregada en mayo pasado con el nombre de su recientemente desaparecido Secretario Ejecutivo, Orlando Gutiérrez, y que se encuentra situada exactamente en la que funcionara la Central Obrera Boliviana (COB) donde paramilitares asesinaron a Marcelo Quiroga Santa Cruz el 17 de julio de 1980 (golpe de García Meza) y allá donde se encuentra un histórico árbol, plaza Venezuela, en el que tantas veces se podía ver siempre erguido, durante las mañanas, a su mítico Secretario Ejecutivo, Juan Lechín Oquendo,  con un cigarrillo apagado entre los labios en esa batalla que sostenía diariamente para dejar de fumar tabaco. Otro tiempo, el del reloj que gira a la izquierda, y otros espacios son los que caracterizan a la Sede de Gobierno, en estos inicios de la tercera década del Siglo XXI.

Publicado en La Razón el 01 de agosto como parte de la serie Memoria y Archivo.

De regreso a la tribu

 

Messi conecta por videollamada con su familia, se dirige a Ciro, su hijo menor, y le muestra eufórico la medalla que acaba de recibir por la obtención de la Copa América 2021. “Ciro mirá!” le dice como si fuera su hermano mayor, ese que acaba de hacer los deberes de la escuela, fue obediente con papá y mamá, ayudó en los quehaceres domésticos, fue de compras a la verdulería, hizo las tareas asignadas como chico querendón de su familia y obtuvo como premio el permiso para ir a patear pelota en la cancha del barrio.

Atravesado el planeta por la desgracia a la que nos ha conducido el corona virus, las imágenes de la celeberación celeste y blanca por el épico triunfo frente a la Canarinha no nos muestran a ganadores trepados al podio de la celebración cual si fueran rock stars.  Lejos están de las gesticulaciones de la altanería y la autosuficiencia. Lo que hacen es festejar como si se tratara de la primera tribu de la humanidad: Llantos, abrazos, besos, agradecimientos a los cielos con los brazos extendidos, todo eso dentro una rígida burbuja sujeta al protocolo anticontagios. Los hombres, las mujeres, los niños pueden volver a apretarse, a llorar de felicidad, a agradecer por todos los favores y bienes recibidos a quienes les ayudaron a hacerse personas.

En los paneles de la televisión argentina, las entrevistas son con las compañeras, novias o esposas, los hermanos, los padres, los tíos, y los abuelos de esa tribu futbolera que a través de la magia y la buena energía conjuncionó la gesta colectiva con la guía inspirada de un genio que termina siendo tan igual que ellos. Grita igual, putea igual, llora igual, celebra igual.  Es Messi, pero es tan de carne y hueso que se resbala en la puerta brasileña, lo que le impide la apoteosis total del que habría sido el segundo gol enviando a un descomunal diván psicoanalítico a todos los torcedores encabezados por el presidente más inhumano que haya tenido Brasil en su historia, Jair Bolsonaro, ese que representa a esa otra tribu, la de los intolerantes, los violentos, los exterminadores, los fascistas que odian a afros, indios, gays, lesbianas y chicas trans.

En el impecable césped del Maracaná hay millones de millones de dólares, pero eso vale nada en esos minutos de desborde emocional que nos  retornan a la primigenia idea del juego: Messi y Neymar se funden en un abrazo de hermanos, de panas, de cuates, de compañeros, de amigos, y luego se sientan a charlotear y reir junto a Leandro Paredes, compañero del 10 brasileño en el Paris Saint Germain. No recuerdo haber sido testigo de homenaje semejante al sentido profundo del fútbol porque transcurridos los 95 minutos reglamentarios, pasadas las tensiones de ese que es divertimento y combate al mismo tiempo, los protagonistas vuelven a su condición de sujetos de la cotidianidad donde la rivalidad queda extinguida por valores que deben siempre prevalecer y que pasan por la escucha y la comunicación.

La celebración es más emocionante que el partido. El riesgo era no sólo jugar contra la verde amarilla, sino también contra el árbitro, el VAR, algunos intereses de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), factores terrenales contrapesados en la corte celestial desde donde Diego Maradona hacía fuerza para que Argentina volviera a ganar un torneo después de 28 años y Messi lo consiguiera por primera vez.

Desde su breve estatura, Messi levanta a su tocayo, al seleccionador Lionel Scaloni, con los brazos de un gladiador que nunca desistió de intentar hasta lograr un trofeo con la albiceleste. Sin grandes pergaminos, sin un marketing periodístico que lo ayudara a negociar más miles de dólares de los miles que ya le pagan, el entrenador junto a históricos de la generación Pekerman, que conforman su cuerpo técnico --Pablo Aimar, Walter Samuel, Claudio López—hizo del equipo nacional argentino esa tribu capaz de superar las camarillas y las roscas. Las personas se impusieron a las trayectorias, y así Messi, Di María, el Kun Agüero y Otamendi les pasaron las mejores ondas de sus grandes itinerarios a compañeros con un carisma y una vocación ganadora como Emiliano Martínez, ese cíclope del arco que le atajó tres penales a Colombia para meter a su equipo en la final, como Rodrigo De Paul que envió de viaje al esférico hacia los pies del “Fideo” como si se tratara de una interminable travesía entre Buenos Aires y Rio de Janeiro, para que éste colgara el balón a Ederson que tuvo que girar la cabeza para comprobar que la tenía adentro. 

Cuando la selección argentina devolvió a sus integrantes a sus familias, las imágenes eran las de personas que habían extrañado a sus compañeras, a sus hijos, a sus padres, a sus abuelos, a sus sobrinos, a sus tíos y a algunos amigos y conocidos del barrio. La deshumanización y el empobrecimiento espiritual al que nos ha llevado la pandemia, fueron superados durante un par de días contra esa abrumadora, absurda y mal llamada nueva normalidad, porque la única normalidad es la del sentido existencial que pasa por los afectos, los compromisos emocionales cotidianos con los que amanecemos para seguir en la lucha.

 

Contragolpe, columna publicada en La Razón el 31 de julio

 

 

Noviembre 2019 - Noviembre 2020: Una transición de persecuciones y masacres

 

La discusión acerca de si se produjo o no un golpe de Estado entre el 10 y el 12 de noviembre de 2019 se ha hecho bizantina. Se ha convertido en una cortina de humo con la que “los transitorios” eluden la discusión de fondo acerca de la naturaleza ideológica y las acciones desplegadas por el gobierno de Jeanine Áñez, sobre todo a partir de la administración del aparato coercitivo del Estado con resultados trágicos en materia de respeto a la ciudadanía y a los derechos humanos.

En el contexto en el que se maneja, Áñez debería estar bien enterada de la historia de la persecución política en Bolivia. Debería saber cuáles fueron los motivos para el descuartizamiento de Túpac Katari durante la colonia, cómo los gobiernos del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) del 52 al 64 del pasado siglo persiguieron, encarcelaron, torturaron y mataron, por izquierda y por derecha , a dirigentes mineros con militancia en el trotskismo y en el Partido Comunista de Bolivia (PCB) y a militantes de la Falange Socialista Boliviana (FSB).

Como ex senadora, ex presidenta, y ex candidata a la presidencia, está en la obligación de saber en qué consistió esa persecución política como instrumento de control del poder que se caracterizó por el encarcelamiento, la desaparición y el asesinato de bolivianos en las dictaduras militares que  rigieron Bolivia entre 1964 y 1980.  También debería estar enterada que ya en democracia, a partir de 1982, los métodos de violencia política a través de la vejación y la eliminación física del adversario dieron paso a una judicialización de la política o a una politización de la justicia. Esto signficaba dejar atrás la policía política --el Control Político de  Claudio San Román, mastín de oscuros ministros de gobierno--, los campos de concentración y los centros de confinamiento, para circunscribir las persecuciones de unos contra otros a procedimientos operados por el ministerio público y un aparato judicial cooptado por el poder político, métodos lamentablemente utilizados en la llamada democracia pactada (MNR-ADN-MIR), por jerarcas del Movimiento al Socialismo (MAS) especialmente a partir de 2015, pero también, y sin modificar un ápice su modus operandi, por su propio gobierno, ese que debió circunscribir sus acciones al llamamiento a nuevas elecciones en el lapso de tres meses luego de la anulación de los comicios del 20 de octubre de 2019. 

