Arturo Murillo, el poderoso que hizo a Jeanine Áñez, presidenta de Bolivia

 

Hace por lo menos tres años que Arturo Murillo Pirjic dejó de pertenecer al territorio de las noticias y los acontecimientos relacionados con la gestión pública porque su perfil lo condujo, sin que por supuesto él mismo lo sospechara, a las arenas y a las aguas del periodismo narrativo, allá donde la frontera entre realidad y ficción queda borrada de un plumazo, de manera que concretar la ampliación de su prontuario no significa otra cosa que añadirle algunas rayas más al tigre.

Hay tres hechos no públicos que explican cómo gravitó el que fuera Ministro de Gobierno del régimen de facto, producto del golpe de Estado en Bolivia. El primero da cuenta de su respuesta ante la prevención que le hiciera un funcionario de la Cámara de Senadores  --Murillo era Senador por los llamados “verdes” del Movimiento Demócrata Social (MDS)—cuándo éste le advirtió que lo que estaban a punto de hacer el 12 de noviembre de 2019 era ilegal, que por dónde se mirara,  convertir a Jeanine Áñez en Presidenta de la Cámara Alta primero y a continuación en Presidenta de Bolivia, significaba asaltar el poder, interrumpir el Estado de Derecho. En respuesta a tal interpelación, Murillo reconoció que eso era cierto, pero que se procedería en esa dirección por la legitimidad que en ese momento les otorgaba la voz de la calle: Las clases medias urbanas enardecidas querían a Evo lejos de la silla presidencial sin que importara el cómo y menos las consecuencias que ahora empiezan a pagar.

El segundo hecho tiene que ver con comentarios que  se escuchaban en los pasillos del Ministerio de Gobierno poblados por oficiales de la Policía Boliviana que a través de una escalada de motines consiguieron que la conspiración contra la presidencia de Evo Morales rindiera sus frutos. Dichos oficiales comentan que Murillo se ufanaba de ser Presidente del país, el que mandaba, hacía y deshacía, afirmando entre líneas,  con la torpeza que lo caracteriza, que la señora Áñez era prácticamente una figura decorativa. En ese sentido basta recordar el viaje que “el Bolas” (el sobrenombre se lo puso quién lo introdujo en la política, el empresario y político Samuel Doria Medina) hiciera a los Estados Unidos, un mes después de consolidado el gobierno transitorio para entablar conversaciones con la OEA, y el departamento de Estado, explicando los objetivos que perseguía su gobierno, para el que solicitó, y en primera instancia consiguió, el respaldo del gobierno de Donald Trump.

Un tercer momento indicativo acerca del juego que ejercitaba a diario este autonombrado cazador de masistas (militantes del partido de Evo Morales) que en alguna entrevista televisiva declaró que le encantaban las armas, está relacionado con la ola de protestas sociales que se desataron en el país exigiendo elecciones para el 6 de septiembre y no como finalmente sucedió, fijadas para el 18 de octubre. En ese momento el recientemente fallecido dirigente aymara, Felipe Quispe, “El Mallku”, dijo que se alfombarían las carreteras de piedras para bloquear los accesos a las ciudades, lo que según el gobierno significaba impedir el paso de oxígeno para combatir el coronavirus. Pues bien, Murillo declaró su disposición de utilizar los agentes disuasivos que les compró a sus amigos Berkman con un sobreprecio de más de dos millones de dólares  --hecho delictivo que lo tiene preso en una cárcel de Miami--, y de “meter bala” si era necesario para garantizar que los caminos quedaran expeditos para el paso de los camiones sisternas. Fueron su colega Oscar Ortíz y Branko Marinkovic , ministros de Economía en distintos turnos, quienes impidieron lo que pudo haber significado un baño de sangre mucho peor que el perpetrado en noviembre en Senkata y Sacaba, localidades de La Paz y Cochabamba en las que murieron 38 personas a manos de fuerzas militares y policiales, y sobre las que Murillo sin ningún rubor afirmó que “se habían disparado entre masistas”.

Los tres hechos descritos, pintan en plano entero al personaje. Arturo Murillo diseñó y ejecutó la llegada al poder de Jeanine, junto a Oscar Ortíz, colega  con el que terminaría enemistado por promover la devolución de unas acciones a la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba (ELFEC) y a las que éste se opuso. Ortíz fue destituido del gabinete de Ministros por la presidenta Áñez, acusado de ser portavoz de una poderosa logia de su departamento, Santa Cruz. De esta manera se rompió el triángulo que tomó por asalto la presidencia de Bolivia –Ortíz era Senador, lo mismo que Áñez y Murillo--, asunto sobre el que el resto de la oposición, aquella que había promovido la caída de Evo, terminó pagando una monumental factura con la derrota electoral soportada por Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana (CC) contra el binomio del Movimiento al Socialismo (MAS) conformado por Luis Arce y David Choquehuanca.

 Murillo les tomó el pelo a todos quienes los encumbraron hacia el poder. Se estornudó en ellos que por si fuera poco, varios terminaron contagiados de coronavirus. Y por supuesto que sin importarle, aceleró el desgaste opositor y dinamitó la relación con los Estados Unidos que terminó soltándole la mano a la desorientada Jeanine Áñez.

Algún fino analista dice que Arturo Murillo ejercitó maniobras envolventes, desplegó cortinas de humo, puso a funcionar maniobras distractivas de perescución y criiminalización con el excluyente propósito de amasar dinero a manos llenas. Lo de la compra de material antidisturbios (gases lacrimógenos) y que involucra al ex ministro de Defensa, Fernando López, a su ex jefe de Despacho, Rodrigo Méndez, a un ex cuñado, a un par de policías de su confianza, y a sus amigos de juventud Berkman, padre e hijo, sería una pequeña porción del conjunto de tropelías maquinadas y concretadas desde su poderoso despacho represivo. 

Lo mismo que Al Capone, Murillo está detenido y será juzgado por un asunto menor –sobornos y lavado de dinero, pecado imperdonable para el sistema financiero de los Estados Unidos—cuando de lo que debería rendir cuentas en primer lugar es por las muertes de ciudadanos producidas el 15 y el 19 de noviembre en las ya mencionadas Sacaba y Senkata sobre las que un informe de la Universidad de Harvard titula “Nos dispararon como animales.”  En otras palabras, Murillo, por lo menos por ahora, será juzgado por corrupto, no por asesino.

Originalmente publicado en Noticias de América Latina y el Caribe (NODAL) el 30 de mayo

 

El recuento de los daños

 

En los romances más fresas o en los affaires más torrenciales, los rompimientos suelen quedar minimamente marcados por incidentes y portazos. Todo indica que Evo Morales no cerró bien su relación con Gabriela Zapata y es justamente a partir de ese asunto sentimental sin final cristalino que todo un país terminó sumergido en una crisis de Estado extendida casi cinco años, desde el 21 de febrero de 2016 hasta noviembre de 2020.  Una historieta que no debería trascender el culebrón, se convirtió en el principio del fin de un ciclo gubernamental en el que muchas cosas se transformaron en el país, y otras permanecen, lamentablemente, intocadas.

1. Las urnas le dicen no a Evo. Estaba convencido que ganaba, que podría volver a postularse a la presidencia, pero la telenovela con Zapata marcó la tendencia moralista y sentenciosa del resultado electoral. El 51 por ciento le dijo no a Evo y a partir de ese momento el Movimiento al Socialismo (MAS) quedaba en la obligación de diseñar el recambio de binomio para intentar reproducir el poder.

2. El Tribunal Constitucional le dice sí a Evo. El 28 de noviembre de 2017 quedará inscrito como el vergonzoso día en el que un puñado de abogados decidieron que Evo Morales quedaba habilitado para ser nuevamente candidato. Aduciendo un derecho humano según el Pacto de San José, se estornudaron en la voluntad expresada en el referéndum realizado 21 meses antes, sin preveer que las consecuencias serían devastadoras, generando una indignación que transformó la rabia de quienes sintieron que se les arrebataba su derecho al triunfo plebiscitario, en acciones que generaron una polarización expresada a través del odio racista, de la subestimación histórica al “de abajo” que se había convertido en un presidente que desoía la voluntad ciudadana.

3. No al nuevo Código Penal. En diciembre de 2017, los colegios médicos se convirtieron en la primera punta de lanza contra el presidente prorroguista. Se opusieron con terquedad a la puesta en vigencia de un nuevo Código Penal, cuestionando el artículo 205 referido a la mala práctica profesional. A ellos se sumó la iglesia católica que cuestionaba ese instrumento que se orientaba a transformar la cultura punitiva de la justicia boliviana, por su abierto cuestionamiento al aborto, respaldado por plataformas ciudadanas. Médicos, curas, católicos y evangélicos habían comenzado las tareas de boicot a la gestión gubernamental.

4. No al Sistema Único de Salud. En enero de 2019, los médicos volvieron a la carga afirmando que no existían condiciones para poner en vigencia el Sistema Único de Salud (SUS). El 11 de ese mes ya se habían inscrito 250 mil personas para acceder a los beneficios de una cobertura de la que jamás dispusieron. El forcejeo se sostuvo por meses, instalándose la idea de que la medida era electoralista, que el gobierno recién pretendía hacer algo por la salud de manera  tardía.

5. Cuatro millones de hectáreas incendiadas. En octubre de 2019, el gobierno de Evo Morales, presidente, pero sobre todo candidato, tuvo que extremarse  para sofocar el fuego en la Chiquitania que destruía sin piedad bosques y fauna. Un cabildo en el que se habrían congregado un millón de personas en Santa Cruz de la Sierra, acusó de ecocida al masismo. No se ha llegado a comprobar que los incendios fueran provocados con una inequívoca intencionalidad política: Erosionar la candidatura oficialista a la que desde junio ya se la acusaba por anticipado de fraude para las elecciones del 20 de octubre. Al año siguiente, el gobierno de facto de Jeanine Áñez no derogó los decretos sobre los incendios con un millón de hectáreas consumidas por los incendios. Ya no hubo alarma nacional, los ambientalistas de ocasión desaparecieron, los medios conservadores ya no reaccionaron horrorizados. No importaba. El “Evaristo” ya no estaba en el gobierno.

