Hay operadores
disfrazados de neutrales que se han especializado en usar reflectores a partir
de sus fobias y a mirar para otro lado cuando se trata de encarar asuntos que
pueden incomodar sus fijaciones. Es eso lo que está sucediendo con la detención
de Arturo Murillo en una cárcel de Miami, acusado de haber lavado dinero
obtenido por la compra con sobreprecio de gases lacrimógenos en tiempos en que
a los militares se les había fabricado una licencia en forma de decreto (4078)
que no acarreara consecuencias penales en caso de recibir órdenes para
dispararle a la población civil.
Dicen que no
sabían y que ahora saben. No es cierto. Estaban debidamente informados de cómo
venía la mano con Murillo a la cabeza del aparato represivo del Estado. El 31
de mayo de 2020, Junior Arias de Gigavisión, sin otra protección que la de sus
convicciones periodísticas destapó el caso, lo que le valió persecución y
amenazas del régimen. Explicó con detalles las relaciones de Murillo con los
Berkman, sus amigos de juventud de Cochabamba, pero tal era el estado masturbatorio
de algunos opinadores que se hacían los despistados con el acoso callejero a
masistas y no masistas que jamás tensaron pititas, que las hay de varios
colores para información de quienes dicen que eso es una simplificación, y que conformaron
una suerte de grupúsculo colaboracionista y persecutor.
Jeanine Áñez
sabía quién y cómo era su colega senador antes de nombrarlo ministro. También
lo sabía su dócil compinche, Oscar Ortíz, que acabó expulsado del gabinete el
mismísimo día de su cumpleaños por mostrar su desacuerdo con un intento de
devolución de acciones a la Empresa de Luz y Fuerza de Cochabamba (ELFEC) ¿ Promovido
por quién?...Por quién más podría ser. Por Arturo Murillo, el omnipresente del régimen
de facto.
Todos quienes
formaron parte y avalaron la forma en
que se concibió e instaló el gobierno de transición, sabían quién y cómo era
Murillo, aunque no recuerden cómo aconsejó a las mujeres a suicidarse, a
tirarse de un quinto piso, pero que no atentaran contra las vidas de seres en
gestación, no culpables de venir al mundo, en franco respaldo a lo más
conservador del catolicismo Pro Vida y anti aborto. Era suficiente con ese
antecedente para que una mujer en la presidencia jamás tomara la decisión de
entregarle la responsabilidad de administrar la seguridad interna del país.
A Murillo no le
interesó jamás construir un proyecto político alternativo al del MAS. Sólo
quería aprovechar el cuarto de hora que le tocaba para hacer dinero, razón por
la que recurrió a un execrable comportamiento cuyo núcleo central es el de la
muerte de bolivianos en Sacaba-Huayllani, Senkata y El Pedregal, culpando a
cubanos, venezolanos y “masistas que se dispararon entre ellos”. Lo de la
persecución a “sediciosos” y “terroristas”, así como el combate contra la
pandemia era nada más que un conjunto de maniobras distractivas para usar el
Ministerio de Gobierno como caja chica, pero sobre todo como caja grande.
El actual ministro de Gobierno, Eduardo del
Castillo, informó el pasado 18 de mayo que se detectaron adquisiciones
irregulares por 156 millones de bolivianos por las que están siendo procesadas
52 personas contratadas por Murillo que deben responder por 49 procesos. Lo de
los gases lacrimógenos es solamente la
pequeña muestra de una estructura corrupta, represiva y violenta, de la que
dicen miembros de la corporación de opinadores que recién se enteran y que
ahora que están informados, no pueden aceptar
que la transición haya estado a cargo de “la pandilla de Miami”, cosa que
también es falsa.
La transición golpista no fue obra
de ninguna pandilla con sede en la Florida norteamericana. Fue facilitada por
los mandos militares y policiales bolivianos en forma de motines y pedidos de
renuncia a Evo Morales, por Carlos Mesa, Ricardo Paz Ballivián, Carlos Alarcón,
Jorge “Tuto” Quiroga, Luis Vásquez Villamor, Luis Fernando Camacho, Jerjes
Justiniano, Samuel Doria Medina, por el
cura Eugenio Scarpellini (+). por el embajador de la Unión Europea, León de la
Torre, Rolando Villena (+) y Waldo Albarracín del CONADE, y Juan Carlos Nuñez
de la Fundación Jubileo. Y fogoneada por animadores de televisión, redactores
de noticias, activistas en redes sociales y escribidores de columnas en diarios
conservadores. Todos esos actores abrieron las compuertas para al estilo Evo,
“meterle nomás”.
Luego de las
reuniones del 10,11 y 12 de noviembre en
la Universidad Católica, la materialización de la investidura de Áñez fue
operada en trío senatorial con Murillo y Ortíz. Los autores de la
inconstitucionalidad son ellos.
El 10 de agosto
de 2020, Murillo le dijo a Fernando del Rincón de CNN que “meter bala sería lo
políticamente correcto” para desbloquear las carreteras. A confesión de parte,
relevo de prueba. El Ministro lavandero (1) no le hacía ascos a la idea de
volver a abrir fuego como ya se había procedido en noviembre de 2019. Ahora
pretenden desmarcarse insinuando que no estaban informados acerca de quién era
este personaje. Patéticos impostores.
Contragolpe, columna publicada en La Razón el 05 de junio
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