Ahora que Áñez reclama por considerarse víctima de persecución política, tiene que saber, si hasta ahora no hay quién se lo haga notar, que en menos de un año, tratando de dirigir el país desde el viejo Palacio Quemado, los índices de la persecución política en sus variadas formas superaron los de sus antecesores.  Sin contar los 37 muertos de Sacaba-Huayllani, Senkata y El Pedregal, la cacería anunciada y ejecutada por su principal colaborador, aquél que corregía sus palabras al oído en actos públicos sin pudor alguno, Arturo Murillo, Ministro de Gobierno, generó resultados de criminalización de ex funcionarios con montajes sobre presuntos casos de corrupción, encarcelamientos en los que se utilizó la tortura física y psicológica, agresiones físicas callejeras contra supuestos simpatizantes y militantes del Movimiento al Socialismo (MAS) a cargo de grupos civiles de choque secundados por uniformados de la Policía Boliviana, agresiones, amenazas y acallamiento de medios de comunicación vinculados a organizaciones sociales que salieron a las calles levantando whipalas. La cifra no confirmada es de 1500 personas, desde perseguidas hasta encarceladas y procesadas, hasta aquellas  con detenciones preventivas y detenciones domiciliarias.

Quién se declara perseguida política y hace menos de un año presidía un gobierno en el que la persecución y la violencia política se instalaron en la cotidianidad, tendrá que encontrar en algún momento alguna explicación congruente de lo que hicieron sus fieles colaboradores que consumaron, entre muchos otros hechos de corrupción, un grosero negociado con la adquisición de materiales antidisturbios que dieron lugar a que su ministro del horror terminará encarcelado en Miami. ¿Será posible admitir que Áñez no sabía a dónde se metía cuando declaró desde Trinidad a la red televisiva Unitel al final de la tarde de 10 de noviembre de 2019 que llegaría a La Paz a asumir la presidencia del Estado porque le correspondía? ¿Nunca se enteró la presidenta accidental cómo en realidad hacía,  pero sobre todo deshacía Bolivia uno de los auspiciadores de su llegada a la silla, el ex senador Arturo Murillo? ¿Será que Áñez nunca ordenó la detención de algún poderoso del MAS, lastimada por la suerte que corrieron parientes suyos de San Joaquín, Beni, acusados de narcotráfico?

Áñez tiene que saber que en 1921 se produjo la primera masacre de la historia republicana en Jesús de Machaca (1) por explotación, expropiación de tierras y abusos del corregidor Luis Estrada. Que en aquella ocasión 1500 militares asesinaron a 119 pobladores ,incendiaron 130 viviendas, robaron ganado y encarcelaron a muchos pobladores. Tendrá que enterarse también que en 1923, en la masacre de Uncía la Federación Obrera se movilizó para pedir la liberación de dos dirigentes sindicales abusados por la Patiño Mines. Otra vez los militares abrieron fuego y se las arreglaron para desaparecer a algunos de los muertos en los hornos de fundición de minerales, que según datos oficiales fueron 9. Áñez tiene que saber que en 1942 se produjo la matanza de Catavi en el campo María Barzola con 20 muertos y 200 heridos a manos de 200 efectivos militares, tiempos del gobierno de Enrique Peñaranda en que la Patiño Mines pretendía comercializar el estaño, el wolfram y la quinina para involucrar a Bolivia en el bloque de aliados en la segunda guerra mundial y los trabajadores protestaban por los bajos costos en el mercado internacional de lo que producían.

Áñez tiene que saber que en 1947 se produjo la masacre de Potosí cuando el sindicato de metalurgistas de la empresa Unificada de Mauricio Hochschild movilizó al comando de la policía de la ciudad que reclamaba por la liberación de dos de sus compañeros, detenidos por órdenes de la Junta de Gobierno presidida por Tomás Monje Gutiérrez. En esta circunstancia, los muertos de los que tampoco se tienen números  cayeron del lado minero y también del policial. En 1949, los mineros de siglo XX se movilizaron por incrementos salariales, cumplimiento de un laudo arbitral, pago por desahucios e indemnización por despidos. La Patiño Mines, respaldada por el gobierno de Mamerto Urriolagoitia derivó en la detención y el exilio a Chile de la dirigencia minera, lo que provocó una asamblea para lo toma de rehenes exigiendo la liberación de los detenidos. Resultado: 1500 militares intervinieron el campamento minero, lo que produjo un combate y los rehenes terminaron muertos. El  29 de mayo fueron masacrados 40 trabajadores y quedaron heridas 80 personas, entre ellas, mujeres y niños y el 30 de mayo fueron fusilados entre 200 y 300 trabajadores, y  destrozadas sus viviendas.

Áñez tiene que saber que en 1967 se produjo la masacre de San Juan en los centros mineros de Catavi y Siglo XX ordenada por el dictador René Barrientos cuando los trabajadores celebraban junto a sus familias alrededor de fogatas: 20 muertos, entre 70 a 80 heridos y alrededor de 200 desaparecidos. Se trataba de reprimir el intento de los mineros de reproducir un movimiento parecido al de la guerrilla del Che Guevara. Trece años después, durante la dictadura de Hugo Banzer, en 1974, se produjeron las masacres de Tolata (16 muertos y 42 desaparecidos) y Epizana (15 muertos y 20 desaparecidos) luego de la devaluación de la moneda de 12 a 20 pesos bolivianos en el tipo de cambio al dólar estadounidense y la generación de la pérdida del poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores.

Áñez tiene que saber que en 1996 se produjo la llamada masacre de navidad que comprende las localidades de Amayapampa, Capasirca y Llallagua debido a la oposición de los trabajadores mineros a inversionistas extranjeros, a la defensa de los recursos naturales y sus fuentes de trabajo, y al repudio al nuevo código de minería favorable a los empresarios. La respuesta del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada fue la movilización con mil efectivos militares y policiales que generó 11 muertos y 50 heridos. Según el Gral. Hernán Aguilera, el presidente de la República ordenó la intervención con arsenal de guerra. Más adelante se producirían  la guerra del Agua (2000) en el gobierno democrático del Gral. Banzer por la adjudicación de Aguas del Tunari a manos privadas, y la guerra del gas (2003) originada en el gobierno de Jorge Tuto Quiroga quién  planteó la venta de gas a otros mercados a través de Chile, intención que trató de concretar el segundo gobierno de Sánchez de Lozada con empresas transnacionales y que desató movilizaciones ciudadanas que fueron respondidas con el Plan República encarado de manera conjunta entre militares y policías que dio lugar a la muerte de 65 personas. Ese hecho provocó la instauración de un juicio civil en Fort Lauderdale, estado de Florida, EE.UU por parte de los familiares de las víctimas que en sentencia condenatoria conmina a pagar al ex presidente, la suma de 10 millones de dólares.

Luego de haber estudiado la carrera de Derecho en la Universidad del Valle de Trinidad es muy probable que Áñez haya tomado algún conocimiento de las guerras del Agua, del Gas y por supuesto que de la masacre del Porvenir (2008) acaecida en el departamento de Pando donde murieron 20 campesinos y quedaron heridos 40. Los trabajadores rurales marchaban hacia Cobija, capital del departamento, francamente opuestos a que el prefecto del departamento, Leopoldo Fernández controlara las instituciones públicas y se impusiera el estatuto autonómico, cuando corría el tercer año de gobierno de Evo Morales.

Las masacres de las que sí tiene conocimiento Áñez son las de Sacaba y Senkata, más las muertes producidas en El Pedregal de la Zona Sur de La Paz y en Montero, Santa Cruz. En aquella oportunidad ella y su equipo de ministros firmaron un decreto (4078) que eximía a las Fuerzas Armadas de responsabilidades penales en caso de que las circunstancias exigieran abrir fuego contra ciudadanos que se movilizaban defendiendo al gobierno y a la permanencia de Evo Morales hasta el final de su mandato previsto para enero de 2020. Con solamente 14 días de vigencia, el 28 de noviembre de 2019, la presidenta transitoria abrogó el decreto “en consideración a que gracias a Dios y a la comprensión de todos los sectores del país, hemos logrado la ansiada pacificación” declaró y justificó su dictación afirmando que fue aprobado porque “el gobierno tuvo que asumir la medida porque enfrentó acciones violentas que nunca antes habíamos visto”…a cargo de esas fascinerosas ordas masistas como diría alguno de sus colaboradores.

La expresidenta Áñez, constitucional para las clases medias urbanas antievistas, de facto para las organizaciones populares,  guarda detención preventiva en el recinto penitenciario de Miraflores de La Paz, como presunta responsable de genocidio, asesinato, lesiones  graves, lesión seguida de muerte, asociación delictuosa, privación de libertad, desaparición forzada de personas, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incumplimiento de deberes.

Se trata de dos tipos de delitos necesarios de diferenciación a partir del antes y el después de asumida la presidencia del Estado Plurinacional. Las contravenciones al ordenamiento jurídico se refieren a cómo Áñez, en su condición de segunda vicepresidenta del Senado, accedió a la presidencia del Estado, es decir, a partir de un comunicado emanado del Tribunal Constitucional sin carácter vinculante, sin pasar por los requisitos que la Asamblea Legislativa Plurinacional exige, no sujetos a intepretación alguna.  Los delitos que habría cometido ya como presidenta en  materia de derechos humanos, están relacionados con las muertes de 37 personas y agresiones por parte de efectivos militares y policiales en localidades de los departamentos de Cochabamba, Potosí, La Paz y Santa Cruz.