6. La imperdonable interrupción del conteo rápido en elecciones. La interrupción y reposición intempestivas e inexplicables de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) fue la decisión más equivocada y destructiva en la historia electoral boliviana desde el retorno a la democracia en 1982. Sucedió entre el 20 y 21 de octubre, y a partir de ese momento la narrativa del fraude fue proclamada victoriosa para provocar la anulación de los comicios que dieron paso al derrocamiento del gobierno con la activa participación del departamento de Estado norteamericano, la OEA, candidatos opositores, la Policía Boliviana, las FF.AA., los comités cívicos, los colegios médicos, los ambientalistas y los curas de la jerarquía eclesiástica que se habían encargado de socavar durante casi dos años al gobierno que exhibía su autosuficiencia con un candidato forzado en una mesa de “notables” constitucionalistas.

A continuación, se impone la auditoría de los daños inflingidos al país por el régimen de Jeanine Áñez, producto de una sucesión inconstitucional a la que hemos hecho un cuidadoso seguimiento periodístico desde diciembre de 2019. Venga el diablo y escoja.

Contragolpe, columna originalmente publicada en La Razón el 21 de mayo.

Almagro, el amigo enemigo

 

Tiene potencia simbólica que lleve  el mismo apellido que Diego, conquistador del Perú, descubridor de Chile, primer europeo en llegar a lo que hoy es Bolivia. Luis Almagro es en pleno siglo XXI el Virrey del Sistema Interamericano que funciona a través de la Organización de Estados Americanos (OEA), una especie de agencia multilateral digitada por el Departamento de Estado con sede en Washington, para administar América Latina con los preceptos del neocolonialismo: Expulsión de Cuba del organismo, golpes de Estado (Guatemala, 1954; Granada, 1983),                                                                                    injerencia persistente, apoyo a Inglaterra en la guerra de las Malvinas, silencio ante el golpe contra Hugo Chávez en Venezuela (2002), y en Bolivia, con el imperdonable aval del gobierno de Evo Morales, realización de una auditoria vinculante que no correspondía y que dio paso al gobierno de facto presidido por Jeanine  Áñez con el argumento de fraude, palabra que no se incluye en el informe final intervencionista, repleto de inconsistencias técnicas y sobre en el que seguramente en algún momento surgirá una respuesta, también técnica, desenmascarando la manipulación.

Hoy Colombia se desangra luego de una reforma tributaria de la que ha retrocedido su presidente, Iván Duque, gracias a masivas movilizaciones que ya han generado una veintena de muertos, noventa desapariciones y ochocientos heridos, asunto al que, fiel a su estilo, Almagro no se refiere: El silencio suele ser la mejor expresión de los agentes del orden mundial, esos que han hecho de sus responsabilidades funcionarias, prácticas tendenciosas en función de los intereses de quienes les abonan los suculentos salarios anuales que perciben.

Graduado en la maniobra política ejercitada durante por lo menos cuatro décadas, Luis Almagro era blanco y batllista (Partido Nacional, centro derecha) como él mismo se define, para más tarde desembarcar en el Frente Amplio uruguayo y convertirse en Canciller del gobierno de José Mujica. Ya Secretario General de la OEA, el haber afirmado en 2018 que no se debía descartar una intervención militar en el conflicto Colombia-Venezuela, le valió la expulsión por unanimidad del Frente, en su breve y oportunista paso por la izquierda uruguaya. Y es que Almagro es eso, alguien que se acomoda con astucia para lograr sus objetivos como el de la reelección al cargo que ejerce en que los buenos están del lado que le conviene y en ese sentido Bolivia es el mejor ejemplo para graficarlo: Condenó la repostulación de Evo Morales rechazando categóricamente el argumento del derecho humano para repetirse en la presidencia, para pocos meses después cambiar radicalmente el libreto y aterrizar en el Chapare donde afirmó sin sonrojarse que sería discriminatorio impedirle ser candidato al propio Evo, para nuevamente volver a la carga desde la vereda opuesta y convertirse en el principal artífice de la caída del prorroguista presidente boliviano enviando a operar a su principal asesor, Paco Guerrero, quién movió los hilos de la misión de observadores para las elecciones de 2019, con la participación de una marioneta como el costarricense Manuel Gonzáles Sanz que el 21 de octubre desde La Paz le puso la chapa de fraude a las elecciones realizadas un día antes, con el objetivo de voltear la silla presidencial.

Almagro era malo porque no quería la repostulación de Evo. Se convirtió cuando dijo aquí mismo, en tierras cocaleras, que no había que discriminarlo, porque buscaba el voto boliviano para su propia reelección al mando del organismo interamericano. Y ese mismo, sí, Almagro, Luis, Secretario General de la OEA, con toda la experiencia y el oficio que le dan sus años en el ejercicio de la función pública y el poder, liquidó la presidencia de Evo como principal agente externo de la defenestración con los  cipayos de la política criolla, golpistas todos ellos, que se encargaron de completar la operación.

Almagro es un zorro de la política multilateral. Pillé una frase suya como hincha del Nacional de Montevideo, que bien puede aplicarse a cómo maneja su estar y no estar: “No hay nada como aparecer después de una victoria”.

No sabemos exactamente si el ex Canciller Diego Pary, el ex Ministro de Justicia, Héctor Arce, o los dos en coordinación, se dejaron llevar de las narices. Cometieron errores de principiantes cuando creyeron que la bendición del Virrey limpiaba cualquier obstáculo hacia la reelección del insustituible Evo. Así les fue. Pero mucho peor que eso: Así le fue al  país entero que ingresó en una crisis de Estado que se prolongó por casi un año y costó 37 muertos, 200 heridos y 1500 perseguidos-detenidos.

Con todo lo acontecido, con la experiencia que avala su ejercicio implacable, no deben quedar dudas que Luis Almagro seguirá en la línea de abofetear a Bolivia. Como ha demostrado que lo puede hacer con toda la autosuficiencia que le permite su habilidad y pragmatismo.

Columna Contragolpe, originalmente publicada en La Razón el 8 de mayo

Analista de manual

 

El día en que archondito redactó que una dupla política interesante y con proyección ganadora en elecciones presidenciales la conformaban Juan del Granado y Ernesto Suárez, llegué a la conclusión de que los estudios de posgrado no garantizan lucidez y talento para la prognosis. Suficiente con una simple observación para verificar en qué lugar del tablero político han terminado el ex mirista y el ex adenista. De todas maneras, el analista en cuestión siguió empeñado en ser un funcionario aplicado, pues pasó del Banco Mundial a la representación boliviana en Naciones Unidas en el gobierno de Evo Morales con el que más tarde terminaría enemistado, debido a la chambonada encabezada por un persecutor que lo acusó de haber asumido como embajador de manera indebida, ya que el cargo se lo había dejado en bandeja de plata su antecesor-jefe, Pablo Solón. Desde entonces, el ahora habitante de Puebla, México, emprende sistemáticas arremetidas contra Evo, el MAS, y contra quienes lo expulsaron hacia la vereda de enfrente: Una suerte de embajador que respira por una herida que no sanará nunca.

Dice el analista, oficio que ejerce con fruición, que lo sucedido en noviembre de 2019 es “un intento de falsificación del pasado inmediato” y que según Edward Luttwak, para que haya golpe de Estado son indispensables las condiciones de “infiltración y desplazamiento”, que “no hay golpe si el motor es la gente movilizada”. Para completar su cuadro de interpretación de los hechos, afirma que “todo golpe transcurre del mismo modo”. Estas afirmaciones certifican que para el autor de “Incestos y blindajes” (2003) el  libro-demolición contra Raúl Garafulic padre, y que ahora escribe para el diario de Raúl Garafulic hijo, el concepto de golpe suave no existe, y en el que la llamada estrategia de lawfare es producto de nuestra afiebrada imaginación y por lo tanto lo que sufrió Dilma Rousseff en 2016 a través de un impeachment hurdido por la derecha brasileña bien secundada por los militares, no habría sido un Golpe de Estado.

Lo interesante del analista de manual es cómo justifica entre líneas su condición pitita, al atribuirles a las clases medias urbanas que salieron a gritar “fraude!” la legitimidad necesaria para forzar la renuncia de Evo Morales del gobierno, ignorando deliberadamente a la otra gente movilizada que salió con wiphalas a cerrar filas en defensa de su proceso histórico político y que entre el 15 y el 19 de noviembre fue reprimida y acribillada con un saldo de casi cuarenta muertos, dos centenares de heridos y la inauguración de un régimen represivo, criminalizador y judicializador-extorsivo de la política. En otras palabras, hay una legitimidad que vale y la otra no, vieja práctica de ninguneo e invisibilización de los nadies, a cargo de los operadores del establishment.

El analista dice que la narrativa del “Golpe de Estado” es la mentira del año y por lo tanto, los que creemos firmemente que hubo un quebrantamiento de la institucionalidad democrática boliviana, somos unos mentirosos afanados por querer imponer nuestra versión como verdad histórica. Pues bien, en este tramo corresponde subrayar que a este analista se lo entiende mejor por lo que no dice. Por lo que no quiere mirar. Ni escuchar. Porque incluso concediéndole que no hubo Golpe de Estado, apoyado en su autor de cabecera, Edward Luttwak, sabe perfectamente que la sucesión de Jeanine Añez fue inconstitucional. Que en ese camino del tránsito de segunda vicepresidenta del Senado a Presidenta del Estado Plurinacional, violó por lo menos una docena de leyes tipificadas en el Código Penal como resoluciones contrarias a la Constitución. Que si bien no se suprimió el funcionamiento de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Áñez ejerció la representación del Órgano Ejecutivo de facto, considerando que esa legitimidad a la que se refiere el analista estuvo sustentada en motines policiales que contravienen el ordenamiento jurídico, lo mismo que la “sugerencia” de renuncia a cargo de los militares, que también, según su ley orgánica, no deliberan, es decir, están impedidos de actuar en la arena política. ¿Levantamiento popular? ¿Legitimidad?¿Y la legalidad?¿De qué hablas Willis?

