En las últimas cuatro décadas, la vida política de Bolivia nos ha enseñado que una alianza entre
pueblos indígenas, campesinos y trabajadores de las ciudades con un sector de la clase media
comprometido en el acompañamiento a ese bloque popular desde los saberes humanísticos,
jurídicos, políticos y sociales, podía generar círculos virtuosos en espiral ascendente que
permitieran estructurar un país dialogante y eficaz en la desactivación de todas las formas de
racismo y de discriminación que han traído consigo desmembramientos territoriales, saqueo de las
riquezas naturales, masacres en defensa del orden establecido y el capital, y violencia política en
nombre de la libertad entendida e impuesta desde el conservadurismo y el liberalismo a lo largo y
ancho de nuestra historia.
Los progresistas bolivianos que pusieron todas las fichas en la ruleta del Proceso de Cambio,
desempeñaron roles de un notable activismo político y de gestión pública, para que la realidad de
la inclusión social y la ciudadanización de conglomerados marginalizados se materializara en tareas
que comenzaron con el cumplimiento de la llamada Agenda de Octubre (2003), la generación de
un proceso constituyente y el cambio de matriz de políticas económicas que mutara de
capitalizaciones y privatizaciones a nacionalizaciones, redimensionando así el tamaño del Estado y
su gravitación en la sociedad, lo que dio lugar a la puesta en vigencia de políticas públicas con
objetivos de equidad en la redistribución de los ingresos nacionales como nunca antes había
sucedido.
Para que esto fuera posible, no fue el Movimiento al Socialismo (MAS) el iniciador de esta que en
su momento se constituyó en gesta épica. La base política de sustentación en el triunfo electoral
primero y en la definitiva toma del poder a continuación, tiene su origen en el Instrumento Político
para la Soberanía de los Pueblos (IPSP) que delineó su andadura a través del pueblo organizado a
través de sindicatos que constituyen movimientos sociales respaldadados por un discurso
emancipatorio y de reivindicación de las mayorías que encontró en el Pacto de Unidad
conformado por campesinos, indígenas, interculturales (antes llamados colonizadores) y mujeres,
el aparato organizativo que relegó a la Central Obrera Boliviana (COB) a un rol de
acompañamiento ideológico y político, y que alcanzó tan grande potencia, al punto de haber
legitimado en las calles, en las carreteras y en las zonas rurales del país, todas las acciones que
luego, el engarzamiento del MAS con el IPSP, llevaría adelante Evo Morales en su periplo
gubernamental de casi tres lustros.
Para la prosecución fluída y convincente de la llamada Revolución Democrática y Cultural era
necesario que el rasgo decisionista, predominante en la acción política de Evo Morales como
Presidente, encontrara sentido estratégico con prospectiva de largo plazo en la continuidad y la
alternancia, cosa que no sucedió porque ese decisionismo eligió la ruta de la búsqueda de una
repostulación contra viento y marea que estuvo expresada en el violentamiento de la decisión de
un No a esas pretensiones en un plebiscito y en un garrafal error traducido en invento
constitucional acerca de una candidatura presidencial, entendida esta como un derecho humano,
enfoque que dio lugar al golpe de Estado de noviembre de 2019 y a una posterior decisión de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, rectificando la gansada del Tribunal Constitucional
de nuestro Estado Plurinacional: “La reelección presidencial indefinida no constituye un derecho
autónomo protegido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos ni por el corpus iuris
del derecho internacional de los derechos humanos” (agosto, 2021).
A dos años de la respuesta de la Corte Interamericana a solicitud de opinión consultiva del
gobierno de Colombia, Evo Morales ha decidido que la continuidad y alternancia a la que se vió
obligado para la nominación del binomio Arce-Choquehuanca (2020) ha llegado a su fin y estamos
a las puertas de que pueda suceder lo hasta hace pocos meses inimaginable con una
confrontación entre facciones campesinas por el control de la Confederación Sindical Única de
Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB). Con semejante cuadro de situación, el peligro del
desencanto en un proceso en el que se creyó fervientemente se encuentra instalado. Evo quiere
volver a ser candidato y el presidente Arce no se pronuncia acerca del que sería su legitimo
derecho a la reelección en 2025.
El Pacto de Unidad se va desfigurando en el divisionismo capaz de aplastar ambiciosos proyectos
histórico políticos. Ante situación de tan penosa gravedad, sólo queda citar a Fidel Castro: “Frente
a un enemigo que ataca, la división no tiene ninguna razón de ser y ningún sentido. Y en cualquier
época de la historia, hasta que las revoluciones se hicieron conscientemente, como fenómeno
plenamente comprendido por los pueblos, la división frente al enemigo no fue nunca estrategia
correcta, ni revolucionaria, ni inteligente.”
Originalmente publicado en la columna Contragolpe de La Razón el 26 de agosto
No hay comentarios:
Publicar un comentario