Este es el cuadro de situación objetivo de la señora Áñez que aduce persecución judicial en una carta enviada a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de NN.UU., Michelle Bachelet. Para decirlo en términos coloquiales, la ex senadora y ex presidenta de Bolivia se considera una perseguida política. Por “pensar distinto” agregarían los adeptos a los lugares comunes, que difícilmente logran explicar qué significa ese “pensar distinto” más allá de un abierto y rabioso antimasismo, y todo lo que signifiquen organizaciones sociales de indígenas, campesinos, obreros y trabajadores agremiados y no agremiados a los que se estigmatiza de corporativistas y autoritarios.

Habrá que esperar la reacción de Áñez ante el informe que ya entregó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) enviado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 23 de noviembre de 2020 y sobre el que el Secretario Ejecutivo de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, con el sentido de oportunidad y el descaro que le dicta su experiencia ya se manifestó el pasado 14 de julio: “un minuto de silencio por los caídos de Sacaba y Senkata”.

Los defensores del “fraude no golpe” encabezados por Áñez, Mesa, Tuto Quiroga, Ortíz, Camacho, Doria Medina ya deben saber que el GIEI incluye en su informe presentado al gobierno constitucional de Luis Arce y que será vinculante, el resarcimiento a las víctimas (a los familiares de estas), observaciones a las actuaciones de la justicia boliviana y a las responsabilidades estatales por la violencia de 2019. Si bien Sacaba y Senkata serán referencias fundamentales, figuran observaciones a los hechos posteriores de las elecciones anuladas del 20 de octubre y a los acuerdos firmados por el gobierno de Áñez para “pacificar el país” hacia la mitad del mes de diciembre de 2019.

Las muertes irreparables, producto de la resistencia popular en defensa de convicciones y valores democtráticos son nodales en el informe y por el ello el GIEI considera necesario un plan de reparación integral con fuerte énfasis en el aspecto psicológico e indemnización para los familiares de los caídos, víctimas de la bala militar, así como en los aspectos judiciales con recomendaciones de juicios penales, civiles y administrativos. Quienes vulneraron derechos humanos quedarán mencionados con nombres y apellidos en el informe a partir de distintos grados de responsabilidad penal, así como en materia de preceptos internacionales en la materia, dependiendo de los  grados violatorios a la vida, la libertad, la expresión del pensamiento, el voto e incluso la sucesión constitucional.

Si el viejo lobo Almagro se adelantó a homenajear a las víctimas de Sacaba y Senkata, admitiendo que hubo masacres, la ex senadora, ex presidenta y ex candidata presidencial Jeanine Áñez ya sabe que su nombre quedará inscrito en la historia de la docena de hechos luctuosos que cegaron la vida de bolivianos y bolivianas desde 1921 (Masacre de Jesús de Machaca) por defender sus ideales y sus convicciones políticas armados de piedras y palos frente a la bala asesina sobre la que nuestro libertador y fundador Simón Bolívar dijo: “maldito sea el soldado que apunte sus armas contra su propio pueblo”(grafiti que puede leerse en una esquina de la calle René Moreno de Santa Cruz de la Sierra, a una cuadra de la plaza principal).

Más allá de lo inconstitucional de su mandato, de no haber observado la sucesión constitucional, a Jeanine Áñez le tendrá que ser dificultoso seguir enarbolando la bandera de sus derechos, cuando ya no hay dudas acerca de cómo su gobierno violó los derechos de bolivianas y bolivianos durante su ejercicio del poder con muertos, heridos, perseguidos, encarcelados y torturados. Persecución y violencia política son las marcas fundamentales del régimen que presidió.

Publicado en La Razón el 25 de julio como parte de la serie Memoria y Archivo

 

En el país de Anabel Angus y Unitel

 

En el primer año del tercer mandato de Evo Morales (2015), la televisión en Bolivia había cambiado, ante la reconfiguración política y social del país, desplazandosé hacia las plataformas del espectáculo y el entretenimiento en primer lugar, relegando a la información y al análisis de la actualidad noticiosa informativa a un segundo plano. Se trataba de una decisión estratégica en lo comercial y en lo político.

Considerábamos entonces que se había producido un cambio de prioridades de los medios de comunicación en Bolivia a partir de la puesta en vigencia de la nueve Constitución Política del Estado (CPE) validada en el referéndum del 25 de enero de 2009. A partir de ese momento, las fuerzas empresariales comunicacionales inscritas en la lógica del mercado, decidieron situarse en zonas en las que la política y el acontecer público nacional con altos niveles de conflictividad dejaran de ser de primer orden, para dar paso a una establecimiento de prioridades comerciales que tienen un primer elemento central en el entretenimiento y que en términos de producción y puesta en el aire audiovisuales pasa por franquicias de reality shows o programas de concursos que por ejemplo a Unitel, red nacional televisiva con más alto rating de entre todas las del espectro nacional, le permitió posicionarse lejos de aquella agenda que pasaba por la defensa intransigente de los intereses hacendales y terratenientes de las tierras bajas, dado que el gobierno nacional penetró en los sectores empresarial agroexportador y ganadero, rayandolés la cancha en la que quedaban separados los negocios de la política.

En la misma línea de lecto-escritura de la realidad boliviana, que la apropiada por la red de la familia Monasterios (Unitel) desde una lógica estrictamente mercantil y de fabricación de necesidades de consumo, la red UNO del grupo Kuljis emuló a su más inmediata competencia y decidió apostar también por el entretenimiento de los eventos concursables de danza y canto con marca internacional, emitiendo un inequívoco mensaje al poder político cuando decidió despedir a su principal conductor, Enrique Salazar (mayo de 2015), por haber irrespetado a la ministra de Comunicación, Marianela Paco, en el programa “Que no me pierda”. De esa manera lo periodístico noticioso terminaba siendo desterrado de las prioridades del medio y a cambio se entronizaba el show y el espectáculo como aspecto prioritario de su programación.

“No queremos pelear con el gobierno” era el mensaje de fondo por lo que se decidió un rumbo informativo levemente diferenciado entre las emisiones para el oriente y para el occidente del país, pero muy alejado del estilo crispado y radical con el que se había combatido a Evo Morales y a su gobierno hasta días previos al triunfo de Sí a la nueva constitución en las urnas. A partir de entonces, cesaría de manera casi terminante, la amplificación de los mensajes sesgados y tendenciosos contra el gobierno que fueron moneda corriente entre 2006 y 2008. Cesaría, en términos concretos, el concertado rol opositor de la televisión privada contra el gobierno, encabezado hasta entonces por Unitel con Ximena Antelo como mascarón de proa.

Unitel y la Red UNO, habían decidido poner el acento en ese precepto que dice que la televisión es en primer lugar un negocio y que más vale jugar a fortalecer la pauta publicitaria con anunciadores privados, renunciando a la radical línea opositora que había ejercido hasta 2008, cuando todavía las formaciones políticas alineadas detrás de los intereses de la clase dominante republicana, en lo político y en lo económico, creían que podían derrocar el proyecto político del MAS que ya llevaba más de una década de vigencia.

Como  ya no era posible continuar apostando a las encerronas de dirigentes indígenas y campesinos, para ser triturados en los sets televisivos preparados para excitar el morbo de las clases medias, las dos redes televisivas con mayor alcance en cuanto a señal y captura de audiencia, Unitel y Red UNO, ejecutaron una traslación de contenidos informativo noticiosos hacia la crónica roja y hacia la descripción superficial de los hechos que producen a diario la política y la economía.

Se trataba entonces de decisiones tácticas coyunturales, mientras el MAS continuara sellando su proyecto político hegemónico, de copamiento y control de las instancias públicas centrales y con tendencia a penetrar también las zonas autonomistas a través de los municipios en los que la resistencia política de una oposición desparramada e inconexa se presentaba débil y se encontraba desprovista de potencia para la lucha diaria en los intentos de socavar la construcción del proyecto nacional popular en vigencia.

Por eso puede resultar llamativo para quienes tienen práctica en el uso de la Memoria y el Archivo, que Unitel y la Red UNO nada tuvieran que ver con lo que el Ministro de la Presidencia de entonces, Juan Ramón Quintana, etiquetó como Cartel de la Mentira, a propósito de la instalación mediática del Caso Zapata como dispositivo informativo electoral que fue útil en el torpedeo manipulatorio del referéndum del 21F y que inscribió a una radioemisora (Erbol), una agencia de noticias (Anf) y a dos diarios (El Deber y Página Siete) como los presuntos socios promotores de una afinada red político mediática que habría influído significativamente en las decisiones del Soberano para que el No se impusiera por apenas dos puntos y fracción, neutralizando de esta manera el objetivo de buscar una nueva reelección para el binomio Morales-García Linera en las elecciones que se producirían en 2019 y consiguiendo una primera victoria significativa para la oposición en la última década en la comprensión de que como a Evo no se le puede ganar en las urnas, era imperativo eliminarlo del ruedo electoral a través de la voluntad popular, no importando si se ganaba por media nariz.