El analista quiere creer en los golpes de Estado estereotipados por Hollywood. Y para no reconocer que Áñez y sus colegas senadores Murillo y Ortíz tomaron por asalto el gobierno, recurre a una biblografía en la que no se consignan los golpes blandos y las guerras de cuarta generación, y tampoco está escrito cómo los militares,  los curas de la jerarquía eclesiástica y los embajadores –el tardofranquista León de la Torre de la Unión Europea a la cabeza—se atribuyen “legitimades” que nadie les ha otorgado para decidir en nombre del pueblo. Hay una diferencia abismal que enfrenta la legitimidad contra la injerencia y la violación del Estado de derecho.

El 9 de diciembre de 2020 en su H Parlante-Facebook, el analista se refiere a este periodista: “él sí sabe de lo que escribe”. Con este alegato ya no tendrá dudas acerca de su afirmación.

Columna Contragolpe, originalmente publicada en el diario La Razón el sábado 24 de abril 

Obituario de los nadies (*)

 

Mientras la corporación periodística de la derecha no deja de mirarse el ombligo, esta vez porque alguien osó “desprestigiar” a una de sus agremiadas por una consultoría resumida en un informe de 18 páginas, examino la lista de los muertos, consecuencia de la “pacificación” emprendida por Jeanine y Murillo. Mientras la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos defiende a capa y bastón a los policías y militares que decidieron traicionar el orden constitucional en noviembre de 2019, observo que gran parte de los muertos son cocaleros de las seis federaciones del Chapare y jóvenes estudiantes de El Alto. El promedio de edad de los masacrados oscila entre los 25 y los 30 años.

Mientras el Consejo Nacional de la Democracia (CONADE) fundado contra la dictadura de García Meza, sale profiriendo alaridos por la detención preventiva de la autoproclamada Añez, leo en los reportes del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) que los caídos en el puente de Huayllani (Sacaba) se fueron de este mundo por traumas toráxicos y encefalocraneanos, hemorragias internas, laceraciones cardiacas y disparos de armas de fuego.  

Mientras la corporación de opinadores del conservadurismo gruñe, ansiosa, desesperada por querer demostrar que no hubo golpe de Estado, compruebo, otra vez, que efectivos militares pretenden justificarse diciendo que se detectaron “elementos extranjeros” entre los movilizados, que se encontró una munición 7.65 que no tienen las fuerzas armadas bolivianas, o que “se dispararon entre ellos”. Releo las informaciones y ya no me quedan dudas de la naturaleza fascistoide del gobierno de facto que para blindar a los blindados, les regala el decreto 4078 con el que los exime de responsabilidades penales en su misión de restablecimiento de la ley y el orden, dicho de manera brutal, les confiere licencia para matar.

Los familiares de los Nadies no compran diarios. Y menos se les ocurriría publicar avisos necrológicos de sus muertos. Los Nadies apellidan Jamachi, Paniagua, Posto, Mamani, Ticona, Quisbert, Tenorio, Patty, Zenteno, Huanaco, Vásquez, Carballo, López, Calle, Colque, Sipe, Sánchez, Sejas, Vargas, NN, Larico, Callizaya, Callisaya, Taco, Ledezma, Jarata, Condori, Conde, Soria, Guzmán, Rojas y Salinas. En medio de esta nueva tragedia nacional en forma de masacre política es justo no dejar de mencionar a Mario Salvatierra y Marcelo Terrazas que en fuego cruzado murieron en Montero, Santa Cruz, el uno como  parte de un grupo irregular y el otro como militante del Movimiento al Socialismo (MAS).  Hay también un sargento de policía, Juan José Alcón Parra, que pereció en los disturbios callejeros producidos en El Alto y el Comandante de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP), Cnl. Heyberth Antelo que falleció producto de un accidente automovilístico, dicen que en el intento de evitar un cachorro de dinamita.     

Suficiente con recontar los muertos y verificar sus procedencias. La mayoría es aymara y quechua. Muchos de ellos, militantes de organizaciones sociales vinculadas al MAS, pero no todos, porque ya se sabe que entre los muertos, los 31 heridos de Senkata y los 115 de Sacaba-Huayllani, no faltan los de siempre, “los que pasaban por ahí” y a quienes les llegó una bala perdida o que sin saber leer ni escribir fueron pateados en el suelo por efectivos de uniforme verde olivo.

Esta es la pacificación que le ha regalado Jeanine Añez y sus secuaces a Bolivia en noviembre de 2019. Este es el marco en el que se propone “borrón y cuenta nueva”. Fácil, como no son “sus” muertos…a olvidar el “fraude”, el golpe de Estado y a construir un país para todos. Qué tipos geniales. Tuvieron casi un año completo para generar una proposición acusatoria debidamente documentada con el objetivo de demostrar que hubo un cambio “sospechoso” en la  tendencia del conteo preliminar no vinculante de las elecciones del 20 de octubre. ¿Qué hicieron? Perseguir masistas y afines. Criminalizarlos. Cazarlos como lo confesó sin tapujos Murillo, el ministro de la muerte. Y aquí debemos añadir: Extorsionarlos vía fiscales, ofrecerles pegas a cambio de testificaciones inventadas contra sus jefes, pedirles astronómicas sumas de dinero a cambio de libertad. Eso hicieron. A eso se dedicaron, y también al armado de torpes negociados, entre otros, con el corona virus.

La corporación periodística, la corporación de opinadores, la Asamblea de la “derecha humana”y el torcido CONADE,  callan sobre los muertos de Sacaba, Senkata-Huayllani, El Pedregal y Betanzos, quienes otra vez ofrendaron sus vidas convencidos de un profundo sentido de nación. Gracias infinitas a todos ellos y a sus familias. Aunque no alcance. Que a la jerarquía eclesiástica y a algunos embajadores les quede siempre claro que el dolor humano es intransferible.

(*) “Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata” (Eduardo Galeano, 1940)

Originalmente publicado en la columna Contragolpe del diario La Razón el 10 de abril

Jeanine y el trío del poder

 

El que fuera Senador Edwin Rodríguez (Movimiento de Organizaciones Populares MOP), recordó en un programa de radio hace siete días (“Al límite”, Illimani-Patria Nueva), que había quedado abierta la posibilidad para que el 12 de noviembre de 2019, a través de un acuerdo con la mayoritaria bancada del MAS, pudiera asumir la presidencia del Senado y de ese modo dar paso a una genuina sucesión constitucional, una vez renunciados Evo Morales, Alvaro García Linera, Adriana Salvatierra y Victor Borda.

En plena campaña electoral, el Senador potosino estaba convencido que había que concentrar el voto por un solo candidato para ganarle al MAS, y por ello desistió de su postulación junto a Oscar Ortíz. Pues bien, cuando el Plan B (Añez presidenta) notificado por Doria Medina en la Universidad Católica a representantes del MAS (Adriana Salvatierra, Susana Rivero, Teresa Morales) ya había entrado en funcionamiento, el propio Ortíz, Arturo Murillo y Jeanine Añez en ágil movida, habilitaron a la suplente de Rodríguez, Reina Isabel Villca Huayllani, quién en su momento firmó una carta dirigida al presidente de EE.UU. Donald Trump, pidiendo intervenir Bolivia. Con esta indebida habilitación, a Rodríguez, se le impidió el ingreso a la Asamblea Legislativa, lo mismo que a senadores y diputados del MAS, ante el riesgo que suponía para este trío de senadores, la instalación reglamentaria de la sesión.

En contacto con otra radiemisora (Centro de Producción Radiofónica CEPRA), Rodríguez declaró que al haberse distanciado de la derecha boliviana, es decir, de su propia bancada, y entablado contactos con senadores masistas, se hacía probable que asumiera como presidente de la transición hacia nuevas elecciones, por lo que los senadores en cuestión --repitamos, Ortíz-Murillo-Añez— decidieron omitir el procedimiento constitucional y de ese modo se generó la autoproclamación de la segunda vicepresidenta del Senado violando el art.169 de la Constitución y el reglamento del Senado, quién ya había anunciado el mismo domingo 10 por televisión que llegaría a La Paz para asumir una presidencia que “le correspondía”.

Completo, con éste, una cincuentena de textos periodísticos publicados desde fines de diciembre de 2019 (“Hasta aquí llegamos Evo”, www.debatesindígenas.org), relacionados con la sucesión inconstitucional de Añez que dio lugar a un gobierno de facto, autoritario, represivo y corrupto. Hasta aquí se han registrado datos, argumentos, citas, declaraciones y comportamientos, todo esto en el marco de una detallada recolección de los hechos producidos entre noviembre de 2019 hasta estos días en los que tenemos a la autoproclamada expresidenta guardando detención preventiva por cargos de conspiración, sedición y terrorismo, a los que se van agregando otros relacionados con su ejercicio en el poder, entre ellos, responsabilidades por las muertes de Sacaba y Senkata.

Lo que queda más claro que el agua es que Jeanine sabe lo que hizo. Que junto con sus colegas Ortíz y Murillo tomaron el gobierno por asalto. Si los descontrola que se le llame Golpe de Estado, pueden ponerle el nombre que menos molesto les resulte, al final de cuentas, el transcurso del tiempo ayudará  aestablecer la verdad histórica superando las narrativas.

 Un breve diálogo de uno de estos senadores con un funcionario de la Asamblea Legislativa en momentos tan decisivos para la preservación de la constitucionalidad del país, me permite asegurar que eran concientes de lo que estaban haciendo:

- Senador, lo que están por hacer es ilegal…

- Sabemos que sí, que es ilegal, pero tenemos el apoyo del pueblo. Y actuaremos con esa legitimidad.