En ese nuevo momento comunicacional que vivió Bolivia, según la lectura estratégica y militar del Ministro Quintana, dos medios impresos y una radio de alcance nacional terminaron superando a la televisión en términos de influencia de opinión, cosa que hasta las elecciones de 2014 no había sucedido, debido a que se tenía asumido que los medios televisivos en primer lugar, casi a la par con las radioemisoras de alcance nacional –Erbol, Fides, Panamericana-, influían decisivamente en los criterios de las audiencias y potenciales electoras del país, quedando en lugar de incidencia menor en términos masivos, los diarios y las páginas web.

Para que esto fuera posible, la irrupción de las redes sociales fue fundamental porque una cuenta de Facebook o Twitter hace a cada ciudadan@ un periodista sin cartón académico, pero capaz de generar círculos de debate y opinión que se retroalimentan y que tenía, por ejemplo, en la Agencia de Noticias Fides (ANF), en los diarios Página Siete y El Deber, y en la red ERBOL (el “Cártel de la Mentira”), los traductores mediáticos de los contenidos políticos que a la oposición le interesaba masificar –viralizar en las redes—con el propósito de influir terminantemente en los criterios de esa misma clase media, por lo menos en una porción significativa y decisiva de ella a la hora del voto, que apostó a quebrar la democracia pactada y el canon neoliberal dominante en el país durante dos décadas (1985 – 2005) con la elección de un político –Evo Morales- con paradigma ideológico y visión de país opuestos a los esgrimidos por los hasta entonces actores intercambiables del neoliberalismo.

La televisión que ayudaría a hacer contrapeso a las grandes cadenas antigobierno, adquiridas por empresarios supuestamente sintonizados con el oficialismo –ATB y P.A.T.—no jugaron el rol paraestatal que se les atribuyó, utilizando como argumento el favorecimiento de la pauta publicitaria gubernamental a dichas televisoras. Se trata de canales de televisión que en algunos sentidos privilegiaron la agenda gubernamental y de la gestión pública en sus distintas expresiones, pero en su manejo general de programación de formas y contenidos, siguió respondiendo a una visión comercial en la que impera el sexismo, el entretenimiento frívolo sin contenidos ideológicos y el periodismo noticioso informativo “neutro”, tan “independiente” en forma y fondo como los medios que se proclaman defensores de un periodismo que rechaza los supuestos rasgos gubernamentales, autoritarios y violatorios de la libertad de expresión.

En la arena de los medios oficiales, de estructura propietaria estatal, Bolivia TV fue la televisora que acentuó su rol de transmisor en directo de los eventos gubernamentales masivos, con prioridad en la agenda presidencial de Evo Morales, y consolidó un perfil sesgado y unilateral, donde la pluralidad de voces era practicamente inexistente. Su fortaleza residía en su potente señal, ya que esta llega hasta donde el resto de las televisoras privadas no pueden, diseminando así el mensaje rutinario informativo del gobierno sin grandes matices y sin propensión alguna a la deliberación y a la confrontación de puntos de vista.

La incidencia de las estaciones televisivas con alcances parciales en lo nacional, y las locales departamentales, tiene otras características donde coexisten la publicidad estatal en sus distintas expresiones y la vinculada a la iniciativa privada de bienes y servicios. Destacaba por su enfoque apolítico Bolivisión, parte de una cadena de televisoras situadas en distintos países de América Latina, de propiedad mexicana; Radio Televisión Popular (RTP) con su misión-visión de “Comunidad de la vida”, donde lo originario y ancestral, emparentado con lo ecológico tienen importancia, lo mismo que el entretenimiento musical popular de las esferas cholas paceñas, mientras que en lo noticioso  presentaba un enfoque plural.

Con el panorama hasta aquí descrito tenemos que las redes televisivas de alcance nacional presentaban las siguientes características esquemáticas:

1.            Unitel y Red UNO. Prioridad: entretenimiento. Característica informativa dominante: Crónica roja. Información oficial y opositora como fuentes, tratadas de manera epidérmica, sin apuesta por líneas editoriales claras e ideológicamente identificables.

2.            ATB y P.A.T. Prioridad: entretenimiento. Característica informativa dominante: Agenda abierta con temáticas política, económica, social,  de seguridad, y deportes. Línea editorial tenue, privilegiando en algunos capítulos la agenda gubernamental y la gestión pública. Un par de programas con entrevistas fueron sus cartas, con acento oficialista y con agenda híbrida entremezclada, en que los temas de fondo quedaban tapados por los desfiles y concursos de belleza y el fútbol.

3.            Bolivia TV oficialista, sin matices. Util informativamente hablando, pero sin gran tratamiento periodístico por géneros y formatos. Muy unilateral, sesgada en su manejo de contenidos. Estigmatizada como medio al servicio de la imagen presidencial.

La prueba más rotunda de que la televisión dejó de ser trinchera opositora a ultranza del gobierno es que Evo Morales y Alvaro García Linera se pasearon por todas las estaciones televisivas participando en programas especiales durante la campaña por el Sí previa al referéndum del 21 de febrero de 2016.

ANABELLE Y LA  TRANSICIÓN GUBERNAMENTAL

Resignada la televisión privada con altos índices de audiencia a que el MAS gobernaba el país demasiados años en el contexto de los períodos presidenciales bolivianos, Unitel fue perfeccionando sus estrategias de marketing y sofisticando sus puestas en escena, y para ello, la figura excluyente se llama Anabelle Angus, comunicadora social graduada con nota máxima de tésis, conductora de programas infantiles y juveniles en sus inicios, y estrella indiscutible de “Calle Siete” (franquicia originada en Televisión Nacional de Chile), un programa inscrito en la onda de los reality shows en que jóvenes mujeres y varones concursan por equipos, muestran sus destrezas psicomotrices y exhiben unos muy cincelados cuerpos de gimnasio.

Anabelle tiene más de un millón de seguidores en Facebook y 920 mil en Instagram. Debe ser la envidia de políticos y opinadores pretenciosos que tienen un 50% de seguidores falsos como si fueran verdaderos, muy lejos, por supuesto, de los acumulados por la exitosa Angus. Muchas chicas y chicos de las ciudades quisieran ser como ella: De gran porte, muy empática y carismática como animadora televisiva del show más visto de la televisión boliviana desde 2014 que continúa vigente. Suficiente con caminar por todos los puestos de las Siete Calles, la zona comercial más tradicional y popular de la Santa Cruz antigua para verificar que todos, en distintos tamaños y modelos de televisores, tienen sintonizado el programa de esta heroína que anima escaramuzas diarias de los equipos rojo y amarillo, condimentadas por esas recreaciones melodramáticas selladas por la competitividad y los celos. Sólo un milagro permitiría que alguna casera tuviera sintonizada otra estación televisiva.

Anabelle era la imagen indiscutida de Unitel, hasta que la estación número uno en audiencia nacional decidió convertirse en transitoria a la par de Jeanine Áñez presidenta. De hecho, la televisora fundada por el emenerrista y terrateniente Osvaldo “Pato”Monasterios (1926 – 2011), alguna vez senador cercano a Gonzalo Sánchez de Lozada, nos ha regalado un documento histórico fundamental con la senadora beniana anticipándonos el 10 de noviembre de 2019 que llegaría a La Paz a “asumir la presidencia que le correspondía” (Unitel, Trinidad) cuando todavía ni siquiera la había llamado por teléfono para ofrecerle el cargo el operador electoral de Carlos Mesa, según sus recientes declaraciones ante el Ministerio Público, ahora que se encuentra  procesada y con detención preventiva.

La transición de Jeanine Áñez fue acompañada fiel y puntillosamente por Unitel. Se convirtió en la Bolivia TV del golpismo, interrumpiendo su programación habitual para dar paso a cuanta noticia extra o de último momento surgiera “desde el lugar de los hechos”, con intensidad entre el 10 y el 20 de noviembre cuando Evo Morales se iba del poder y Jeanine llegaba gracias a la coordinación de esos que podrían considerarse los cuatro jinetes del apocalipsis boliviano: Tuto Quiroga, contraparte de la embajada de los EE.UU.; Gonzalo Terceros, comandante de la Fuerza Aérea; Óscar Ortíz, senador del Movimiento Demócrata Social (Demócratas) y Luis Fernando Camacho, presidente del Comité Cívico de Santa Cruz. 