Ortíz, Murillo y Añez sabían que estaban violando la ley, pero su animalidad política les decía que en ese momento “su legitimidad” mandaba, que con las fuerzas militares y policiales reprimiendo las movilizaciones populares que derivarían en masacres, y con la furia de las clases medias profundamente antimasistas que supieron saltar de las redes sociales a las calles, encontraron que los uniformes y las armas de fuego protegían esa “legitimidad” que según el senador X justificaba la violación a la legalidad. De las calles, las carreteras y los bloqueos nació el MAS-IPSP, y en esas calles y carreteras se lo reprimió y masacró para dar lugar a un inconstitucional gobierno de transición promovido con exacerbación.

Jeanine Añez, conciente de haber violado la ley para hacerse de la presidencia, ha recibido desde la lejanía de los Estados Unidos un “fuerza amiga, estamos del lado correcto de la historia y será ella la que nos juzgue” de parte de Arturo Murillo. En cambio, Oscar Ortíz, que terminó rompiendo con el gobierno, con Añez y  Murillo, y con los Demócratas, parece no estar tan conmovido con el destino de quién fuera usada para la toma del poder y hoy se encuentra en estado de melodramática victimización.

Originalmente publicado en la columna Contragolpe del diario La Razón el 27 de marzo.

Jeanine Añez fue elegida presidenta en la Universidad Católica de La Paz

 

Ha regresado la furia de la derecha en Bolivia. La captura de Jeanine Añez producida en la casa de alguna vecina o familiar solidaria, encontrada detrás de un mueble, ha alborotado otra vez a los demonios de quienes, acostumbrados a la impunidad y a los privilegios de clase, no pueden concebir que la ex presidenta de facto haya sido detenida preventivamente por cuatro meses por una juez cautelar, lo mismo que para sus ex ministros Alvaro Coimbra de Justicia y Rodrigo Guzmán de Energía con acusaciones de conspiración, sedición y terrorismo en el marco del caso “Golpe de Estado” promovido por la ex diputada del MAS, Lidia Paty.

A Jeanine y a todos quienes la usaron para consolidar la defenestración de Evo Morales, el operativo los tomó por sorpresa, mientras se encontraban enfrascados en el seguimiento a los computos electorales para gobernaciones departamentales y alcaldías municipales, luego de celebrados los comicios subnacionales el domingo 7 de marzo con un solo partido de alcance nacional, el Movimiento al Socialismo (MAS), compitiendo con oposiciones de específicos alcances territoriales, y sin vínculos orgánicos entre las mismas como es el caso de Creemos de Luis Fernando Camacho, gobernador electo por Santa Cruz; Somos Pueblo de Ivan Arias, alcalde electo de La Paz; y Súmate de Manfred Reyes Villa, alcalde electo de Cochabamba, todos ellos vinculados a las acciones conspiratorias que obligaron a la renuncia del presidente Morales y el vicepresidente García Linera el 10 de noviembre de 2019.

El apresamiento de Añez podría dar lugar a un intento de articulación entre estas fuerzas dispersas que con sus victorias logran equilibrar en alguna medida la balanza después de que el MAS con el binomio Luis Arce-David Choquehuanca se hiciera de un triunfo con el 55 por ciento de los votos en las presidenciales del 18 de octubre del pasado año, resultado que acabó con un gobierno en el que campeó la persecución política, la criminalización de militantes y dirigentes sindicales, la extorsión judicial, y la corrupción institucionalizada.

 El antecedente más oscuro del gobierno de Añez es la muerte de treinta y ocho personas producidas en las localidades de Senkata, El Pedregal y Sacaba-Huayllani, donde efectivos militares actuaron respaldados por el Decreto Supremo 4078 firmado  por la Presidenta y sus ministros, que exime a los uniformados de responsabilidades penales.

El gobierno de Jeanine se fue deteriorando conforme avanzaban los meses en 2020, producto de su errónea decisión de ser candidata para las elecciones presidenciales y su obsesivo matonaje violando derechos humanos a diestra y siniestra. Es por ello que se fue apagando la confianza dispensada al gobierno de facto por la propia OEA y el Departamento de Estado norteamericano.

Los ex ministros de Gobierno, Arturo Murillo, y de Defensa, Fernando López, abandonaron el país antes de que el nuevo gobierno electo fuera posesionado el pasado 8 de noviembre. Era obvio preveer que en algún momento estas acciones judiciales se materializarían, momento para el cuál huyeron hacia adelante con destino final en los Estados Unidos, cuando todo indicaba que el apoyo del gobierno de Trump al gobierno de facto boliviano había terminado.  

Como bien apunta el periodista Freddy Morales, corresponsal de Telesur en La Paz (twitter), a Jeanine Añez no se la eligió en la Asamblea Legislativa Plurinancional, ya que fue en instalaciones de la Universidad Católica Boliviana en la que a través de reuniones el 11 y el 12 de noviembre de 2019, los organizadores de la caída de Evo, comunicaron que “con ustedes o sin ustedes tenemos nuestro plan B”, frase pronunciada por el empresario Samuel Doria Medina, posterior candidato a la vicepresidencia de Jeanine Añez.

Fue Susana Rivero, en ese momento presidenta en ejercicio de la Cámara de Diputados quién refirió estos hechos al diario La Razón de La Paz, recién la semana pasada, y que junto a Adriana Salvatierra, presidenta del Senado, participaron de dichas reuniones cuando ya todo estaba diagramado con la violación de los artículos 169 y 170 de la Constitución y el Reglamento del Senado, induciendo al Tribunal Constitucional a la fabricación de un comunicado --sin valor jurídico vinculante-- para habilitar la ascensión de Añez.

Ha circulado de manera profusa la fotografía en la que Añez es posesionada en una irregular sesión del Senado, en la que no hubo quorum reglamentario, con la imposición de la banda presidencial a cargo del Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, Williams Kalimán, quién le había pedido setenta y dos horas antes la renuncia a Evo Morales.

Los golpistas Quiroga, Mesa, Doria Medina, Camacho y Ortíz, propiciadores y participantes de las reuniones en la Universidad Católica junto con los embajadores de la Unión Europea, del Brasil y un representante de la Iglesia se aferran a la cantaleta de que hubo fraude y no golpe cuando es perfectamente verificable que en los once meses del gobierno de facto, tal acusación no ha podido ser demostrada, razón por la que las autoridades de los tribunales electorales departamentales están siendo sobreseídas como lo informara el sábado 12 el ministro de Justicia, Iván Lima.

Los alaridos de persecución política y regreso de la “dictadura” han comenzado a retumbar en los salones de la política tradicional boliviana, cuando ha concluido el cómputo de las elecciones subnacionales con segundas vueltas a celebrarse en abril en La Paz, Chuquisaca Tarija y Pando, producto de resultados para gobernaciones que según la ley electoral exigen 40 por ciento de los votos y diferencia de 10 sobre el segundo para acceder al triunfo de manera directa.

Se han expedido ordenes de detención para los ex jefes militares del Alto Mando que facilitaron la caída de Evo --ya fue aprehendido el Contra Almirante, Flavio Arce, Jefe de Estado Mayor del Comando General--, lo mismo que para el ex Comandante de la Policía, Gral. Yuri Calderon y para los ex ministros Arturo Murillo, Fernando López y el recientemente huído, ex titular de la cartera de la Presidencia, Yerko Nuñez, quién habría sido alertado sobre su inminente captura y encontró  la manera de ponerse a buen recaudo. También se detuvo al jefe de la Unión Juvenil Cochala, Yassir Molina, una agrupación civil de choque que actuó en modo paramilitar durante los veintiún días de crisis en el país, que terminaron con la presidencia de Evo Morales y continuó sembrado el terror en la populosa Zona Sur de la ciudad de Cochabamba.

La Fiscalía General del Estado acusa a Jeanine Añez de haber presionado a los presidentes del Senado, Adriana Salvatierra y de Diputados, Victor Borda, quién se vió obligado a renunciar porque tenían amenazada a su familia en la ciudad de Potosí, de donde es oriundo. Para agregarle confusión al escenario, se ha informado ampliamente que en un momento definitorio, Evo Morales consideró que toda la línea sucesoria debía renunciar para que “ellos se quedaran con su golpe” y asumieran la conducción del país desprovistos de legalidad y legitimidad.

Bolivia vive una crisis de Estado que se inició con la habilitación de Evo Morales como candidato a la presidencia a través de una decisión del Tribunal Constitucional en noviembre de 2017, a título de que su candidatura estaba basada en un derecho humano, desconociendo el resultado del referéndum del 21 de febrero de 2016 en el que ganó el No a una nueva repostulación, decisión que activó la ira de los votantes que con un 51 por ciento ganaron a quienes se pronunciaron porque Evo terciara nuevamente en elecciones nacionales. A partir de ese momento, la polarización se ha ido manifestando progresivamente y se reactiva con el apresamiento de Jeanine Añez que a sabiendas de que no le correspondía, se arriesgó a asumir una responsabilidad sin el sustento jurídico constitucional que ha dado lugar a una detención con ribetes cinematográficos y de la que se espera, sea administrada en el marco del debido proceso y las garantías a las que tiene derecho como ciudadana.

Originalmente publicado en Noticias de América Latina y el Caribe (NODAL) el 15 de marzo.

 

Escapistas

 

Se abre un nuevo capítulo de la política y la gestión pública con unas elecciones subnacionales en las que al Movimiento al Socialismo (MAS) no le ha ido bien, primero por el traumático antievismo manifestado en las urnas que padece la Bolivia conservadora-neoliberal, segundo, por la caótica e inorgánica manera en que el único partido con alcance nacional definió candidaturas, varias de ellas equivocadas vistos los resultados, y tercero por inexistentes estrategias de campaña de varios de sus principales actores, muchos de ellos casi seguros de obtener triunfos antes de salir a pelear en la cancha.

En ese contexto, esos histéricos opinadores autoproclamados demócratas, así, a secas, tienen que estar contentos porque sus referentes golpistas (noviembre, 2019), han obtenidos triunfos significativos que buscarán blindajes desde el poder ante procesos judiciales por haber tentado y convencido a oficiales militares y policías de perforar el orden constitucional entre motines e indebidos pedidos de renuncia al Presidente del Estado, acusado entonces de montar un fraude hasta ahora no demostrado, ni siquiera con la ventaja de controlar el país los once meses que tuvo el principal persecutor del masismo, Arturo Murillo, para alentar una investigación por anverso y reverso, y de esa manera encontrar las pruebas que justificaran procesos penales contra los presuntos delincuentes electorales.

De persecutor político, Arturo Murillo pasó al oficio de escapista que consiste en crear problemas y a continuación huír de ellos, en este caso, antes de que la exasperante lentitud de nuestro sistema judicial encontrara los cargos para acusarlo por los desmanes cometidos y auspiciados en su autoritario ejercicio como Ministro de Gobierno. Seguramente para uno de esos opinadores, digamos que el más histérico por su vocación para el agravio y por el padecimiento de alucinaciones con el presidente Arce,  Murillo, creación política de Doria Medina, debe ser otro “demócrata” como él, lo mismo que otros persecutores mediáticos, también auspiciados por Samuel, el gran perdedor de la historia electoral del país forever in the life.

En el mismo club de escapismo hay que contemplar al Gral. Sergio Orellana, ese que en su calidad de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas flanqueado por varios de sus camaradas, se dirigió en traje de combate a la Asamblea Legislativa Plurinacional para arrancarle a Eva Copa la aprobación de ascensos. Eran momentos en que se podían encontrar tanquetas circulando por las calles de nuestras ciudades, para garantizarnos que no nos enfermaríamos de coronavirus, si se considera cuan efectiva puede ser una metralleta en el  combate contra una pandemia. No le fue bien a Orellana que tuvo que volver sobre sus pasos y con el rabo entre las piernas. Alguien ya ha debido informarle que lo único que quedaba de institucionalidad democrática en ese breve tiempo de botas y charreteras, eran las Cámaras de Senadores y Diputados, escenario del que rebotó olímpicamente hasta llegar, dicen que a Colombia, luego de imitar el escapismo de Murillo, seguramente agobiado por sus responsabilidades.

 Es probable que Orellana sufra pesadillas con Senkata, Sacaba y El Pedregal, pero sobre todo sueñe con el Decreto Supremo 4078 firmado por la presidenta de facto, Jeanine Añez y sus ministros que en su artículo 3 dice:  “El personal de las FF.AA., que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúen en legítima defensa o estado de necesidad, en observancia de los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad, de conformidad con el Art. 11 y 12 del Cód. Penal. Ley 1760 y el Código de Procedimiento Penal.”

El que no juega al escapismo y es capaz de ganar una elección con más del 50% de los votos es el candidato de Creemos a la gobernación de Santa Cruz, que lo de macho lo lleva hasta en el apellido, el cual honra sin un ápice de remordimientos, cuando junto con su papá acudieron a gestionar el golpe con policías y militares, tal como  lo cuenta hinchado de orgullo en un video hiperviralizado en las redes, convencido de ser la reencarnación del Cristo Redentor de la Monseñor.

En esta apertura de un nuevo episodio en nuestra literaria vida política, algunos legisladores del MAS, sin orientación sobre competencias, piden las renuncias los ministros de Gobierno y de Justicia por haber permitido la huída del ex Comandante Orellana, como si a estos dignatarios de Estado les correspondiera actuar en esta materia y para que más temprano que tarde vuelva a acusarse al partido de gobierno de persecución política como en los peores momentos del último gobierno de Evo Morales, mientras el Ministerio Público duerme el sueño de los justos.

Originalmente publicada en la columna Contragolpe del diario La Razón de La Paz el 13 de marzo.

"Al MAS no le ha ido bien ni en términos numéricos, ni en términos cualitativos"

 

Entrevista a Julio Peñaloza Bretel, periodista boliviano

Por Nicolás Retamar, de la redacción de NODAL

Bolivia celebró el domingo 7 de marzo las elecciones departamentales, regionales y municipales, siendo la segunda elección en pandemia y la primera desde el regreso de la democracia que devolvió a la presidencia al MAS en la figura de Luis Arce y David Choquehuanca.

Pese al lento avance del escrutinio final, ya hay algunos resultados importantes que permiten pensar el nuevo escenario político que se vislumbra en Bolivia. NODAL dialogó con el periodista Julio Peñaloza Bretel, quien analizó los resultados parciales y el impacto del nuevo panorama que se avecina para el gobierno de Luis Arce.

¿Qué lectura hace de las elecciones subnacionales y su importancia?

Considerando que este es un país tan diverso que tiene Cordillera de los Andes, montañas, valles templados hacia el medio de su geografía, llanos, trópicos y Amazonía, esta diversidad hace que la elección sea muy importante en la medida en que las nueve gobernaciones y los 340 municipios por los que se ha votado el domingo 7 de marzo revisten una trascendencia grande dado que son las expresiones institucionales de la democracia más cercanas al ciudadano. El municipio es el que resuelve tu problema de alumbrado público, buena provisión de agua potable, recojo de basura, mejoramiento de tus calles y más. Esta elección es importantísima también por el hecho de que, haciendo una valoración de lo que han sido las distintas gestiones de gobernaciones y alcaldías de las ciudades principales, han habido muchos problemas, mucha corrupción y mucha ineficiencia. Por ejemplo, la alcaldía de Cochabamba a cargo de José María Leyes llevó adelante una serie de acciones vinculadas a hechos irregulares como la adquisición de mochilas para estudiantes de la educación pública que consistieron en un negociado y sobreprecio escandaloso que prácticamente acabaron con su carrera política. La importancia de las elecciones pasa por la renovación de figuras y esperamos que por mejor calidad de gestión tanto a nivel gobernación como a nivel alcaldía.

¿Qué análisis hace del desempeño del Movimiento Al Socialismo en las elecciones departamentales, regionales y municipales?

El Movimiento Al Socialismo (MAS) en términos territoriales va a ganar la mayor cantidad de alcaldías en el país. En este momento detenta 247 de 340 alcaldías. Sin embargo nos circunscribiremos a nueve gobernaciones más nueve capitales de departamentos para las alcaldías y una ciudad especial como El Alto para realizar un  análisis cualitativo de esos 19 gobiernos dado que son los de mayor gravitación en el funcionamiento de la institucionalidad democrática del país. Al MAS no le ha ido bien en este sentido porque va a perder la mayor cantidad de alcaldías de capitales de departamento, aunque probablemente va a ganar la de Sucre pero todavía no está definido porque hay que repetir votación en tres mesas. En el resto de las nueve capitales hay distintas expresiones opositores que son muy regionales. No hay un mismo partido como el MAS que se haya presentado en todas las ciudades capitales. Sí Comunidad Ciudadana de Carlos Mesa, pero le ha ido muy mal y sus porcentajes están entre el cuatro y el cinco por ciento. Por lo tanto no tienen ninguna incidencia ni en las alcaldías ni en las gobernaciones.

Sin embargo, tenemos expresiones regionales muy fuertes como Luis Fernando Camacho -gobernador de Santa Cruz-, Manfred Reyes Villa -alcalde de Cochabamba-, Iván Arias -alcalde de La Paz-, Johnny Torres -alcalde de Tarija- y dos personajes emergentes como Unzueta y Cámara, gobernador y alcalde de Beni respectivamente. Estas son expresiones inconexas de unas oposiciones porque en Bolivia no hay una oposición, hay varias oposiciones y esto va a tener incidencias en sus gobiernos locales y está por verse si se va a traducir en una articulación para intentar generar una fuerza política que le haga frente al MAS de cara a las elecciones para las que faltan muchísimo todavía.

El desempeño del MAS en términos generales ha sido negativo, se han tomado decisiones en cuanto a candidaturas un poco equivocadas y también se han encarado defectuosamente las estrategias de campaña considerando fundamentalmente que el principal problema del MAS está en la figura de Evo Morales rechazada por clases medias urbanas de las ciudades que ven en él al prorrogista que quiso eternizarse en el poder. Por lo tanto, en la ciudad de La Paz, que es la sede del gobierno del país y la capital política de Bolivia, ha ganado el exministro de obras públicas del gobierno de facto de Jeanine Áñez Iván Arias con casi 48% por encima de uno que era mejor candidato que él como César Dockweiler, quien revolucionó el transporte público en La Paz con las distintas líneas de teleféricos que supo construir y ha quedado con un 36%. Entonces al MAS no le ha ido bien producto de tres causales: el “antievismo” de las clases medias conservadoras y con predilección por lo neoliberal en las ciudades, malas estrategias de campaña y malas decisiones en cuanto a la elección de los perfiles de los candidatos.

¿Cuál es el papel que jugará la oposición teniendo en cuenta algunas victorias como la de Luis Fernando Camacho y Manfred Reyes Villa y algunas derrotas como la de Jeanine Áñez y Marco Pumari?