No hay evidencias sobre si Anabelle Angus se adscribió o no a la causa pitita. A estas alturas parece un ejercicio irrelevante el intentar averiguarlo. Lo cierto es que con la catastrófica derrota electoral sufrida el 18 de octubre de 2020  por “los transitorios” como les llaman en la misma Santa Cruz, puede estar segura que otra vez vuelve a reinar en Unitel reinstalada a su zona de seguridad: “Calle Siete” y similares, entreteniendo a las audiencias bolivianas y otra vez prudentemente equidistante de la agenda informativa y noticiosa del país y sus alrededores.

Publicado el 25 de julio en La Razón como parte de la serie Memoria y Archivo

El disfraz del Embajador

 

El pasado 17 de marzo en su cuenta de twitter, el ex embajador de Jeanine Áñez ante la Unesco, Carlos Antonio Carrasco (@cochabambez) reprodujo una fotografía en la que figuran una señora vestida con pollera y sombrero de chola paceña y la otra con una falda negra bordada en la parte inferior y un sombrero blanco adornado con uno de esos hermosos textiles del norte de Potosí.  Las dos mujeres eran entrevistadas en un programa de la estatal Bolivia TV. En el twit de la Agencia Boliviana de Información (ABI) reproducido por Carrasco se lee: “Hermana de víctima de Senkata: Querían sacar los cuerpos de la iglesia para esconderlos” y para contextualizar su punto de vista, el ex diplomático residente en Francia escribe “Con sus disfraces parece carnaval”.

La despreciativa e indolente apreciación de Carrasco, lleva a aplicar el prisma que utiliza sobre estética a partir de valoraciones sobre indumentarias, para comprobar que éste doctor en ciencias políticas y dice que profesor en París, suele disfrazarse con pajarita, tipo de corbata que se anuda por delante en forma de lazo sin caídas, seguramente para seguir caminando por la vida enfermo de importancia como diría Xabier Azkargorta. Otra cosa es el diplomático español Inocencio “Chencho” Arias que viste ese tipo de adorno sobre el cuello de la camisa con liviandad y simpatía. sin ningún tipo de presunción sobre el que tiene incluso un libro autorreferencial: “Con pajarita y sin tapujos, De la superioridad moral de la izquierda a las ocurrencias de Trump y el problema nacional.” (Plaza & Janés, 2019).

Nada menos que el embajador en Misión Especial del golpismo ante la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura (Unesco) se burla del vestuario de dos mujeres bolivianas en el dramático contexto de las muertes de Senkata producidas por el gobierno al que este doctor representaba durante la transición de facto. Me puse a examinar su cuenta de twitter y encontré un conjunto de publicaciones que pintan de cuerpo entero al diplomático lambiscón, al hombre que aplaude a su Canciller, la señora Karen Longaric  y profiere insultos contra el MAS, sus personajes y alrededores, impropias de un experto en relaciones internacionales, entrenado con manuales de urbanidad y ponderación frente al prójimo. Sería orientador que leyera otro libro de Chencho Arias: “Yo siempre creí que los diplomáticos eran unos mamones” (2016).

“Con sus disfraces parece carnaval” es una frase que termina sellando la crueldad racista y el supremacismo ahora en boga con Jair Bolsonaro dirigiendo los destinos del Brasil en un contexto internacional en el que la lucha por los derechos de la diversidad humana sigue chocándose contra los muros del conservadurismo , la superioridad blanca y los brotes de organizaciones nazi fascistas. Así tuvimos que dos secretarios para asuntos hemisféricos del gobierno de los Estados Unidos (O`Reilly y Kozak) y la hija de Donald Trump, Ivanka, visitando al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, incidieron en el destino político de Bolivia entre julio y noviembre de 2019. Lo hicieron con ese espíritu imperial de control geopolítico de la región caracterizado por la injerencia y el tutelaje, en este caso contra el gobernante que condujo a Bolivia a lo que es hoy el Estado Plurinacional.

Desde embajadores traficantes de autos hasta contrabandistas de alfombras persas, Bolivia ha contado dominantemente con un servicio exterior aquejado por carencias de rigor profesional y de compromiso con los intereses del país. Nuestra Cancillería, ayer y hoy, están lejísimos de escuelas como  la brasileña de Itamaraty o la peruana de Torre Tagle donde los académicos para ejercer responsabilidades representativas más allá de las fronteras nacionales, constituyen carreras funcionarias con autonomía de quienes encabecen los gobierno de turno.

¿Un diplomático que se pavonea presentándose como representante de su Estado ante cinco países, incluída la de la Ciencia y la Cultura, --¡qué contrasentido!-- y que en el intento de ridiculizar a dos mujeres narrando sus tragedias familiares en televisión, desciende al subterráneo de la condición humana merecerá considerarse embajador? Supongo que sí para la señora Longaric, que encabezó una política exterior caracterizada por la vulneración de preceptos elementales como el del asilo político, el doctor Carrasco es todo un embajador,  disciplinado y cumplidor como ninguno.

Carrasco ha publicado un libro que titula “La última confesión de un libertino” que según reseñas es un autohomenaje relacionado con técnicas de persuasión. Según cualquier diccionario de castellano, libertino es quién actúa con libertad excesiva y abusiva. Releyendo su propio twit acerca de disfraces de carnaval, llegará a la conclusión que su libertinaje no es objeto de racismo y otras formas de discriminación.

Contragolpe, columna publicada en La Razón el 17 de julio

Aviones, helicópteros y la mala memoria del Gral. Terceros

 

Para quienes suelen treparse a algún púlpito en el plan de ofrecer directrices sobre los deberes del periodismo, es oportuno hacer notar que no todos juegan a la dicotomía del fraude o golpe de Estado en estos tiempos postraumáticos de interrupción de la democracia y autoritarismo de transición producida entre el 12 de noviembre de 2019 y el 7 de noviembre de 2020.

El 20 de octubre de 2019 pudo haberse generado un fraude electoral y eso no quita que a continuación, como producto de la indignación por aquél hecho, también resultara posible optar por una salida inconstitucional luego de la renuncia del presidente Evo Morales. Una vez producida la sucesión, sobre la que venimos abundando en argumentos acerca de los motivos que nos llevan a afirmar que la asunción de Jeanine Áñez estuvo caracterizada por la ilegalidad, el gobierno que la ex senadora encabezó, disponía de todos los instrumentos, incluido el año de ejercicio del poder, para encontrar pruebas reales e incontrastables sobre el presunto fraude. No sucedió aquello. El informe vinculante de la OEA, admitido en esos términos por el gobierno de Evo Morales, nunca llegó a demostrar técnica y jurídicamente en qué consistió con precisión y detalle el proceso fraudulento, esto es, en qué mesas electorales se habría producido, con la manipulación de qué y cuántas actas para fraguar los resultados planeados a la medida del binomio del MAS, y así sucesivamente para llegar a la conclusión de cuántos votos o qué porcentajes fueron finalmente los registrados como fraudulentos.

En consecuencia, lo que tenemos hoy siguen siendo consignas: “Fraude monumental” o “no fue golpe fue fraude”, y otras frases de prosapia republicana, trasladadas a las redes sociales con las que no se demuestra absolutamente nada. En cambio, sobre la sucesión inconstitucional los datos verificables son cada vez más evidentes en los planos político (Asamblea Legislativa), militar (sugerencia de renuncia y movimientos de efectivos), policial (motines y represión callejera) y ciudadano: Civiles “haciendo justicia” por mano propia como la Unión Juvenil Cruceñista y la Resistencia Juvenil Cochala. Supongo que a eso, un personero de la corporación de opinadores que publica a control remoto le llama “formidable convergencia de fuerzas sociales e institucionales”.

Capturados el pasado 3 de julio los comandantes de la Fuerza Aérea, Jorge Gonzalo Terceros y de la Armada, Almirante Gonzalo Jarjuri, conviene recuperar algunos indicios sobre la participación del primero en la administración de aeronaves militares entre el 9 y el 12 de noviembre de 2019, días en los que Evo Morales dejó el gobierno para ser sustituído por la Senadora Jeanine Áñez.

En la edición del 20 de junio de esta serie periodística (Memoria y Archivo, Los senadores que impusieron la presidencia de Jeanine Añez) publicamos la  siguiente versión con respecto de los contactos que mantenía Tuto Quiroga con el Comandante de la Fuerza Aérea, Jorge Gonzalo Terceros: “Tuto Quiroga se encargó de comprometer al comandante de la Fuerza Aérea, Gral. Jorge Gonzalo Terceros, para que tal condición (la salida de Evo Morales del  país), previa a cualquier diálogo, se cumpliera. Las representantes del MAS que conversaron con Quiroga entre el  lunes 11 y el martes 12 (Salvatierra, Morales, Rivero), no sabían que cuando Evo Morales, Alvaro García Linera y Gabriela Montaño aterrizaron en Chimoré (domingo 10 por la noche), estaban siendo inicialmente conducidos a la zona militar del aeropuerto muy probablemente para ser detenidos, decisión cambiada por el piloto de la nave ante una advertencia hecha por García Linera que dijo que con la marea cocalera que esperaba en la plataforma principal podía generarse una tragedia espeluznante. Una vez en tierra, los ex mandatarios y  la ex ministra de Salud fueron envueltos por sus compañeros hasta ser internados monte adentro, donde policías y militares no pudieran llegar para capturarlos.”