En cuanto a los ganadores, si consideramos que en el llamado eje troncal que conforman los departamentos más grandes y poblados del país que son La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, tenemos un alcalde en La Paz que fue ministro de Obras Públicas de Jeanine Áñez como Iván Arias y un alcalde en Cochabamba que es Manfred Reyes Villa, un hombre de derecha que en su momento fue socio de Gonzalo Sánchez de Losada, formó parte de lo que fue la democracia pactada y es el último dinosaurio de la política boliviana con capacidad de regresar al poder a través del voto porque la gente de Cochabamba le ha confiado la alcaldía con más del 50% de los votos, cosa que es abrumadora frente a poco más del 20% del candidato del MAS Nelson Cox, quien prácticamente quedó aplastado en términos numéricos en la elección. En Santa Cruz tenemos a Luis Fernando Camacho, a quien siempre denomino el “macho alfa” del golpe del 10 de noviembre de 2019, que tiene una visión federalista de las cosas y tiene una incidencia estrictamente regional en su departamento que es el más grande del país, el que genera economía y donde están los grandes productores ganaderos y agroexportadores. Camacho va a ser el opositor más recalcitrante del gobierno de Arce Catacora. Esos son los ganadores indiscutibles. Podría sumar a Eva Copa aunque viene del riñón del MAS, que es la principal equivocación que ha cometido el Movimiento Al Socialismo en este proceso eleccionario. Eligió a Zacarías Maquera en vez de elegir a Eva Copa que, al no haber sido elegida candidata del MAS, se fue para otra tienda política también de perfil Aymara que es “Jallalla La Paz” de Felipe “El Malku” Quispe, que recientemente ha fallecido y cuya candidatura a la gobernación la ha asumido su hijo Santos. Eva Copa es la ganadora más rotunda de estas elecciones municipales con el 67% frente a un 22% del candidato del MAS, pero ella no es parte del proyecto político antipopulista, como le llamaría la derecha boliviana a todo lo que signifique Evo Morales y sus desprendimientos o conexiones voluntarias e involuntarias. Este ha sido el principal error del MAS. Eva Copa será una especie de híbrido entre opositora y no opositora porque va a tener mayor capacidad de negociación de ciertos temas con el gobierno central de Luis Arce Catacora, cosa que le va a ser más dificultoso tanto a Arias en La Paz, a Manfred Reyes Villa en Cochabamba y a Luis Fernando Camacho en Santa Cruz.

¿De qué manera pueden incidir en la gestión del presidente Luis Arce los resultados de las gobernaciones que pasan a segunda vuelta?

Es muy probable que tampoco le vaya bien al MAS porque van a sumarse todos los “antievo” para evitar que el MAS gane esas gobernaciones. Si el MAS llega a sumar las gobernaciones de Cochabamba que ya está asegurada, la de Oruro y probablemente la de La Paz, va a tener de nueve gobernaciones el control de tres y de 10 municipios el control de solamente uno. Al MAS no le ha ido bien ni en términos numéricos ni en términos cualitativos, entonces aquí tenemos un voto cruzado porque mientras el MAS gana la elección presidencial de 2020 con el 55.10% de los votos, en las elecciones subnacionales pierde en las principales ciudades y gobernaciones que estarán a cargo de distintas oposiciones regionales, que tienen incidencia solamente en sus departamentos y es muy importante repetirlo. Los candidatos afines al MAS, los candidatos ganadores del MAS y los opositores al MAS van a tener que sentarse a la mesa de negociaciones para concertar una serie de temas con el gobierno central cuando sea inevitable. Por ejemplo, en la pandemia hay competencias nacionales y competencias sub-nacionales tanto en gobernaciones como en alcaldías que hay que compatibilizar para seguir luchando contra el coronavirus y fundamentalmente para hacer exitoso todo el programa de vacunación entre el más de marzo hasta septiembre donde debiera estar vacunada la mayor parte de la población boliviana.

Tendremos un escenario muy plural con golpistas legitimados con el voto y con gente que emerge como nuevas expresiones como Unzueta y Cámara, los candidatos del Beni – el segundo departamento más grande del país- que no son ni del MAS ni de la oposición tradicional. Ambos están vinculados al ” Movimiento Tercer Sistema”, el partido de Félix Patzi, gobernador saliente de La Paz que es Aymara y que ha tenido capacidad para hacer presencia en el oriente del país, que en términos culturales, geográficos y climáticos, es una Bolivia completamente distinta a la que pertenece Patzi. Un último punto que hay que subrayar, que siempre me parece importante, es que el gobernador de La Paz otra vez será un Aymara y los tres principales candidatos han sido Aymaras: Franklin Flores del MAS, Santos Quispe, hijo del Malku, por Jallalla La Paz, que seguramente van a dirimir la posibilidad de acceder a la gobernación a través de una segunda vuelta, y un tercero que es un indígena de derecha que se llama Rafael Quispe y que estuvo vinculado en el viceministerio de Descolonización en el gobierno de facto de Jeanine Áñez. Ya en el departamento de La Paz lo Aymara, lo indígena originario campesino, como se lo llama en nuestra nueva Constitución aprobada a través de referéndum por el pueblo boliviano en 2009, es esencialmente indígena Aymara y eso es muy significativo porque hasta los blancoides y mestizos de la ciudad están votando por candidatos aymaras porque las mejores opciones para gobernar La Paz son precisamente las que ponen sobre la mesa a estos candidatos. Sin embargo, la ciudad de La Paz es una cosa y el departamento de La Paz es otra cosa más grande y más compleja. Por eso tenemos que el alcalde de La Paz es de la derecha vinculado al gobierno de facto de Áñez y el gobernador de La Paz viene del mundo popular e indígena, ya sea Franklin Flores o Santos Quispe, uno del MAS y otro de Jallalla La Paz.

Originalmente publicada en Noticias de América Latina y el Caribe (NODAL) el 11 de marzo

Eva son dos

 

El 19 de diciembre de 2020 me referí en esta misma columna al coraje demostrado por Eva Copa para preservar el único bastión institucional democrático con el que contaba el país, luego de que Jeanine Añez entrara por la ventana a la presidencia del Estado, acción inconstitucional persistentemente defendida por la estructura mediática urbana de la derecha boliviana.

Vislumbré en la ex presidenta del Senado el convencimento por una causa que en realidad había consistido en cierto instinto político y no en la defensa de unas convicciones ideológicas y partidarias, y por ello, cuando destaqué su comportamiento al haber desafiado al ministro Murillo, luego impidiendo la concreción de un crédito con el FMI y rechazando la presión militar para que el Senado procediera a aprobar la lista de ascensos en las Fuerzas Armadas, me estaba refiriendo a una Eva  enfrentada a un gobierno que hacía aguas debido al craso error que significó convertir en candidata  a la presidenta transitoria, y la comunidad internacional, incluídos los Estados Unidos de Donald Trump, concluyeron que entre el autoritarismo, la persecución política, la ineptitud y la corrupción sólo faltaba que el demonio llegara para escoger.

Eva Copa no había sido lo corajuda y consecuente que nos figurábamos quiénes advertimos esos gestos caracterizados por la valentía y el espíritu de lucha, y digo esto porque la presidenta del Senado que en primera instancia encontró su oficina ocupada por “mediadores” diplomáticos y de la iglesia católica, fue colaborada por algunos de sus colegas, senadores y diputados, que se convirtieron en soplones de los golpistas en la primera etapa del gobierno de facto. En alguna oportunidad Arturo Murillo, entre su repertorio de desfachateces, se mandó la siguiente arfirmación: “Parece que Eva está enamorada de mí”.  Es obvio que tal cosa es producto del ego mal esculpido del ex Ministro, pero lo que se sabe es que cuando fueron colegas en el Senado, y no existían atisbos de un golpe de Estado, Copa y Murillo se reunían en plan muy amistoso, risotadas de por medio.

La llegada del activista de derechos humanos de Argentina, Juan Grabois, que junto con una comitiva de observadores arribó al país diecinueve días después del golpe, fue inicialmente respaldada por Eva Copa en su condición de presidenta del Senado. Una vez arribados al país, luego de ser amedrentados y amenazados en el aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra, la ahora candidata a Alcaldesa por la agrupación Jallalla en la ciudad de El Alto, decidió no abrirle la puerta a Grabois y a sus acompañantes, dejándolos librados a su suerte. La brillante conclusión de un editorial sobre este grupo de activistas es que “hay un desagradable complejo de superioridad de la izquierda argentina” (El fallido informe de Juan Grabois, Página Siete, 9 de diciembre de 2019), pero  lo cierto es que estos supuestos agrandados que llegaron desde Buenos Aires, fueron de los primeros en empezar a preguntar que había sucedido en Sacaba y en Senkata.

Evo Morales llamaba a diferentes celulares desde México y Argentina pidiendo hablar con Eva Copa, quién en principio aceptaba las comunicaciones hasta que en determinado momento habría decidido no contestar más y de esta manera el nexo entre el refugiado ex presidente y la  titular del Senado fue interrumpido hasta el día en que el escenario político nacional fue revertido por el triunfo del MAS en las elecciones del 18 de octubre. Cuando la incomunicación ya era un hecho sostenido, los efectivos de la seguridad policial de Eva fueron sustituídos con el propósito de impedirles el paso a quienes mantenían línea directa con México y Buenos Aires. Se trataba de cortar relaciones con todo lo que quedaba de masismo operativo en la Asamblea Legislativa.

Tenemos entonces una Eva real y una Eva mediática. La real dice que se acomodó lo mejor que pudo cuando Jeanine iniciaba su presidencia. La mediática, a la que me referí hace dos meses, era la valiente contestataria que con un par de gestos logró posicionarse en el escenario alteño, según las cuestionadas encuestas, como la mejor opción del MAS para llegar al municipio en las elecciones del 7 de marzo. No sabemos si por errónea evaluación política, por legítima indignación o por las dos cosas, Evo Morales y quienes decidieron las candidaturas, la sacaron del ruedo. Según la información de esos mismos estudios de opinión, la señora Copa no ganará: Arrasará. Y si el partido azul logra un concejal en la nueva composición edil alteña, será mucho. Hay quienes piensan que el Concejo íntegro quedará en manos de Jallalla, el partido del recientemente fallecido Mallku, Felipe Quispe, tardío maestro de Eva en las últimas horas de su vida .

Alteños y alteñas están convencidos que Eva Copa es una heroína. De lo que no hay duda es de su notable cintura política para acomodarse a cada circunstancia. ¿Cuál es la verdadera Eva?

Originalmente publicado en la columna Contragolpe del diario La Razón, el 27 de febrero 

El dilema de Bolivia: ¿Fraude o golpe?