En su edición del miércoles 7 de julio, producto de una entrevista concedida a la red Uno de televisión, el diario El Deber apunta siete mentiras establecidas por Alvaro García Linera con respecto de la declaración informativa ofrecida por el Gral. Terceros al Fiscal Omar Mejillones ( 3 de julio, hs. 23:17) en calidad de sindicado. Entre ellas figura la relacionada con nuestra versión periodística que queda confirmada: “García Linera dijo que Terceros mintió al decir que se reunió con Evo Morales el 10 de noviembre; también aseguró que el exjefe militar ordenó guardar el avión presidencial para que no traslade a Morales de El Alto a Chimoré y que, una vez en el Chapare, los hizo aterrizar en el hangar militar y no en el aeropuerto. Opinó que su intención era detener al exmandatario y al ex vicepresidente.” Esta información ya se conocía gracias a una conversación sostenida en diciembre de 2019 en Buenos Aires con una fuente confiable, ciudad en la que Evo Morales, en su calidad de refugiado político, en entrevista ofrecida a la emisora televisiva C5N, el 15 de ese úlitmo  mes del año, apuntó al Gral. Terceros como “principal golpista”.

Leída con detenimiento y detalle su declaración informativa ante la Fiscalía, es evidente que el ex comandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) no fue preguntado por el episodio del hangar militar de Chimoré. Habría sido interesante tener alguna respuesta para comprobar hasta qué punto el ahora jubilado militar estaba diciendo la verdad. Cuándo se le consultó si conocía a Jeanine Añez, a líderes cívicos y a otros políticos fue tajante: “No conozco a nadie”. Pero cuando el Fiscal, a continuación, requiere respuesta sobre si entre el 10 y el 12 de noviembre de 2019 habló con Tuto Quiroga, dice textualmente: “No recuerdo haberme comunicado con él”. Si se comparan ambas afirmaciones,  la una es rotunda e indiscutible, mientras que la otra es de esas en que para no mentir, se decide salir por la tangente, pretextando olvido.  Lo interesante de esta parte de la conspiración que terminó con la caída de Evo Morales es que Quiroga no desmintió  autorizaciones de vuelos y llamados por celular que el lunes 11 de noviembre se produjeron para que una vez convenida la salida de Evo en avión mexicano, vía Paraguay, las representantes masistas aceptaran sentarse a conversar en la Universidad Católica por quienes fueron durante cuarenta y ocho horas dueños del destino constitucional del país, sin sustento representativo y jurídico alguno, por obra y gracia de la jerarquía eclesiástica que convocó a una primera reunión el mismo domingo 10 de noviembre.

Para que no haya ni la más mínima duda  acerca de la actuación de Tuto Quiroga, La Razón se encargó de recordárnoslo en su edición digital del 7 de julio: “ Tras la dimisión del presidente Evo Morales, el exmandatario Jorge Tuto Quiroga admitió, el 12 de noviembre de 2019, que gestionó con autoridades de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) el vuelo del jefe del MAS rumbo a México, donde estuvo asilado por un mes/…/ “A todos ustedes quiero pedirles disculpas, que comprendan que ayer tuve que hacer algo que nunca pensé que iba a tener que hacer, gestiones con la Fuerza Aérea Boliviana para que el tirano salga de Bolivia, a fin de que pacifiquemos el país”, comentó en un video que fue difundido en redes sociales, pero luego fue retirado.”

En este contexto, en mi columna Contragolpe del 5 de diciembre de 2020, afirmé lo siguiente: “… decirle cobarde a Evo Morales por haber salido del país en noviembre del año pasado, cuando fue él (Tuto) quien intercedió ante el Gral. Jorge Terceros, comandante de la Fuerza Aérea, ya que del puñado de golpistas entre los que por esas horas se movía /…/ era el más lúcido: “Si Evo Morales se queda en el país, el nuevo gobierno no aguanta”, pensaba, por lo que era aconsejable que se le diera el visto bueno para salir hacia México vía Paraguay.” Con este significativo dato, quienes afirman que  el lunes 11 de noviembre, Evo y Alvaro todavía mandaban sobre las Fuerzas Armadas, buscan vanamente desvirtuar los hechos conspirativos aquí descritos.

Dice Terceros que sólo estuvo para la foto en la conferencia de prensa ofrecida por el Gral. Williams Kalimán cuando “sugirió” a Evo Morales renunciar. En otras palabras se trataba, según su declaración  jurada, casi de un convidado de piedra, ante lo que cabría preguntarle: ¿Quién autorizó los vuelos de los aviones T-33 el 9 de noviembre sobre Achacachi y Viacha? ¿Quién ordenó los vuelos rasantes sobre La Paz de los aviones K-8 el 11 de noviembre en plan de amedrentamiento? La respuesta a esta última pregunta la dio el propio Kalimán a radio Fides en diciembre de 2019: Él mismo junto a sus comandantes. Sigamos. ¿Quién facilitó el helicóptero H425 Z-9 Harbin para que Jeanine Añez y Oscar Ortíz pudieran llegar hasta el Colegio Militar de Ejército de La Paz el lunes 11 de noviembre, a objeto de reunirse minutos después con Luis Fernando Camacho que los esperaba en el hotel Casa Grande? Se sabe que ese mismo helicóptero, el H425 es el que se utilizó para disparar sobre la población civil en Senkata el martes 19 de noviembre.  Estas preguntas llevan a una conclusión incontrastable: Había una coordinación civil militar que facilitaba tareas y en ese contexto encaja perfectamente el rol jugado por el padre de Camacho (José Luis) que se habría acercado a militares y policías “para que no salieran a reprimir al pueblo” o dicho de otro modo, para que se insubordinaran violando la Ley Órgánica de las Fuerzas Armadas contra su Capitán General, Evo Morales.

Los comandantes de los regimientos Calama, Ingavi, Bolívar, Bilbao la Vieja, Lanza, Ayacucho y del Batallón Vidaurre decidieron no intervenir en la crisis porque consideraban peligrosísimo entrar en acción sin un panorama con órdenes expresas. En ese contexto es el mismo Terceros quién declaró ante el Ministerio Público que el Gral. Grover Rojas increpó a Kalimán pidiendolé que “ordene que salgan a los militares para defender al pueblo”, a lo que el Comandante en Jefe respondió “que pueblo vamos a defender, porque los dos que se están enfrentando son el pueblo.” Este panorama deja en claro las tensiones instaladas entre comandantes y Estado Mayor, estructura de la que formaba parte el Gral. Rojas, el Gral. Luis Fernando Valverde (con detención preventiva por los hechos de Senkata desde el 1 de abril) y el Gral. Sergio Orellana que sucedería en el Comando en Jefe a Kalimán, una vez consolidada la presidencia de Áñez. En la actualidad, Orellana, el “desaparecido en acción” en noviembre de 2020, se encontraría en algún lugar de Colombia debidamente camuflado por los habitantes de alguna ciudad populosa.

LABERINTO MEDIÁTICO

En los últimos quince días, el brazo mediático que jugó un rol determinante de consolidación del gobierno de Jeanine Áñez patalea duro y parejo en el frenético intento de querer tapar el sol con un dedo. Quiere instalar la idea de que Evo pretendía incendiar La Paz con dos mil personas. Que García Linera dijo que quince mil campesinos generarían un baño de sangre si no permitían el despegue del avión hacia México. Que Evo debe declarar ante la Fiscalía por pirómano. Que la Iglesia Católica les ofreció la presidencia a una senadora y a una diputada del MAS. Que esto. Que aquello. Y lo de más allá. Es decir, convirtiendo el ejercicio periodístico en un manojo de conjeturas, del dice que dice, cuando las verdades materiales de lo acontecido se encuentran en los hechos consumados, no en las suposiciones o en las interpretaciones forzadas de los colaboracionistas del golpe o de los analistas de manual. Será por la insosteniblidad de sus pretendidos argumentos que varios de ellos dejaron de redactar esos penosos panegíricos en forma de columnas de opinión y emprendieron la retirada, una vez recuperada la democracia a través del voto popular.