 

De regreso a la normalidad democrática hace ya más de cien días,  y con el rebrote de la pandemia, el gobierno del presidente Luis Arce Catacora encara la emergencia sanitaria con medidas prácticas de adquisición de pruebas antígeno nasales y vacunas que han comenzado a llegar a Bolivia, con el objetivo inicial de proteger a médicos y personal con responsabilidades en la salud pública y privada.

En medio de la segunda ola de la Covid-19, y con la prioridad de atender la salud junto con la reactivación económica a través de la búsqueda del fortalecimiento del mercado interno, en el país continúan instaladas las llamadas narrativas del fraude por el que fue derrocado Evo Morales el 10 de noviembre de 2019, y del Golpe de Estado con el que Jeanine Añez se instaló inconstitucionalmente en el poder dos días después.

El informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) y las pesquisas realizadas a través de las fiscalías departamentales han dado lugar a concluír que no existen pruebas suficientes que puedan convertirse en materia justiciable para enjuiciar a los presuntos autores del supuesto fraude, en este caso, al propio ex presidente Morales, a su ex vicepresidente Alvaro García Linera, a algunos de quienes fueran sus ministros de mayor confianza, y a las autoridades nacionales y regionales del Tribunal Supremo Electoral.

En esta evolución de los acontecimientos, vocales electorales de Santa Cruz, Beni y La Paz fueron liberados de detenciones preventivas y domiciliarias al haberse establecido la falta de evidencias que puedan demostrar de manera concreta y precisa en qué habría consistido el fraude que se convirtió en el detonante para la caída de Evo a partir de una concertación civil, militar y policial, caracterizada por movilizaciones callejeras y motines con los que se consumó la desobediencia de las fuerzas del orden y de la seguridad nacional que aceleraron la salida del entonces presidente del territorio nacional con una “sugerencia” de renuncia planteada por Williams Kalimán, Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, quién cuarenta y ocho horas después imponía la banda presidencial a Añez en una irregular sesión del Senado instalada sin el quorum reglamentario.

Las cabezas de la oposición al nuevo gobierno del MAS, insisten, sin embargo, en que se forzó la renuncia de Evo debido a un fraude de grandes proporciones –“monumental” le llama el derrotado candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa--, lo que justificaría la defenestración que en las próximas semanas puede convertirse en un juicio de responsabilidades contra la ex presidenta y ex candidata presidencial, y ahora candidata a gobernadora del departamento del Beni, por haber usurpado funciones violando los artículos 169 y 170 de la Constitución Política y el Reglamento del Senado, al haberse vulnerado la sucesión constitucional en la que no se encuentra consignada la segunda vicepresidencia de la Cámara Alta que ejercía Añez, debido a que la norma indica que la misma contempla al Presidente, al Vicepresidente, y a los presidentes de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, figura legal que los medios de comunicación afines a los sectores opositores al movimiento popular boliviano, se han encargado de invisibilizar, dada la contundencia de su objetividad.

El Tribunal Constitucional boliviano emitió un comunicado sin legalidad ni carácter vinculante, como lo manifestara el Magistrado Petronilo Flores en febrero de 2020 en su comparecencia ante la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados:   "Es un comunicado que no tiene ninguna relevancia jurídica. El Código Procesal Constitucional solamente reconoce como vinculantes las sentencias constitucionales plurinacionales, las declaraciones constitucionales y los autos constitucionales. Ese comunicado, señora presidenta (de la Comisión), a la pregunta, no es vinculante.”El mismo Magistrado Flores enfatiza que el comunicado que viabilizó  la asunción de Añez a la presidencia del Estado Plurinacional, “no avala en concreto ningún nombre y carece de relevancia jurídica.”

En la batalla mediática por imponer “narrativas”, los opositores ahora enfrascados en campañas para las elecciones de Gobernadores y Alcaldes a celebrarse el 7 de marzo, no darán su brazo a torcer y seguirán sosteniendo que en Bolivia hubo un fraude encabezado por Evo Morales aunque no puedan demostrarlo fáctica y y jurídicamente, mientras que las organizaciones sociales reafirmarán su convencimiento de que no sólo hubo golpe de Estado, sino que a continuación se instaló un régimen de facto que hizo de la persecución política, el principal instrumento de criminalización de dirigentes sindicales, militantes del Movimiento al Socialismo (MAS) y ciudadanos afines al llamado Proceso de Cambio que gobernó el país entre 2006 y 2019.

Los indicios son claros en sentido de que si bien es posible que Evo Morales no hubiera ganado las elecciones anuladas de 2019 por la diferencia necesaria para consolidar el triunfo en primera vuelta, ya casi no quedan dudas que aunque fuera por una menor diferencia, las ganó contra el mismo candidato, Carlos Mesa, que un año después sería nuevamente derrotado por el sucesor de Evo en la candidatura presidencial, Luis Arce Catacora, esta vez por un abrumador 55. por ciento contra un 28, lo que le permitió una indiscutible victoria en primera vuelta.  

El antecedente complementario del carácter autoritario del gobierno de Añez dice que su gobierno consideró la posibilidad de cerrar la Asamblea Legislativa Plurinacional, versión no confirmada, recinto institucional en el que con los dos tercios mayoritarios en ambas cámaras, el Movimiento al Socialismo (MAS) frenó una serie de intentos gubernamentales de imposición en  materia de contratación de deuda externa y hasta la lista de ascensos a generales del Ejército que se dirigieron en uniformes de combate hacia el edificio congresal a objeto de arrancar la aprobación de los mismos con intimidaciones que caracterizaron el combate a la pandemia con una exhibición de fuerza con efectivos uniformados en las calles de las ciudades durante los once meses que se mantuvo el régimen de facto en Bolivia.   

Originalmente publicado en Noticias para América Latina y el Caribe (NODAL), Buenos Aires, Argentina el 20 de febrero

La batalla de las narrativas

 

“Rashomon” de Akira Kurosawa (Japón, 1950) rompe moldes de la  narrativa cinematográfica porque presenta tres versiones distintas –tres finales a elegir por el espectador—de una violación y de un asesinato. La película tiene un soporte de guión tan extraordinariamente sólido, que cualquiera de las tres podría asumirse como un final verosimil.  No es el caso de la política boliviana en la que domina la tosquedad de unos operadores político mediáticos que para despercudir sus conciencias, machacan con versiones que buscan rebatir la verdad de lo sucedido el 10 de noviembre de 2019.

En esa carrera por buscar la expiación de sus pecados, quienes se aferraban al justificativo del fraude para sacar a Evo Morales del gobierno, la OEA y las investigaciones del Ministerio Público en organismos electorales departamentales, no han permitido una versión con las debidas pruebas que nos informen que el fraude que se habría perpetrado en las elecciones del 20 de octubre, le permitió a Evo Morales aparecer con dos, tres o más puntos de los debidos sobre el segundo, Carlos Mesa. No hay nada de eso, a quince meses de los acontecimientos desatados por las precipitadas y tendenciosas declaraciones del jefe de la misión de observadores del organismo interamericano, Manuel Gonzáles, que se refirió a un sospechoso cambio de tendencia en los números de la votación, en el momento en que los vocales del Tribunal Supremo Electoral decidieron suspender el conteo rápido no oficial, que derivó en el asalto a las sedes de tribunales departamentales, varios de ellos incendiados, a partir de la instigación del propio Mesa, que nunca admitirá, ya lo sabíamos, que en esa elección perdió, probablemente no por la diferencia necesaria para evitar la segunda vuelta, pero así de claro y terminante: perdió.

No se trata entonces de oponer las narrativas del fraude y del golpe. Se trata de aceptar la verdad histórica a partir de hechos concretos y objetivables, y si hay algo que los viabilizadores del gobierno de transición no podrán rebatir jamás, incluídos los chambones columnistas de la prensa que en ese momento se hizo golpista, es que la Constitución Política del Estado fue violada en sus artículos 169 y 170, lo mismo que el Reglamento de la Cámara de Senadores con la fabricación de un comunicado del Tribunal Constitucional que se pasó por el forro la Carta Magna. En suma, no se trata de narrativas, esto es, de versiones de acuerdo al color del cristal con que se mire, sino más bien de una serie de acontecimientos que del golpe de Estado nos llevan al gobierno de facto cuando se producen masacres como las de Senkata, Sacaba y El Pedregal, cuando se persigue, encarcela, criminaliza y extorsiona a ciudadanos afines de organizaciones sociales al MAS, cuando se decide utilizar la crisis sanitaria contra la pandemia para policializar y militarizar zonas urbanas y rurales a fin de cazar a “sediciosos”, “terroristas” y “narcotraficantes”.

El fraude no ha sido demostrado, aunque se hayan encontrado hechos irregulares propios de cualquier proceso eleccionario, subrayando, como corresponde, las torpezas irreparables cometidas por el Tribunal Supremo Electoral. Pero de lo que sí hay abundantes pruebas es de la suspensión del Estado de Derecho, producto de una sucesión ilegal, encabezada especialmente por el ministro de gobierno,  Arturo Murillo, que en lugar de buscar caminos de autentica pacificación, adoptó el matonaje político como sello gubernamental de la decorativa presidenta Añez, en su doble condición de presidenta y candidata,  razón por la cuál el edificio de la derecha se vino abajo en un abrir y cerrar de ojos con el propio Mesa afirmando que la habilitación de Jeanine para la carrera electoral, daba lugar a pensar que efectivamente se habría tratado de un golpe de Estado. Sería bueno para el dos veces derrotado candidato de Comunidad Ciudadana que lograra ponerse de acuerdo consigo mismo.

Las “narrativas” pertenecen a la esfera de la ficción literaria, no a la de la vida diaria de la gente, pero como se impone la tendencia de ponerles nombres pretendidamente sofisticados a las cosas en tiempos de posverdad, resurge la conocida tropa de agentes mediáticos en el propósito de marear la perdiz. No hay narrativa del fraude, ni fraude.  No hay narrativa del golpe, y sí un golpe de Estado comprobable que hizo de Bolivia, para decirlo condescendientemente, como lo afirmara The Economist, una democracia “híbrida”, con solamente la Asamblea Legislativa Plurinacional como bastión institucional de la resistencia popular que logró, con movilizaciones y bloqueos, la realización de nuevos comicios para el 18 de octubre de 2020.