EL FACTOR CIVIL

Los militares no iban a tomar el poder, aunque a Luis Fernando Camacho una junta civil militar le pareciera la mejor fórmula. Una decisión de semejante vuelo significaba un golpe al estilo de los años 70, por lo que había que maquillar con un delgado revestimiento “lo más cercano a la constitución”, la resolución final luego de conseguido el derrocamiento de Evo Morales. En ese contexto, el jugador decisivo se llama Oscar Ortíz Antelo, Senador del Movimiento Demócrata Social (MDS), que preguntó a Adriana Salvatierra y Susana Rivero el martes 12 de noviembre “¿qué hacen ustedes aquí? (Universidad Católica) Esto hay que resolverlo en la Asamblea.” Se sabe que en las reuniones auspiciadas por curas y embajadores, Ortíz ni se sentó en la mesa. No abrió la boca. Su discreción era estratégica.

¿Quién pregunta hoy por Ortíz? Nadie. Puede darse el lujo de tomar café con el editor de un diario cruceño a media mañana de un día cualquiera en un café del Tercer Anillo. Puede escribir y publicar sobre la ausencia de Estado en el diario paceño de la derecha, cuando es bien sabido que quién condujo todo el operativo en el Senado para colgarle la banda presidencial a Jeanine Áñez sin posesión en la Asamblea, fue él, con el acompañamiento de su colega y entonces amigo Arturo Murillo, quién pasaría al frente de las acciones gubernamentales a partir del 13 de noviembre cuando fue posesionado como Ministro de Gobierno.

Ortíz acompañó en helicóptero militar a Jeanine para aterrizar en Irpavi (Colegio Militar de Ejército) y reunirse con Camacho, el macho alfa de la revuelta cívica pitita. Lo suyo era el razonamiento con vistas a quitarle la personería jurídica al MAS, pero eso hubiera sido encaminado si Áñez no se tragaba la versión de que el plan de su colega era generar un par de movidas en el Senado, para remplazarla poco tiempo después en la presidencia, intriga a cargo del Murillismo, que impuso el estilo atrabiliario y represivo que le significó un desgaste que permitió la recuperación de la musculatura masista. En buenas cuentas, Ortíz tenía un proyecto político, y Murillo un proyecto personal –por eso está preso en Miami, ya se sabe con detalle—que terminó siendo funcional a los intereses del partido azul.

Ortíz continuó como Senador, probablemente barajando posibilidades acerca de su influencia en el gobierno transitorio hasta que la pandemia trastocó los planes de la propia presidenta y de su mano derecha que sin pudor le corregía al oído frente a cámaras, y que obligaron a la reorientación gubernamental, al extremo de que el propio Ortíz quedó fuera de combate aquejado por la enfermedad que lo postró durante aproximadamente un mes. Cuando estuvo listo para volver, Murillo ya se había consolidado como el Taita del poder y las ambiciones ideológicas y estructurales de Ortíz habían quedado en el canasto. Todo se había reducido a perseguir, encarcelar y extorsionar a masistas y a quienes lo parecieran, de hacer negocios con barbijos, respiradores, gases lacrimógenos, y con lo que se pudiera, al punto que el Senador cruceño terminó destituido del cargo de Ministro de Economía por la presidenta a la que él había encumbrado a la silla, al declararse contrario a la privatización la empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba (ELFEC), gestión en la que por supuesto, también mandaba Murillo. Los esfuerzos civiles y militares terminaron desembocando en una desatrosa transición que terminó con el regreso del MAS al gobierno, más temprano de lo previsto, producto de una suma de atropellos y atrocidades.

Publicada en La Razón el 11 de julio como parta de la serie Memoria y Archivo.

 

Noviembre 2019: La transición que partió a Bolivia por el eje

 

¿Alguién preguntó por la vida y el paradero del entonces primer Vicepresidente de la Cámara de Senadores, Rubén Medinacelli Ortíz? ¿Se sabe exactamente en qué momento y en qué circunstancias decidió desaparecer luego de la renuncia de Evo Morales a la presidencia en la tarde del 10 de noviembre de 2019? Pareciera que a Medinacelli se lo hubiera tragado la tierra. Se sabe que la línea de sucesión presidencial según el artículo 169 de la CPE fue acosada y amedrentada, no sólo en las personas de la Presidenta del Senado, del Presidente y la primera Vicepresidenta de Diputados, sino que fue extendida a sus familiares: La casa del padre de Adriana Salvatierra en Santa Cruz de la Sierra, el hermano de Victor Borda amenazado de muerte en Potosí, la casa de la madre de Susana Rivero en Trinidad. Todo estaba perfectamente planificado: Ninguno de los legalmente habilitados para instalar plenos camarales y generar decisiones en la Asamblea Legislativa Plurinacional, estaría en condiciones de hacerlo porque la triple vigilancia y persecución con acciones sincronizadas –civiles, militares, policías- tenía el  objetivo principal de lograr que el MAS quedara desplazado del gobierno por la fuerza.

Lo que sucedió entre el 10 y el 12 de noviembre de 2019 fue el rompimiento del poder constituido, activado por la expresión más rabiosa de la clase media urbana adscrita a una visión conservadora y étnicamente excluyente de país de la que tengamos memoria en las últimas décadas, que sacada de quicio por el prorroguismo de Evo Morales, decidió adoptar durante tres semanas lo que las organizaciones sociales bolivianas conformadas por indígenas, campesinos y obreros, utilizaron historicamente como métodos de protesta: Bloqueos y movilizaciones callejeras,  de manera que esa clase media urbana “apolítica” ampliara su radio de acción desde las redes sociales hacia los espacios públicos de los nueve departamentos de Bolivia para impugnar un fraude electoral hasta hoy no demostrado, reclamando en principio un desempate en segunda vuelta, pidiendo a continuación la anulación del acto eleccionario y finalmente presionando para que Evo Morales dimitiera a la Presidencia del Estado.

No sería presidenta del Estado Plurinacional, Adriana Salvatierra. Amedrentada por civiles, militares y policías e instruida por Evo Morales, tomó la decisión de renunciar a la presidencia del Senado. ¿Rubén Medinacelli? No se sabe, no responde. Victor Borda tampoco: Si no renunciaba y osaba aparecer por la plaza Murillo, la vida de su hermano corría peligro: El asunto estaba en manos del Comité Cívico de Potosí a la cabeza de Marco Pumari. Ojo que ninguna de las dimisiones fue formalmente tratada y aceptada porque las cámaras se vieron imposibilitadas de instalar sesiones entre el 10 y el 12 de noviembre. Susana Rivero, en cambio, se negó a renunciar y quedaba como presidenta en ejercio de la Cámara Baja. Estuvo en la Embajada de México desde el 10 de noviembre hasta la tarde del 13, día en que fue a la Cámara de Diputados, y asediada por uniformados en el hemiciclo, recompuso la directiva que a partir de ese momento presidía Sergio Choque y se marchó para dejar formalmente su diputación, recién el 6 de enero de 2020.

Neutralizada la línea sucesoria legalmente habilitada por los dos tercios con los que el MAS controlaba las dos cámaras, los ya conocidos y varias veces nombrados, usurpadores de la institucionalidad democrática –Mesa, Tuto Quiroga, Camacho, Doria Medina, Ortíz, la jerarquía eclesiástica, tres embajadores, dos ex defensores del Pueblo, Albarracín y Villena (+)--, consensuaron en la Universidad Católica de La Paz la promoción de Jeanine Áñez a la silla presidencial que un cuarteto de senadores pertenecientes a la minoritaria bancada de Demócratas, se encargó de materializar: La propia Áñez, Oscar Ortíz, Arturo Murillo y algo más atrás Yerko Nuñez se valieron de la figura constitucional con la que accedió a la presidencia Tuto Quiroga en 2001 –que sí se encontraba en la línea sucesoria en su condición de Vicepresidente—y de un comunicado institucional sin valor vinculante emitido por el Tribunal Supremo Electoral sustentando la figura del ipso facto, basada en el antecedente de Quiroga remplazando a Banzer.

Para desembocar en la ilegal posesión de Áñez en el viejo Palacio de Gobierno, sin haber sido elegida formalmente por nadie, se desencadenaron una serie de hechos que en exactamente tres semanas derivaron en la caída de Evo Morales, operados desde afuera por la OEA, el Departamento de Estado norteamericano, la Unión Europea y la Embajada de Brasil, y desde dentro del país a través de una concertación civil, policial, militar y eclesiástica que envalentonó a los civiles que con trastos domésticos y unas cuerdas improvisadas a las que Evo Morales bautizara despectivamente como “pititas”, supieron paralizar el tráfico vehicular alterando la cotidianidad con gran contundencia, endemoniados porque el mismo Morales habría osado instruir que no se abasteciera de alimentos a los centros urbanos del país. ¿Cómo? ¡Sacrilegio! ¿Los campesinos que cultivan la tierra, los que le dan de comer a señoras, señores, señoritas, señoritos, jailones y no jailones se atreverían a dejar de servir a los estupendos habitantes con pedigree familiar,  con 4x4 a la puerta, y viajes a Camboriú o a Miami? Los trabajadores de la tierra nunca habían llegado a extremos de soportar amenazas de grueso calibre y en esta oportunidad tampoco sucedería. Los campesinos y los indios tuvieron siempre la obligación de procurar todo lo necesario para las zonas de confort.