Originalmente publicado en la columna Contragolpe del diario La Razón, el 13 de febrero

El coleccionista de muñequitos

 Iván Arias Durán es candidato a Alcalde de La Paz por ningún partido político, y sí por la agrupación ciudadana Somos Pueblo de Rafael Quispe, sigla que le permite piso legal para habilitarse a las elecciones subnacionales del próximo 7 de marzo. Durante los catorce años en que Evo Morales gobernó el país, Arias se las rebuscó para convertirse en nostálgico opinador desde el viejo orden, utilizando cierto tipo de elementos didácticos en el afán de hacerse entendible y simpático. Por lo menos así lo creía él.

Digamos que Arias creyó subir al podio de la creatividad utilizando reproducciones a escala de los avengers, esos personajes del imperio del espectáculo cinematográfico, bajo cuyos disfraces podría encontrarse a más de un agente de la CIA, en el plan de ejecutar sus ejemplificaciones opositoras, provocando las risas complacientes de detractores recalcitrantes al MAS y de las otras, esas que se encargan de hacer notar cuándo un personaje público tiene una ilimitada capacidad para no temerle al rídiculo.

Lo que casi nadie sabe es que el ex Ministro de Obras Públicas del gobierno de facto presidido por Jeanine Añez es autor de “Emergencia e interpelación india”, documento reeditado por Félix Cárdenas, en su momento Viceministro de Descolonización, en el que  destaca las reflexiones hechas por Arias en 1989, a propósito de las realizaciones de los congresos de la Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y de la Central Obrera Boliviana (COB) cuando las organizaciones sociales “comenzaban a perderle miedo a la política”. Vaya sensibilidad y acercamiento que se le desconocía al “Negro”, como suele autonombrarse, que en su momento fuera cercano al dirigente campesino Genaro Flores y Secretario Privado de Victor Hugo Cárdenas, cuando este ejerció la vicepresidencia de la República en el primer gobierno de Sanchez de Lozada, para luego relacionarse con el gobierno de Banzer y Tuto Quiroga.

La traslación de Arias desde los escenarios del movimiento popular hacia los reductos de la partidocracia y el poder neoliberal, conformada por partidos del centro hacia la derecha, no sería un asunto del cuál ocuparse especialmente, si de conversos hablamos, pero el día en que en una entrevista nocturna concedida a la red televisiva Bolivisión, cuando ya estaba cantada su candidatura, preguntó “¿A quién pues hemos perseguido”?, quedó confirmado que se había tratado de una impostura debido a que la Resolución Defensorial DP/RD/NAL/2020 del 11 de diciembre de 2020, lo incluye, junto a su ex colega de la presidencia y antecesor en el cargo, Yerko Nuñez, y al ex gerente de Mi Teleférico, Andrei Bonadona, directamente vinculado a la gestión del Alcalde Luis Revilla, como autor “de persecución política, destinada a lograr la aprehensión (de Cesar Dockweiler, ahora su principal adversario en la carrera por la Alcaldía), desprestigiarlo y anularlo políticamente manifestando que fue víctima de las siguientes acciones: Amenazas a la integridad física. “Fabricación”de denuncias penales. Inicio de procesos penales. Vulneraciones al debido proceso. Uso de medios de comunicación para desprestigio. Hostigamiento al entorno familiar.”

 En la Resolución de la Defensoría del Pueblo pueden encontrarse testimonios sobre cómo Arias junto a su colega Nuñez, pretendieron buscar maneras de anular políticamente al que ahora, según encuestas, le lleva la delantera en las preferencias para alcanzar la silla municipal de La Paz, a través de la búsqueda de personeros de la mismísima empresa Mi Teleférico a quienes se presionó para intentar incriminar a su gerente fundacional de inexistentes hechos de corrupción, sedición y terrorismo.

¿Habrá que suponer que los vengadores de Hollywood llegarán a rescatar al “Negro” Arias, que había resultado ser uno más de los persecutores políticos del inconstitucional gobierno de transición del que formaba parte? ¿O estará en condiciones de afirmar mirando de frente a sus potenciales electores que la Resolución de la Defensoría no dice la verdad? ¿Seguirá teniendo la templanza y la frente altiva, este coleccionista de muñequitos, de pedirle al candidato Waldo Albarracín que deponga su candidatura por Comunidad Ciudadana para garantizar  la unidad del voto contra el MAS? Parece difícil, porque si de algo no se podrá acusar al ex Defensor del Pueblo y ex Rector de la UMSA, es de violador de los derechos humanos.

En estos treinta y nueve años de democracia (menos uno), ya se sabe con mínimos márgenes de error, quiénes persiguieron politicamente a quienes. Parece haber llegado el tiempo de desterrar definitivamente práctica tan destructiva repleta de atropellos e ilegalidades y que se pueda imponer la lógica del debido proceso y la correspondiente persecución judicial cuando se trata de combatir delitos. Como el caso de Iván Arias abundan muchísimos otros: Graciosos y políticamente correctos frente a micrófonos, caminando con puñales bajo el poncho en la vida real.

Originalmente publicado en la columna Contragolpe del diario La Razón, el 30 de enero 

Jota Ere

 

Los reagrupamientos en el MAS – IPSP han dado lugar a un par de decisiones emergidas por unanimidad, una vez alcanzado el triunfo de Arce y Choquehuanca para acceder a la presidencia y la vicepresidencia del Estado: El entorno de Evo Morales no debe retornar al poder y  los que ya fueron ministros no podrán volver a serlo en el marco de una voluntad renovadora y de un pedido de cuentas para quienes habrían sido partícipes o autores de la erronea decisión de desoír la voluntad electoral del 21 de febrero de 2016 que por mayoría decidió no habilitar una nueva postulación a la presidencia de quién ya había ganado tres elecciones consecutivas.

Las medias verdades suelen ser más nocivas que las altisonantes mentiras y en ese sentido, el culpar a un grupo palaciego de lo que hizo o dejó de hacer Evo Morales y que condujo a un quebrantamiento de la constitucionalidad boliviana encabezado por Mesa-Camacho-Doria Medina-Quiroga, será atribuible a equivocadas decisiones unipersonales --Evo es el responsable de Evo y nadie más-- y no a supuestos calentamientos de cabeza ejercitados por sus cercanos, esos a los que se les llama llunkus en idioma quechua y han practicado con sistemático entusiasmo la zalamería para conveniencias personalísimas.

El entorno inmediato de Evo era muy peculiar en tanto estaba compuesto no por un coro polifónico, sino por un puñado de solistas, cada uno con estilo y orientaciones propias, fuera por intereses materiales concretos o por ámbitos de actuación especializada, y en ese marco, la figura de Juan Ramón Quintana destaca por encima del resto, debido a su cotidiana influencia en la construcción discursiva antiimperialista. Si comparamos las alocuciones de Evo con las de su equipo de colaboradores más cercano, la retórica anticolonial, contra la derecha neoliberal y contra todo lo que significara “Imperio” estaba provista por la influencia de este sociólogo y militar tempranamente retirado de las Fuerzas Armadas con grado de capitán, encargado de manejar asuntos estratégicos gubernamentales con especial influencia en el oriente y en la Amazonía bolivianas.

Quienes atribuyen a Jota Ere, como se le llamaba en los pasillos políticos de entonces, cualidades maléficas orientadas a la caza de reaccionarios de todos los matices, no saben, por ejemplo, que su manera de encarar y concebir las cosas era distinta y muchas veces contrapuesta a la de su colega de Gobierno, Carlos Romero, y que jamás se le pasaría por la cabeza escribir para un medio de comunicación que forma parte de lo que él mismo etiquetó como “Cártel de la mentira”, como sí lo hace otro de los componentes de ese entorno, el que fuera Procurador y Ministro de Justicia, Héctor Arce.

Quintana ha sido pues, un brazo fundamental del evismo, especialmente en períodos turbulentos cuando los cívicos y los prefectos, ahora gobernadores, conversaban fluidamente con la embajada de los Estados Unidos para desestabilizar a un gobierno que fue capaz de reproducir el poder en dos oportunidades consecutivas (2009 y 2014) y desde el que se instaló una hegemonía parlamentaria como nunca antes había sucedido en la historia republicana del país. Controversial por su manera frontal y virulenta de encarar a sus adversarios de circunstancia, se convirtió en el trofeo más afanosamente perseguido por el murillismo, objetivo imposibilitado por la obtención de asilo político en la embajada de México en La Paz. Se lo buscaba por sedición y terrorismo, con una endeble y poco seria base de sustentación como esa expresión que todavía debe retumbar en las cabezas más reacccionarias que mal gobernaron el país entre fines de 2019 y octubre de 2020, que decía que Bolivia se convertiría en un “Vietnam moderno” para resistir la arremetida golpista de la derecha en la que confluyeron militares, policías, la derecha partidaria y el fascismo cívico atrincherado en Santa Cruz de la Sierra.

Evo ha dejado de ser presidente hace catorce meses y por lo tanto el tan mentado entorno ha dejado de existir, aunque por supuesto, cada una de sus figuras mantiene vínculos por separado con el jefe del MAS-IPSP, considerando que el actual presidente del Estado Plurinacional, Luis Arce Catacora, no fue parte de ese entorno, en tanto su peso específico lo perfiló como maestro de Economía del líder cocalero, y la política económica funcionó a través de una combinación de tecnocracia e ideología que le permitió al país, indicadores competitivos en el espectro continental. Para el presidente Arce, está claro que la voz partidaria debe respetarse, y nadie del entorno evista forma parte de los ámbitos de influencia gubernamentales en la actualidad, situación que aconseja a Jota Ere, en primer lugar, continuar reinventandosé en el campo de la lucha contra el imperialismo y la antinación.

Originalmente publicado en la columna Contragolpe del diario La Razón, el 16 de enero