De la protesta callejera, de los cabildos en el Cristo Redentor de la Monseñor Rivero en Santa Cruz de la Sierra repletos de plegarias y la Biblia en el atril de Luis Fernando Camacho, de los bloqueos con amarres y cuatro gatos por esquina bien distribuidos por todas las zonas de La Paz y el resto de las ciudades capitales, los pititas pasaron al frente, indignados y temerosos porque “la indiada” amenazaba con descolgarse de los cerros desde Pampahasi para saquear e incendiar casas. Efectivamente sucedió que las “hordas masistas”, así calificadas por Arturo Murillo, cometieron, por ejemplo, desmanes como el producido en el Chapare donde campesinos cocaleros quemaron el Victoria Resort, --hotel propiedad de Murillo--, quién al día siguiente del atentado sufrido (11 de noviembre), informó que el edificio quedó reducido a cenizas y tuvo que esconder a sus familiares a fin de evitar consecuencias funestas. Cosa parecida sucedió con la casa del Rector de la UMSA y miembro del CONADE, Waldo Albarracin, y la presentadora de televisión Casimira Lema. ¿Eran efectivamente militantes del hasta ese momento partido de gobierno los que actuaron vandálicamente? ¿O se trataba de una confusa mezcla de actores provenientes del lumpen junto a sectores desesperados porque su presidente estaba siendo derrocado?

Los pititas tenían como guardaespaldas a policías y militares que cambiaron de dirección en sus tareas de sofocamiento de los desordenes y la violencia que decidieron vulnerar sus  roles constitucionales que les impiden la deliberación pública y la no intervención en los asuntos políticos del Estado: Le pidieron la renuncia a su Capitán General, el Presidente del Estado. Los pititas verdes, amarillos, azules y rojos fueron protegidos para arremeter, golpear, pintarrajearle todo el cuerpo y poner de  rodillas a la Alcaldesa de Vinto, Cochabamba, Patricia Arce. Lo hizo la Resistencia Juvenil Cochala que perpetró este acto de violencia cargado de simbolismo racista pisoteando la whipala para convertirla en un trapo mugroso.

Antes de que el 15 y 19 de noviembre se produjeran las tragedias de Senkata, El Pedregal y Sacaba, la Unión Juvenil Cruceñista , consecuente con su muy conocido accionar racista y discriminador, acorraló a ciudadanos y ciudadanas en Yapacaní y en Montero que terminaron encarcelados y torturados sin que a varios de ellos se les pudiera haber comprobado vinculación alguna con el Movimiento al Socialismo (MAS). Era, como se dice popularmente, “gente que pasaba por ahí”. El pasado viernes 18 de junio, este periodista tuvo la posibilidad de participar en una reunión producida en La Paz con las víctimas de las violaciones a los Derechos Humanos en las mencionadas localidades cruceñas, personas de muy limitada condición económica, hace más de un año desempleadas. En dicho encuentro se registraron 45 testimonios de hombres y mujeres, muy jóvenes todos ellos, que todavía no han sido sobreseídos por acusaciones nunca demostradas por el ministerio público. La crueldad y los comportamientos extorsivos de efectivos policiales les provocaron estancias infernales en los recintos penitenciarios en los que fueron recluidos. A fin de evitar la espectacularización de un evento como éste, dramático en su dimensión humana, de los que suele aprovecharse el amarillismo periodístico, no hubo convocatoria a los medios de comunicación. Las conclusiones de dicha mesa informativa dejaron clara la urgencia de una solución judicial para otorgar libertad irrestricta a estos ciudadanos criminalizados por militar en el partido azul o tener una relación con él, como si se tratara de un delito en sí mismo.  Sería bueno preguntarle a Jeanine Áñez y a los suyos, a Amparo Carvajal de DD.HH., al CONADE, a la Iglesia Católica, y a todos quienes facilitaron la presidencia transitoria ilegal, si esto es o no persecución política, si estas son o no violaciones sistemáticas a los derechos ciudadanos.

La Bolivia pitita, en su legítimo afán de reclamar por su voto del 21F de 2016, desconocido por el Tribunal Constitucional el 28 de noviembre de 2017, fue desplegando una serie de movimientos que pasaron de la retórica agresiva a las acciones de hecho. Los pititas verdes fueron los ambientalistas de ocasión que armaron una campaña en redes sociales demonizando como antiecológico y depredador de la naturaleza al gobierno del MAS por los incendios en la Chiquitania. Los pititas amarillos tecleaban desquiciados y producían memes en sus redes contra Venezuela, Cuba, el socialismo del siglo XXI, los cocaleros narcotraficantes, y los populistas corruptos. Los pititas azules andaban desencantados porque habían votado --¡dos veces!—por Evo y habían quedado decepcionados por su obsesión de eternización en el poder. Y los pititas rojos eran los parapoliciales y paramilitares dispuestos a mancharse las manos de sangre si era necesario para hacer justicia contra esos “masistas de mierda”, idólatras de su lider.

Los pititas de cualquier color sólo sabían a quién sacar del gobierno. No tenían idea de a quién se podía poner constitucionalmente. Su ceguera político ciudadana se verificaba en vigilias organizadas al ingreso de la zona de la Rinconada donde se encuentra la Embajada de México, o al frente del edificio de apartamentos en el que habitaba el Ministro de Gobierno, Carlos Romero, o en las puertas de medios de comunicación como la televisión estatal, y en el trajinar diario en las calles en el que si aparecía alguna cara que no fuera de su agrado, se instalaba el acoso verbal y la amenaza. Podría contarlo la chofer del pseudoperiodista Entrambasaguas, alguna vez dedicada a la producción audiovisual. O también la persona que repartía vales de comida chatarra por tantas horas de sacrificio para los vigilantes  con la misión de evitar las “fugas” de Héctor Arce, Juan Ramón Quintana, Javier Zabaleta o Vilma Alanoca de la residencia de la Embajadora de México, María Teresa Mercado.

¿Transición democrática? ¿Gesta heroica contra la dictadura? ¿Reivindicación del Estado de Derecho? No. Instalación de un gobierno de derecha cívico policial militar, autoritario, persecutor, extorsivo, torturador y asesino. Esos fueron los resultados con que quedaron retribuídos los pititas por su unción cívica. Con un gobierno que malversó sus sueños y que los condujo a mascullar, 363 días después de las anuladas elecciones de 2019, otra aplastante derrota. Habían ganado el referéndum del 21 de febrero de 2016, habían tumbado a Evo Morales el 10 de noviembre de 2019 y terminaron estruendosamente derrotados el 18 de octubre de 2021 ya sin la coartada de Evo queriendo ser presidente para siempre.

Bolivia vivió un año de patetismo entre 2019 y 2020. La clase media movilizada, ansiosa por ver al “indio” expulsado del gobierno,  terminó convirtiéndose en la facilitadora de un ahondamiento de lo que podría llamarse la grieta boliviana. Los militares volvieron a ser nombrados milicos golpistas como sucedía en los 70-80. Los policías ahora son estigmatizados como “motines” por haberse revelado contra el gobierno constitucional. Y los pititas, vivieron un espejismo de esperanza con su “¿quién se wrinde? nadie se wrinde”.  “¿Evo de nuevo?” Ya no, como consuelo, aunque su partido sea otra vez el que gobierna Bolivia a través de otro de esos triunfos electorales al que ya fue imposible tachar de fraudulento. Aunque volvieran a tocar las puertas de los cuarteles. Aunque pidieran al organismo electoral evitar la posesión de Luis Arce Catacora. El precio ha sido nuevamente muy alto en vidas humanas, con un gobierno autoritario especializado en destrozos, capturado por un puñado de vividores que luego de asaltar el poder, comenzaron a asaltar las arcas del Estado con desenfreno.

El 15 de agosto de 2020 Jeanine Áñez afirmó que pacificó al país dos veces. Que en ese momento se trataba de salvar vidas en la lucha contra la Covid-19. Que era necesario combatir la violencia del MAS que impedía el transporte de oxígeno por las carreteras. Vistos los acontecimientos en este primer semestre de 2021, no  hay argumentos que puedan sostener esa pretendida pacificación. Se lo han desmentido, con el destape de tramas de corrupción y de represión política, los mismos que la animaron a asumir la presidencia a sabiendas que a la larga, tan temeraria decisión tendría consecuencias jurídico constitucionales. Quedan unas cuantas pititas blancas  esperanzadas con un cambio político por fuera de la opción del MAS. Áñez, su entorno y los negociadores de la transición trucha, les hicieron astillas las ilusiones.

Publicado en La Razón como parte de la serie Memoria y Archivo el 04 de julio